El actuar de Carabineros el día viernes, donde un adolescente de 16 años fue arrojado desde el Puente Pio Nono al Río Mapocho, ha reafirmado las críticas que desde hace un tiempo se han formulado sobre la institución uniformada.
La permanente violación de derechos humanos por parte de la policía militarizada con que cuenta nuestro país le ha pasado la cuenta a una institución que antes gozaba de un alto índice de aprobación entre la ciudadanía.
Y es que la actuación de Carabineros no solo se siente en las calles del país, sino que también ha sido denunciada por diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas, Amnistía Internacional.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile se refirió al arrojamiento de un adolescente al Río Mapocho por parte de un uniformado, indicando que tal actuación es otro ejemplo del uso desmedido de la fuerza.
“Es de extrema gravedad, se evidencia, una vez más, un actuar policial desmedido, que ya sea por intención o por grave negligencia puso en riesgo la vida de un adolescente. Esto es un ejemplo más del uso excesivo de la fuerza que resulta ya una práctica normalizada por parte de Carabineros y que desde Amnistía Internacional hemos denunciado por más de una década, con especial énfasis después del estallido social”.
Además, criticó las declaraciones del ministro del Interior a respecto.
“Las declaraciones del ministro Víctor Pérez sobre la materia solo vienen a ratificar esta normalización, volviendo a reaccionar como un hecho puntual, lamentable, y no como una manifestación de un problema que es muchísimo más profundo”.
Además, la abogada de profesión criticó a respuesta del Estado ante las violaciones de derechos humanos ocurridas en nuestro país, pues el problema no se ha planteado como un problema estructural y Carabineros sigue sin reformarse, pese a las numerosas denuncias en su contra.
“Lamentablemente la respuesta del Estado ante la crisis de derechos humanos que se produjo luego del estallido social ha sido, por decir lo menos, débil. En nuestras conclusiones preliminares, presentadas ya en noviembre del año pasado, indicábamos que estábamos frente a graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos y que no debían abordarse como casos aislados, sino como un problema estructural que requiere reparación a las víctimas y medida efectivas para garantizar que dejen de suceder, incluyendo una reforma integral Carabineros de Chile”.
“A la fecha no ha habido ningún cambio significativo y ello solo augura que, a medida que aumenten las protestas en las calles, lo más probable es que las violaciones a los derechos humanos se sigan cometiendo”, continuó Piquer.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile también se refirió a las responsabilidades comprometidas con lo sucedido el viernes, indicando que hay tres instituciones claves: Gobierno, Carabineros y Fiscalía.
“En esto hay múltiples responsabilidades. Existe un responsabilidad que recae en Fiscalía y los Tribunales de Justicia en asegurar que las víctimas de violaciones de DD.HH. obtengan justicia y reparación, y que se investigue la responsabilidad no solo de los autores materiales de los hechos, sino también las responsabilidades de toda la cadena de mando hasta el más alto nivel. También hay una responsabilidad de la propia institución de Carabineros, que no ha adoptado medidas efectivas para detener las violaciones a los DD.HH., ni realizado investigaciones internas efectivas. Finalmente, hay una responsabilidad, sin duda, del Gobierno, que no ha tenido un rol efectivo de control civil del actuar de Carabineros ni tampoco ha garantizado los DD.HH. de la población, lo cual es su responsabilidad”.
En la jornada de este sábado, Fiscalía anunció la detención del Carabinero que habría empujado al adolescente al Río Mapocho, bajo el cargo de presunto homicidio frustrado. Por otra parte, la oposición anunció una acusación constitucional contra Víctor Pérez y el rechazo al presupuesto de Carabineros mientras no renuncie su director general, Mario Rozas.
El actuar de Carabineros el día viernes, donde un adolescente de 16 años fue arrojado desde el Puente Pio Nono al Río Mapocho, ha reafirmado las críticas que desde hace un tiempo se han formulado sobre la institución uniformada.
La permanente violación de derechos humanos por parte de la policía militarizada con que cuenta nuestro país le ha pasado la cuenta a una institución que antes gozaba de un alto índice de aprobación entre la ciudadanía.
Y es que la actuación de Carabineros no solo se siente en las calles del país, sino que también ha sido denunciada por diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas, Amnistía Internacional.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile se refirió al arrojamiento de un adolescente al Río Mapocho por parte de un uniformado, indicando que tal actuación es otro ejemplo del uso desmedido de la fuerza.
“Es de extrema gravedad, se evidencia, una vez más, un actuar policial desmedido, que ya sea por intención o por grave negligencia puso en riesgo la vida de un adolescente. Esto es un ejemplo más del uso excesivo de la fuerza que resulta ya una práctica normalizada por parte de Carabineros y que desde Amnistía Internacional hemos denunciado por más de una década, con especial énfasis después del estallido social”.
Además, criticó las declaraciones del ministro del Interior a respecto.
“Las declaraciones del ministro Víctor Pérez sobre la materia solo vienen a ratificar esta normalización, volviendo a reaccionar como un hecho puntual, lamentable, y no como una manifestación de un problema que es muchísimo más profundo”.
Además, la abogada de profesión criticó a respuesta del Estado ante las violaciones de derechos humanos ocurridas en nuestro país, pues el problema no se ha planteado como un problema estructural y Carabineros sigue sin reformarse, pese a las numerosas denuncias en su contra.
“Lamentablemente la respuesta del Estado ante la crisis de derechos humanos que se produjo luego del estallido social ha sido, por decir lo menos, débil. En nuestras conclusiones preliminares, presentadas ya en noviembre del año pasado, indicábamos que estábamos frente a graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos y que no debían abordarse como casos aislados, sino como un problema estructural que requiere reparación a las víctimas y medida efectivas para garantizar que dejen de suceder, incluyendo una reforma integral Carabineros de Chile”.
“A la fecha no ha habido ningún cambio significativo y ello solo augura que, a medida que aumenten las protestas en las calles, lo más probable es que las violaciones a los derechos humanos se sigan cometiendo”, continuó Piquer.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile también se refirió a las responsabilidades comprometidas con lo sucedido el viernes, indicando que hay tres instituciones claves: Gobierno, Carabineros y Fiscalía.
“En esto hay múltiples responsabilidades. Existe un responsabilidad que recae en Fiscalía y los Tribunales de Justicia en asegurar que las víctimas de violaciones de DD.HH. obtengan justicia y reparación, y que se investigue la responsabilidad no solo de los autores materiales de los hechos, sino también las responsabilidades de toda la cadena de mando hasta el más alto nivel. También hay una responsabilidad de la propia institución de Carabineros, que no ha adoptado medidas efectivas para detener las violaciones a los DD.HH., ni realizado investigaciones internas efectivas. Finalmente, hay una responsabilidad, sin duda, del Gobierno, que no ha tenido un rol efectivo de control civil del actuar de Carabineros ni tampoco ha garantizado los DD.HH. de la población, lo cual es su responsabilidad”.
En la jornada de este sábado, Fiscalía anunció la detención del Carabinero que habría empujado al adolescente al Río Mapocho, bajo el cargo de presunto homicidio frustrado. Por otra parte, la oposición anunció una acusación constitucional contra Víctor Pérez y el rechazo al presupuesto de Carabineros mientras no renuncie su director general, Mario Rozas.
El actuar de Carabineros el día viernes, donde un adolescente de 16 años fue arrojado desde el Puente Pio Nono al Río Mapocho, ha reafirmado las críticas que desde hace un tiempo se han formulado sobre la institución uniformada.
La permanente violación de derechos humanos por parte de la policía militarizada con que cuenta nuestro país le ha pasado la cuenta a una institución que antes gozaba de un alto índice de aprobación entre la ciudadanía.
Y es que la actuación de Carabineros no solo se siente en las calles del país, sino que también ha sido denunciada por diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas, Amnistía Internacional.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile se refirió al arrojamiento de un adolescente al Río Mapocho por parte de un uniformado, indicando que tal actuación es otro ejemplo del uso desmedido de la fuerza.
“Es de extrema gravedad, se evidencia, una vez más, un actuar policial desmedido, que ya sea por intención o por grave negligencia puso en riesgo la vida de un adolescente. Esto es un ejemplo más del uso excesivo de la fuerza que resulta ya una práctica normalizada por parte de Carabineros y que desde Amnistía Internacional hemos denunciado por más de una década, con especial énfasis después del estallido social”.
Además, criticó las declaraciones del ministro del Interior a respecto.
“Las declaraciones del ministro Víctor Pérez sobre la materia solo vienen a ratificar esta normalización, volviendo a reaccionar como un hecho puntual, lamentable, y no como una manifestación de un problema que es muchísimo más profundo”.
Además, la abogada de profesión criticó a respuesta del Estado ante las violaciones de derechos humanos ocurridas en nuestro país, pues el problema no se ha planteado como un problema estructural y Carabineros sigue sin reformarse, pese a las numerosas denuncias en su contra.
“Lamentablemente la respuesta del Estado ante la crisis de derechos humanos que se produjo luego del estallido social ha sido, por decir lo menos, débil. En nuestras conclusiones preliminares, presentadas ya en noviembre del año pasado, indicábamos que estábamos frente a graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos y que no debían abordarse como casos aislados, sino como un problema estructural que requiere reparación a las víctimas y medida efectivas para garantizar que dejen de suceder, incluyendo una reforma integral Carabineros de Chile”.
“A la fecha no ha habido ningún cambio significativo y ello solo augura que, a medida que aumenten las protestas en las calles, lo más probable es que las violaciones a los derechos humanos se sigan cometiendo”, continuó Piquer.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile también se refirió a las responsabilidades comprometidas con lo sucedido el viernes, indicando que hay tres instituciones claves: Gobierno, Carabineros y Fiscalía.
“En esto hay múltiples responsabilidades. Existe un responsabilidad que recae en Fiscalía y los Tribunales de Justicia en asegurar que las víctimas de violaciones de DD.HH. obtengan justicia y reparación, y que se investigue la responsabilidad no solo de los autores materiales de los hechos, sino también las responsabilidades de toda la cadena de mando hasta el más alto nivel. También hay una responsabilidad de la propia institución de Carabineros, que no ha adoptado medidas efectivas para detener las violaciones a los DD.HH., ni realizado investigaciones internas efectivas. Finalmente, hay una responsabilidad, sin duda, del Gobierno, que no ha tenido un rol efectivo de control civil del actuar de Carabineros ni tampoco ha garantizado los DD.HH. de la población, lo cual es su responsabilidad”.
En la jornada de este sábado, Fiscalía anunció la detención del Carabinero que habría empujado al adolescente al Río Mapocho, bajo el cargo de presunto homicidio frustrado. Por otra parte, la oposición anunció una acusación constitucional contra Víctor Pérez y el rechazo al presupuesto de Carabineros mientras no renuncie su director general, Mario Rozas.
Abogada de la Universidad de Chile y magíster en Derecho del Trabajo de la Universidad de Nueva York. Ingresó a Amnistía Internacional en 1990, ha sido presidenta de su Junta Directiva y desde 2011 se desempeña como directora ejecutiva. Foto: Amnistía Internacional. 
