Presos de Punta Peuco reciben pensiones diez veces más altas que el promedio de los chilenos
Entre ellos, destacan los ex DINA involucrados en la denominada ‘Operación Colombo’, quienes reciben jubilaciones de más de $2,3 millones en momentos en que el promedio de las pensiones apenas supera los $260 mil.
Tomás González F.
Domingo 6 de diciembre 2020 12:46 hrs.
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Son 70.739 los funcionarios del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea que reciben pensiones de parte del Estado. En promedio, los montos superan el millón de pesos, y en total, sólo en el mes de noviembre el Estado desembolsó más de $72.000 millones en jubilaciones para exmilitares. Esto, incluyendo a quienes actualmente mantienen condenas firmes por crímenes de lesa humanidad y que cumplen con medidas de prisión en distintos penales del país, incluyendo Punta Peuco. Cifras que contrastan con la situación de los pensionados “comunes y corrientes”, quienes, según datos de la Superintendencia de Pensiones, en octubre de 2020 recibieron, en promedio, una pensión autofinanciada de $261.041.
A través de Ley de Transparencia, Diario y Radio Universidad de Chile accedió al listado completo de las pensiones otorgadas por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA) que se mantienen vigentes, y en donde quedan en evidencia los altos montos que aún reciben por parte del Estado aquellos ex uniformados declarados culpables de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura civil-militar de Augusto Pinochet. Entre ellos, destacan los principales criminales de lesa humanidad que se encuentran en el Penal Punta Peuco, incluyendo condenados a más de 100 años de prisión, como es el caso de los ex DINA involucrados en la denominada ‘Operación Colombo’: Raúl Iturriaga Neumann, Miguel Krassnoff, Pedro Espinoza y César Manríquez.
Miguel Krassnoff es uno de los exmilitares con más condenas en Chile, totalizando 20 ratificadas por la Corte Suprema y que sumaban, a octubre de 2019, más de 650 años de cárcel. Foto: Agencia UNO.
Iturriaga Neumann fue mayor general del Ejército y director asistente de la DINA. Actualmente cumple una serie de condenas en el penal Punta Peuco, como autor de los homicidios calificados de Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, en Buenos Aires. Así también, cumple condenas como autor del secuestro calificado de una serie de víctimas. Por ahora está condenado a permanecer en prisión hasta el año 2118, pero mantiene 32 procesos pendientes que se podrían sumar. En noviembre pasado, así como también en los meses anteriores, recibió una pensión de $2.309.221 como exgeneral de división del Ejército.
Miguel Krassnoff Martchenko, en tanto, fue brigadier del Ejército de Chile e integrante de la Brigada Lautaro de la DINA. Participó en el asalto a la casa presidencial de Tomás Moro durante el golpe de Estado de 1973 y, posteriormente, en diversas misiones, como miembro designado de la policía secreta de la dictadura. Ha sido acusado y condenado en numerosos casos de violaciones a los derechos humanos, específicamente de secuestro y desaparición de personas, ocurridos principalmente entre 1974 y 1976. Krassnoff es uno de los militares con más condenas en Chile, totalizando 20 ratificadas por la Corte Suprema de Chile, y que sumaban, a octubre de 2019 más de 650 años de cárcel. Cada mes recibe una pensión de $2.681.543 como ex brigadier del Ejército.
El nombre de Pedro Espinoza Bravo, está indiscutiblemente ligado a la denominada “Caravana de la Muerte”, operativo que en su paso entre Cauquenes y Antofagasta dejó 68 ejecutados en 15 días. Pero no solo ejecuciones, sino además masacres con corvos y armas blancas. Ocupó una de las jefaturas de la DINA en los comienzos de la dictadura y fue uno de los hombres del general Sergio Arellano Stark. Luego se desempeñó en la DINA como jefe de operaciones y como jefe del Centro de tortura Villa Grimaldi. Fue el segundo hombre de la policía política, después de general Manuel Contreras, con quien compartía el pabellón “Alfa” en Punta Peuco, en donde hoy cumple condenas por asesinato y secuestro, incluyendo el homicidio calificado, en Washington D.C., del ex canciller chileno Orlando Letelier. El mes pasado recibió un monto de $2.028.560 por concepto de pensión, como ex coronel de Ejército.
Por su parte, el jefe de la brigada metropolitana de la DINA, César Manríquez Bravo, está sometido a proceso en múltiples causas, pero sin duda las más importantes son por los homicidios calificados de Víctor Jara y de Miguel Enríquez, ex secretario general del MIR. Manríquez fue comandante del Estadio Chile y fue sometido a proceso en 2008 por el ministro de fuero Juan Belmar. Como exgeneral del Ejército, Manríquez recibe una pensión de $1.926.553 cada mes.
Raúl Iturriaga Neumann fue mayor general del Ejército y director asistente de la DINA. Actualmente cumple una serie de condenas en el penal Punta Peuco, como autor de los homicidios calificados de Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, en Buenos Aires. Foto: Agencia UNO.
A su vez, Carlos Herrera Jiménez, el autor confeso del homicidio del dirigente sindical de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez, se encuentra recluido en la cárcel de Punta Peuco cumpliendo condena de presidio perpetuo por su responsabilidad en este hecho, además de las causas por torturas y asesinato del transportista Mario Fernández López en La Serena. En 1991 se fugó hacia Argentina gracias a la complicidad del fiscal Torres Silva, otro de los que aún reciben millonarias pensiones por parte del Estado. Herrera Jiménez recibió en noviembre una pensión de $1.098.325 como exgeneral del Ejército.
El exfiscal militar en tiempos de dictadura, Fernando Torres Silva, ex auditor general del Ejército durante los ‘90, participó en consejos de guerra luego del golpe de Estado y asesoró a Pinochet mientras dirigía la Junta Militar. Actualmente se encuentra cumpliendo condenas en el penal Punta Peuco por su participación en el asesinato del exquímico de la DINA, Eugenio Berríos. Es acusado también de encubrir el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez, al haber ayudado a la fuga de su autor confeso. Torres Silva es el condenado por crímenes de lesa humanidad que recibe el mayor monto en términos de pensiones: cada mes recibe una suma de $3.505.716 por parte del Estado.
Así también, el ex director de la CNI, Hugo Salas Wenzel, fue el primer ex oficial militar en ser condenado a cadena perpetua por su responsabilidad en la Operación Albania o Corpus Christi en la que fueron asesinados 12 frentistas en 1987. La CNI los asesinó en otro lugar y luego trasladó y colocó a los jóvenes muertos en una casa en Conchalí, diciendo que se habían enfrentado a tiros con personal, lo que finalmente quedó evidenciado como un montaje. Pese a esto, Salas Wenzel recibe cada mes una pensión de $2.309.221 como ex general del Ejército.
“Pongo a su disposición los corvos acerados de la Infantería”, fue el ofrecimiento que hizo el exmilitar y miembro de la DINA, José Zara Holger, a Augusto Pinochet ad portas del plebiscito que terminó con la dictadura en 1988. Zara Holger fue condenado en junio de 2010 por su participación en el asesinato en 1974 del general y excomandante en Jefe del Ejército, Carlos Prats, y su esposa, en Buenos Aires. Como exbrigadier del Ejército recibe mes a mes una pensión de $1.922.772.
Familiares de las víctimas de la denominada ‘Operación Colombo’ protestaron ante el Palacio de Justicia por la absolución de más de 60 exagentes de la DINA involucrados. Foto: Archivo.
Son 70.739 los funcionarios del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea que reciben pensiones de parte del Estado. En promedio, los montos superan el millón de pesos, y en total, sólo en el mes de noviembre el Estado desembolsó más de $72.000 millones en jubilaciones para exmilitares. Esto, incluyendo a quienes actualmente mantienen condenas firmes por crímenes de lesa humanidad y que cumplen con medidas de prisión en distintos penales del país, incluyendo Punta Peuco. Cifras que contrastan con la situación de los pensionados “comunes y corrientes”, quienes, según datos de la Superintendencia de Pensiones, en octubre de 2020 recibieron, en promedio, una pensión autofinanciada de $261.041.
A través de Ley de Transparencia, Diario y Radio Universidad de Chile accedió al listado completo de las pensiones otorgadas por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA) que se mantienen vigentes, y en donde quedan en evidencia los altos montos que aún reciben por parte del Estado aquellos ex uniformados declarados culpables de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura civil-militar de Augusto Pinochet. Entre ellos, destacan los principales criminales de lesa humanidad que se encuentran en el Penal Punta Peuco, incluyendo condenados a más de 100 años de prisión, como es el caso de los ex DINA involucrados en la denominada ‘Operación Colombo’: Raúl Iturriaga Neumann, Miguel Krassnoff, Pedro Espinoza y César Manríquez.
Miguel Krassnoff es uno de los exmilitares con más condenas en Chile, totalizando 20 ratificadas por la Corte Suprema y que sumaban, a octubre de 2019, más de 650 años de cárcel. Foto: Agencia UNO.
Iturriaga Neumann fue mayor general del Ejército y director asistente de la DINA. Actualmente cumple una serie de condenas en el penal Punta Peuco, como autor de los homicidios calificados de Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, en Buenos Aires. Así también, cumple condenas como autor del secuestro calificado de una serie de víctimas. Por ahora está condenado a permanecer en prisión hasta el año 2118, pero mantiene 32 procesos pendientes que se podrían sumar. En noviembre pasado, así como también en los meses anteriores, recibió una pensión de $2.309.221 como exgeneral de división del Ejército.
Miguel Krassnoff Martchenko, en tanto, fue brigadier del Ejército de Chile e integrante de la Brigada Lautaro de la DINA. Participó en el asalto a la casa presidencial de Tomás Moro durante el golpe de Estado de 1973 y, posteriormente, en diversas misiones, como miembro designado de la policía secreta de la dictadura. Ha sido acusado y condenado en numerosos casos de violaciones a los derechos humanos, específicamente de secuestro y desaparición de personas, ocurridos principalmente entre 1974 y 1976. Krassnoff es uno de los militares con más condenas en Chile, totalizando 20 ratificadas por la Corte Suprema de Chile, y que sumaban, a octubre de 2019 más de 650 años de cárcel. Cada mes recibe una pensión de $2.681.543 como ex brigadier del Ejército.
El nombre de Pedro Espinoza Bravo, está indiscutiblemente ligado a la denominada “Caravana de la Muerte”, operativo que en su paso entre Cauquenes y Antofagasta dejó 68 ejecutados en 15 días. Pero no solo ejecuciones, sino además masacres con corvos y armas blancas. Ocupó una de las jefaturas de la DINA en los comienzos de la dictadura y fue uno de los hombres del general Sergio Arellano Stark. Luego se desempeñó en la DINA como jefe de operaciones y como jefe del Centro de tortura Villa Grimaldi. Fue el segundo hombre de la policía política, después de general Manuel Contreras, con quien compartía el pabellón “Alfa” en Punta Peuco, en donde hoy cumple condenas por asesinato y secuestro, incluyendo el homicidio calificado, en Washington D.C., del ex canciller chileno Orlando Letelier. El mes pasado recibió un monto de $2.028.560 por concepto de pensión, como ex coronel de Ejército.
Por su parte, el jefe de la brigada metropolitana de la DINA, César Manríquez Bravo, está sometido a proceso en múltiples causas, pero sin duda las más importantes son por los homicidios calificados de Víctor Jara y de Miguel Enríquez, ex secretario general del MIR. Manríquez fue comandante del Estadio Chile y fue sometido a proceso en 2008 por el ministro de fuero Juan Belmar. Como exgeneral del Ejército, Manríquez recibe una pensión de $1.926.553 cada mes.
Raúl Iturriaga Neumann fue mayor general del Ejército y director asistente de la DINA. Actualmente cumple una serie de condenas en el penal Punta Peuco, como autor de los homicidios calificados de Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, en Buenos Aires. Foto: Agencia UNO.
A su vez, Carlos Herrera Jiménez, el autor confeso del homicidio del dirigente sindical de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez, se encuentra recluido en la cárcel de Punta Peuco cumpliendo condena de presidio perpetuo por su responsabilidad en este hecho, además de las causas por torturas y asesinato del transportista Mario Fernández López en La Serena. En 1991 se fugó hacia Argentina gracias a la complicidad del fiscal Torres Silva, otro de los que aún reciben millonarias pensiones por parte del Estado. Herrera Jiménez recibió en noviembre una pensión de $1.098.325 como exgeneral del Ejército.
El exfiscal militar en tiempos de dictadura, Fernando Torres Silva, ex auditor general del Ejército durante los ‘90, participó en consejos de guerra luego del golpe de Estado y asesoró a Pinochet mientras dirigía la Junta Militar. Actualmente se encuentra cumpliendo condenas en el penal Punta Peuco por su participación en el asesinato del exquímico de la DINA, Eugenio Berríos. Es acusado también de encubrir el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez, al haber ayudado a la fuga de su autor confeso. Torres Silva es el condenado por crímenes de lesa humanidad que recibe el mayor monto en términos de pensiones: cada mes recibe una suma de $3.505.716 por parte del Estado.
Así también, el ex director de la CNI, Hugo Salas Wenzel, fue el primer ex oficial militar en ser condenado a cadena perpetua por su responsabilidad en la Operación Albania o Corpus Christi en la que fueron asesinados 12 frentistas en 1987. La CNI los asesinó en otro lugar y luego trasladó y colocó a los jóvenes muertos en una casa en Conchalí, diciendo que se habían enfrentado a tiros con personal, lo que finalmente quedó evidenciado como un montaje. Pese a esto, Salas Wenzel recibe cada mes una pensión de $2.309.221 como ex general del Ejército.
“Pongo a su disposición los corvos acerados de la Infantería”, fue el ofrecimiento que hizo el exmilitar y miembro de la DINA, José Zara Holger, a Augusto Pinochet ad portas del plebiscito que terminó con la dictadura en 1988. Zara Holger fue condenado en junio de 2010 por su participación en el asesinato en 1974 del general y excomandante en Jefe del Ejército, Carlos Prats, y su esposa, en Buenos Aires. Como exbrigadier del Ejército recibe mes a mes una pensión de $1.922.772.
Familiares de las víctimas de la denominada ‘Operación Colombo’ protestaron ante el Palacio de Justicia por la absolución de más de 60 exagentes de la DINA involucrados. Foto: Archivo.
Son 70.739 los funcionarios del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea que reciben pensiones de parte del Estado. En promedio, los montos superan el millón de pesos, y en total, sólo en el mes de noviembre el Estado desembolsó más de $72.000 millones en jubilaciones para exmilitares. Esto, incluyendo a quienes actualmente mantienen condenas firmes por crímenes de lesa humanidad y que cumplen con medidas de prisión en distintos penales del país, incluyendo Punta Peuco. Cifras que contrastan con la situación de los pensionados “comunes y corrientes”, quienes, según datos de la Superintendencia de Pensiones, en octubre de 2020 recibieron, en promedio, una pensión autofinanciada de $261.041.
A través de Ley de Transparencia, Diario y Radio Universidad de Chile accedió al listado completo de las pensiones otorgadas por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA) que se mantienen vigentes, y en donde quedan en evidencia los altos montos que aún reciben por parte del Estado aquellos ex uniformados declarados culpables de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura civil-militar de Augusto Pinochet. Entre ellos, destacan los principales criminales de lesa humanidad que se encuentran en el Penal Punta Peuco, incluyendo condenados a más de 100 años de prisión, como es el caso de los ex DINA involucrados en la denominada ‘Operación Colombo’: Raúl Iturriaga Neumann, Miguel Krassnoff, Pedro Espinoza y César Manríquez.
Miguel Krassnoff es uno de los exmilitares con más condenas en Chile, totalizando 20 ratificadas por la Corte Suprema y que sumaban, a octubre de 2019, más de 650 años de cárcel. Foto: Agencia UNO.
Iturriaga Neumann fue mayor general del Ejército y director asistente de la DINA. Actualmente cumple una serie de condenas en el penal Punta Peuco, como autor de los homicidios calificados de Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, en Buenos Aires. Así también, cumple condenas como autor del secuestro calificado de una serie de víctimas. Por ahora está condenado a permanecer en prisión hasta el año 2118, pero mantiene 32 procesos pendientes que se podrían sumar. En noviembre pasado, así como también en los meses anteriores, recibió una pensión de $2.309.221 como exgeneral de división del Ejército.
Miguel Krassnoff Martchenko, en tanto, fue brigadier del Ejército de Chile e integrante de la Brigada Lautaro de la DINA. Participó en el asalto a la casa presidencial de Tomás Moro durante el golpe de Estado de 1973 y, posteriormente, en diversas misiones, como miembro designado de la policía secreta de la dictadura. Ha sido acusado y condenado en numerosos casos de violaciones a los derechos humanos, específicamente de secuestro y desaparición de personas, ocurridos principalmente entre 1974 y 1976. Krassnoff es uno de los militares con más condenas en Chile, totalizando 20 ratificadas por la Corte Suprema de Chile, y que sumaban, a octubre de 2019 más de 650 años de cárcel. Cada mes recibe una pensión de $2.681.543 como ex brigadier del Ejército.
El nombre de Pedro Espinoza Bravo, está indiscutiblemente ligado a la denominada “Caravana de la Muerte”, operativo que en su paso entre Cauquenes y Antofagasta dejó 68 ejecutados en 15 días. Pero no solo ejecuciones, sino además masacres con corvos y armas blancas. Ocupó una de las jefaturas de la DINA en los comienzos de la dictadura y fue uno de los hombres del general Sergio Arellano Stark. Luego se desempeñó en la DINA como jefe de operaciones y como jefe del Centro de tortura Villa Grimaldi. Fue el segundo hombre de la policía política, después de general Manuel Contreras, con quien compartía el pabellón “Alfa” en Punta Peuco, en donde hoy cumple condenas por asesinato y secuestro, incluyendo el homicidio calificado, en Washington D.C., del ex canciller chileno Orlando Letelier. El mes pasado recibió un monto de $2.028.560 por concepto de pensión, como ex coronel de Ejército.
Por su parte, el jefe de la brigada metropolitana de la DINA, César Manríquez Bravo, está sometido a proceso en múltiples causas, pero sin duda las más importantes son por los homicidios calificados de Víctor Jara y de Miguel Enríquez, ex secretario general del MIR. Manríquez fue comandante del Estadio Chile y fue sometido a proceso en 2008 por el ministro de fuero Juan Belmar. Como exgeneral del Ejército, Manríquez recibe una pensión de $1.926.553 cada mes.
Raúl Iturriaga Neumann fue mayor general del Ejército y director asistente de la DINA. Actualmente cumple una serie de condenas en el penal Punta Peuco, como autor de los homicidios calificados de Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, en Buenos Aires. Foto: Agencia UNO.
A su vez, Carlos Herrera Jiménez, el autor confeso del homicidio del dirigente sindical de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez, se encuentra recluido en la cárcel de Punta Peuco cumpliendo condena de presidio perpetuo por su responsabilidad en este hecho, además de las causas por torturas y asesinato del transportista Mario Fernández López en La Serena. En 1991 se fugó hacia Argentina gracias a la complicidad del fiscal Torres Silva, otro de los que aún reciben millonarias pensiones por parte del Estado. Herrera Jiménez recibió en noviembre una pensión de $1.098.325 como exgeneral del Ejército.
El exfiscal militar en tiempos de dictadura, Fernando Torres Silva, ex auditor general del Ejército durante los ‘90, participó en consejos de guerra luego del golpe de Estado y asesoró a Pinochet mientras dirigía la Junta Militar. Actualmente se encuentra cumpliendo condenas en el penal Punta Peuco por su participación en el asesinato del exquímico de la DINA, Eugenio Berríos. Es acusado también de encubrir el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez, al haber ayudado a la fuga de su autor confeso. Torres Silva es el condenado por crímenes de lesa humanidad que recibe el mayor monto en términos de pensiones: cada mes recibe una suma de $3.505.716 por parte del Estado.
Así también, el ex director de la CNI, Hugo Salas Wenzel, fue el primer ex oficial militar en ser condenado a cadena perpetua por su responsabilidad en la Operación Albania o Corpus Christi en la que fueron asesinados 12 frentistas en 1987. La CNI los asesinó en otro lugar y luego trasladó y colocó a los jóvenes muertos en una casa en Conchalí, diciendo que se habían enfrentado a tiros con personal, lo que finalmente quedó evidenciado como un montaje. Pese a esto, Salas Wenzel recibe cada mes una pensión de $2.309.221 como ex general del Ejército.
“Pongo a su disposición los corvos acerados de la Infantería”, fue el ofrecimiento que hizo el exmilitar y miembro de la DINA, José Zara Holger, a Augusto Pinochet ad portas del plebiscito que terminó con la dictadura en 1988. Zara Holger fue condenado en junio de 2010 por su participación en el asesinato en 1974 del general y excomandante en Jefe del Ejército, Carlos Prats, y su esposa, en Buenos Aires. Como exbrigadier del Ejército recibe mes a mes una pensión de $1.922.772.
Familiares de las víctimas de la denominada ‘Operación Colombo’ protestaron ante el Palacio de Justicia por la absolución de más de 60 exagentes de la DINA involucrados. Foto: Archivo.
