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Necesidad de reparación integral a un año del estallido social

Columna de opinión por Académicas y académicos de la Universidad, junto a kinesiólogos con formación en DDHH.
Miércoles 14 de octubre 2020 9:09 hrs.


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Desde el 18 de octubre del 2019, vivimos el despertar con un sabor agridulce. Las protestas sociales por demandas legítimas como las mejoras al sistema de salud, pensión, educación, cambio de la constitución, se han visto amargadas por las reiteradas violaciones a los Derechos Humanos por parte de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, su excesivo e innecesario uso de la fuerza ha ocasionado muertes y heridas, tortura, tratos crueles y degradantes, violencia sexual, y detenciones arbitrarias. Esto ha sido informado de manera consistente en los cuatro informes internacionales: Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

A un año del estallido social, nos parece importante visibilizar el impacto de la violencia de Estado como problema de Salud Pública desde un Enfoque de Derechos Humanos, junto con enfatizar la necesidad de reparación integral de las personas afectadas y su círculo cercano. Especialmente, por la gran magnitud de este problema, que alcanzan un total de 8.757 denuncias por violaciones a los Derechos Humanos, desde octubre de 2019, de acuerdo a información entregada por el Ministerio Público.

Las consecuencias de estas violaciones se pueden evidenciar en múltiples ámbitos, tales como la salud física y mental, aspectos económicos y sociales, entre otros. De acuerdo al último reporte público del INDH (19 de marzo de 2020) se acumulaban 257 casos de violencia sexual, 617 de tortura y otros tratos crueles, 1272 de uso excesivo de la fuerza y 460 lesiones de trauma ocular (unilateral, bilateral, con compromiso maxilo facial). Algunos de estos casos se han dado a conocer por los medios de comunicación, y sus testimonios dan cuenta de cómo el actuar criminal del Estado trae consecuencias en la independencia funcional de las personas afectando su participación social y la calidad de vida de todo el entorno familiar. Un impacto del que nos debemos hacer responsables.

Fabiola Campillay, se encontraba en cercanías de su domicilio cuando recibió el impacto de una bomba lacrimógena en su rostro, perdiendo la visión de sus dos ojos, el gusto y olfato. Alex Núñez Sandoval de 39 años falleció en la noche del lunes 21 de octubre de 2019 en el Hospital Asistencia Pública (ex Posta Central) producto de un traumatismo encéfalo craneano, ocasionado por una brutal golpiza que recibió de parte de funcionarios de Carabineros de Chile. Carlos Astudillo, estuvo en riesgo vital tras recibir un proyectil de guerra por parte de un funcionario del Ejército de Chile, lo que le ha obligado a realizar 15 cirugías para salvar su pierna, lo que sin duda genera complicaciones físicas, económicas y sociales. Oscar Pérez, fue atropellado por dos carros lanza gases policiales, quedando con graves fracturas en distintos huesos de su columna, pelvis y pierna izquierda. Recientemente, un adolescente de 16 años fue empujado por un funcionario de Carabineros desde 7 metros de altura en el Puente Pio Nono, fue rescatado por manifestantes y producto de la caída presenta un traumatismo encéfalo craneano y múltiples fracturas. A raíz de este evento, salió a la luz el caso de Pablo Marín Jara, quien también cayó al Mapocho en plena represión, fue gaseado con spray lacrimógeno en el rostro, sin poder ver, caminó por el borde del puente y la fuerza del chorro del guanaco lo lanzó al río Mapocho, fue encontrado la mañana siguiente por dos jóvenes, a un costado del río, sangrando y con las piernas quebradas, fue operado de ambas piernas y producto de la pandemia no accedió a rehabilitación. El reciente fin de semana hemos visto por redes sociales que un hombre usuario de silla de ruedas fue lanzado por el chorro del carro lanza aguas.

Luego de eventos traumáticos, como los vividos por las personas de los casos relatados, son evidentes las consecuencias en múltiples dimensiones. Chile necesita restaurar la democracia, y eso implica el derecho a manifestarse sin represión ni abuso de la fuerza. Las personas víctimas de violación a sus derechos humanos deben ser reconocidas por el Estado y recibir un proceso  de reparación integral, incluyendo la rehabilitación desde una perspectiva interdisciplinar, intersectorial y con Enfoque de Derechos Humanos, lo que implica reconocer que una lesión causada por el Estado es grave pues es quien, a través de sus instituciones, debe promover la salud, no dañarla con actos que solo buscan el amedrentamiento social.

Desde la kinesiología como profesión de salud, podemos contribuir con la rehabilitación musculoesquelética, neurológica, maxilofacial, adecuaciones desde la ergonomía, entre otras áreas, que permitan abordar los múltiples sistemas afectados tras estas lesiones. En colaboración con todas las profesiones que forman parte del proceso de recuperación integral y rehabilitación como terapia ocupacional, fonoaudiología, odontología, psicología, trabajo social, entre otras. Considerando como parte de la rehabilitación, la inclusión en procesos educativos y laborales truncados por esta situación, junto al desarrollo de espacios comunitarios y culturales, ya que es parte fundamental del desarrollo pleno de las personas.

Si bien han existido señales del Ministerio de Salud de contar con un plan de asistencia a las víctimas, el Gobierno de Sebastián Piñera no ha reconocido la Violación de Derechos Humanos. ¿Tendremos que volver a esperar un cambio de gobierno para el reconocimiento de estos casos? Es importante, como política de Estado y responsabilidad de la sociedad, combatir el negacionismo histórico, que tanto daño nos ha hecho como país.

A un año del estallido social, urge elaborar una política pública de reparación en salud y derechos humanos, donde se reconozca a las víctimas de violencia de Estado y se garantice la no repetición de estos actos. Del mismo modo, se requiere la formación de equipos de salud, especialmente los profesionales de rehabilitación, en materia de reparación integral, en un país donde la violación a los derechos humanos forma parte del pasado y el presente de nuestra historia.

Las y los profesionales de salud debemos unirnos y decir fuerte NO MÁS ABUSOS, construyamos una sociedad en la que podamos expresar nuestras diferencias con respecto y un trato justo desde el Estado y sus Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública en todos los espacios, tanto en la salud como en todos los temas relevantes para la sociedad.

Kinesiólogo Eduardo Felipe Alfaro

Kinesióloga Jame Rebolledo Sanhueza

Kinesiólogo Alvaro Besoaín Saldaña

Kinesióloga Trinidad Bruna Melo

Kinesióloga Bárbara Correa Pinto

Kinesióloga Mónica Manríquez Hizaut

Kinesióloga Giselle Horment Lara

Kinesiólogo Giovanni Olivares Péndola

Kinesiólogo Rodrigo Núñez Cortés

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.