Expertos en DD.HH.: Discusión sobre sistematicidad distrae de la gravedad y masividad de las violaciones cometidas
La discusión que ha propuesto el Gobierno sobre si los atropellos cometidos por agentes del Estado en el contexto del estallido social fueron sistemáticos o no, de alguna manera ha desviado el foco de los hechos concretos: que existieron graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante ese período.
Tomás González F.
Domingo 29 de noviembre 2020 13:00 hrs.
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Académicos y abogados especialistas en Derechos Humanos han planteado su preocupación en torno a la postura que ha tomado el Gobierno por los crímenes de lesa humanidad en el contexto del estallido social. La discusión que ha propuesto el Ejecutivo sobre si las violaciones a los Derechos Humanos fueron sistemáticas o no, de alguna manera ha desviado el foco de los hechos concretos: que existieron graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante ese período.
Este lunes prestará declaración en calidad de imputado el exdirector general de Carabineros, Mario Rozas, en el marco de la investigación que lleva el Ministerio Público a raíz de las querellas por crímenes de lesa humanidad presentadas en contra del Gobierno. Las autoridades del Ejecutivo que han entrado en esta discusión han planteado que, al no evidenciarse un carácter sistemático en los atropellos ocurridos durante el estallido social, éstos no constituyen crímenes de lesa humanidad, bajándole el perfil a hechos que han sido denunciados por cientos de acciones judiciales en contra de agentes del Estado.
“Cuando hay abusos, cuando hay eventual violación a los derechos humanos, cuando hay delitos que comete una persona, un agente del Estado, por supuesto que deben ser investigados y son los tribunales de Justicia los que van determinar finalmente si existió esa violación a los derechos humanos o no”, sostuvo el ministro Vocero de Gobierno, Jaime Bellolio. “Pero por supuesto que, como Gobierno, nosotros descartamos absolutamente que, luego del 18 de octubre del año 2019, haya habido violaciones sistemáticas en nuestro país”, recalcó Bellolio este viernes, dejando en claro la postura del Gobierno.
El ministro Vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, ha asegurado que el gobierno de Sebastián Piñera condena enfáticamente cualquier tipo de violación a los Derechos Humanos. Foto: Segegob.
Así también lo manifestó, pero con un planteamiento aún más categórico, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien entró al debate con una declaración que fue fuertemente cuestionada por el mundo académico. “Tal como lo dijo en su momento el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, para que existan vulneraciones calificadas como de lesa humanidad, tiene que haber un actuar sistemático del Estado y eso es lo que no existió en nuestro país, ni por parte de las fuerzas policiales, ni por parte de ninguna otra autoridad del Estado”, aseguró Galli.
“Tanto es así, que rige en nuestro país y rigió en el momento en que la crisis fue más álgida, el estado de Derecho“, dijo el subsecretario. “Los tribunales de justicia siguieron funcionando, las investigaciones penales se iniciaron y están avanzando para determinar las responsabilidades que le caben a cada una de las personas en los hechos investigados”, agregó.
El tema de la sistematicidad de las violaciones a los derechos humanos durante el estallido se debatió largamente en el Consejo del INDH, en donde se decidió dejar a los Tribunales aquella definición. Lo que sí está claro dentro de la institución es el carácter masivo de los atropellos durante ese período, en el que presentaron 2.520 querellas por violaciones a los derechos humanos en todo Chile, que consideran a más de 3.000 víctimas.
En ese sentido, el académico de la Universidad de Chile e integrante del Consejo del INDH, Salvador Millaleo, sostuvo a nuestro medio que lo más grave es que todavía siguen ocurriendo. “Toda esta situación nos da cuenta de hechos gravísimos que tienen números bastante extensos, entonces no son accidentales. Tampoco son hechos aislados, sino que configuran patrones de comportamiento que uno puede estudiar y que, además, lo más grave de todo, no se han corregido“, indicó el abogado.
El abogado de la Universidad de Chile y consejero del INDH, Salvador Millaleo, enfatizó en que las vulneraciones cometidas por agentes del Estado en el contexto del estallido fueron “graves y masivas”. Foto: Archivo.
“Hemos visto que esto se ha proyectado en el tiempo y hasta semanas recientes esos patrones no cambian. Eso es, efectivamente, un hecho por sí mismo, más allá de la discusión de si hay un concierto previo o una omisión sistemática del Gobierno respecto de estos hechos“, añadió el académico de la Universidad de Chile.
Fue Amnistía Internacional la primera organización que aseguró que los atropellos ocurridos en Chile tenían el carácter de sistemáticos. Esto dio inicio a un debate al que se sumó Human Rights Watch, que en su informe negó la sistematicidad de las violaciones a derechos humanos. Así, la sistematicidad se transformó en una suerte de criterio de gravedad para analizar lo ocurrido durante el estallido.
Sin embargo, según explicó la abogada especialista en derecho internacional y autora del libro “Los límites de la fuerza: mitos y verdades sobre los derechos humanos”, Catalina Fernández Carter, la sistematicidad no es un aspecto relevante para efectos de determinar si constituye un crimen de lesa humanidad.
“Si tenemos cientos, y probablemente miles, de personas que sufrieron violencia excesiva de parte de agentes del Estado, sin duda eso es un hecho generalizado”, sostuvo la también académica de la Universidad Adolfo Ibáñez. “Decir que en realidad no son tan graves, porque supuestamente no cumplirían con este requisito de la sistematicidad, es que perdimos la noción de la gravedad por sí misma, con independencia de si constituye o no un crimen de lesa humanidad”, sostuvo.
La abogada especialista en derecho internacional y académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Catalina Fernández Carter, es autora del libro “Los límites de la fuerza: mitos y verdades sobre los derechos humanos”. Foto: Archivo.
“Es decir, son violaciones a los derechos humanos en cualquier caso”, agregó Fernández Carter. “Si constituye un crimen de lesa humanidad, es una pregunta que debemos hacernos por separado, pero que no afecta en nada la gravedad como violaciones a los derechos humanos”, concluyó.
“Yo creo que el Gobierno ha estado tratando de desviar el foco hacia ese análisis, que obviamente nos remonta a la comparación con la dictadura. Ahí teníamos un aparato represivo estatal, que quizás no existe con esas características ahora. Pero de nuevo, eso no significa que las violaciones por sí mismas no sean graves y, de hecho, muy graves”, comentó la abogada respecto de la postura del Ejecutivo.
“Estamos frente a las más graves violaciones a los derechos humanos desde el retorno a la democracia”, fue la frase que marcó el balance del Instituto Nacional de Derechos Humanos a un año del estallido social. En ese momento, las querellas presentadas por la institución por violaciones a derechos humanos eran 2.340 en contra de funcionarios de Carabineros, 97 contra funcionarios del Ejército y 34 contra funcionarios de la PDI. A la fecha, de estas solo 31 causas han sido formalizadas y existen 72 funcionarios imputados a nivel nacional.
El INDH ha presentado 2.520 querellas por violaciones a los derechos humanos en todo Chile, que consideran a más de 3.000 víctimas: Foto: Reuters.
Académicos y abogados especialistas en Derechos Humanos han planteado su preocupación en torno a la postura que ha tomado el Gobierno por los crímenes de lesa humanidad en el contexto del estallido social. La discusión que ha propuesto el Ejecutivo sobre si las violaciones a los Derechos Humanos fueron sistemáticas o no, de alguna manera ha desviado el foco de los hechos concretos: que existieron graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante ese período.
Este lunes prestará declaración en calidad de imputado el exdirector general de Carabineros, Mario Rozas, en el marco de la investigación que lleva el Ministerio Público a raíz de las querellas por crímenes de lesa humanidad presentadas en contra del Gobierno. Las autoridades del Ejecutivo que han entrado en esta discusión han planteado que, al no evidenciarse un carácter sistemático en los atropellos ocurridos durante el estallido social, éstos no constituyen crímenes de lesa humanidad, bajándole el perfil a hechos que han sido denunciados por cientos de acciones judiciales en contra de agentes del Estado.
“Cuando hay abusos, cuando hay eventual violación a los derechos humanos, cuando hay delitos que comete una persona, un agente del Estado, por supuesto que deben ser investigados y son los tribunales de Justicia los que van determinar finalmente si existió esa violación a los derechos humanos o no”, sostuvo el ministro Vocero de Gobierno, Jaime Bellolio. “Pero por supuesto que, como Gobierno, nosotros descartamos absolutamente que, luego del 18 de octubre del año 2019, haya habido violaciones sistemáticas en nuestro país”, recalcó Bellolio este viernes, dejando en claro la postura del Gobierno.
El ministro Vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, ha asegurado que el gobierno de Sebastián Piñera condena enfáticamente cualquier tipo de violación a los Derechos Humanos. Foto: Segegob.
Así también lo manifestó, pero con un planteamiento aún más categórico, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien entró al debate con una declaración que fue fuertemente cuestionada por el mundo académico. “Tal como lo dijo en su momento el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, para que existan vulneraciones calificadas como de lesa humanidad, tiene que haber un actuar sistemático del Estado y eso es lo que no existió en nuestro país, ni por parte de las fuerzas policiales, ni por parte de ninguna otra autoridad del Estado”, aseguró Galli.
“Tanto es así, que rige en nuestro país y rigió en el momento en que la crisis fue más álgida, el estado de Derecho“, dijo el subsecretario. “Los tribunales de justicia siguieron funcionando, las investigaciones penales se iniciaron y están avanzando para determinar las responsabilidades que le caben a cada una de las personas en los hechos investigados”, agregó.
El tema de la sistematicidad de las violaciones a los derechos humanos durante el estallido se debatió largamente en el Consejo del INDH, en donde se decidió dejar a los Tribunales aquella definición. Lo que sí está claro dentro de la institución es el carácter masivo de los atropellos durante ese período, en el que presentaron 2.520 querellas por violaciones a los derechos humanos en todo Chile, que consideran a más de 3.000 víctimas.
En ese sentido, el académico de la Universidad de Chile e integrante del Consejo del INDH, Salvador Millaleo, sostuvo a nuestro medio que lo más grave es que todavía siguen ocurriendo. “Toda esta situación nos da cuenta de hechos gravísimos que tienen números bastante extensos, entonces no son accidentales. Tampoco son hechos aislados, sino que configuran patrones de comportamiento que uno puede estudiar y que, además, lo más grave de todo, no se han corregido“, indicó el abogado.
El abogado de la Universidad de Chile y consejero del INDH, Salvador Millaleo, enfatizó en que las vulneraciones cometidas por agentes del Estado en el contexto del estallido fueron “graves y masivas”. Foto: Archivo.
“Hemos visto que esto se ha proyectado en el tiempo y hasta semanas recientes esos patrones no cambian. Eso es, efectivamente, un hecho por sí mismo, más allá de la discusión de si hay un concierto previo o una omisión sistemática del Gobierno respecto de estos hechos“, añadió el académico de la Universidad de Chile.
Fue Amnistía Internacional la primera organización que aseguró que los atropellos ocurridos en Chile tenían el carácter de sistemáticos. Esto dio inicio a un debate al que se sumó Human Rights Watch, que en su informe negó la sistematicidad de las violaciones a derechos humanos. Así, la sistematicidad se transformó en una suerte de criterio de gravedad para analizar lo ocurrido durante el estallido.
Sin embargo, según explicó la abogada especialista en derecho internacional y autora del libro “Los límites de la fuerza: mitos y verdades sobre los derechos humanos”, Catalina Fernández Carter, la sistematicidad no es un aspecto relevante para efectos de determinar si constituye un crimen de lesa humanidad.
“Si tenemos cientos, y probablemente miles, de personas que sufrieron violencia excesiva de parte de agentes del Estado, sin duda eso es un hecho generalizado”, sostuvo la también académica de la Universidad Adolfo Ibáñez. “Decir que en realidad no son tan graves, porque supuestamente no cumplirían con este requisito de la sistematicidad, es que perdimos la noción de la gravedad por sí misma, con independencia de si constituye o no un crimen de lesa humanidad”, sostuvo.
La abogada especialista en derecho internacional y académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Catalina Fernández Carter, es autora del libro “Los límites de la fuerza: mitos y verdades sobre los derechos humanos”. Foto: Archivo.
“Es decir, son violaciones a los derechos humanos en cualquier caso”, agregó Fernández Carter. “Si constituye un crimen de lesa humanidad, es una pregunta que debemos hacernos por separado, pero que no afecta en nada la gravedad como violaciones a los derechos humanos”, concluyó.
“Yo creo que el Gobierno ha estado tratando de desviar el foco hacia ese análisis, que obviamente nos remonta a la comparación con la dictadura. Ahí teníamos un aparato represivo estatal, que quizás no existe con esas características ahora. Pero de nuevo, eso no significa que las violaciones por sí mismas no sean graves y, de hecho, muy graves”, comentó la abogada respecto de la postura del Ejecutivo.
“Estamos frente a las más graves violaciones a los derechos humanos desde el retorno a la democracia”, fue la frase que marcó el balance del Instituto Nacional de Derechos Humanos a un año del estallido social. En ese momento, las querellas presentadas por la institución por violaciones a derechos humanos eran 2.340 en contra de funcionarios de Carabineros, 97 contra funcionarios del Ejército y 34 contra funcionarios de la PDI. A la fecha, de estas solo 31 causas han sido formalizadas y existen 72 funcionarios imputados a nivel nacional.
El INDH ha presentado 2.520 querellas por violaciones a los derechos humanos en todo Chile, que consideran a más de 3.000 víctimas: Foto: Reuters.
Académicos y abogados especialistas en Derechos Humanos han planteado su preocupación en torno a la postura que ha tomado el Gobierno por los crímenes de lesa humanidad en el contexto del estallido social. La discusión que ha propuesto el Ejecutivo sobre si las violaciones a los Derechos Humanos fueron sistemáticas o no, de alguna manera ha desviado el foco de los hechos concretos: que existieron graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante ese período.
Este lunes prestará declaración en calidad de imputado el exdirector general de Carabineros, Mario Rozas, en el marco de la investigación que lleva el Ministerio Público a raíz de las querellas por crímenes de lesa humanidad presentadas en contra del Gobierno. Las autoridades del Ejecutivo que han entrado en esta discusión han planteado que, al no evidenciarse un carácter sistemático en los atropellos ocurridos durante el estallido social, éstos no constituyen crímenes de lesa humanidad, bajándole el perfil a hechos que han sido denunciados por cientos de acciones judiciales en contra de agentes del Estado.
“Cuando hay abusos, cuando hay eventual violación a los derechos humanos, cuando hay delitos que comete una persona, un agente del Estado, por supuesto que deben ser investigados y son los tribunales de Justicia los que van determinar finalmente si existió esa violación a los derechos humanos o no”, sostuvo el ministro Vocero de Gobierno, Jaime Bellolio. “Pero por supuesto que, como Gobierno, nosotros descartamos absolutamente que, luego del 18 de octubre del año 2019, haya habido violaciones sistemáticas en nuestro país”, recalcó Bellolio este viernes, dejando en claro la postura del Gobierno.
El ministro Vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, ha asegurado que el gobierno de Sebastián Piñera condena enfáticamente cualquier tipo de violación a los Derechos Humanos. Foto: Segegob.
Así también lo manifestó, pero con un planteamiento aún más categórico, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien entró al debate con una declaración que fue fuertemente cuestionada por el mundo académico. “Tal como lo dijo en su momento el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, para que existan vulneraciones calificadas como de lesa humanidad, tiene que haber un actuar sistemático del Estado y eso es lo que no existió en nuestro país, ni por parte de las fuerzas policiales, ni por parte de ninguna otra autoridad del Estado”, aseguró Galli.
“Tanto es así, que rige en nuestro país y rigió en el momento en que la crisis fue más álgida, el estado de Derecho“, dijo el subsecretario. “Los tribunales de justicia siguieron funcionando, las investigaciones penales se iniciaron y están avanzando para determinar las responsabilidades que le caben a cada una de las personas en los hechos investigados”, agregó.
El tema de la sistematicidad de las violaciones a los derechos humanos durante el estallido se debatió largamente en el Consejo del INDH, en donde se decidió dejar a los Tribunales aquella definición. Lo que sí está claro dentro de la institución es el carácter masivo de los atropellos durante ese período, en el que presentaron 2.520 querellas por violaciones a los derechos humanos en todo Chile, que consideran a más de 3.000 víctimas.
En ese sentido, el académico de la Universidad de Chile e integrante del Consejo del INDH, Salvador Millaleo, sostuvo a nuestro medio que lo más grave es que todavía siguen ocurriendo. “Toda esta situación nos da cuenta de hechos gravísimos que tienen números bastante extensos, entonces no son accidentales. Tampoco son hechos aislados, sino que configuran patrones de comportamiento que uno puede estudiar y que, además, lo más grave de todo, no se han corregido“, indicó el abogado.
El abogado de la Universidad de Chile y consejero del INDH, Salvador Millaleo, enfatizó en que las vulneraciones cometidas por agentes del Estado en el contexto del estallido fueron “graves y masivas”. Foto: Archivo.
“Hemos visto que esto se ha proyectado en el tiempo y hasta semanas recientes esos patrones no cambian. Eso es, efectivamente, un hecho por sí mismo, más allá de la discusión de si hay un concierto previo o una omisión sistemática del Gobierno respecto de estos hechos“, añadió el académico de la Universidad de Chile.
Fue Amnistía Internacional la primera organización que aseguró que los atropellos ocurridos en Chile tenían el carácter de sistemáticos. Esto dio inicio a un debate al que se sumó Human Rights Watch, que en su informe negó la sistematicidad de las violaciones a derechos humanos. Así, la sistematicidad se transformó en una suerte de criterio de gravedad para analizar lo ocurrido durante el estallido.
Sin embargo, según explicó la abogada especialista en derecho internacional y autora del libro “Los límites de la fuerza: mitos y verdades sobre los derechos humanos”, Catalina Fernández Carter, la sistematicidad no es un aspecto relevante para efectos de determinar si constituye un crimen de lesa humanidad.
“Si tenemos cientos, y probablemente miles, de personas que sufrieron violencia excesiva de parte de agentes del Estado, sin duda eso es un hecho generalizado”, sostuvo la también académica de la Universidad Adolfo Ibáñez. “Decir que en realidad no son tan graves, porque supuestamente no cumplirían con este requisito de la sistematicidad, es que perdimos la noción de la gravedad por sí misma, con independencia de si constituye o no un crimen de lesa humanidad”, sostuvo.
La abogada especialista en derecho internacional y académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Catalina Fernández Carter, es autora del libro “Los límites de la fuerza: mitos y verdades sobre los derechos humanos”. Foto: Archivo.
“Es decir, son violaciones a los derechos humanos en cualquier caso”, agregó Fernández Carter. “Si constituye un crimen de lesa humanidad, es una pregunta que debemos hacernos por separado, pero que no afecta en nada la gravedad como violaciones a los derechos humanos”, concluyó.
“Yo creo que el Gobierno ha estado tratando de desviar el foco hacia ese análisis, que obviamente nos remonta a la comparación con la dictadura. Ahí teníamos un aparato represivo estatal, que quizás no existe con esas características ahora. Pero de nuevo, eso no significa que las violaciones por sí mismas no sean graves y, de hecho, muy graves”, comentó la abogada respecto de la postura del Ejecutivo.
“Estamos frente a las más graves violaciones a los derechos humanos desde el retorno a la democracia”, fue la frase que marcó el balance del Instituto Nacional de Derechos Humanos a un año del estallido social. En ese momento, las querellas presentadas por la institución por violaciones a derechos humanos eran 2.340 en contra de funcionarios de Carabineros, 97 contra funcionarios del Ejército y 34 contra funcionarios de la PDI. A la fecha, de estas solo 31 causas han sido formalizadas y existen 72 funcionarios imputados a nivel nacional.
El INDH ha presentado 2.520 querellas por violaciones a los derechos humanos en todo Chile, que consideran a más de 3.000 víctimas: Foto: Reuters.
