En conversación con el parlamentario, se abordó el tema de Julio Ponce Lerou y el caso SQM, luego de que la Corte Suprema redujo de 62 a 3 millones de dólares la multa por las acciones que, al margen de la Ley, realizó el empresario en el llamado Caso Cascadas.

Para conversar sobre este tema, el diputado Renato Garín se refirió a la historia de perdonazos en Chile. “Esto es una historia que acompaña los últimos 50 años de la República de Chile. La clase política y empresarial colocó muy temprano sus ojos sobre este mercado del litio, el potasio y el yodo y otros productos que SQM produjo en su historia. Algo que se vio acrecentado con la aparición de Julio Ponce Lerou, que es un sujeto que hay que anotar en la historia de Chile porque representa muy bien la época. En la transición hemos visto un perfeccionamiento en la conducción de esta empresa, iniciado en la dictadura y limado, vuelto en diamante de manejo político en la transición. En el plan criminal que involucra el Caso Cascadas, en algún momento se dan cuenta que lo que está en juego es muy importante por el desarrollo del mercado de las baterías de litio y lo que hacen es asegurar el control de la empresa, con un esquema de dominó donde él controla la tasa principal que controla el resto de las cascadas. Hay un manejo financiero, entonces, por un lado, pero además aparecen los vínculos políticos, las puertas giratorias como Rafael Guilisasti. Hay diversos factores en juego, como la figura del abogado Munita que da el 3-2 final en el juicio en la rebaja de la multa en el caso SQM”, en el fallo de la Corte Suprema.

Así, empieza a relatar de que “en primera instancia, cuando se le condena por manejo financiero, parecía muy claro que la falta cometida era de una gravedad máxima para la confianza de los mercados. Por ende, lo que estaba en juego era la fe pública del mercado bursátil”.

Donde agregó una pregunta: “¿De dónde sacó la plata las cascadas de SQM? ¿cómo apalancó para darse este poder, este capital? Esto es Álvaro Saieh, cuando era dueño de Corpbanca, que le presta casi 1/5 del capital del Banco, lo que también es ilegal, porque hay un límite de cuánto le puedes pasar a un único cliente. Esto es algo que está olvidado en la prensa y que ha permitido que la impunidad de Julio Ponce esté en un manto nuboso”.

Sobre las voluntades para declarar en contra de esto, el diputado afirmó que “el silencio de la clase política sobre este caso es tremendo. Hay algo muy estructural en juego, lo que estamos viendo en platas políticas es una especie de amnistía social, impulsado desde la propia clase política. Cuando el 15 de noviembre se llega a un acuerdo que redacta la senadora Ena Von Baer y nadie dice que puede ser un error, porque ella estaba confesa de haber recibido platas de SQM. Otro ejemplo es Pablo Longueira, que dice que la plata recibida es para hacer páginas web. Se ha perdido de vista la gravedad de este asunto. ¿En qué momento perdimos de vista que estas personas se financiaron ilegalmente? Eso es amnistía social”.

Así, habla sobre la compra que hace Tianqi, la empresa china que se hizo de una parte de la minera no metálica, a la que califica como “al borde de la ilegalidad. Lo que vemos es una decisión política de la compra de un cuarto de SQM por manos chinas y es algo que también se oculta en la prensa”, donde se permite el ingreso de “intereses imperialistas de los chinos en nuestro país. Esta operación es político consular dirigida por el embajador Xu Bu que se convirtió en un jefe de negocios y lo logró, tanto lo logró que seis meses antes del Covid vino a Chile, Mike Pompeo e hizo un llamado de atención a cómo se metió china en nuestra vida”.

Agregando que “el problema central es que solo los chinos compran litio en formato de polvo de batería de litios. Además, están haciendo un oligopolio con Tesla para hacer baterías para movilidad eléctrica”.

En el caso puntual de SQM, explicó: “Son tres mercados distintos, esto no es solo litio: hay mercado de yodo, de tierras raras y está el mercado de los potasios y el cobalto. En el mercado del litio, el eje está en el salar de Atacama que pertenece a la Corfo, que tiene un contrato de arrendamiento, el más raro del mundo. Ese salar tiene la riqueza más grande en metro cuadrado en nuestro país. Sin embargo, está muy vinculado a lo que haga China y el mercado eléctrico”.

Renato Garín explicó que “el Estado de Chile es dueño de este salar y el contrato de arrendamiento lo hace Eduardo Bitrán en el Gobierno de Bachelet, donde se produce una serie de críticas. En ese contrato se reserva una porción de litio para hacer alianzas, más eso no se ha logrado porque el precio es absurdo, porque el mercado cambió: el Estado hizo un acuerdo tarde, malo y desactualizado”.

“El problema es que hay muchas empresas trabajando cómo reemplazar el litio. Entonces, el negocio de esa empresa en el futuro van a ser las tierras raras, el potasio y todo con lo que se hacen celulares”, sumó.

Otro de los temas a los que se refirió el diputado y abogado es la participación del abogado Diego Munita en el juicio. “El abogado integrante se piensa que es excepcional, pero existe en muchos lugares del mundo. Se agregan para oxigenar, para que no todo sea una discusión entre magistrados, pero en Chile lo que ocurre es que proliferan estos abogados y terminan siendo el voto que dirime. No quiero apuntar con el dedo a Diego Munita, pero hay que legislar sobre los conflictos de intereses de estos abogados integrantes”.

Además, agregó que “él debió haberse inhabilitado, pero no hay regla que lo haga objetable. En abstracto, este problema se arrastra hace rato y esto hay que conversarlo de cómo organizar un Poder Judicial que tenga oxigenación, pero que los votos no dependan del abogado integrante, porque sino tenemos un sistema feble. Eso es un error que hay que arreglar vía ley o auto acordado”.