“Los pajaritos ya no tienen dónde tomar agua”: regantes de Monte Patria se oponen a entubamiento de canal
Mediante una carta ingresada este jueves en oficinas de la DGA en Ovalle y de CNR en La Serena, un grupo de regantes del Canal Maqui Alto, del río Mostazal, dio cuenta de vicios en el proceso de postulación a los bonos de subsidio estatal que financiarían una obra no deseada por la mayoría de la comunidad de aguas.
Diario Uchile
Jueves 15 de octubre 2020 20:16 hrs.
Compartir en
“Han entubado tanto que los pajaritos ya no tienen dónde tomar agua”, “antes los animales tomaban agua aquí, ahora hay que pasarse todo el día llevándolos y trayéndolos del río”, relatos como estos se repitieron en la reunión de las y los vecinos de la localidad de El Maqui. Muchos afirmaron que están dispuestos a lo que sea con tal de que no les entuben el único canal que aún corre libre por el territorio.
Y es que la ley 18.450 que subsidia obras de riego, evalúa proyectos presentados por los canales en virtud de la cantidad de acciones que sostienen la solicitud, no de personas, es decir, si una sociedad agrícola tiene el 50% de las acciones de agua de un canal, como ocurre en el Maqui Alto, basta con que uno de los 60 regantes que viven al borde del mismo quiera la obra, para que el requisito de que “la mayoría está de acuerdo” se valide ante la Comisión Nacional de Riego (CNR). Eso muchas veces disuade una eventual oposición, ya que es la ley la que permite que el Estado subsidie a las empresas contra la voluntad de las y los campesinos.
Pero lo que alerta a los vecinos, es que, según su mirada, esta lógica es la que va secando aceleradamente los territorios, pues impondría que la única forma de mejorar la conducción de aguas es poner un tubo por todo el canal, no solo por las partes críticas donde sí puede significar una mejora significativa. Para ellos, esto supone acabar con todo el ecosistema que se ha generado alrededor los canales.
Es por ello que decidieron oponerse, y revisando los procedimientos, constataron que la sociedad agrícola Pampa Grande, que respalda con sus acciones el proyecto, adeuda cerca de 6 millones de pesos por cuotas impagas, y según el art. 223 del Código de Aguas, quien tenga sus cuotas impagas no puede votar, es decir, no se cumpliría con el requisito de mayoría. Pero, además, en la misiva ingresada a la Dirección General de Aguas y a la Comisión Nacional de Riego, alegan que quienes sostienen la postulación del proyecto son también quienes lo llevarían a cabo, lo que evidencia un conflicto de intereses que no debe ser validado por el Estado.
La comunidad consultó al departamento jurídico de la CNR dónde debía dirigir la carta y les respondieron que en la Dirección General de Aguas, sin embargo, cuando fueron para allá, les indicaron que el asunto era competencia de la CNR. Según los vecinos, esto es una muestra más de lo complejo que resulta para las comunidades campesinas defender sus formas de vida, pues reina la desinformación, la falta de políticas que resguarden la biodiversidad.
De acogerse favorablemente los argumentos territoriales, el proyecto debería sacarse de concurso y el agua debería seguir corriendo abiertamente por el canal local, pero ahora los vecinos dicen entender que habrá que seguir juntándose para atender de manera más oportuna y colectivamente los problemas que puedan suscitarse en la administración de sus aguas.
“Han entubado tanto que los pajaritos ya no tienen dónde tomar agua”, “antes los animales tomaban agua aquí, ahora hay que pasarse todo el día llevándolos y trayéndolos del río”, relatos como estos se repitieron en la reunión de las y los vecinos de la localidad de El Maqui. Muchos afirmaron que están dispuestos a lo que sea con tal de que no les entuben el único canal que aún corre libre por el territorio.
Y es que la ley 18.450 que subsidia obras de riego, evalúa proyectos presentados por los canales en virtud de la cantidad de acciones que sostienen la solicitud, no de personas, es decir, si una sociedad agrícola tiene el 50% de las acciones de agua de un canal, como ocurre en el Maqui Alto, basta con que uno de los 60 regantes que viven al borde del mismo quiera la obra, para que el requisito de que “la mayoría está de acuerdo” se valide ante la Comisión Nacional de Riego (CNR). Eso muchas veces disuade una eventual oposición, ya que es la ley la que permite que el Estado subsidie a las empresas contra la voluntad de las y los campesinos.
Pero lo que alerta a los vecinos, es que, según su mirada, esta lógica es la que va secando aceleradamente los territorios, pues impondría que la única forma de mejorar la conducción de aguas es poner un tubo por todo el canal, no solo por las partes críticas donde sí puede significar una mejora significativa. Para ellos, esto supone acabar con todo el ecosistema que se ha generado alrededor los canales.
Es por ello que decidieron oponerse, y revisando los procedimientos, constataron que la sociedad agrícola Pampa Grande, que respalda con sus acciones el proyecto, adeuda cerca de 6 millones de pesos por cuotas impagas, y según el art. 223 del Código de Aguas, quien tenga sus cuotas impagas no puede votar, es decir, no se cumpliría con el requisito de mayoría. Pero, además, en la misiva ingresada a la Dirección General de Aguas y a la Comisión Nacional de Riego, alegan que quienes sostienen la postulación del proyecto son también quienes lo llevarían a cabo, lo que evidencia un conflicto de intereses que no debe ser validado por el Estado.
La comunidad consultó al departamento jurídico de la CNR dónde debía dirigir la carta y les respondieron que en la Dirección General de Aguas, sin embargo, cuando fueron para allá, les indicaron que el asunto era competencia de la CNR. Según los vecinos, esto es una muestra más de lo complejo que resulta para las comunidades campesinas defender sus formas de vida, pues reina la desinformación, la falta de políticas que resguarden la biodiversidad.
De acogerse favorablemente los argumentos territoriales, el proyecto debería sacarse de concurso y el agua debería seguir corriendo abiertamente por el canal local, pero ahora los vecinos dicen entender que habrá que seguir juntándose para atender de manera más oportuna y colectivamente los problemas que puedan suscitarse en la administración de sus aguas.
“Han entubado tanto que los pajaritos ya no tienen dónde tomar agua”, “antes los animales tomaban agua aquí, ahora hay que pasarse todo el día llevándolos y trayéndolos del río”, relatos como estos se repitieron en la reunión de las y los vecinos de la localidad de El Maqui. Muchos afirmaron que están dispuestos a lo que sea con tal de que no les entuben el único canal que aún corre libre por el territorio.
Y es que la ley 18.450 que subsidia obras de riego, evalúa proyectos presentados por los canales en virtud de la cantidad de acciones que sostienen la solicitud, no de personas, es decir, si una sociedad agrícola tiene el 50% de las acciones de agua de un canal, como ocurre en el Maqui Alto, basta con que uno de los 60 regantes que viven al borde del mismo quiera la obra, para que el requisito de que “la mayoría está de acuerdo” se valide ante la Comisión Nacional de Riego (CNR). Eso muchas veces disuade una eventual oposición, ya que es la ley la que permite que el Estado subsidie a las empresas contra la voluntad de las y los campesinos.
Pero lo que alerta a los vecinos, es que, según su mirada, esta lógica es la que va secando aceleradamente los territorios, pues impondría que la única forma de mejorar la conducción de aguas es poner un tubo por todo el canal, no solo por las partes críticas donde sí puede significar una mejora significativa. Para ellos, esto supone acabar con todo el ecosistema que se ha generado alrededor los canales.
Es por ello que decidieron oponerse, y revisando los procedimientos, constataron que la sociedad agrícola Pampa Grande, que respalda con sus acciones el proyecto, adeuda cerca de 6 millones de pesos por cuotas impagas, y según el art. 223 del Código de Aguas, quien tenga sus cuotas impagas no puede votar, es decir, no se cumpliría con el requisito de mayoría. Pero, además, en la misiva ingresada a la Dirección General de Aguas y a la Comisión Nacional de Riego, alegan que quienes sostienen la postulación del proyecto son también quienes lo llevarían a cabo, lo que evidencia un conflicto de intereses que no debe ser validado por el Estado.
La comunidad consultó al departamento jurídico de la CNR dónde debía dirigir la carta y les respondieron que en la Dirección General de Aguas, sin embargo, cuando fueron para allá, les indicaron que el asunto era competencia de la CNR. Según los vecinos, esto es una muestra más de lo complejo que resulta para las comunidades campesinas defender sus formas de vida, pues reina la desinformación, la falta de políticas que resguarden la biodiversidad.
De acogerse favorablemente los argumentos territoriales, el proyecto debería sacarse de concurso y el agua debería seguir corriendo abiertamente por el canal local, pero ahora los vecinos dicen entender que habrá que seguir juntándose para atender de manera más oportuna y colectivamente los problemas que puedan suscitarse en la administración de sus aguas.
