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Álvaro G. Gutiérrez

Ratificación de Escazú y la palabra empeñada de Chile: cuando la inconsistencia medioambiental es insostenible

Álvaro G. Gutiérrez | Viernes 2 de octubre 2020 7:41 hrs.


En este día del medio ambiente, conviene recordar que la Organización de las Naciones Unidas declaró el 2010 como la década de restauración de ecosistemas. El desafío es urgente si esperamos revertir las tendencias de pérdida de biodiversidad y de emisiones de gases de efectos invernadero. Si no reaccionamos prontamente, el calentamiento global superará un umbral peligroso para el ser humano y la biodiversidad. Ante este alarmante panorama, debemos actuar durante este periodo a través de la protección del medio ambiente, la restauración de ecosistemas y la transformación de los sistemas de producción de alimentos. El tratado de Escazú es un paso adelante en esta dirección, ya que su objetivo está en íntima relación con el derecho a la vida y el derecho a vivir en un medio ambiente sano para las generaciones presentes y futuras. Escazú es el primer tratado ambiental en América Latina y el Caribe, por lo tanto, se transforma en un esfuerzo pionero en los países de la región, ya que sentará las bases para el desarrollo humano con una visión de sustentabilidad.

El tratado de Escazú apunta, en general, a mejorar la participación ciudadana, el acceso a la información y a la justicia ambiental. En este momento el tratado está ad portas de entrar en rigor lo que significa que los países firmantes deberán definir cómo funcionarán los organismos que velen por el cumplimiento de este. Chile se encuentra en la minoría de países que no han firmado lo cual nos aisla de los avances de la región en materia de protección ambiental, en particular en lo referente a los principios establecidos en el tratado.

A nivel internacional, es una señal confusa y contradictoria de nuestro país para la protección del medioambiente. No olvidemos que, durante el año 2019 se gestó una imagen internacional para la COP25 que buscaba posicionar a Chile en el liderazgo ambiental tanto regional como internacional. La dirección de Chile durante la COP25, no logró dar la urgencia necesaria de los compromisos de los países para avanzar de manera decidida en la mitigación del cambio climático, siendo los resultados de la COP25 puestos en duda por la comunidad internacional. Por otro lado, la actualización de la Contribución Nacional Determinada de Chile (NDC) para la mitigación del cambio climático propuesta durante este gobierno para la COP25, se puede percibir como poco ambiciosa. El avance de las NDC de Chile está integralmente conectado a la protección del medio ambiente. Por lo mismo, es una muy mala señal que este gobierno, siendo además líder de la COP25 no haya ratificado el tratado ya que este es el momento de dar pasos medioambientales más ambiciosos en consistencia con las relaciones exteriores que Chile ha tenido. Chile junto a Costa Rica hizo una invitación de buena fe al resto de los países latinoamericanos, impulsada a través del presidente Piñera el año 2017, a gestionar este tratado. Al no ratificarlo, se merma la credibilidad internacional de Chile en relación a su actuar medioambiental.

Dentro de los argumentos que se han hecho públicos, el gobierno defiende lo que ha avanzado en la legislación ambiental en Chile. Además de ser un argumento contradictorio con no ratificar el tratado, múltiples estudios demuestran que Chile tiene mucho que avanzar en la mejora de sus legislaciones ambientales, tales como medidas de protección para los derechos humanos de defensores y defensoras ambientales, y más aún en el reconocimiento de delitos ambientales. Diversos tipos de acciones afectan a múltiples territorios en Chile (e.g. extracción minera), causando graves daños a los ecosistemas y a la salud humana en localidades aledañas, debiendo por lo tanto ser tipificadas como delitos. El tratado de Escazú solicita a las partes avanzar progresivamente en estas materias, por lo cual no ratificarlo parece una decisión más bien carente de argumentos.

Este gobierno señala públicamente, a través del Ministerio del Medio Ambiente y la Cancillería en una reciente exposición en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, una preocupación por la conservación, el reciclaje domiciliario,  la reducción de las emisiones de gases de efectos invernadero, planes de descontaminación para zonas saturadas. Sin embargo, no se resuelven los problemas territoriales como el acaparamiento de agua y sustitución de bosques nativos por monocultivos agrícolas. Recientemente, el gobierno vetó la Ley pro inversión relacionado con las consultas de pertinencia en la evaluación de impacto ambiental ya aprobada por el Congreso. Esta ley es clave para la reactivación sustentable de Chile luego de la crisis causada por COVID19. Por otra parte, lo poco prolijo de los proyectos que ha presentado el gobierno del presidente Piñera al Congreso, los cuales suman un sin número de indicaciones, solo harán retrasar la urgente actualización de la legislación medioambiental de Chile. Dado los desastres ecológicos y climáticos que estamos viviendo en el país  (por ejemplo la mega sequía, mega incendios forestales, desecamiento masivo de bosques esclerófilos), es ahora cuando debemos reaccionar para detener la degradación de ecosistemas, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, proveer medios de subsistencia sustentables a las comunidades, por ejemplo, a través del acceso universal al agua. El escaso avance de soluciones para resolver las problemáticas ambientales, sumado a la no ratificación el tratado de Escazú, sugieren que el valor que le asigna el gobierno a la protección del medio ambiente es menos que secundaria.

La postura de no firmar, pareciera representar un temor a avanzar en materias medio ambientales y derechos humanos. Sin embargo, el tratado señala principios orientadores para dónde, y hacia dónde deberíamos avanzar en materia medio ambiental. Mientras, en Chile el acceso a la justicia ambiental es limitado ya que continúa la imposición de proyectos, de los cuales a la ciudadanía no se informa y solo al conocer la ejecución en sus territorios, debe hacerse parte de los procesos de manera costosa y engorrosa. En algunos casos, incluso el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ha negado la participación ciudadana, dificultando los derechos de acceso en materia ambiental. El acceso a la información y la participación debieran ser principios fundamentales de nuestra legislación ambiental, para detener a tiempo proyectos irracionales de empresas extractivas extranjeras y nacionales que no respetan los sistemas sostenedores de vida y comunidades humanas locales. Garantizar los derechos de acceso fortalece la democracia, y es una herramienta concreta para una mayor dignidad, prosperidad y sostenibilidad de los territorios. Los gobiernos debieran preocuparse de la ciudanía y los problemas ambientales que pueden mermar sus derechos humanos con una visión de Estado. En eso el tratado de Escazú nos muestra líneas de acción concretas a través de sus principios.

Recordemos en este día del medioambiente que el derecho a la vida es posible en un sistema sano que sostiene la vida. Debemos entender que este no es un momento de prudencia en la protección climática y ecológica. De hecho, debemos actuar, es el momento de la acción para proteger los sistemas que sostienen nuestra propia vida. Es el momento de avanzar de la visión antropocéntrica que ha dominado el modelo de desarrollo chileno a una ecocéntrica, o centrada en la vida. Para avanzar en esta visión, Chile todavía debe hacer muchos pasos para fortalecer su institucionalidad y comprometerse con la participación, el acceso a la información y la justicia ambiental. Dado que el tratado de Escazú se puede adherir en el futuro, como sociedad debemos exigir a nuestras autoridades electas que Chile debe formar parte de este tratado, y ser parte activa de su implementación.

Mientras, debemos avanzar en la protección de los derechos humanos ambientales, a través de mejorar nuestros mecanismos de acceso a la información ambiental, la participación efectiva de las comunidades y la protección de defensores de la naturaleza. Podemos plantearnos como metas ir más allá de los principios de Escazú, ya que sabemos que no son lo suficientemente ambiciosos para avanzar en justicia eco-social en un medioambiente altamente cambiante, forzado por el cambio climático. Podemos avanzar en el actual proceso constituyente, incluyendo los principios del tratado de Escazú en nuestra nueva constitución, y esforzarnos para que leyes los implementen de manera efectiva en un futuro próximo.

*El autor es académico, Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile

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