La modernización del sistema de ahorros previsionales “está en juego”, aseguró este fin de semana el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en una entrevista en la que, a modo de advertencia, pidió responsabilidad a las y los parlamentarios que están a favor de un segundo retiro del 10 por ciento de fondos de las AFP.
Y es que para el secretario de Estado, de aprobarse una moción de este tipo, por definición se dejaría sin efecto el avance de la reforma provisional, que actualmente se encuentra estancada en la Comisión de Trabajo del Senado.
En tanto, las primeras críticas respecto de lo manifestado por Briones aparecieron de lado de parlamentarios de oposición, algunas de ellas exigiendo mayores detalles de lo expuesto. Así lo manifestó, por ejemplo, la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, quien además advirtió que se solicitará la presencia del ministro en la Comisión de Trabajo de la Cámara para explicar sus dichos.
“El 10 por ciento de las AFP y la nueva reforma que está planteando el Gobierno no se tocan. Estamos hablando del 6 por ciento y tenemos que ver como se distribuye, para nosotros es importante que vaya a reparto. Pero no veo al ministro diciendo nada cuando se pierden miles de millones de pesos, cuando baja la rentabilidad de los fondos no pone en cuestionamiento absolutamente nada. Por eso que queremos una explicación de lo que ha dicho, o si es solo un nuevo chantaje que tiene el Gobierno para no tener los votos para este segundo retiro”, señaló.
De igual forma, para el diputado PPD, Raúl Soto, la postura del titular de Hacienda pretende instalar una forma de gobernar “bajo amenaza”, razón por la cual, según precisó, no comparte supeditar el avance de la reforma a lo que pase con la moción referente al retiro de fondos.
“Creo que podemos avanzar en paralelo en ambas direcciones, aprobar el 10 por ciento para que las familias de aquí a fin de año cuenten con apoyo económico, y al mismo tiempo lograr un acuerdo político transversal para una reforma profunda al sistema de pensiones que permite garantizar, mejorar las pensiones de los futuros pensionados y también de los actuales en nuestro país, y al mismo tiempo aprovechar la instancia para a través de un sistema solidario mitigar los efectos que va a tener el retiro de los fondos”, manifestó.
Al alero de este debate, lo cierto es que el efecto que se está consiguiendo tiene que ver también con un retraso evidente del proyecto de reforma previsional, la cual, según expertos, requiere ser despachada con suma urgencia, sobre todo por los efectos negativos que traería su postergación.
Así lo manifestó en conversación con nuestro medio el economista y exsuperintendente de AFPs, Guillermo Larraín, quien advirtió que, de no ser enviada en el presente año, la reforma implicaría en la práctica un retraso de 3 o 4 años, razón por la que sugirió al Ejecutivo mayor estrategia en la negociación en el trámite legislativo.
“Creo que hay que buscar una solución que trate de compatibilizar ambas cosas, y la forma de hacerlo es armar un paquete único, un solo paquete donde por ejemplo, el Gobierno ofrezca extender los beneficios de apoyo a la clase media producto de la pandemia, y que por otro lado nos demos cuenta de que para poder llevar a cabo una reforma de pensiones hay que compatibilizar dos cosas, que el Gobierno tiene la iniciativa del proyecto, pero la oposición tiene la mayoría en la Cámara”, explicó.
No obstante, desde organizaciones sociales como NO+AFP el escepticismo por el trámite de la reforma previsional sigue siendo su postura frente a este nuevo retraso. Carolina Espinoza, una de las voceras de la organización, conversó con nuestro medio y se refirió a las razones por las que no respaldan la reforma planteada por el Gobierno, sobre todo por la persistencia que se hace en el actual sistema de capitalización individual.
“Nos parece absolutamente un voladero de luces profundizar en una reforma que no toca a las AFP. El sistema de capitalización individual está absolutamente fracasado y no resiste ninguna modificación para resolver el problema sino para mantener el negocio de las AFP en las manos del gran empresariado que con nuestros ahorros forzosos amasa tremenda fortuna”, criticó.
Asimismo, Espinoza dijo sentirse más cercana a respaldar el avance del proyecto encabezado por el senador Alejandro Navarro, que propone la derogación del Decreto 3500, o derechamente esperar a que en el próximo debate constitucional se pueda establecer a la seguridad social como un derecho de las personas.