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Año XIII, 2 de diciembre de 2021

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Centro de Derechos Humanos UDP: “La desigualdad estructural alimenta el descontento y el desprestigio de las instituciones”

En una nueva versión de su Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, la institución analizó la respuesta estatal al estallido social y la pandemia del Covid-19, enfatizando en la oportunidad que abre el proceso constituyente para el país.

Tomás González F.

  Jueves 3 de diciembre 2020 13:56 hrs. 
El INDH ha afirmado que 2.500 querellas por violaciones a los derechos humanos han sido archivadas sin formalizados. Foto: Reuters.


Las masivas movilizaciones sociales, la violencia de agentes de orden y seguridad y la pandemia del Covid-19 hicieron de 2020 un año excepcional, particularmente en lo que respecta a los Derechos Humanos. Y con esto, el Estado de Chile enfrenta nuevos desafíos, que se suman a otros de larga data. Este es el análisis que expone el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile de la Universidad Diego Portales 2020, dado a conocer este jueves.

El reporte recoge los hechos ocurridos desde el preámbulo del llamado “estallido social”, las demandas sociales que impulsaron las protestas y algunos aspectos relacionados a la respuesta del Estado a la crisis del Coronavirus. Nuestra preocupación es que el ejercicio de los derechos humanos se materialice de mejor manera en una democracia, y por ello es fundamental que la sociedad, y en especial todo el aparato del Estado, asegure las condiciones para su robustecimiento”, señala el Informe, elaborado por el Centro de Derechos Humanos UDP. “Ello difícilmente sucederá si se mantienen condiciones de desigualdad estructural que alimentan el descontento y el desprestigio de las instituciones”, agregan.

En conversación con nuestro medio, la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas, explicó que han podido evidenciar un patrón de violencia en las fuerzas policiales, uno que, lamentablemente, apunta a que aquel “Nunca más” de la transición quedó en el olvido. “Nosotros vimos un patrón de conducta de las fuerzas policiales frente al uso de la violencia, formas de tortura, agravios, tratamientos crueles e inhumanos a partir del estallido social”, sostuvo Casas.

La abogada Lidia Casas es directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP) y académica del Departamento de Derecho Público de la misma universidad. Foto: Franco Traverso Adriazola

La abogada Lidia Casas es directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP) y académica del Departamento de Derecho Público de la misma universidad. Foto: Franco Traverso Adriazola

“Decimos que es una situación que se acrecienta, y se acrecienta porque nosotros hemos visto a lo largo de los años esa utilización desmedida de la fuerza. Pero esta vez sale de toda forma inimaginable, tanto que uno pensaría que el ‘nunca más’ del año ’90 y ’91 quedó como parte del olvido”, añadió la directora del Centro de Derechos Humanos UDP.

En una primera sección, el documento analiza la respuesta de diversas instituciones del Estado de Chile al estallido social. Sobre el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, señalan que enfrentó fuertes limitaciones frente al aumento de la carga de trabajo, además de tensiones internas que complicaron su labor. Respecto de las Fuerzas Armadas y policiales, manifiestan que incumplieron gravemente los principios básicos de utilización de la fuerza sobre los ciudadanos, mostrando la dificultad del Estado para garantizar el derecho de reunión y controlar el orden público. En tanto, el informe señala que el Poder Judicial fue capaz de asegurar algunas condiciones mínimas, pero no logró garantizar los estándares de protección de DDHH.

Sobre este punto, la directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP advirtió que, de no investigarse las responsabilidades administrativas, podría suceder lo mismo que ocurrió con las víctimas de la dictadura. “Es un momento de detenernos y asegurar justicia para las violaciones a los DD.HH. ocurridas desde el estallido social“, sostuvo Casas a Radio Universidad de Chile.

EEl INDH ha presentado 2.520 querellas por violaciones a los derechos humanos en todo Chile, que consideran a más de 3.000 víctimas. Foto: Archivo.

EEl INDH ha presentado 2.520 querellas por violaciones a los derechos humanos en todo Chile, que consideran a más de 3.000 víctimas. La gran mayoría de estas apuntan a funcionarios de Carabineros de Chile. Foto: Archivo.

“Cada institución debe jugar su rol. Lo hemos dicho, en algunos casos el Poder Judicial fue proactivo, aseguró derechos. Pero de la misma manera, hoy tiene que investigar las responsabilidades penales, y también hay que investigar las responsabilidades administrativas, institucionales. Nosotros no podemos dejar que sea como ha sido para las violaciones a los DD.HH. durante la dictadura“, agregó.

El Informe también repasa la agenda de demandas de derechos económicos, sociales y culturales que estuvieron en la base del estallido. Así, constata la desproporcionada violencia que sufren los Pueblos Originarios frente a la persistencia del gobierno en enfrentar el problema como uno de seguridad. También muestran la creciente desprotección de los trabajadores, particularmente frente a los efectos económicos de la pandemia, y las deudas que persisten en términos de acceso a la Educación y la Salud. Asimismo, dan cuenta de que las vulneraciones que sufren niñas, niños y adolescentes se agravaron en la pandemia. 

Todos estos hallazgos, dicen los especialistas, pueden alimentar el debate sobre una nueva Constitución. “El proceso constituyente da una oportunidad al país para finalmente otorgarles a los derechos humanos la importancia que se merecen”, concluye el Informe Anual del Centro de Derechos Humanos de la UDP, el que ya está disponible de manera digital en su sitio web.