Alarma en La Moneda: Comisión que revisa acusación constitucional contra Víctor Pérez aprueba libelo acusatorio

Votaron a favor de la acusación los diputados y diputadas Loreto Carvajal (PPD), Jenny Álvarez (PS), Alejandro Bernales (PL) y Fernando Meza (Ind.). El único voto en contra fue del UDI Joaquín Lavín.

Votaron a favor de la acusación los diputados y diputadas Loreto Carvajal (PPD), Jenny Álvarez (PS), Alejandro Bernales (PL) y Fernando Meza (Ind.). El único voto en contra fue del UDI Joaquín Lavín.

Este jueves, la comisión que analiza la Acusación Constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, decidió aprobar, por cuatro votos a favor y uno en contra, el libelo acusatorio, por lo que se recomienda a la Sala de la Cámara respaldar dicha herramienta en contra del jefe de gabinete de Sebastián Piñera.

Votaron a favor de la acusación los diputados y diputadas Loreto Carvajal (PPD), Jenny Álvarez (PS), Alejandro Bernales (PL) y Fernando Meza (Ind.). El único voto en contra fue del UDI Joaquín Lavín.

La acusación está conformada por tres capítulos: uno relacionado con la no ejecución de leyes en el contexto del paro de camioneros, otro relacionado con la discriminación y diferenciación que se hace con ciertas manifestaciones a la hora de reprimir, y un tercero que tiene que ver con no ejercer el control jerárquico sobre las fuerzas de seguridad.

El tercer punto está relacionado, sobre todo, con la caída de un joven al río Mapocho en manos de Carabineros a principios de octubre. Ante esto, el diputado Joaquín Lavín afirmó que sobre el ministro del Interior no debe recaer la responsabilidad de cada uno de los funcionarios de Carabineros.

“La Acusación Constitucional únicamente puede buscar responsabilidades constitucionales respecto a actos de carácter personal, por lo tanto, difícilmente se le puede  imputar un hecho cometido por un funcionario en ejercicio de sus funciones, hecho que, además, está siendo investigado por el Misterio Público y los tribunales de Justicia se tendrán que pronunciar. Si el ministro del Interior fuera responsable por actuaciones personales de cada funcionario de Carabineros, se debió haber acusado constitucionalmente a todos los ministros del Interior que han habido antes“.

“El ministro del Interior, como señala la Constitución, debe velar por la mantención del orden público en territorio nacional, pero en ningún caso tiene el control operativo de Carabineros de Chile, y no es racional que se haga responsable por las acciones que cometa un funcionario en particular”, continuó Lavín.

Por su parte, la presidenta de la Comisión, Loreto Carvajal, expresó no tener dudas respecto de apoyar la acusación, pues, a su juicio, es una respuesta razonable ante hechos de evidente gravedad.

“No se levanta por causas livianas, no busca expresar un mero desacuerdo. Esta acusación es la respuesta razonable, meditada y proporcional del cuerpo representativo del pueblo de Chile ante hechos de extraordinaria gravedad respecto de los cuales la autoridad a cargo incurrió en graves acciones y omisiones, no haciendo aquello que tanto la ley como la Constitución nos exige a todos los ciudadanos y ciudadanas”.

Como argumento para justificar la acusación, el más citado fue el originado por la misma defensa de Víctor Pérez. Pues los parlamentarios recordaron que los abogados del ministro del Interior habían afirmado que la responsabilidad sobre las fuerzas de orden en estado de excepción recaía, últimamente, sobre el titular de Defensa, en este caso, Mario Desbordes.

Ante la polémica al interior de La Moneda, la defensa de Pérez retiró dicho argumento, alimentando, de esta manera, el convencimiento de la necesidad de la acusación a quienes aun no tomaban una decisión al respecto, como explicó el diputado independiente Fernando Meza durante la sesión.

El siguiente paso se concretará el próximo martes, cuando la Sala deba votar la acusación constitucional en contra de Víctor Pérez. En caso de ser aprobada, dicha acción constitucional pasará al Senado.

Defenderá la postura de la comisión revisadora el diputado DC Gabriel Ascencio, quien es uno de los 13 legisladores que firmaron la acusación.

Según informan desde el Congreso, los votos para que la acusación pase al Senado estarían asegurados, pues las bancadas de todos los partidos de oposición ya confirmaron su respaldo a la acción que, de concretarse, obligaría a Víctor Pérez a dejar su cargo y lo inhabilitaría para ejercer algún puesto público durante los próximos cinco años.





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