“Vamos a tener una jornada electoral limpia, segura y confiable” y el resultado oficial será “el fiel reflejo de la voluntad popular expresada en las urnas”, afirmó el titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Romero fue nombrado al frente del TSE tras los cuestionados comicios del 20 de octubre de 2019, en los que los adversarios del entonces presidente Evo Morales denunciaron un “fraude” para permitir su reelección. Luego de tres semanas de protestas en las calles, el mandatario izquierdista renunció y se exilió.

El presente proceso electoral es el “más complejo de la historia política de Bolivia”, no solo porque se realiza en medio de la pandemia del coronavirus, que forzó a postergar tres veces la votación, sino porque fue convocado en medio de un clima polarizado, afirmó Romero en rueda de prensa.

El TSE garantiza “seriedad técnica, imparcialidad política y transparencia” y contará con un doble sistema de conteo de votos: uno rápido con fines informativos y otro de resultados oficiales, más lento.

El sistema rápido comenzará a transmitir información una hora después del cierre de los centros de votación “y los ciudadanos van a conocer casi en simultáneo con el Tribunal Electoral los resultados electorales que vayan llegando y procesando”, dijo Romero.

Tras el cierre de campaña electoral y del término de presentación de encuestas, se advierte una intención de voto favorable a Luis Arce del Movimiento Al Socialismo (MAS) en primer lugar y a Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC) en segundo. Luis Fernando Camacho de CREEMOS, queda en un tercer puesto lejos del segundo y con mucha presión para declinar de modo que sus votos eviten que el MAS retome el poder.

El bloque en contra del MAS, liderado por Mesa, se vio inicialmente fortalecido con las declinaciones de la presidenta Janine Añez y del expresidente Jorge Tuto Quiroga, pero sin la certeza de que estas le aseguren ganar en primera vuelta.

Con todo, la decisión de elegir al próximo presidente está en manos de los más de siete millones de electores habilitados por el órgano electoral luego de la anulación de las elecciones anteriores y con sus ex autoridades presas acusadas de fraude de acuerdo a informes de la OEA y de la Unión Europea.