El futuro del proyecto de ley que sanciona el negacionismo, y que actualmente se encuentra en su segundo trámite constitucional en el Senado, es incierto. A mediados del mes pasado, cinco parlamentarios de Chile Vamos acudieron al Tribunal Constitucional para la revisión de dicha iniciativa, asegurando que -entre otras cosas- vulnera la libertad de emitir opinión en cualquier forma y medio.

Este lunes, la diputada comunista, Carmen Hertz, presentó ante la misma entidad un documento de once páginas que tiene como finalidad impugnar los argumentos presentados por Camila Flores, Francisco Undurraga, Gustavo Sanhueza, Javier Macaya y Luis Pardo, además de insistir en la necesidad de avanzar en una legislación de este tipo, como sucede en algunos países europeos.

Para entender el fondo de este tema, nuestro medio conversó con el abogado especialista en Derechos Humanos, Nelson Caucoto, quien precisó que el punto de partida de esta controversia y que debería ser tomado en cuenta por el TC, es la ausencia de una ley contra el negacionismo en el país, y cuyas consecuencias se han dejado ver en los últimos meses en medio de la campaña por el plebiscito.

Así, para Caucoto, el impacto que genera el negacionismo es fundamentalmente en contra de las víctimas de los crímenes perpetrados durante la dictadura, razón por la que justamente pone un límite a las posturas que algunos parlamentarios oficialistas emiten amparándose en la libertad de expresión.

“La libertad de expresión tiene límites y esos límites están consagrados precisamente en el respeto a la honra de las personas, están consagrados en nuestra legislación en la medida que establecen mecanismos para sancionar cuando se coarta ilegítimamente esa libertad. La libertad de expresión no es absoluta, no puede dar pábulo, por ejemplo, para que un tipo se presente en la fila de la última elección del plebiscito con una camiseta donde se señala ‘grande Pinochet’”, explicó.

Otro de los argumentos por los que reclaman los parlamentarios oficialistas ante el TC tiene que ver con el artículo 19, número 2, de la Constitución, y en el que se afirma que ni la ley ni la autoridad podrán hacer una diferencia caprichosa fundada con la intención de establecer una “verdad histórica”.

Sobre esto, lo que la diputada Hertz expone en el documento de impugnación hace énfasis en que existen informes nacionales, realizados por el propio Estado de Chile, y en los que se dan cuentas de las diversas violaciones a los Derechos Humanos en dictadura.

Al respecto, Caucoto enfatizó que es justamente “el Estado quien ha dicho que aquí se han violado los derechos humanos con nombres y apellidos de las víctimas, y eso no se puede desconocer. Entonces, si es parte de nuestra historia, no podemos remar al lado contrario y propiciar o alentar discursos de odio. Esta sociedad está cansada de aquello”.

Hay que recordar que el Tribunal Constitucional acogió a finales de octubre el requerimiento interpuesto por Chile Vamos, lo cual, para el abogado Nelson Caucoto, es una muestra más de la relevancia que ha tenido dicha entidad en diversos trámites legislativos realizados este año, y que ha propiciado diversas críticas por el comportamiento de sus miembros.

“Allí hay un sector muy conservador en el cual va a hacer eco esta solicitud de Chile Vamos, pero uno debe confiar en que impere un criterio más amplio respecto de esta temática que hace falta en Chile. Chile Vamos acude al TC porque piensa que ahí tiene un camino construido, pero yo quiero apelar a la sensibilidad republicana y democrática de un país que necesita construir un camino, que no tiene hasta ahora”, manifestó.

Asimismo, Caucoto finalizó recordando que algunos países europeos son los que llevan la delantera en legislaciones de este tipo, esto debido a las confrontaciones que vivieron principalmente durante el siglo pasado. En Sudamérica, sin embargo, si bien Argentina también debate un proyecto similar, se trata de una discusión de los últimos 50 años, y que en la que Chile podría marcar un precedente.