Diputada Marcela Hernando analiza polémica de Espacio Riesco: “El Gobierno ha mentido en esto y en muchas otras cosas”
Casi cuatro millones de dólares es la deuda que Espacio Riesco alega en contra del Estado por el arriendo del recinto para la instalación del Hospital de Emergencia Huechuraba. La parlamentaria integrante de la comisión investigadora COVID-19 aseguró que este es otro caso más que ejemplifica el mal manejo de la pandemia por parte del Gobierno.
Claudia Carvajal G.
Martes 8 de diciembre 2020 15:23 hrs.
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El gerente general de Espacio Riesco, Sergio Gutiérrez, denunció que el Estado de Chile le adeuda más de 2900 millones de pesos por el arriendo del recinto en el que se instaló el Hospital de Emergencia Huechuraba. En una entrevista con T13, el ejecutivo apuntó directamente al ex subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, por la falta de un pago que debió verificarse hace cuatro meses y además aseguró que desde la cartera de Salud hace más de un mes que no responden sus comunicaciones.
Consultado al respecto, desde el Servicio de Salud Metropolitano Norte, su director, Guillermo Hartwig, reconoció la existencia de una deuda aunque un tanto menor que la alegada por el centro de eventos.
“Nosotros tenemos una deuda con Espacio Riesco de $2.092 millones (…) Para poder pagarles, nosotros tenemos que enviar la documentación, en este caso el contrato a toma de razón a la Contraloría y, una vez tomado de razón el contrato, se procede al pago”, dijo el funcionario quien agregó que el pago se encuentra en suspenso debido a que la propia empresa no ha firmado el contrato de arriendo.
Lo de Espacio Riesco es un asunto de larga data ya que, desde que se anunciara el uso de tal recinto para entregar prestaciones de salud durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus, se levantó una fuerte polémica por la falta de transparencia en el proceso de contratación e incluso debido a que la Contraloría General de la República declarara ilegal una segunda contratación debido a un doble pago tanto en el contrato de arriendo como en el de prestación de servicios.
Desde la Cámara de Diputados, la parlamentaria integrante de la Comisión Especial Investigadora de los actos del Gobierno en relación con los impactos sanitarios, económicos, sociales y laborales que la pandemia por la enfermedad COVID-19 ha provocado en el país, Marcela Hernando, analizó para nuestro medio este nuevo episodio de cuestionamiento a las medidas implementadas por el Gobierno y criticó en general el manejo de las autoridades respecto de la pandemia.
“Cuando dijimos que el ex ministro Mañalich mentía, estábamos convencidos que mentía. El Gobierno ha mentido en esto y en muchas otras cosas, por eso de verdad siento que la comisión investigadora y también la acusación constitucional contra el ex ministro Mañalich tenían pleno fundamento”.
En cuanto la posibilidad que se presenten nuevas querellas por el mal uso de los fondos públicos, la diputada señaló que hay que analizar los contratos firmados por el Gobierno, sea el ministro o subsecretario con los dueños de Espacio Riesco.
“Son los dueños de Espacio Riesco los que tienen el problema y seguramente van a usar todas las vías para cobrar esos dineros. Ahora, hay que tener en cuenta que el ministro Mañalich no manejaba recursos propios, por lo tanto, como se trata de fondos estatales el problema es serio. A eso hay que agregar que Contraloría también tiene una investigación en curso a propósito de los arriendos de las residencias sanitarias y ya declaró ilegal un segundo contrato con el mismo Espacio Riesco”, señaló la legisladora.
“Lo que escandaliza ahora son los montos porque ya era cuestionable el arriendo de ese espacio que prácticamente no se utilizó, porque su ocupación fue muy poca. En algún momento el ministro Mañalich dijo que se iba a pagar menos de 20 millones de pesos mensuales y que se había fijado ese monto por resolución y no me explico por ninguna parte por donde salen estos miles de millones de pesos”.
Referido a la situación del renunciado subsecretario Arturo Zúñiga que nuevamente se ve cuestionado y que dejó el Ministerio de Salud en medio de la polémica por la entrega de los correos electrónicos al Ministerio Público, según lo ordenado por la Corte Suprema, la diputada integrante de la comisión investigadora COVID-19 señaló que este asunto puede traer consecuencias para su incipiente carrera política.
“Arturo Zúñiga tendrá que responder a la fiscalía, porque después del ministro es el subsecretario el que viene en orden jerárquico y además porque es quien puede manejar los recursos económicos. Me parece que es complicada la situación del ex subsecretario y si alguna vez tuvo la intención de ser candidato por la región de O’Higgins, ahora eso se viene abajo porque, como se dice en política, esto le va a rayar la pintura”.
Arturo Zúñiga
En materia de las decisiones tomadas en el último tiempo por el Gobierno y, particularmente por el anuncio del lunes del retroceso de toda la región Metropolitana a la fase 2 del plan Paso a Paso, la congresista manifestó que según su parecer, el Gobierno se ha centrado en focos completamente distintos a la salud durante esta crisis sanitaria.
“Una de las cosas que llaman la atención en general es que las decisiones del Gobierno las toma alguien diferente de la autoridad sanitaria. El rol que ha tenido, por ejemplo, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, ha sido muy relevante y de una manera bastante insólita pues se ha encargado de decisiones como informar qué comunas salen o entran a cuarentena o los toques de queda, y eso compete a la autoridad sanitaria y no a la de seguridad pública, entonces, queda claro cuál es el enfoque del Gobierno pues llevamos largos meses con un toque de queda que, en realidad, tiene como única justificación la seguridad pública”.
“De la misma manera el ministro de Economía ha tomado muchas decisiones y ha influido en qué comunas entran o salen de cuarentena y las actividades que se retoman en las distintas etapas del plan Paso a Paso. En una pandemia, el director de la orquesta debería ser la autoridad sanitaria, sin embargo, parece haber otras autoridades detrás de las decisiones”, agregó la parlamentaria del Partido Radical.
La diputada por Antofagasta también criticó lo sucedido con el Presidente durante el fin de semana cuando fue sorprendido paseando por la playa de Cachagua sin usar una mascarilla y, además, tomándose fotos con otras personas presentes en el lugar.
“Hay un grupo de personas, entre las que está el Presidente, que se consideran por sobre la ley y eso es grave. Lo que hizo el Mandatario, aparte de contradictorio con lo que predica, es tremendamente desafiante y molesto y siento que la ciudadanía se enoja con justificación. ¿Cuál es la diferencia entre Cachagua y Cartagena? ¿Por qué en otras playas de Chile hay patrullas de la Armada y la autoridad sanitaria controla que la gente use su mascarilla y el Presidente siente que está exento de aquello?”, cuestionó.
En ese sentido y consultada al respecto, Marcela Hernando señaló que el anuncio de que la Región Metropolitana vuelve a fase de Transición a partir del jueves pudo ser una forma de cambiar el foco de atención pública por parte del Gobierno.
“Hay muchas debilidades, porque como medida sanitaria debió tomarse antes. Ya no alcanzas a prevenir nada antes de Navidad, es extemporáneo y no se justifica en las cifras y podría ser que sea una forma de tapar lo sucedido con el Presidente el fin de semana, sin embargo, esto dejó más al desnudo la inconsecuencia del Gobierno”.
Volviendo a la polémica de Espacio Riesco, los cuestionamientos al uso de los fondos públicos y, en general, el tratamiento gubernamental de la crisis sanitaria, la médica y representante del Distrito N° 3 en la Cámara Baja aseguró que nuestras autoridades no han estado a la altura de las graves circunstancias y desafíos que presentó la pandemia de COVID-19 y apuntó sus críticas al ex ministro Jaime Mañalich.
“Esto se manejó mal desde el principio, los espacios de residencias sanitarias siguen bajo investigación administrativa y de parte de la Fiscalía. En mi región, por ejemplo, en Mejillones una de las residencias sanitarias fue arrendada a la esposa de un parlamentario de la derecha y sin contrato. Las decisiones fueron absolutamente arbitrarias y ya sabemos, extraoficialmente, que el Ministerio de Salud no tiene cómo justificar 500 millones de dólares de los recursos que recibió inicialmente por parte del Ministerio de Hacienda.
Después de esto, el golpe presupuestario lo sufren los hospitales pues verán recortes de recursos que fueron dilapidados en estas residencias y espacios en vez de que fueran destinados a atención primaria para hacer trazabilidad.
A eso agreguemos la mortalidad que ha tenido el virus en Chile: estamos en los primeros lugares en el mundo en la proporción de muertos por millón de habitantes. Hay que entender que quienes han muerto no son solo números, son personas y eso es lo que uno lamenta”.
“Finalmente, dado que la acusación constitucional contra él no prosperó, si al ex ministro Mañalich no lo acusa la justicia, se va a ir libre de polvo y paja”, concluyó la parlamentaria.
En horas de la mañana de este martes, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, aseguró a CNN Chile que tanto el Servicio de Salud Metropolitano Norte como la Subsecretaría de Redes Asistenciales han mantenido conversaciones con los concesionarios de Espacio Riesco en orden a llegar a un acuerdo y pagar la deuda correspondiente.
Foto @BCN
El gerente general de Espacio Riesco, Sergio Gutiérrez, denunció que el Estado de Chile le adeuda más de 2900 millones de pesos por el arriendo del recinto en el que se instaló el Hospital de Emergencia Huechuraba. En una entrevista con T13, el ejecutivo apuntó directamente al ex subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, por la falta de un pago que debió verificarse hace cuatro meses y además aseguró que desde la cartera de Salud hace más de un mes que no responden sus comunicaciones.
Consultado al respecto, desde el Servicio de Salud Metropolitano Norte, su director, Guillermo Hartwig, reconoció la existencia de una deuda aunque un tanto menor que la alegada por el centro de eventos.
“Nosotros tenemos una deuda con Espacio Riesco de $2.092 millones (…) Para poder pagarles, nosotros tenemos que enviar la documentación, en este caso el contrato a toma de razón a la Contraloría y, una vez tomado de razón el contrato, se procede al pago”, dijo el funcionario quien agregó que el pago se encuentra en suspenso debido a que la propia empresa no ha firmado el contrato de arriendo.
Lo de Espacio Riesco es un asunto de larga data ya que, desde que se anunciara el uso de tal recinto para entregar prestaciones de salud durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus, se levantó una fuerte polémica por la falta de transparencia en el proceso de contratación e incluso debido a que la Contraloría General de la República declarara ilegal una segunda contratación debido a un doble pago tanto en el contrato de arriendo como en el de prestación de servicios.
Desde la Cámara de Diputados, la parlamentaria integrante de la Comisión Especial Investigadora de los actos del Gobierno en relación con los impactos sanitarios, económicos, sociales y laborales que la pandemia por la enfermedad COVID-19 ha provocado en el país, Marcela Hernando, analizó para nuestro medio este nuevo episodio de cuestionamiento a las medidas implementadas por el Gobierno y criticó en general el manejo de las autoridades respecto de la pandemia.
“Cuando dijimos que el ex ministro Mañalich mentía, estábamos convencidos que mentía. El Gobierno ha mentido en esto y en muchas otras cosas, por eso de verdad siento que la comisión investigadora y también la acusación constitucional contra el ex ministro Mañalich tenían pleno fundamento”.
En cuanto la posibilidad que se presenten nuevas querellas por el mal uso de los fondos públicos, la diputada señaló que hay que analizar los contratos firmados por el Gobierno, sea el ministro o subsecretario con los dueños de Espacio Riesco.
“Son los dueños de Espacio Riesco los que tienen el problema y seguramente van a usar todas las vías para cobrar esos dineros. Ahora, hay que tener en cuenta que el ministro Mañalich no manejaba recursos propios, por lo tanto, como se trata de fondos estatales el problema es serio. A eso hay que agregar que Contraloría también tiene una investigación en curso a propósito de los arriendos de las residencias sanitarias y ya declaró ilegal un segundo contrato con el mismo Espacio Riesco”, señaló la legisladora.
“Lo que escandaliza ahora son los montos porque ya era cuestionable el arriendo de ese espacio que prácticamente no se utilizó, porque su ocupación fue muy poca. En algún momento el ministro Mañalich dijo que se iba a pagar menos de 20 millones de pesos mensuales y que se había fijado ese monto por resolución y no me explico por ninguna parte por donde salen estos miles de millones de pesos”.
Referido a la situación del renunciado subsecretario Arturo Zúñiga que nuevamente se ve cuestionado y que dejó el Ministerio de Salud en medio de la polémica por la entrega de los correos electrónicos al Ministerio Público, según lo ordenado por la Corte Suprema, la diputada integrante de la comisión investigadora COVID-19 señaló que este asunto puede traer consecuencias para su incipiente carrera política.
“Arturo Zúñiga tendrá que responder a la fiscalía, porque después del ministro es el subsecretario el que viene en orden jerárquico y además porque es quien puede manejar los recursos económicos. Me parece que es complicada la situación del ex subsecretario y si alguna vez tuvo la intención de ser candidato por la región de O’Higgins, ahora eso se viene abajo porque, como se dice en política, esto le va a rayar la pintura”.
Arturo Zúñiga
En materia de las decisiones tomadas en el último tiempo por el Gobierno y, particularmente por el anuncio del lunes del retroceso de toda la región Metropolitana a la fase 2 del plan Paso a Paso, la congresista manifestó que según su parecer, el Gobierno se ha centrado en focos completamente distintos a la salud durante esta crisis sanitaria.
“Una de las cosas que llaman la atención en general es que las decisiones del Gobierno las toma alguien diferente de la autoridad sanitaria. El rol que ha tenido, por ejemplo, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, ha sido muy relevante y de una manera bastante insólita pues se ha encargado de decisiones como informar qué comunas salen o entran a cuarentena o los toques de queda, y eso compete a la autoridad sanitaria y no a la de seguridad pública, entonces, queda claro cuál es el enfoque del Gobierno pues llevamos largos meses con un toque de queda que, en realidad, tiene como única justificación la seguridad pública”.
“De la misma manera el ministro de Economía ha tomado muchas decisiones y ha influido en qué comunas entran o salen de cuarentena y las actividades que se retoman en las distintas etapas del plan Paso a Paso. En una pandemia, el director de la orquesta debería ser la autoridad sanitaria, sin embargo, parece haber otras autoridades detrás de las decisiones”, agregó la parlamentaria del Partido Radical.
La diputada por Antofagasta también criticó lo sucedido con el Presidente durante el fin de semana cuando fue sorprendido paseando por la playa de Cachagua sin usar una mascarilla y, además, tomándose fotos con otras personas presentes en el lugar.
“Hay un grupo de personas, entre las que está el Presidente, que se consideran por sobre la ley y eso es grave. Lo que hizo el Mandatario, aparte de contradictorio con lo que predica, es tremendamente desafiante y molesto y siento que la ciudadanía se enoja con justificación. ¿Cuál es la diferencia entre Cachagua y Cartagena? ¿Por qué en otras playas de Chile hay patrullas de la Armada y la autoridad sanitaria controla que la gente use su mascarilla y el Presidente siente que está exento de aquello?”, cuestionó.
En ese sentido y consultada al respecto, Marcela Hernando señaló que el anuncio de que la Región Metropolitana vuelve a fase de Transición a partir del jueves pudo ser una forma de cambiar el foco de atención pública por parte del Gobierno.
“Hay muchas debilidades, porque como medida sanitaria debió tomarse antes. Ya no alcanzas a prevenir nada antes de Navidad, es extemporáneo y no se justifica en las cifras y podría ser que sea una forma de tapar lo sucedido con el Presidente el fin de semana, sin embargo, esto dejó más al desnudo la inconsecuencia del Gobierno”.
Volviendo a la polémica de Espacio Riesco, los cuestionamientos al uso de los fondos públicos y, en general, el tratamiento gubernamental de la crisis sanitaria, la médica y representante del Distrito N° 3 en la Cámara Baja aseguró que nuestras autoridades no han estado a la altura de las graves circunstancias y desafíos que presentó la pandemia de COVID-19 y apuntó sus críticas al ex ministro Jaime Mañalich.
“Esto se manejó mal desde el principio, los espacios de residencias sanitarias siguen bajo investigación administrativa y de parte de la Fiscalía. En mi región, por ejemplo, en Mejillones una de las residencias sanitarias fue arrendada a la esposa de un parlamentario de la derecha y sin contrato. Las decisiones fueron absolutamente arbitrarias y ya sabemos, extraoficialmente, que el Ministerio de Salud no tiene cómo justificar 500 millones de dólares de los recursos que recibió inicialmente por parte del Ministerio de Hacienda.
Después de esto, el golpe presupuestario lo sufren los hospitales pues verán recortes de recursos que fueron dilapidados en estas residencias y espacios en vez de que fueran destinados a atención primaria para hacer trazabilidad.
A eso agreguemos la mortalidad que ha tenido el virus en Chile: estamos en los primeros lugares en el mundo en la proporción de muertos por millón de habitantes. Hay que entender que quienes han muerto no son solo números, son personas y eso es lo que uno lamenta”.
“Finalmente, dado que la acusación constitucional contra él no prosperó, si al ex ministro Mañalich no lo acusa la justicia, se va a ir libre de polvo y paja”, concluyó la parlamentaria.
En horas de la mañana de este martes, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, aseguró a CNN Chile que tanto el Servicio de Salud Metropolitano Norte como la Subsecretaría de Redes Asistenciales han mantenido conversaciones con los concesionarios de Espacio Riesco en orden a llegar a un acuerdo y pagar la deuda correspondiente.
Foto @BCN
El gerente general de Espacio Riesco, Sergio Gutiérrez, denunció que el Estado de Chile le adeuda más de 2900 millones de pesos por el arriendo del recinto en el que se instaló el Hospital de Emergencia Huechuraba. En una entrevista con T13, el ejecutivo apuntó directamente al ex subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, por la falta de un pago que debió verificarse hace cuatro meses y además aseguró que desde la cartera de Salud hace más de un mes que no responden sus comunicaciones.
Consultado al respecto, desde el Servicio de Salud Metropolitano Norte, su director, Guillermo Hartwig, reconoció la existencia de una deuda aunque un tanto menor que la alegada por el centro de eventos.
“Nosotros tenemos una deuda con Espacio Riesco de $2.092 millones (…) Para poder pagarles, nosotros tenemos que enviar la documentación, en este caso el contrato a toma de razón a la Contraloría y, una vez tomado de razón el contrato, se procede al pago”, dijo el funcionario quien agregó que el pago se encuentra en suspenso debido a que la propia empresa no ha firmado el contrato de arriendo.
Lo de Espacio Riesco es un asunto de larga data ya que, desde que se anunciara el uso de tal recinto para entregar prestaciones de salud durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus, se levantó una fuerte polémica por la falta de transparencia en el proceso de contratación e incluso debido a que la Contraloría General de la República declarara ilegal una segunda contratación debido a un doble pago tanto en el contrato de arriendo como en el de prestación de servicios.
Desde la Cámara de Diputados, la parlamentaria integrante de la Comisión Especial Investigadora de los actos del Gobierno en relación con los impactos sanitarios, económicos, sociales y laborales que la pandemia por la enfermedad COVID-19 ha provocado en el país, Marcela Hernando, analizó para nuestro medio este nuevo episodio de cuestionamiento a las medidas implementadas por el Gobierno y criticó en general el manejo de las autoridades respecto de la pandemia.
“Cuando dijimos que el ex ministro Mañalich mentía, estábamos convencidos que mentía. El Gobierno ha mentido en esto y en muchas otras cosas, por eso de verdad siento que la comisión investigadora y también la acusación constitucional contra el ex ministro Mañalich tenían pleno fundamento”.
En cuanto la posibilidad que se presenten nuevas querellas por el mal uso de los fondos públicos, la diputada señaló que hay que analizar los contratos firmados por el Gobierno, sea el ministro o subsecretario con los dueños de Espacio Riesco.
“Son los dueños de Espacio Riesco los que tienen el problema y seguramente van a usar todas las vías para cobrar esos dineros. Ahora, hay que tener en cuenta que el ministro Mañalich no manejaba recursos propios, por lo tanto, como se trata de fondos estatales el problema es serio. A eso hay que agregar que Contraloría también tiene una investigación en curso a propósito de los arriendos de las residencias sanitarias y ya declaró ilegal un segundo contrato con el mismo Espacio Riesco”, señaló la legisladora.
“Lo que escandaliza ahora son los montos porque ya era cuestionable el arriendo de ese espacio que prácticamente no se utilizó, porque su ocupación fue muy poca. En algún momento el ministro Mañalich dijo que se iba a pagar menos de 20 millones de pesos mensuales y que se había fijado ese monto por resolución y no me explico por ninguna parte por donde salen estos miles de millones de pesos”.
Referido a la situación del renunciado subsecretario Arturo Zúñiga que nuevamente se ve cuestionado y que dejó el Ministerio de Salud en medio de la polémica por la entrega de los correos electrónicos al Ministerio Público, según lo ordenado por la Corte Suprema, la diputada integrante de la comisión investigadora COVID-19 señaló que este asunto puede traer consecuencias para su incipiente carrera política.
“Arturo Zúñiga tendrá que responder a la fiscalía, porque después del ministro es el subsecretario el que viene en orden jerárquico y además porque es quien puede manejar los recursos económicos. Me parece que es complicada la situación del ex subsecretario y si alguna vez tuvo la intención de ser candidato por la región de O’Higgins, ahora eso se viene abajo porque, como se dice en política, esto le va a rayar la pintura”.
Arturo Zúñiga
En materia de las decisiones tomadas en el último tiempo por el Gobierno y, particularmente por el anuncio del lunes del retroceso de toda la región Metropolitana a la fase 2 del plan Paso a Paso, la congresista manifestó que según su parecer, el Gobierno se ha centrado en focos completamente distintos a la salud durante esta crisis sanitaria.
“Una de las cosas que llaman la atención en general es que las decisiones del Gobierno las toma alguien diferente de la autoridad sanitaria. El rol que ha tenido, por ejemplo, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, ha sido muy relevante y de una manera bastante insólita pues se ha encargado de decisiones como informar qué comunas salen o entran a cuarentena o los toques de queda, y eso compete a la autoridad sanitaria y no a la de seguridad pública, entonces, queda claro cuál es el enfoque del Gobierno pues llevamos largos meses con un toque de queda que, en realidad, tiene como única justificación la seguridad pública”.
“De la misma manera el ministro de Economía ha tomado muchas decisiones y ha influido en qué comunas entran o salen de cuarentena y las actividades que se retoman en las distintas etapas del plan Paso a Paso. En una pandemia, el director de la orquesta debería ser la autoridad sanitaria, sin embargo, parece haber otras autoridades detrás de las decisiones”, agregó la parlamentaria del Partido Radical.
La diputada por Antofagasta también criticó lo sucedido con el Presidente durante el fin de semana cuando fue sorprendido paseando por la playa de Cachagua sin usar una mascarilla y, además, tomándose fotos con otras personas presentes en el lugar.
“Hay un grupo de personas, entre las que está el Presidente, que se consideran por sobre la ley y eso es grave. Lo que hizo el Mandatario, aparte de contradictorio con lo que predica, es tremendamente desafiante y molesto y siento que la ciudadanía se enoja con justificación. ¿Cuál es la diferencia entre Cachagua y Cartagena? ¿Por qué en otras playas de Chile hay patrullas de la Armada y la autoridad sanitaria controla que la gente use su mascarilla y el Presidente siente que está exento de aquello?”, cuestionó.
En ese sentido y consultada al respecto, Marcela Hernando señaló que el anuncio de que la Región Metropolitana vuelve a fase de Transición a partir del jueves pudo ser una forma de cambiar el foco de atención pública por parte del Gobierno.
“Hay muchas debilidades, porque como medida sanitaria debió tomarse antes. Ya no alcanzas a prevenir nada antes de Navidad, es extemporáneo y no se justifica en las cifras y podría ser que sea una forma de tapar lo sucedido con el Presidente el fin de semana, sin embargo, esto dejó más al desnudo la inconsecuencia del Gobierno”.
Volviendo a la polémica de Espacio Riesco, los cuestionamientos al uso de los fondos públicos y, en general, el tratamiento gubernamental de la crisis sanitaria, la médica y representante del Distrito N° 3 en la Cámara Baja aseguró que nuestras autoridades no han estado a la altura de las graves circunstancias y desafíos que presentó la pandemia de COVID-19 y apuntó sus críticas al ex ministro Jaime Mañalich.
“Esto se manejó mal desde el principio, los espacios de residencias sanitarias siguen bajo investigación administrativa y de parte de la Fiscalía. En mi región, por ejemplo, en Mejillones una de las residencias sanitarias fue arrendada a la esposa de un parlamentario de la derecha y sin contrato. Las decisiones fueron absolutamente arbitrarias y ya sabemos, extraoficialmente, que el Ministerio de Salud no tiene cómo justificar 500 millones de dólares de los recursos que recibió inicialmente por parte del Ministerio de Hacienda.
Después de esto, el golpe presupuestario lo sufren los hospitales pues verán recortes de recursos que fueron dilapidados en estas residencias y espacios en vez de que fueran destinados a atención primaria para hacer trazabilidad.
A eso agreguemos la mortalidad que ha tenido el virus en Chile: estamos en los primeros lugares en el mundo en la proporción de muertos por millón de habitantes. Hay que entender que quienes han muerto no son solo números, son personas y eso es lo que uno lamenta”.
“Finalmente, dado que la acusación constitucional contra él no prosperó, si al ex ministro Mañalich no lo acusa la justicia, se va a ir libre de polvo y paja”, concluyó la parlamentaria.
En horas de la mañana de este martes, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, aseguró a CNN Chile que tanto el Servicio de Salud Metropolitano Norte como la Subsecretaría de Redes Asistenciales han mantenido conversaciones con los concesionarios de Espacio Riesco en orden a llegar a un acuerdo y pagar la deuda correspondiente.
