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Año XVI, 29 de marzo de 2024


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María Olivia Mönckeberg sobre fallo en caso Cascadas: “Es todo lo contrario al ejemplo cívico que nos debiera dar la Corte Suprema”.

Autora de "El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno" y "La máquina para defraudar", la académica de nuestra casa de estudios reflexiona sobre esta sentencia y pone el acento en la necesidad de empoderar a los órganos investigadores.

Claudia Carvajal G.

  Miércoles 7 de octubre 2020 20:34 hrs. 
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El viernes por la noche, la Corte Suprema dio a conocer su fallo sobre el caso Cascadas y el resultado fue una victoria rotunda para Julio Ponce Lerou: por 3 votos a 2, se redujo la multa aplicada por la Superintendencia de Valores y Seguros, actual Comisión para el Mercado Financiero, desde $ 62 millones de dólares a menos de 3 millones de la divisa estadounidense.

Lo anterior pese a que todos los integrantes de la Tercera Sala consideraron que Ponce efectivamente fue el “ideólogo y promotor de un esquema de transacciones que lo benefició a él y a personas y sociedades relacionadas”, que sus operaciones generaron fraudulentamente utilidades por$ 128 millones de dólares y que la multa a la que lo condenó el máximo tribunal solo alcanza el 2,3% de la multa original y lesiona en tan solo un 0,12 por ciento el patrimonio del empresario.

Para analizar este fallo desde la perspectiva de sus consecuencias en el ámbito público, nuestro medio conversó con María Olivia Mönckeberg, Premio Nacional de Periodismo y autora de “La máquina para defraudar. Los casos Penta y Soquimich”.

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“La resolución de la Corte Suprema me parece hasta indignante porque no se puede creer en el Poder Judicial, particularmente porque estamos en momento en que todas las instituciones están soportando situaciones muy complejas, pues la crisis actual en Chile ya es sistémica“, señaló la académica de nuestra casa de estudios.

Respecto de cómo se llegó a este fallo, dada la conformación de la Tercera Sala, pero específicamente sobre los abogados integrantes como institución en sí, la periodista señaló que es necesario poner atención a este tipo de fallos y analizar los posibles conflictos de interés que presenten los encargados de integrar la sala junto con los ministros titulares.

“En este caso, la actitud de los ministros, junto al abogado integrante, que votaron por rebajar la multa es de una patudez que pone en tela de juicio la validez de estos personajes que son los abogados integrantes. Ellos deberían ser personas con reconocimiento profesional y académico, que solo en casos excepcionales integren salas de la Corte Suprema. Este fallo fue 3-2, es decir, fue discutido, pero el pronunciamiento fue escandaloso porque es muy diferente de la sanción de la SVS, que está integrada por gente muy idónea, mucho más que idónea que ellos para juzgar el delito económico”.

“En el caso de los ministros, la jueza Sandoval, nombrada el 2011 por Sebastián Piñera como integrante de la Corte Suprema, antes había sido abogada de la mutualidad del Banco de Concepción que luego se transformó en Corpbanca, de la que es dueño Álvaro Saieh. En el caso de Ángela Vivanco ella trabajó de cerca con Francisco Javier Errázuriz y fue decana en la Universidad Santo Tomás, todas  estas derivaciones habría que investigarlas. En el caso del abogado integrante, Diego Munita, pertenece a un estudio jurídico que trabaja en el sector minero y SQM podría contratar los servicios de ese bufete en el futuro. Por ahora esas son hipótesis, pero  son potenciales conflictos de interés”. 

Consultada sobre si este tema debería ser objeto de reflexión a la hora de pensar en una eventual nueva Constitución, la Premio Nacional señaló que es un tema que debería considerarse.

“Quizás el tema de esta institución de los abogados integrantes sean de las que hayan que cambiar del Poder Judicial ante la discusión de una nueva Constitución. Creo que habría que pedir explicaciones al Poder Judicial sobre cómo está operando eso, porque no es posible que tengan la misma validez que un ministro, ellos deberían tener cierta idoneidad que acá no aparece muy demostrada”, comentó.

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 Respecto de la controversia pública que ha presentado esta dualidad de tratamiento en el caso Cascadas y los anuncios de persecución penal contra quienes hayan falseado información en orden a obtener los beneficios del Estado enmarcados en el plan de ayuda por la pandemia, la académica del Instituto de Comunicación e Imagen y que tuviera por más de diez años a cargo la cátedra de Ética y Tratamientos Periodísticos, señaló que si bien no justifica el actuar de quienes buscaron defraudar al Estado para obtener los bonos, sí hay un reproche mayor a lo sucedido con Ponce Lerou.

“Uno está en contra de situaciones de engaño, pero es el ejemplo a la sociedad que da esta impunidad de los grandes poderosos, especialmente de una persona que hizo su fortuna a costa de engaños, porque fue en tiempo de dictadura que se privatizó Soquimich,  porque no había prensa libre, porque no había Poder Judicial independiente y porque Ponce Lerou era el yerno del dictador. Entonces que después él haya ido pasando por la vida de este país con este desparpajo, no solo para ganar dinero sino porque las maniobras de sus empresas van quedando prácticamente impunes. Como periodistas no podemos dejar pasar estas situaciones, hay que ponerlas alerta”.

“No me gustaría defender el engaño, aunque sea en momentos críticos, porque no me parece lógico ni positivo para nuestra sociedad. Es una lástima que haya ocurrido, creo  que muchas de esas personas, no todas, por supuesto, que se pudieron haber sentido muy angustiadas por su situación económica, pero debe haber una ética social. Nuestras concepciones de ciudadanía y bien común se deben al individualismo que se nos fue inoculando como sociedad,  está demostrando eso. A ello se agregan cuestiones como este fallo que es todo lo contrario al ejemplo cívico que nos debiera dar la Corte Suprema”, agregó.

Es justamente sobre la imagen que proyecta Julio Ponce Lerou que la académica se detiene a reflexionar.
“Lo increíble de Ponce Lerou es que , a partir de la nada y de manera anómala,  construyó una fortuna. Se aplicaron multas por la Superintendencia de Valores y ahora  la Corte Suprema aparece contradiciendo esto. No creo que exista una impunidad social con lo que hizo, por eso produce asombro y malestar e indignación en las personas cuando se sabe de esto”.

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Julio Ponce Lerou.

 Cuando en 2015 Eduardo Engel presentó el libro de la profesora Mönckeberg, mencionó en su discurso una frase citada de la misma autora de La máquina de defraudar:  “No se puede dejar que esto quede en nada, que paguen los culpables, que los tribunales hagan su labor”. A cinco años de eso, la periodista afirma que se podría caer en cierto pesimismo luego de este fallo, sin embargo señala que hay otras cosas que considerar.

Uno creía y esperaba que pasara todo eso, que los tribunales hicieran su labor,  pero en el caso SQM y en el mismo Penta, terminaron con clases de ética y una multa para los culpables y hoy nuevamente los controladores de esas empresas son inversionistas. Por lo tanto, uno podría decir que no todas las instituciones han funcionado como habríamos esperado, particularmente el Servicio de Impuestos Internos, porque con tal de obtener más plata para el Fisco, según ellos mismos señalaron, se contentaron con aplicar multas y no presentaron querellas en la gran mayoría de los casos. Además hubo cambio de Fiscal Nacional. Todo esto ha estado tensionado por los tironeos políticos y ha significado que las penas fueran aminoradas y también dejó a los fiscales  en un pie muy complicado para poder investigar. A eso se suma la voluntad de acotar, de que pasaran las cosas con menos juicios y, a la larga, entregando una situación más favorable para los que cometieron delitos.

“Después de la máquina para defraudar ha ido pasando una máquina para tapar, y esa máquina tiene diferentes actores, sea la dirección del SII que depende, en último término, del Ministerio de Hacienda, después la propia Fiscalía, porque los fiscales que más aportaron para destapar esto como Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, terminaron saliendo de la institución. Todo eso es lo que ha determinado situaciones de impunidad o de relativa impunidad, pues las multas impuestas, en relación a lo han ganado en esas empresas, llegan a ser irrisorias”, sentenció.

En ese sentido, la Premio Nacional de Periodismo, consultada al respecto, señaló la necesidad de un mayor empoderamiento del Ministerio Público para la investigación de este tipo de hechos.

“Después de todo lo que se conoció en la investigación del financiamiento irregular de la política, lo fuerte que fue entender que Ponce Lerou había contaminado a todo el espectro político, a parte de la Concertación o de la ex Nueva Mayoría, a instituciones que uno no habría imaginado, a personas que uno no habría imaginado. Después  de todo eso, uno esperaba justicia, que todo hubiera funcionado, entonces, cuando ahora leo lo que escribí en el 2015 pienso que fui muy optimista. Los hechos demostraron que a pesar que el propio Eduardo Engel estuvo a cargo de una comisión por la transparencia en la política y se pusieron algunos límites en materia de financiamiento, el asunto es más profundo y, con este fallo, lo estamos viendo ahora”, concluyó la académica de la Universidad de Chile.

Foto @Marcela Anabalon
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