El Núcleo de Investigación en Primera Infancia y Políticas Públicas del Departamento de Educación, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, busca investigar y promover conocimientos en favor de la infancia desde un enfoque interdisciplinario. Nos moviliza dialogar y colocar la discusión y atención hacia la escucha atenta de los derechos inalienables de niños y niñas en y desde los diversos territorios y comunidades.

En este propósito, como núcleo condenamos los hechos ocurridos en el hogar de menores Carlos Macera, dependiente del SENAME, registrado en la tarde del pasado jueves 18 de noviembre en la comuna de Talcahuano, en la Región del Bío-Bío, donde dos adolescentes fueron heridos a bala, producto de disparos perpetrados por Carabineros de Chile.

Señalamos que el grave hecho es una muestra de cómo la violencia se hace presente de manera sistemática hacia las infancias. No es un hecho aislado, basta con recordar los recientes sucesos como el caso del puente Pio Nono, donde informes nacionales e internacionales de las Naciones Unidas ratifican la vulneración de derechos de la que son objeto las infancias en el país.

La situación ocurrida en la Región del Bío-Bío es de máxima preocupación por ser el Estado el que debe velar por la protección y cuidados de niños, niñas y adolescentes que han sufrido vulneraciones a sus derechos. Por el contrario, hemos visto con pavor como el Estado olvida los derechos de las infancias, donde el actuar del orden policial es una expresión más de la violación de derechos fundamentales que quedan en absoluta impunidad dejando a niños y niñas en desprotección y desamparo.

El rol del Estado y su responsabilidad ineludible de velar por los derechos humanos hacia las infancias ha estado en cuestión, porque la iniciativa gubernamental que busca poner “a los niños primero”, adolece de una visión sistémica que resguarde los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. En este sentido, nos parece que hay un profundo desencuentro entre el discurso oficial y las prácticas ciudadanas, lo que se refleja en un discurso vacío que por una parte se propone  mejorar las condiciones de vida de niños y niñas, y por otra, muestra real incapacidad para establecer acuerdos sectoriales que garanticen el bien superior de las infancias.

Pensamos que la responsabilidad del Estado es garantizar la vida y el ejercicio efectivo y permanente de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como imperativo ético incuestionable, a través de mejores mecanismos de intervención al resguardo de su integridad, conforme a lo comprometido, hace ya 30 años, al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño.

Como núcleo académico y en diálogo con organismos de la sociedad civil, instamos en este crucial momento constituyente, a desplegar esfuerzos hacia un nuevo trato con las infancias, a dar voz a los que han sido históricamente reprimidos e invisibilizados. En situaciones como la expuesta, de tanto dolor humano, las ciencias sociales no pueden quedar al margen. La educación debe transformarse en un acto de denuncia y resistencias, donde los educadores y educadoras estamos llamados a construir una vía de interpretación de las trayectorias vitales de las infancias como sujetos de derecho.