Diario y Radio U Chile

Año XII, 24 de octubre de 2020

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Injusticia en el “oasis latinoamericano”: las muertes migrantes impunes tras el estallido

Solos o con familia, por error o adrede, las personas extranjeras que encontraron la muerte en octubre de 2019 tienen algo en común: sus casos aún no tienen responsables. Un seguimiento a casi un año de lo acontecido recaba en cómo ha continuado la vida para los familiares de Mariana Díaz Ricaurte, Julián Pérez y Romario Veloz.

Eduardo Andrade

  Sábado 10 de octubre 2020 16:19 hrs. 
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Mariana Díaz Ricaurte, muerte por bala perdida, 21 de octubre de 2019

Imagina que mueres solo en un país que no es el tuyo y que a diferencia de los otros 35 a los que les pasó igual, nadie habla de tu muerte ni mucho menos se busca a un culpable. Sandra Díaz intenta no hacerlo, pero antes debe disipar la pena. Entonces, junta los ahorros de su vida, vende sus joyas, pide préstamos. Está dispuesta a viajar a Chile, pero le dicen que es mejor y más prudente esperarla en Colombia, que su madre y sobre todo su hermano menor están quebrados y que sus hijos ya lo saben.

La repatriación del cuerpo de Mariana Díaz Ricaurte cuesta aproximadamente 2 millones de pesos chilenos, 9 millones en Colombia, 2 500 dólares americanos. Parte del monto es recaudado en Santiago por gestión de algunas comunidades migrantes en el país, por los amigos de Mariana y por Alexander, su expareja. Corren la voz en redes sociales, recalcan que estaba sola, que tiene dos hijos menores de edad en Colombia y que necesitan verla, aunque sea por última vez.

Pero Mariana, además, tiene cuatro hermanos por parte de madre y otros cuatro de padre. Sandra es parte de estos últimos. Vive en España, está casada allí; tiene dos hijos, un trabajo, un compromiso de arriendo, una vida. Debe disipar la pena, pero antes, debe encargarse de regresar a su país a recibir el cuerpo de Mariana, de comunicarse con la funeraria que gestiona la repatriación desde Santiago, de abrir el ataúd para reconocer a la niña con la que creció en el Valle de Cauca y de leer detalladamente el informe forense que es su único equipaje.

Cartel con el rostro de Mariana Díaz Ricaurte en la avenida Nueva Providencia.

Cartel con el rostro de Mariana Díaz Ricaurte en la avenida Nueva Providencia.

“Me acuerdo claro hasta del nombre del señor de la funeraria. Guillermo Pino, se llamaba. Él me mandó toda esa documentación, pero no decía nada. Dice muerte por proyectil, pero no especifica de dónde provenía ni de qué calibre era”, repite por teléfono a casi una semana de cumplirse un año de esos días.

Sin respuestas, Sandra llama a las últimas personas con las que Mariana estuvo la madrugada del 21 de octubre de 2019. Habla con Alexander, que fue la única persona que tuvo contacto con los peritos encargados antes de la repatriación; con Maribel, la amiga que la había alojado a pocos días de que viajara a Concepción para recoger sus cosas y viajar después a España para ver a Sandra; y con el “Lalo” y el “Primo”, las dos personas que la acompañaban en el living de la casa de Lo Prado minutos antes de que se asomara a fumar por el balcón.

Se queda 20 días en Colombia, Sandra. Alguna intención por emprender una demanda en contra del Estado de Chile aparece también en las conversaciones familiares. Sin ayuda y con poca claridad sobre el tema, deciden solamente no cremar el cuerpo de Mariana. “Por si toca desenterrarla, por si hay que hacerle otra autopsia”.

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A un mes de iniciado el estallido social en Chile, el Ministerio Público daba razón de 26 personas fallecidas y cuyas muertes venían siendo investigadas penalmente por dicha institucionalidad. Solo cinco de esas muertes, aseguraba la Fiscalía, habían sido provocadas por acción de agentes del Estado, dos bajo custodia de este, y el resto eran parte del contexto general provocado por las manifestaciones sociales.

Conforme avanzaron los meses, si bien la masividad de la revuelta disminuyó, las muertes, aunque en menor caso, continuaron. Cristián Valdebenito es el último fallecido de este tipo. 7 de marzo de 2020, a solo una semana de la llegada del nuevo coronavirus a Chile. Muerte por traumatismo encéfalo craneano, provocado probablemente por el impacto de una bomba lacrimógena.

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Desaparecido memorial de fallecidos en el estallido social (Centro Cultural Gabriela Mistral).

Las víctimas fatales en total son 36. Pero a esto, hay que sumarle también las causas abiertas por denuncias correspondientes a mutilaciones corporales o incluso las detenciones irregulares. En febrero de este año, el Poder Judicial entregó un balance de todas las causas ingresadas en el contexto del estallido social chileno, y aunque en este se incluyó también las querellas del Estado en contra de manifestantes acusados de ataques incendiarios y otros delitos, en casi el 60 por ciento las investigaciones ni si quiera se habían iniciado.

Por supuesto, en todo este complejo escenario de violencia transformada en números y porcentajes, hay algunos nombres que aún remecen y cuyas causas, aunque lento, han avanzado en favor de las personas afectadas. Alejandro Sepúlveda, integrante de una organización de abogados que voluntariamente brindaron su apoyo a las personas víctimas de violaciones de Derechos Humanos, dice que esto es parte de la forma en la que opera la Fiscalía, sobre todo por la sobrecarga de trabajo que significaría investigar todas las causas.

“Puede ser que el caso tenga cierta relevancia, que tenga alguna connotación pública o eventualmente alguien está presionando a la Fiscalía para que avance, porque sola, cuando el caso no tiene una connotación pública, la Fiscalía hace poco o nada”, explica.

Mariana Díaz Ricaurte integra la lista de causas por muerte en las que aún no se ha determinado la participación directa de agentes del Estado. Pero además de esto es parte de otra lista de la que nadie habla. De los casos de migrantes fallecidos en el contexto de las manifestaciones iniciadas en octubre de 2019, el del ecuatoriano Romario Veloz Cortez es quizás el más mentado. Pero la lista, la completa también su compatriota, Maicol Yagual; el compatriota de Mariana, Mauricio Perlaza; y los peruanos Renzo Barboza, Agustín Coro y Julián Pérez.

Julián Pérez Sánchez, muerte por quemaduras, 20 de octubre de 2019

Ahora imagina que al menos tienes a alguien, y que quizás, a diferencia de algunos otros migrantes muertos en el estallido, habrá quien in situ que repita tu nombre, muestre tu foto y esté dispuesto a conocer la verdad. Wendy Pérez aún no es consciente de todo lo que puede significar este proceso para su familia y hasta dónde les podrá llevar. Solo se concentra en la tele y en la transmisión en vivo de un incendio desatado en la bodega de la marca de ropa interior Kayser, que está a menos de dos kilómetros de su casa, en la comuna de Renca.

Su hermano y su madre aparecen también en primer plano, aparecen llorando. La última llamada que registra el teléfono de su padre es de las 3 de la tarde con 4 minutos. Julián fue breve, les dijo que estaba en casa de la señora Solange y que volvería veloz para alcanzar a llegar al culto de la iglesia evangélica a la que solían asistir los domingos por la tarde.

Julián Pérez Sánchez llevaba 20 años viviendo en Chile. Peruano, chimbotano. Acostumbrado a la calidez del clima norteño, estuvo a punto de regresar a su tierra al cumplir apenas en un año en la capital chilena. Por eso su pareja, que ya llevaba algunos años más aquí, le propuso traer a sus dos hijos y asentarse ya de forma definitiva. Trabajó en la construcción, primero; como ceramista, carpintero y hasta de cocinero. Un malestar en la columna le obligó a independizarse, después, y empezó a ayudar a su esposa, Elena Gonzáles, que tenía un puesto en la feria.

Fotografía de Julián Pérez colgada en una manifestación realizada en Renca.

Fotografía de Julián Pérez colgada en una manifestación realizada en Renca.

Esa mañana, como de costumbre, se encontraban allí justamente. Solange Arias atendía en el puesto contiguo.

“Lograron vender 230 mil pesos ese día”, recuerda Wendy, una cifra récord. La gente estaba desesperada. Con las noticias del estallido social iniciado hace solo dos días, muchos llegaron a pensar en escenarios apocalípticos, con escasez de alimentos incluida. Cuando la situación se volvió incontrolable y había rumores de saqueos en los primeros puestos de la feria, Julián llamó a su hijo menor y a su yerno para les ayudasen a volver a casa con los enceres; pero en el alboroto, también se dio cuenta de que Solange estaba sola y se ofreció a ayudarle.

Después, todo es incierto. Se escuchan alaridos a la distancia, las primeras ambulancias y las patrullas de bomberos parecen tragadas por la inmensa nube negra que cubre el final de la avenida Infante. “El papi no sale”, grita alguien, “el papi no sale”. Es Solange. Ha llegado en auto hasta la casa de los Pérez González. Elena se sube al auto y se van. Wendy enciende la tele.

***

Cuando los medios nacionales empezaron a consignar de la muerte de cinco personas al interior de la bodega de Kayser, a lo menos dejaron entre ver de que se trataba de saqueadores, de delincuentes y que uno de ellos, era de nacionalidad peruana. Los comentarios de las noticias no demoraron en llenarse de “se lo merecían” o “murieron en su ley”.

Wendy Pérez, residente en Santiago desde hace quince años, ha pasado más de la mitad de su vida fuera de su país natal y debía volver no solo para enterrar a su padre, sino también para enfrentar a la prensa peruana, que prácticamente replica estas mismas lógicas sensacionalistas.

“Yo solicité al fiscal un documento que avalara que mi papá no estaba haciendo algo delictivo porque en Perú tenía periodistas que también estaban buscando conversar conmigo y todos me preguntaban, pero tu papá qué hacía allí, ¿estaba robando?”, repite.

Un grupo de peruanos participa de las protestas sociales en Chile.

Un grupo de peruanos participa de las protestas sociales en Chile.

El documento al que accedió es una declaratoria policial correspondiente al levantamiento de los cadáveres con fecha del 21 de octubre de 2019. Se habla allí de un incendio del cual Carabineros tuvo reporte a las 16 horas del día anterior y que ya para las 17, con el siniestro controlado por una veintena compañías de bomberos, recién pudieron ingresar al recinto y constatar el saldo de lo ocurrido.

“Se hace mención de que las personas fallecidas no eran trabajadoras del local comercial y que se encontraban saqueando a la empresa Kayser al momento de ocurrir los hechos”, sentencian.

Frente a esto, Wendy emprendió una demanda en contra del presidente de la República, Sebastián Piñera, y del exministro del Interior, Andrés Chadwick, exigiendo sus responsabilidades políticas por el abandono de la comuna de Renca, en el contexto del estallido social. Esta situación, según señala, era el escenario ideal para lo que ocurrió en Kayser, y que finalmente terminó con la vida de su padre.

Sin embargo, esta es una causa que no ha logrado avanzar mucho en su resolución, tal como sucede con el caso de Mariana Díaz Ricaurte. Pero si bien la Fiscalía o el propio Gobierno acusan de retrasos en sus investigaciones generados por la llegada del COVID-19 a Chile, a mediados de septiembre y por gestión del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se supo que fueron expulsados del país 53 migrantes que habrían participado de hechos delictivos en el contexto del estallido social.

Galli, un personaje clave también en lo que fue la discusión por la nueva Ley de Migraciones en el país, proclamó este hecho casi como un triunfo en una entrevista concedida a La Tercera. 68 por ciento de los expulsados habían sido acusados de saqueos en supermercados y otras tiendas comerciales.

Romario Veloz Cortez, muerte por disparo a quemarropa, 20 de octubre de 2019

Imagina por último que aunque la bala es fulminante, hay cientos de personas que atestados frente a un mall saben de donde provino aquel disparo. Hay testigos, hay familia, hay más de uno que reclamará pidiendo justicia.

Adriana Rojas se hace cargo del caso el mismo día en que ocurren los hechos. Está camino a la manifestación que pretende recorrer la Ruta 5, en La Serena, hasta llegar al centro comercial Mall Plaza, pero un llamado al teléfono le advierte que hubo disparos, heridos e incluso un fallecido.

Abogada especialista en Derechos Humanos, querellante en casos emblemáticos como el del exmilitar chileno acusado de torturas, Juan Emilio Cheyre, Rojas llega al hospital y se encuentra con que los carabineros que custodian el cuerpo de la víctima se niegan a dar información sobre su identidad.

Memorial de Romario Veloz frente al Mall Plaza La Serena.

Memorial de Romario Veloz frente al Mall Plaza La Serena.

“Nosotros no fuimos”, “nosotros no fuimos”. Es lo único que repiten constantemente. Rojas amenaza con cruzar la calle Anfión Muñoz y solicitar a la Policía de Investigaciones tomar parte en el asunto. Entonces, ceden.

“Romario Veloz Cortez es un joven ecuatoriano de 26 de años. Es mi hijo con Erick Villalobos; es el papá de Maite Veloz, una nena de 5 años; es hermano, es estudiante de ingeniería civil en INACAP, es cantante de hip hop, amante del freestyle”.

Así inició Mery Cortez su exposición para la Comisión de Derechos Humanos del Senado, once meses después de la noche en la que llegó a reconocer el cadáver de su hijo a urgencias del hospital San Juan de Dios. Allí mismo conoció a Adriana, también, que la acompañó telemáticamente en la presentación de su caso, por primera vez, frente una institución estatal.

Mery confesó ante los parlamentarios miembros de la comisión liderada por el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, que la teoría en la que cree firmemente apunta a un sesgo racial que propició el disparo por parte de las tropas del Ejército que resguardaban la zona donde protestaba su hijo. César Veliz, uno de los heridos, recibió el disparo en la pierna; Rolando Robledo, en el abdomen. “Solo al negrito le tiraron directamente a matar”, repitió Mery entre llantos.

Mery Cortez y su pareja Erick Villalobos.

Mery Cortez y su pareja Erick Villalobos.

Pero lejos de ese episodio, hay otras razones para creer que efectivamente existe un ensañamiento relacionado con el color de piel de Romario y Mery y que han sido determinantes para el avance de este caso. Por ejemplo, el efectivo del Ejército que disparó contra Kevin Gómez ese mismo día en la región de Coquimbo recibió prisión preventiva al día siguiente y posteriormente fue formalizado por homicidio simple.

Un día, dijo Mery, en medio de una detención militar en su contra por parte de miembros del Ejército, en el contexto de la pandemia, no se contuvo y se lanzó con todo frente a los encargados preguntándoles quién fue el asesino de su hijo.

“Váyase a su país a buscar justicia, señora”.

“Pero yo ya no puedo irme más de acá. Estoy destinada a estar toda la vida en Chile”, repitió Mery ante el silencio de los senadores.    

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El caso de Mariana Díaz fue tomado recién por un abogado a inicios de 2020 gracias a la gestión realizada por la Comunidad de Refugiados Colombianos en Chile. Alejandro Sepúlveda tomó la representación de la familia de Díaz aquí, aunque esto aún no ha resultado del todo favorable.

Ante la poca visibilidad del caso y las excusas que pone la Fiscalía para avanzar con la investigación, legalmente, las personas encargadas de solicitar la agilización de este proceso o al menos tener acceso a la carpeta investigativa son los herederos de Mariana. Pero al tratarse de menores de edad, Alejandro dice que la solución está en un poder que debe ser firmado por el padre y enviado a Chile con algunos requerimientos formales que no se cumplieron en un primer intento. Y entonces llegó la pandemia.

No obstante, Sepúlveda se ha adelantado a los hechos y dice haber hablado con algunos testigos que afirman que los únicos que rondaban la casa donde murió Mariana eran militares y que es más que seguro que de allí provino la bala que terminó con su vida. Esto, sin embargo, requiere también de un abogado particular que pueda recabar formalmente estos testimonios, además de presionar a la Fiscalía con algunas diligencias.

53 migrantes son expulsados por el Gobierno por incidentes delictivos ocasionados en el contexto del estallido social.

53 migrantes son expulsados por el Gobierno por incidentes delictivos ocasionados en el contexto del estallido social.

Desde España, Sandra dice más bien sentirse frustrada porque se suponía que Mariana había viajado a Chile en búsqueda de refugio; que en Buenaventura, por un negocio que había emprendido y que le estaba yendo bien, un grupo de extorsionadores le estaba pidiendo un cupo de dinero por su vida y que por eso se fue.

“El Estado de Chile tenía que protegerla y pienso que ahora deben dar la cara por toda esta situación”, comenta al teléfono.

Contrario a esto, aun en el caso más sonado y en la única comisión parlamentaria que abordó el tema, más de una vez el actual ministro de Defensa, Mario Desbordes, declinó de asistir a las sesiones pactadas, e incluso, en una entrevista realizada en el marco de la conmemoración del Día de las Glorias del Ejército, aseguró que él no va a instruir un sumario de investigación interna dentro del Ejercito, y que sería de vital importancia en el caso de Romario y otros tantos.

Esta situación, dice la abogada Adriana Rojas, ya ha ocurrido, y se refiere precisamente a los crímenes perpetrados durante la Dictadura. “Ya sabemos cómo termina eso, con 47 años de impunidad”.

“La suerte de Romario era que estaba con su familia acá, y que hoy día su madre vive por la búsqueda de justicia para él. Eso no pasa en otros casos de personas migrantes. Las investigaciones avanzan lento porque precisamente no son casos de gran relevancia para nuestra cultura, para nuestra política y para la sociedad. Eso es bastante terrible decirlo como constatarlo, pero es la realidad”, sentencia.

En la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Juan Ignacio Latorre y otros senadores acordaron enviar una serie de oficios al Gobierno, en la línea de exigir justicia y verdad para este tipo de casos, así como reparación y garantías para su no repetición.

Juan Ignacio Latorre.

Juan Ignacio Latorre.

Otros en cambio, como Wendy Pérez, dicen haber declinado por esta búsqueda, y lo que espera más bien es limpiar el honor de su padre. Detalles como el hecho de que Solange solo le haya entregado el celular que Julián le encargó antes de entrar a Kayser, mas no la billetera donde guardaba el dinero del día y que supuestamente se quemó en el incendio, dicen haberla alejado por completo de la familia de Yoshua Arias, el otro fallecido en la tragedia. Y a llegado a pensar que algunos familiares de esos casos incluso han intentado lucrar con todo esto.

Conforme fueron pasando los meses, Wendy empezó a publicar fotos de su padre a través de redes sociales intentando preservar su memoria, y le han llegado mensajes que guarda y en los que se puede leer: “Yo fui al Líder y al Kayser tipo 3, y para meterse había que saltar un metro, aprox. Ahora que veo su foto, creo que tu papá me ayudo a salir, él era”. O también: “Yo lo vi afuera cuando se estaba quemando la bodega, lo vi preocupado”.

Con Julián siempre hablaron de qué pasaría si es que alguien de la familia moría en Chile y sobre dónde preferiría ser enterrado. Él siempre se reía y repetía que quería ser llevado de vuelta a Perú.

“Las personas que son de aquí van a enterrar a sus seres queridos y pueden seguir buscando justicia, pueden hacer un desentierro, una segunda autopsia”, repite Wendy,

“Pero yo no tengo esa opción”, remata. “Si yo me lo llevaba, perdía todo. Y yo perdí saber la verdad”.