Más de 200 días en toque de queda: la naturalización de una medida más represiva que sanitaria
Aunque el Gobierno impuso el toque de queda por la pandemia, ahora que varias comunas del país ya han superado el peak de COVID-19 su aplicación genera dudas. Para muchos, su aplicación ha dejado de ser necesaria y proporcional en muchas zonas del país.
Andrea Bustos C.
Domingo 18 de octubre 2020 10:17 hrs.
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El domingo 22 de marzo, el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich anunció el establecimiento del toque de queda en todo el territorio nacional por la pandemia de COVID-19, que entonces estaba recién creciendo en nuestro país.
De aquello ya han pasado más de 200 días y el país se ha mantenido bajo esta medida restrictiva, a pesar de que en muchas comunas el COVID-19 se encuentra controlado o presente con muy bajo número de contagios.
Ejemplo de ello es la Región Metropolitana, que ya no cuenta con ninguna comuna en cuarentena y, por el contrario, gran parte incluso cumple condiciones para pasar a la etapa 4 de Apertura Inicial del “Plan Paso a Paso” establecido por el Gobierno.
Ante tal panorama, la aplicación de toque de queda como medida sanitaria parece ir perdiendo fundamento y fuerza.
Desde el Colegio Médico, su secretario general, el doctor José Miguel Bernucci expresó sobre este punto que “desde un inicio se han planteado dudas referentes a su verdadera utilidad, principalmente porque todos sabemos que en la noche los niveles de movilidad caen bastante referente a los niveles de movilidad durante el día”.
A eso, el médico añadió que el Comité Asesor se ha pronunciado a favor de mantenerlo, pero también ha manifestado que la medida debe ir en concordancia con el avance o retroceso del plan paso a paso: “Es decir que a medida que las comunas van a avanzando en el plan, la medida de toque de queda tenga que ir disminuyendo y a su vez en las comunas que van retrocediendo, este tenga que mantenerse o incluso aumentar”, explicó Bernucci.
Secretario general del Colegio Médico, doctor José Miguel Bernucci. Créditos: Twitter.
“En política pública comparada lo que hemos visto por ejemplo en Francia es que hoy día, después de casi ocho meses, por primera vez se va a instalar un toque de queda como tal. La verdad es que nosotros estamos de acuerdo con el Comité Asesor en que tiene que ir en concordancia con la actividad epidemiológica que tenga el virus en cada comuna”, añadió el representante del Colegio Médico.
¿Aplicación sanitaria o política?
Las dudas en torno a las razones para seguir implementando el toque de queda surgen tanto desde las comunidades como de la academia, ejemplo de ello es que decenas de profesionales han firmado una declaración exigiendo el fin del estado de catástrofe, bajo el que se ampara el toque de queda.
“Mediante la artimaña de un “estado de catástrofe” por la pandemia de Covid, pero sin fundamentos científicos, discusión pública o legitimidad alguna este estado de excepción parece tener por objetivo restringir libertades civiles para controlar la población durante el proceso constitucional que vive el país”, indican en un texto.
Si bien el Gobierno decretó que el estado de catástrofe regirá hasta diciembre, aquello en ningún caso implica que el toque de queda deba ser instruido, puesto que este puede ser levantado en cuanto las autoridades así lo decidan o puede también decretarse de forma regional.
Al respecto, el coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash, explicó que los estados de excepción se vinculan con ciertos peligros en materia de derechos humanos, es por ello que están ampliamente regulados en el derecho internacional, ante lo que Chile tiene compromisos.
Según expresó el académico la normativa internacional establece no solo aspectos formales sobre la aplicación de los estados de excepción, sino también contempla elementos sustanciales que permiten advertir posibles abusos.
Claudio Nash, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.
“Hay dos aspectos que son claves, uno que esta debe ser una medida proporcional siempre a la situación y segundo que solo debe regir el tiempo necesario para enfrentar la situación que lo creó y, en ese sentido, la excepción constitucional de catástrofe tiene un origen en el tema sanitario (…) Y hoy día es posible salir a trabajar, que las personas vayan a los centros comerciales, que hayan reuniones, en algunos lugares incluso se está autorizando para abrir cines y teatros, es ese contexto es evidente que una medida restrictiva de derechos como es el estado de excepción constitucional cada vez parece más desproporcionado mantenerlo en todo el país y bajo las mismas condiciones”, señaló.
“Parece hoy día, en contexto de un plebiscito, de jornadas de protesta que se anuncian, que estamos ante una medida de control social, que lo que busca es mantener la presencia policial en las calles y adoptar esta medida altamente restrictiva en materia de derechos humanos como es la del toque de queda”, añadió.
Ante tal escenario, en opinión de Nash lo apropiado sería que la medida tanto de estado de excepción como de toque de queda apliquen en las comunas que lo requieran por razones sanitarias, pero no que tengan la misma severidad en aquellas que han superado el peak de COVID-19, dado que en muchas zonas la medida ha dejado de ser necesaria y proporcional.
“Los distintos organismos internacionales, Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todos han denunciado que en el marco de las medidas que se han adoptado por la pandemia hay un riesgo de utilizar esta con fines políticos que son distintos a enfrentar la pandemia. Yo creo que Chile es un ejemplo precisamente de eso, cómo se están utilizando medidas necesarias para enfrentar la pandemia, en algún momento se perpetúan en el tiempo con fines políticos y fines de control social. Eso hay que enmarcarlo en la idea de los peligros que estamos viviendo en Chile desde el 18 de octubre de una regresión autoritaria y en eso la pandemia ha sido utilizada para profundizar esa regresión autoritaria”.
Por su parte, el sociólogo Octavio Avendaño, académico de la Universidad de Chile, se expresó en una línea similar, pues según dijo el toque de queda ya ha transcendido a lo que en materia sanitaria refiere y hoy se ve más bien como una excusa para “neutralizar políticamente situaciones de conflictividad que se puedan generar”.
“Vemos el toque de queda como una excusa más para tener un control interno, que va más allá del problema de la pandemia y que tiene implicancias de carácter más bien político. En el fondo podríamos decir que el toque de queda, en el marco de la pandemia, es la prolongación de una estrategia que se emplea a partir de la crisis de octubre del 2019, que es el establecimiento del estado de excepción (…) El toque de queda, el estado de excepción podríamos decir que forman parte de un estilo de gestión que se ha establecido y que se ha tendido a arraigar desde el año 2018, que es un estilo de gestión bastante autoritario de parte del actual Gobierno”, comentó.
Junto a la intención de control social, el doctor en ciencia política mencionó también como otro factor importante de aplicación de la medida restrictiva la búsqueda de gobernabilidad: “Podríamos decir algo que parece bastante radical en el planteamiento pero está bastante ajustado a la realidad, y es que en el fondo el actual Gobierno se logra mantener gracias al estado de excepción y lo más probable es que durante buena parte del próximo año tengamos medidas de este tipo para lograr finalizar sin dificultad el período constitucional”.
Por otra parte, el académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile destacó que incluso en las épocas más restrictivas del país este tipo de medidas se suspendieron ante un proceso tan importante como un plebiscito, dado que, en 1988, todavía en dictadura, la junta militar suspendió el estado de excepción de cara a la importante votación.
“Vamos a encontrar que las condiciones fueron completamente distintas a las condiciones que se ofrecen actualmente para la realización del plebiscito del 25 de octubre. El estado de excepción se derogó al menos un mes antes de la realización del plebiscito y eso implicó la eliminación de cualquier medida de control, tipo toque de queda o prohibición de manifestaciones públicas y otro tipo de actividades que pudieran realizar los grupos opositores y la ciudadanía en general en vísperas del plebiscito. Eso no ocurre en la actualidad”, explicó.
Octavio Avendaño, académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
Por otra parte, Avendaño mencionó un punto importante respecto a las responsabilidades compartidas tras esta extensa prolongación. Según señaló, si bien existe una responsabilidad en el Gobierno, pues es quien impone el estado de excepción, la oposición no ha hecho nada por evitar y cuestionar.
“No solo es responsabilidad del Gobierno, también es responsabilidad de los sectores de la oposición que han permitido este tipo de medidas, iniciativas destinadas a generar control y restringir libertades (…) Acá estamos frente a una situación bastante preocupante y llama la atención que la oposición desde la DC hasta el Frente Amplio y el PC no presionen para derogar este tipo de medidas, en el fondo también es consecuencia de la falta de cohesión o la falta de propuesta programática y de convergencia programática que hoy existe en los sectores de la oposición”, aseveró.
Coartar libertades no es natural
Además de la excesiva aplicación del estado de excepción y el toque de queda, otro elemento preocupante que se desprende de la situación es la naturalización que comienza a existir por parte de la sociedad ante este nuevo escenario.
Encontrarse con militares en las calles, cruzarse con ellos llevando armamento en las ferias, verlos realizar un control policial o pactar encuentros y actividades personales con un límite de tiempo porque “hay toque”, tras siete meses comienza a verse como parte de una “nueva normalidad”.
En opinión del académico de la Universidad de Chile, Octavio Avendaño, “estamos frente a una sociedad que también asume una actitud bastante pasiva frente a las decisiones que se adoptan en términos de restringir determinadas libertades en pos de seguridad, ya sea social, ciudadana y en pos también de la seguridad sanitaria. Es preocupante que la sociedad en general asuma una actitud pasiva y sean pocos sectores los que en definitiva se cuestionen y al mismo tiempo rechacen este tipo de iniciativas”.
Además, el sociólogo agregó la situación nos afecta como sociedad y por ello espera que se reaccione pronto ante lo que ocurre.
“Es preocupante que los niños se formen en estas condiciones, que socialicen – o no socialicen – debido a la falta de garantías y la restricción de ciertas libertades, es preocupante que los adultos adopten una actitud no solamente de indiferencia, sino que asuman la vida cotidiana con plena normalidad en circunstancias de que no estamos en un contexto de normalidad, pero que en el fondo se tiende a normalizar. Los ciudadanos siguen haciendo su vida cotidiana, las personas siguen desde enamorándose, a criando sus hijos o realizando sus respectivas actividades, realizando sus sueños bajo estas circunstancias”, indicó.
En tanto, el académico Claudio Nash mencionó que todas las medidas que está adoptando el Gobierno para criminalizar la protesta social y para controlar a la población para que esta no se exprese “son un atentado a los derechos humanos y, en ese sentido, empezar a normalizar situaciones de excepción respecto de los derechos es un muy mal mensaje para la sociedad pero es, además, una muy mala noticia para el futuro”.
A esto añadió que la dictadura dejó un cierto acostumbramiento al control, algo que cambió con una nueva generación, misma que hoy se enfrenta nuevamente al abuso de una herramienta que debería ser excepcional.
“Tuvo que venir una nueva generación, que es la que protestó desde el 2006, es la que saltó los torniquetes en octubre de 2019, esa generación hizo eso porque no tenía este temor instalado al autoritarismo de la respuesta del Estado y lo que estamos viendo ahora es que esa misma generación está sufriendo esa respuesta represiva y autoritaria por parte del Gobierno. Eso le hace muy mal a la democracia y al futuro del Estado de derecho y los derechos humanos en Chile. Estos tiempos que estamos viviendo son tiempos de crisis, son tiempos muy difíciles para los derechos humanos y, por lo tanto, tenemos que reiterar el compromiso con ellos cada vez que sea necesario”, afirmó Nash.
Desde el Gobierno, a través del Minsal, han descartado públicamente levantar el toque de queda en el corto plazo. Además, el estado de excepción constitucional de catástrofe está decretado hasta diciembre, por lo tanto, es probable que hasta fines de este 2020 el país siga estando bajo un control militar.
El domingo 22 de marzo, el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich anunció el establecimiento del toque de queda en todo el territorio nacional por la pandemia de COVID-19, que entonces estaba recién creciendo en nuestro país.
De aquello ya han pasado más de 200 días y el país se ha mantenido bajo esta medida restrictiva, a pesar de que en muchas comunas el COVID-19 se encuentra controlado o presente con muy bajo número de contagios.
Ejemplo de ello es la Región Metropolitana, que ya no cuenta con ninguna comuna en cuarentena y, por el contrario, gran parte incluso cumple condiciones para pasar a la etapa 4 de Apertura Inicial del “Plan Paso a Paso” establecido por el Gobierno.
Ante tal panorama, la aplicación de toque de queda como medida sanitaria parece ir perdiendo fundamento y fuerza.
Desde el Colegio Médico, su secretario general, el doctor José Miguel Bernucci expresó sobre este punto que “desde un inicio se han planteado dudas referentes a su verdadera utilidad, principalmente porque todos sabemos que en la noche los niveles de movilidad caen bastante referente a los niveles de movilidad durante el día”.
A eso, el médico añadió que el Comité Asesor se ha pronunciado a favor de mantenerlo, pero también ha manifestado que la medida debe ir en concordancia con el avance o retroceso del plan paso a paso: “Es decir que a medida que las comunas van a avanzando en el plan, la medida de toque de queda tenga que ir disminuyendo y a su vez en las comunas que van retrocediendo, este tenga que mantenerse o incluso aumentar”, explicó Bernucci.
Secretario general del Colegio Médico, doctor José Miguel Bernucci. Créditos: Twitter.
“En política pública comparada lo que hemos visto por ejemplo en Francia es que hoy día, después de casi ocho meses, por primera vez se va a instalar un toque de queda como tal. La verdad es que nosotros estamos de acuerdo con el Comité Asesor en que tiene que ir en concordancia con la actividad epidemiológica que tenga el virus en cada comuna”, añadió el representante del Colegio Médico.
¿Aplicación sanitaria o política?
Las dudas en torno a las razones para seguir implementando el toque de queda surgen tanto desde las comunidades como de la academia, ejemplo de ello es que decenas de profesionales han firmado una declaración exigiendo el fin del estado de catástrofe, bajo el que se ampara el toque de queda.
“Mediante la artimaña de un “estado de catástrofe” por la pandemia de Covid, pero sin fundamentos científicos, discusión pública o legitimidad alguna este estado de excepción parece tener por objetivo restringir libertades civiles para controlar la población durante el proceso constitucional que vive el país”, indican en un texto.
Si bien el Gobierno decretó que el estado de catástrofe regirá hasta diciembre, aquello en ningún caso implica que el toque de queda deba ser instruido, puesto que este puede ser levantado en cuanto las autoridades así lo decidan o puede también decretarse de forma regional.
Al respecto, el coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash, explicó que los estados de excepción se vinculan con ciertos peligros en materia de derechos humanos, es por ello que están ampliamente regulados en el derecho internacional, ante lo que Chile tiene compromisos.
Según expresó el académico la normativa internacional establece no solo aspectos formales sobre la aplicación de los estados de excepción, sino también contempla elementos sustanciales que permiten advertir posibles abusos.
Claudio Nash, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.
“Hay dos aspectos que son claves, uno que esta debe ser una medida proporcional siempre a la situación y segundo que solo debe regir el tiempo necesario para enfrentar la situación que lo creó y, en ese sentido, la excepción constitucional de catástrofe tiene un origen en el tema sanitario (…) Y hoy día es posible salir a trabajar, que las personas vayan a los centros comerciales, que hayan reuniones, en algunos lugares incluso se está autorizando para abrir cines y teatros, es ese contexto es evidente que una medida restrictiva de derechos como es el estado de excepción constitucional cada vez parece más desproporcionado mantenerlo en todo el país y bajo las mismas condiciones”, señaló.
“Parece hoy día, en contexto de un plebiscito, de jornadas de protesta que se anuncian, que estamos ante una medida de control social, que lo que busca es mantener la presencia policial en las calles y adoptar esta medida altamente restrictiva en materia de derechos humanos como es la del toque de queda”, añadió.
Ante tal escenario, en opinión de Nash lo apropiado sería que la medida tanto de estado de excepción como de toque de queda apliquen en las comunas que lo requieran por razones sanitarias, pero no que tengan la misma severidad en aquellas que han superado el peak de COVID-19, dado que en muchas zonas la medida ha dejado de ser necesaria y proporcional.
“Los distintos organismos internacionales, Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todos han denunciado que en el marco de las medidas que se han adoptado por la pandemia hay un riesgo de utilizar esta con fines políticos que son distintos a enfrentar la pandemia. Yo creo que Chile es un ejemplo precisamente de eso, cómo se están utilizando medidas necesarias para enfrentar la pandemia, en algún momento se perpetúan en el tiempo con fines políticos y fines de control social. Eso hay que enmarcarlo en la idea de los peligros que estamos viviendo en Chile desde el 18 de octubre de una regresión autoritaria y en eso la pandemia ha sido utilizada para profundizar esa regresión autoritaria”.
Por su parte, el sociólogo Octavio Avendaño, académico de la Universidad de Chile, se expresó en una línea similar, pues según dijo el toque de queda ya ha transcendido a lo que en materia sanitaria refiere y hoy se ve más bien como una excusa para “neutralizar políticamente situaciones de conflictividad que se puedan generar”.
“Vemos el toque de queda como una excusa más para tener un control interno, que va más allá del problema de la pandemia y que tiene implicancias de carácter más bien político. En el fondo podríamos decir que el toque de queda, en el marco de la pandemia, es la prolongación de una estrategia que se emplea a partir de la crisis de octubre del 2019, que es el establecimiento del estado de excepción (…) El toque de queda, el estado de excepción podríamos decir que forman parte de un estilo de gestión que se ha establecido y que se ha tendido a arraigar desde el año 2018, que es un estilo de gestión bastante autoritario de parte del actual Gobierno”, comentó.
Junto a la intención de control social, el doctor en ciencia política mencionó también como otro factor importante de aplicación de la medida restrictiva la búsqueda de gobernabilidad: “Podríamos decir algo que parece bastante radical en el planteamiento pero está bastante ajustado a la realidad, y es que en el fondo el actual Gobierno se logra mantener gracias al estado de excepción y lo más probable es que durante buena parte del próximo año tengamos medidas de este tipo para lograr finalizar sin dificultad el período constitucional”.
Por otra parte, el académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile destacó que incluso en las épocas más restrictivas del país este tipo de medidas se suspendieron ante un proceso tan importante como un plebiscito, dado que, en 1988, todavía en dictadura, la junta militar suspendió el estado de excepción de cara a la importante votación.
“Vamos a encontrar que las condiciones fueron completamente distintas a las condiciones que se ofrecen actualmente para la realización del plebiscito del 25 de octubre. El estado de excepción se derogó al menos un mes antes de la realización del plebiscito y eso implicó la eliminación de cualquier medida de control, tipo toque de queda o prohibición de manifestaciones públicas y otro tipo de actividades que pudieran realizar los grupos opositores y la ciudadanía en general en vísperas del plebiscito. Eso no ocurre en la actualidad”, explicó.
Octavio Avendaño, académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
Por otra parte, Avendaño mencionó un punto importante respecto a las responsabilidades compartidas tras esta extensa prolongación. Según señaló, si bien existe una responsabilidad en el Gobierno, pues es quien impone el estado de excepción, la oposición no ha hecho nada por evitar y cuestionar.
“No solo es responsabilidad del Gobierno, también es responsabilidad de los sectores de la oposición que han permitido este tipo de medidas, iniciativas destinadas a generar control y restringir libertades (…) Acá estamos frente a una situación bastante preocupante y llama la atención que la oposición desde la DC hasta el Frente Amplio y el PC no presionen para derogar este tipo de medidas, en el fondo también es consecuencia de la falta de cohesión o la falta de propuesta programática y de convergencia programática que hoy existe en los sectores de la oposición”, aseveró.
Coartar libertades no es natural
Además de la excesiva aplicación del estado de excepción y el toque de queda, otro elemento preocupante que se desprende de la situación es la naturalización que comienza a existir por parte de la sociedad ante este nuevo escenario.
Encontrarse con militares en las calles, cruzarse con ellos llevando armamento en las ferias, verlos realizar un control policial o pactar encuentros y actividades personales con un límite de tiempo porque “hay toque”, tras siete meses comienza a verse como parte de una “nueva normalidad”.
En opinión del académico de la Universidad de Chile, Octavio Avendaño, “estamos frente a una sociedad que también asume una actitud bastante pasiva frente a las decisiones que se adoptan en términos de restringir determinadas libertades en pos de seguridad, ya sea social, ciudadana y en pos también de la seguridad sanitaria. Es preocupante que la sociedad en general asuma una actitud pasiva y sean pocos sectores los que en definitiva se cuestionen y al mismo tiempo rechacen este tipo de iniciativas”.
Además, el sociólogo agregó la situación nos afecta como sociedad y por ello espera que se reaccione pronto ante lo que ocurre.
“Es preocupante que los niños se formen en estas condiciones, que socialicen – o no socialicen – debido a la falta de garantías y la restricción de ciertas libertades, es preocupante que los adultos adopten una actitud no solamente de indiferencia, sino que asuman la vida cotidiana con plena normalidad en circunstancias de que no estamos en un contexto de normalidad, pero que en el fondo se tiende a normalizar. Los ciudadanos siguen haciendo su vida cotidiana, las personas siguen desde enamorándose, a criando sus hijos o realizando sus respectivas actividades, realizando sus sueños bajo estas circunstancias”, indicó.
En tanto, el académico Claudio Nash mencionó que todas las medidas que está adoptando el Gobierno para criminalizar la protesta social y para controlar a la población para que esta no se exprese “son un atentado a los derechos humanos y, en ese sentido, empezar a normalizar situaciones de excepción respecto de los derechos es un muy mal mensaje para la sociedad pero es, además, una muy mala noticia para el futuro”.
A esto añadió que la dictadura dejó un cierto acostumbramiento al control, algo que cambió con una nueva generación, misma que hoy se enfrenta nuevamente al abuso de una herramienta que debería ser excepcional.
“Tuvo que venir una nueva generación, que es la que protestó desde el 2006, es la que saltó los torniquetes en octubre de 2019, esa generación hizo eso porque no tenía este temor instalado al autoritarismo de la respuesta del Estado y lo que estamos viendo ahora es que esa misma generación está sufriendo esa respuesta represiva y autoritaria por parte del Gobierno. Eso le hace muy mal a la democracia y al futuro del Estado de derecho y los derechos humanos en Chile. Estos tiempos que estamos viviendo son tiempos de crisis, son tiempos muy difíciles para los derechos humanos y, por lo tanto, tenemos que reiterar el compromiso con ellos cada vez que sea necesario”, afirmó Nash.
Desde el Gobierno, a través del Minsal, han descartado públicamente levantar el toque de queda en el corto plazo. Además, el estado de excepción constitucional de catástrofe está decretado hasta diciembre, por lo tanto, es probable que hasta fines de este 2020 el país siga estando bajo un control militar.
El domingo 22 de marzo, el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich anunció el establecimiento del toque de queda en todo el territorio nacional por la pandemia de COVID-19, que entonces estaba recién creciendo en nuestro país.
De aquello ya han pasado más de 200 días y el país se ha mantenido bajo esta medida restrictiva, a pesar de que en muchas comunas el COVID-19 se encuentra controlado o presente con muy bajo número de contagios.
Ejemplo de ello es la Región Metropolitana, que ya no cuenta con ninguna comuna en cuarentena y, por el contrario, gran parte incluso cumple condiciones para pasar a la etapa 4 de Apertura Inicial del “Plan Paso a Paso” establecido por el Gobierno.
Ante tal panorama, la aplicación de toque de queda como medida sanitaria parece ir perdiendo fundamento y fuerza.
Desde el Colegio Médico, su secretario general, el doctor José Miguel Bernucci expresó sobre este punto que “desde un inicio se han planteado dudas referentes a su verdadera utilidad, principalmente porque todos sabemos que en la noche los niveles de movilidad caen bastante referente a los niveles de movilidad durante el día”.
A eso, el médico añadió que el Comité Asesor se ha pronunciado a favor de mantenerlo, pero también ha manifestado que la medida debe ir en concordancia con el avance o retroceso del plan paso a paso: “Es decir que a medida que las comunas van a avanzando en el plan, la medida de toque de queda tenga que ir disminuyendo y a su vez en las comunas que van retrocediendo, este tenga que mantenerse o incluso aumentar”, explicó Bernucci.
Secretario general del Colegio Médico, doctor José Miguel Bernucci. Créditos: Twitter.
“En política pública comparada lo que hemos visto por ejemplo en Francia es que hoy día, después de casi ocho meses, por primera vez se va a instalar un toque de queda como tal. La verdad es que nosotros estamos de acuerdo con el Comité Asesor en que tiene que ir en concordancia con la actividad epidemiológica que tenga el virus en cada comuna”, añadió el representante del Colegio Médico.
¿Aplicación sanitaria o política?
Las dudas en torno a las razones para seguir implementando el toque de queda surgen tanto desde las comunidades como de la academia, ejemplo de ello es que decenas de profesionales han firmado una declaración exigiendo el fin del estado de catástrofe, bajo el que se ampara el toque de queda.
“Mediante la artimaña de un “estado de catástrofe” por la pandemia de Covid, pero sin fundamentos científicos, discusión pública o legitimidad alguna este estado de excepción parece tener por objetivo restringir libertades civiles para controlar la población durante el proceso constitucional que vive el país”, indican en un texto.
Si bien el Gobierno decretó que el estado de catástrofe regirá hasta diciembre, aquello en ningún caso implica que el toque de queda deba ser instruido, puesto que este puede ser levantado en cuanto las autoridades así lo decidan o puede también decretarse de forma regional.
Al respecto, el coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash, explicó que los estados de excepción se vinculan con ciertos peligros en materia de derechos humanos, es por ello que están ampliamente regulados en el derecho internacional, ante lo que Chile tiene compromisos.
Según expresó el académico la normativa internacional establece no solo aspectos formales sobre la aplicación de los estados de excepción, sino también contempla elementos sustanciales que permiten advertir posibles abusos.
Claudio Nash, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.
“Hay dos aspectos que son claves, uno que esta debe ser una medida proporcional siempre a la situación y segundo que solo debe regir el tiempo necesario para enfrentar la situación que lo creó y, en ese sentido, la excepción constitucional de catástrofe tiene un origen en el tema sanitario (…) Y hoy día es posible salir a trabajar, que las personas vayan a los centros comerciales, que hayan reuniones, en algunos lugares incluso se está autorizando para abrir cines y teatros, es ese contexto es evidente que una medida restrictiva de derechos como es el estado de excepción constitucional cada vez parece más desproporcionado mantenerlo en todo el país y bajo las mismas condiciones”, señaló.
“Parece hoy día, en contexto de un plebiscito, de jornadas de protesta que se anuncian, que estamos ante una medida de control social, que lo que busca es mantener la presencia policial en las calles y adoptar esta medida altamente restrictiva en materia de derechos humanos como es la del toque de queda”, añadió.
Ante tal escenario, en opinión de Nash lo apropiado sería que la medida tanto de estado de excepción como de toque de queda apliquen en las comunas que lo requieran por razones sanitarias, pero no que tengan la misma severidad en aquellas que han superado el peak de COVID-19, dado que en muchas zonas la medida ha dejado de ser necesaria y proporcional.
“Los distintos organismos internacionales, Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todos han denunciado que en el marco de las medidas que se han adoptado por la pandemia hay un riesgo de utilizar esta con fines políticos que son distintos a enfrentar la pandemia. Yo creo que Chile es un ejemplo precisamente de eso, cómo se están utilizando medidas necesarias para enfrentar la pandemia, en algún momento se perpetúan en el tiempo con fines políticos y fines de control social. Eso hay que enmarcarlo en la idea de los peligros que estamos viviendo en Chile desde el 18 de octubre de una regresión autoritaria y en eso la pandemia ha sido utilizada para profundizar esa regresión autoritaria”.
Por su parte, el sociólogo Octavio Avendaño, académico de la Universidad de Chile, se expresó en una línea similar, pues según dijo el toque de queda ya ha transcendido a lo que en materia sanitaria refiere y hoy se ve más bien como una excusa para “neutralizar políticamente situaciones de conflictividad que se puedan generar”.
“Vemos el toque de queda como una excusa más para tener un control interno, que va más allá del problema de la pandemia y que tiene implicancias de carácter más bien político. En el fondo podríamos decir que el toque de queda, en el marco de la pandemia, es la prolongación de una estrategia que se emplea a partir de la crisis de octubre del 2019, que es el establecimiento del estado de excepción (…) El toque de queda, el estado de excepción podríamos decir que forman parte de un estilo de gestión que se ha establecido y que se ha tendido a arraigar desde el año 2018, que es un estilo de gestión bastante autoritario de parte del actual Gobierno”, comentó.
Junto a la intención de control social, el doctor en ciencia política mencionó también como otro factor importante de aplicación de la medida restrictiva la búsqueda de gobernabilidad: “Podríamos decir algo que parece bastante radical en el planteamiento pero está bastante ajustado a la realidad, y es que en el fondo el actual Gobierno se logra mantener gracias al estado de excepción y lo más probable es que durante buena parte del próximo año tengamos medidas de este tipo para lograr finalizar sin dificultad el período constitucional”.
Por otra parte, el académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile destacó que incluso en las épocas más restrictivas del país este tipo de medidas se suspendieron ante un proceso tan importante como un plebiscito, dado que, en 1988, todavía en dictadura, la junta militar suspendió el estado de excepción de cara a la importante votación.
“Vamos a encontrar que las condiciones fueron completamente distintas a las condiciones que se ofrecen actualmente para la realización del plebiscito del 25 de octubre. El estado de excepción se derogó al menos un mes antes de la realización del plebiscito y eso implicó la eliminación de cualquier medida de control, tipo toque de queda o prohibición de manifestaciones públicas y otro tipo de actividades que pudieran realizar los grupos opositores y la ciudadanía en general en vísperas del plebiscito. Eso no ocurre en la actualidad”, explicó.
Octavio Avendaño, académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
Por otra parte, Avendaño mencionó un punto importante respecto a las responsabilidades compartidas tras esta extensa prolongación. Según señaló, si bien existe una responsabilidad en el Gobierno, pues es quien impone el estado de excepción, la oposición no ha hecho nada por evitar y cuestionar.
“No solo es responsabilidad del Gobierno, también es responsabilidad de los sectores de la oposición que han permitido este tipo de medidas, iniciativas destinadas a generar control y restringir libertades (…) Acá estamos frente a una situación bastante preocupante y llama la atención que la oposición desde la DC hasta el Frente Amplio y el PC no presionen para derogar este tipo de medidas, en el fondo también es consecuencia de la falta de cohesión o la falta de propuesta programática y de convergencia programática que hoy existe en los sectores de la oposición”, aseveró.
Coartar libertades no es natural
Además de la excesiva aplicación del estado de excepción y el toque de queda, otro elemento preocupante que se desprende de la situación es la naturalización que comienza a existir por parte de la sociedad ante este nuevo escenario.
Encontrarse con militares en las calles, cruzarse con ellos llevando armamento en las ferias, verlos realizar un control policial o pactar encuentros y actividades personales con un límite de tiempo porque “hay toque”, tras siete meses comienza a verse como parte de una “nueva normalidad”.
En opinión del académico de la Universidad de Chile, Octavio Avendaño, “estamos frente a una sociedad que también asume una actitud bastante pasiva frente a las decisiones que se adoptan en términos de restringir determinadas libertades en pos de seguridad, ya sea social, ciudadana y en pos también de la seguridad sanitaria. Es preocupante que la sociedad en general asuma una actitud pasiva y sean pocos sectores los que en definitiva se cuestionen y al mismo tiempo rechacen este tipo de iniciativas”.
Además, el sociólogo agregó la situación nos afecta como sociedad y por ello espera que se reaccione pronto ante lo que ocurre.
“Es preocupante que los niños se formen en estas condiciones, que socialicen – o no socialicen – debido a la falta de garantías y la restricción de ciertas libertades, es preocupante que los adultos adopten una actitud no solamente de indiferencia, sino que asuman la vida cotidiana con plena normalidad en circunstancias de que no estamos en un contexto de normalidad, pero que en el fondo se tiende a normalizar. Los ciudadanos siguen haciendo su vida cotidiana, las personas siguen desde enamorándose, a criando sus hijos o realizando sus respectivas actividades, realizando sus sueños bajo estas circunstancias”, indicó.
En tanto, el académico Claudio Nash mencionó que todas las medidas que está adoptando el Gobierno para criminalizar la protesta social y para controlar a la población para que esta no se exprese “son un atentado a los derechos humanos y, en ese sentido, empezar a normalizar situaciones de excepción respecto de los derechos es un muy mal mensaje para la sociedad pero es, además, una muy mala noticia para el futuro”.
A esto añadió que la dictadura dejó un cierto acostumbramiento al control, algo que cambió con una nueva generación, misma que hoy se enfrenta nuevamente al abuso de una herramienta que debería ser excepcional.
“Tuvo que venir una nueva generación, que es la que protestó desde el 2006, es la que saltó los torniquetes en octubre de 2019, esa generación hizo eso porque no tenía este temor instalado al autoritarismo de la respuesta del Estado y lo que estamos viendo ahora es que esa misma generación está sufriendo esa respuesta represiva y autoritaria por parte del Gobierno. Eso le hace muy mal a la democracia y al futuro del Estado de derecho y los derechos humanos en Chile. Estos tiempos que estamos viviendo son tiempos de crisis, son tiempos muy difíciles para los derechos humanos y, por lo tanto, tenemos que reiterar el compromiso con ellos cada vez que sea necesario”, afirmó Nash.
Desde el Gobierno, a través del Minsal, han descartado públicamente levantar el toque de queda en el corto plazo. Además, el estado de excepción constitucional de catástrofe está decretado hasta diciembre, por lo tanto, es probable que hasta fines de este 2020 el país siga estando bajo un control militar.
