El proceso constituyente que se abre gracias a la movilización de millones de personas desde octubre pasado, ha dado pie a importantes debates en el espacio público y en el Congreso en torno a la participación política de aquellos actores que han sido persistentemente excluidos de la política nacional. A la histórica aprobación en marzo de una reforma constitucional para asegurar la paridad de género en el órgano constituyente, se suman debates en torno a la creación de escaños para pueblos originarios y mecanismos para asegurar la participación de independientes, comunidades LGBTI+ y personas en situación de discapacidad, entre otros. Pero hay un grupo del cual, hasta el momento, poco se ha hablado a pesar de que numéricamente representa cerca del 5,5% de la población chilena: los y las ciudadanas chilenas residentes en el exterior. 

Con una población estimada de aproximadamente 1.037.346 individuos, según datos de la Dirección para las Comunidades Chilenas en el Exterior (DICOEX), los chilenos en el extranjero constituimos una población mayor que la de muchas regiones de Chile, superando numéricamente a los habitantes de regiones como Los Lagos, O’Higgins y La Araucanía. Y aunque votaremos en el plebiscito de octubre, actualmente nos encontramos excluidos de la posibilidad de elegir representantes en la Convención que redactará la Constitución, tal como nos encontramos excluidos de la elección de diputados y senadores.

Es cierto que, del total de chilenos en el exterior, solo 59.522 se encuentran habilitados para votar en el próximo plebiscito, en parte, debido a las dificultades particulares que existieron este año para inscribir y cambiar el domicilio electoral para votar en el extranjero, trámite que sólo era posible solicitando presencialmente en un consulado la activación de la “clave única” para posteriormente hacer el trámite en línea.

Se trata de un número de votantes que podría parecer pequeño, pero que sin embargo no justifica una exclusión que resulta sumamente arbitraria: ¿se imaginan el escándalo que se generaría si, al azar, los habitantes de cualquier distrito en Chile fueran excluidos del proceso constituyente? Ese es el caso de los residentes en el exterior, a quienes nos afecta una decisión que no se sustenta en ninguna prohibición expresa, existiendo, por el contrario, distintos preceptos contenidos en instrumentos de derechos humanos que refuerzan la importancia de la representación, parte fundamental de la democracia, que no caduca por habitar fuera del territorio nacional.

Hoy, la Constitución chilena permite a quienes habitan fuera del territorio nacional participar sólo de las elecciones primarias presidenciales, en las elecciones de presidente de la República y en los plebiscitos nacionales, sin decir nada respecto del resto de las elecciones. Esto se traduce -en la práctica- en un impedimento para escoger representantes territoriales y ahora ‘Convencionales’, pues de acuerdo al artículo 13 de la Carta Magna, quienes viven en el extranjero sólo pueden ejercer su derecho a sufragio en algunas consultas democráticas, existiendo un vacío legal en relación a aquellas no mencionadas.

La posibilidad de ejercer el derecho a voto desde el extranjero ha sido, sin duda, una conquista fruto de una larga lucha de las diferentes comunidades chilenas en el exterior, quienes desde el regreso a la democracia han demandado mayor inclusión política desde los diferentes rincones del mundo. Sin embargo, dicha inclusión no se agota en escoger a un presidente o votar en un plebiscito, debiendo extenderse naturalmente a la representación. El desafío que Chile hoy se ha impuesto es decidir si queremos redactar una nueva Constitución, y en caso de ganar la opción apruebo, hacerlo con todos y todas, asegurando que cada grupo de chilenos, sin importar las circunstancias, tenga representación en el órgano redactor, sin que resulte admisible una exclusión por el solo hecho de no residir en territorio nacional.

Lamentablemente, múltiples proyectos en esta línea han sido presentados y han quedado estancados en su tramitación, cuestión que esperamos pueda revertirse en las próximas semanas. Lo que está en juego es una condición esencial de la democracia que permite, a través de la vinculación representativa con los territorios, que quienes ocupen esos espacios levanten demandas para resolver las necesidades de sus votantes, que en el caso de quienes hemos escogido vivir en el exterior, tienen características particulares. 

Por esta razón, vislumbramos una oportunidad única en el proyecto de ley presentado esta semana en la cámara de diputados, que tiene por objeto la creación de distritos electorales en el extranjero y que, de aprobarse, permitiría a muchos chilenos residentes en extranjero participar en abril eligiendo a sus propios representantes en la Convención que redactará la Constitución. Vemos con esperanza que dicho proyecto sea patrocinado por diversos sectores del espectro político nacional y confiamos en que el presidente de la comisión de Constitución de la cámara baja, Sr. Matías Walker, teniendo a la vista la urgencia, ponga el proyecto en tabla para ser discutido cuanto antes.

Como ciudadanas residentes en el exterior, y como parte de distintos grupos organizados en el extranjero en torno a la participación en el próximo plebiscito, manifestamos todo nuestro apoyo al proyecto de ley, que más allá de referirse simplemente a representantes en la Convención Constitucional o la Convención Mixta, apuesta a posicionar a Chile entre las democracias más modernas del mundo. Esto, ya que pone sobre la mesa la necesidad de crear distritos internacionales que permitan a los chilenos de cada territorio en el extranjero, postularse y escoger a sus representantes para llevar a cabo el proceso constituyente. El tiempo apremia, y sabemos que no es una tarea fácil. Sin embargo, confiamos en que el compromiso con la democratización de la política que ha logrado instalar el movimiento social, permita a nuestros actuales legisladores estar a la altura de las circunstancias y asegurar nuestra inclusión en lo que es probablemente el desafío político más relevante de nuestra historia reciente.