Chile en la mira: gobierno británico se mantiene atento a la situación de DD.HH en nuestro país
Hasta ahora el gobierno británico se ha mantenido en observación respecto de los compromisos adquiridos por el gobierno de Chile en cuanto a implementar las recomendaciones de la ONU y de Human Rights Watch en sus misiones en nuestro país. Sin embargo, la inquietud de los parlamentarios por las continuas denuncias de brutalidad policial y violaciones las garantías fundamentales ya llegó al Ministerio de Relaciones Exteriores que ha ordenado a la embajada monitoreo constante a la situación en Chile.
Claudia Carvajal G.
Sábado 12 de diciembre 2020 10:01 hrs.
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Los diversos informes de derechos humanos emitidos por Amnistía Internacional, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o Human Rights Watch han entregado recomendaciones y directrices al gobierno de Chile respecto de las actuaciones de los efectivos de la policía uniformada durante las movilizaciones sociales ocurridas a partir de octubre de 2019.
Sin embargo, las denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de Carabineros han seguido aumentando y ello ha generado la inquietud de chilenos avecindados en el Reino Unido que, a través de sus miembros del Parlamento, han pedido que se preste especial atención a los hechos que siguen ocurriendo en Chile en orden a que el Gobierno isleño pueda considerar tomar medidas diplomáticas.
A partir de mediados de noviembre el tema de los abusos policiales en Chile tomó otro cariz de importancia en Reino Unido luego que el miembro del Parlamento Tom Tugendhat, presidente del Comité de Asuntos Extranjeros del Parlamento, solicitara al ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, información sobre las conversaciones sostenidas entre los gobiernos de ambos países en cuanto a determinar la veracidad de las denuncias de abusos graves, golpizas e incluso violencia sexual reportadas por los manifestantes.
Además, Tugendhat requirió al secretario de Estado para que informe sobre qué tipo de apoyos está entregando Reino Unido a las organizaciones de la sociedad civil o reporteros que estén intentando dar visibilidad a los episodios de brutalidad policial denunciada; y, a la vez, cuáles son las acciones que ha llevado a cabo el gobierno británico con sus pares de Naciones Unidas en este ámbito.
Aunque la respuesta tardó, efectivamente llegó. Dominic Raab respondió al presidente de Asuntos Extranjeros del Parlamento que el gobierno chileno liderado por Sebastián Piñera ha cooperado satisfactoriamente con los organismos internacionales de derechos humanos y que sobre la base de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo chileno, el gobierno británico mantiene su monitoreo.
“El Presidente Piñera invitó tanto a la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas como a Human Rights Watch a su país durante el transcurso de la crisis. El gobierno de Chile cooperó completamente con sus investigaciones, garantizando un acceso rápido y sin trabas. Desde entonces, el gobierno chileno ha tomado conocimiento y aceptado las recomendaciones de ambos reportes publicados en noviembre y diciembre de 2019 respectivamente. En vista del compromiso constructivo de Chile en estos asuntos, en particular con la el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU, y nuestras propias productivas conversaciones con el gobierno chileno, no hemos elevado este asunto a organismos multilaterales”, dice la misiva firmada el 3 de diciembre por el ministro de Relaciones Exteriores británico.
Sin embargo, en el texto también se expresa que la embajada del Reino Unido en Chile sigue monitoreando los acontecimientos sociales en nuestro país e informó que su representante diplomático, Ian Duddy, se reunió en octubre pasado con el entonces ministro del Interior, Víctor Pérez, para imponerse de primera fuente sobre la aplicación de las recomendaciones de los organismos de derechos humanos por parte del Ejecutivo y las fuerzas policiales.
Nuestro medio se contactó con la embajada británica y el mismo embajador Duddy confirmó la reunión con Pérez y reiteró que el compromiso de su país es para con la defensa de los DD.HH. y la democracia.
“En la embajada estamos al tanto de los informes sobre violaciones a los Derechos Humanos en Chile y, en su momento, acogimos los anuncios del Gobierno de que se investigarían a fondo estas denuncias, así como su invitación a la oficina del Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y Human Rights Watch para enviar equipos a Chile.
Recientemente en octubre me reuní con el entonces ministro del Interior Víctor Pérez. Reino Unido sigue defendiendo la democracia, los DD.HH. y el Estado de Derecho como una fuerza para el bien a nivel global, nuestro compromiso se mantiene con el sistema internacional basado en reglas y con la defensa de las víctimas de violaciones y abusos de los dd.hh. en todo el mundo” señaló Ian Duddy a nuestro medio.
Diego Rates, vicepresidente de la Sociedad Chilena en la Universidad de Edimburgo, es uno de los chilenos que ha estado siguiendo la situación en Chile y aportando datos para el Parlamento británico.
“Siento que la carta del ministro de Relaciones Exteriores británico demuestra que las cosas que han pasado en Chile son de altísima gravedad, que están informados de la situación y que si no ha tomado mayores medidas es por las promesas que ha hecho el gobierno chileno. Por un lado, eso es un poco frustrante porque realmente prometer es muy barato, pero, por otro lado, lo relevante es que se establece claramente cuáles son las condiciones que el Gobierno chileno debe cumplir para que el Reino Unido no tome mayores medidas diplomáticas. Es decir, si hay problemas con las investigaciones o falla la colaboración del Gobierno, o se rehúsa a seguir las recomendaciones internacionales, esos serían puntos críticos que podrían forzar a Reino Unido y otros países a tomar medidas más drásticas. La atención está ahora en las investigaciones, las causas en tribunales y las respuestas gubernamentales como la reforma a la policía”.
La ley Magnitsky: el nuevo estatuto de sanciones y lo que ello puede significar para Chile
El que Reino Unido siga pendiente del estado de las cosas en Chile no es un tema menor. En julio de este año el gobierno británico anunció un nuevo régimen de sanciones contra “aquellos que han estado involucrados en algunas de las violaciones y abusos más graves de los derechos humanos en todo el mundo”.
La llamada Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos fue implementada por Estados Unidos en 2012 y persigue a extranjeros acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Gran Bretaña adoptó ese régimen de sanciones una vez que salió de la Unión Europea como un mecanismo propio para castigar de forma autónoma las violaciones de los derechos humanos en el mundo.
Esta semana, de hecho, informó que tres altos oficiales venezolanos, Rafael Bastardo -director hasta 2019 de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES)-, Remigio Ceballos Ichaso -jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB)- y Fabio Zavarse Pabon, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), serían sancionados con prohibiciones de viajar y congelación de bienes.
El nuevo régimen de sanciones del Reino Unido ya ha condenado a 57 personas involucradas en violaciones de #DerechosHumanos. Hoy agregamos más a la lista. Se les prohibirá ingresar al UK 🇬🇧, gastar dinero o usar nuestros bancos. #DiaDeLosDerechosHumanospic.twitter.com/TBFNonm96w
“Se impondrán sanciones a altos cargos de seguridad responsables de violaciones de los derechos humanos en el régimen ilegítimo de Maduro”, se lee en el texto del comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Por ello, el que Reino Unido siga atentamente los pasos de nuestro país, dado el nuevo estatuto de sanciones que ha adoptado, puede significar mayores medidas diplomáticas a Chile en caso de no mantener los compromisos adquiridos por el Gobierno en materia de respeto a los derechos humanos. Si bien las sanciones basadas en la ley Magntisky son personales, y podrían dirigirse solo a individuos particulares, estos individuos podrían ser autoridades o altos mandos de la Policía y ello llevar a sanciones al país por parte la comunidad internacional.
De suceder lo anterior, la aplicación de sanciones a cualquier autoridad u oficial de Carabineros por violaciones a los derechos humanos pondría en serios aprietos internacionales al ya complicado gobierno de Sebastián Piñera en los últimos meses de su mandato, quien a nivel interno está cerrando su segunda administración con los niveles más bajos de aprobación interna en la historia de nuestros gobiernos democráticos.
Fotos @mosorio
Los diversos informes de derechos humanos emitidos por Amnistía Internacional, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o Human Rights Watch han entregado recomendaciones y directrices al gobierno de Chile respecto de las actuaciones de los efectivos de la policía uniformada durante las movilizaciones sociales ocurridas a partir de octubre de 2019.
Sin embargo, las denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de Carabineros han seguido aumentando y ello ha generado la inquietud de chilenos avecindados en el Reino Unido que, a través de sus miembros del Parlamento, han pedido que se preste especial atención a los hechos que siguen ocurriendo en Chile en orden a que el Gobierno isleño pueda considerar tomar medidas diplomáticas.
A partir de mediados de noviembre el tema de los abusos policiales en Chile tomó otro cariz de importancia en Reino Unido luego que el miembro del Parlamento Tom Tugendhat, presidente del Comité de Asuntos Extranjeros del Parlamento, solicitara al ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, información sobre las conversaciones sostenidas entre los gobiernos de ambos países en cuanto a determinar la veracidad de las denuncias de abusos graves, golpizas e incluso violencia sexual reportadas por los manifestantes.
Además, Tugendhat requirió al secretario de Estado para que informe sobre qué tipo de apoyos está entregando Reino Unido a las organizaciones de la sociedad civil o reporteros que estén intentando dar visibilidad a los episodios de brutalidad policial denunciada; y, a la vez, cuáles son las acciones que ha llevado a cabo el gobierno británico con sus pares de Naciones Unidas en este ámbito.
Aunque la respuesta tardó, efectivamente llegó. Dominic Raab respondió al presidente de Asuntos Extranjeros del Parlamento que el gobierno chileno liderado por Sebastián Piñera ha cooperado satisfactoriamente con los organismos internacionales de derechos humanos y que sobre la base de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo chileno, el gobierno británico mantiene su monitoreo.
“El Presidente Piñera invitó tanto a la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas como a Human Rights Watch a su país durante el transcurso de la crisis. El gobierno de Chile cooperó completamente con sus investigaciones, garantizando un acceso rápido y sin trabas. Desde entonces, el gobierno chileno ha tomado conocimiento y aceptado las recomendaciones de ambos reportes publicados en noviembre y diciembre de 2019 respectivamente. En vista del compromiso constructivo de Chile en estos asuntos, en particular con la el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU, y nuestras propias productivas conversaciones con el gobierno chileno, no hemos elevado este asunto a organismos multilaterales”, dice la misiva firmada el 3 de diciembre por el ministro de Relaciones Exteriores británico.
Sin embargo, en el texto también se expresa que la embajada del Reino Unido en Chile sigue monitoreando los acontecimientos sociales en nuestro país e informó que su representante diplomático, Ian Duddy, se reunió en octubre pasado con el entonces ministro del Interior, Víctor Pérez, para imponerse de primera fuente sobre la aplicación de las recomendaciones de los organismos de derechos humanos por parte del Ejecutivo y las fuerzas policiales.
Nuestro medio se contactó con la embajada británica y el mismo embajador Duddy confirmó la reunión con Pérez y reiteró que el compromiso de su país es para con la defensa de los DD.HH. y la democracia.
“En la embajada estamos al tanto de los informes sobre violaciones a los Derechos Humanos en Chile y, en su momento, acogimos los anuncios del Gobierno de que se investigarían a fondo estas denuncias, así como su invitación a la oficina del Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y Human Rights Watch para enviar equipos a Chile.
Recientemente en octubre me reuní con el entonces ministro del Interior Víctor Pérez. Reino Unido sigue defendiendo la democracia, los DD.HH. y el Estado de Derecho como una fuerza para el bien a nivel global, nuestro compromiso se mantiene con el sistema internacional basado en reglas y con la defensa de las víctimas de violaciones y abusos de los dd.hh. en todo el mundo” señaló Ian Duddy a nuestro medio.
Diego Rates, vicepresidente de la Sociedad Chilena en la Universidad de Edimburgo, es uno de los chilenos que ha estado siguiendo la situación en Chile y aportando datos para el Parlamento británico.
“Siento que la carta del ministro de Relaciones Exteriores británico demuestra que las cosas que han pasado en Chile son de altísima gravedad, que están informados de la situación y que si no ha tomado mayores medidas es por las promesas que ha hecho el gobierno chileno. Por un lado, eso es un poco frustrante porque realmente prometer es muy barato, pero, por otro lado, lo relevante es que se establece claramente cuáles son las condiciones que el Gobierno chileno debe cumplir para que el Reino Unido no tome mayores medidas diplomáticas. Es decir, si hay problemas con las investigaciones o falla la colaboración del Gobierno, o se rehúsa a seguir las recomendaciones internacionales, esos serían puntos críticos que podrían forzar a Reino Unido y otros países a tomar medidas más drásticas. La atención está ahora en las investigaciones, las causas en tribunales y las respuestas gubernamentales como la reforma a la policía”.
La ley Magnitsky: el nuevo estatuto de sanciones y lo que ello puede significar para Chile
El que Reino Unido siga pendiente del estado de las cosas en Chile no es un tema menor. En julio de este año el gobierno británico anunció un nuevo régimen de sanciones contra “aquellos que han estado involucrados en algunas de las violaciones y abusos más graves de los derechos humanos en todo el mundo”.
La llamada Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos fue implementada por Estados Unidos en 2012 y persigue a extranjeros acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Gran Bretaña adoptó ese régimen de sanciones una vez que salió de la Unión Europea como un mecanismo propio para castigar de forma autónoma las violaciones de los derechos humanos en el mundo.
Esta semana, de hecho, informó que tres altos oficiales venezolanos, Rafael Bastardo -director hasta 2019 de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES)-, Remigio Ceballos Ichaso -jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB)- y Fabio Zavarse Pabon, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), serían sancionados con prohibiciones de viajar y congelación de bienes.
El nuevo régimen de sanciones del Reino Unido ya ha condenado a 57 personas involucradas en violaciones de #DerechosHumanos. Hoy agregamos más a la lista. Se les prohibirá ingresar al UK 🇬🇧, gastar dinero o usar nuestros bancos. #DiaDeLosDerechosHumanospic.twitter.com/TBFNonm96w
“Se impondrán sanciones a altos cargos de seguridad responsables de violaciones de los derechos humanos en el régimen ilegítimo de Maduro”, se lee en el texto del comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Por ello, el que Reino Unido siga atentamente los pasos de nuestro país, dado el nuevo estatuto de sanciones que ha adoptado, puede significar mayores medidas diplomáticas a Chile en caso de no mantener los compromisos adquiridos por el Gobierno en materia de respeto a los derechos humanos. Si bien las sanciones basadas en la ley Magntisky son personales, y podrían dirigirse solo a individuos particulares, estos individuos podrían ser autoridades o altos mandos de la Policía y ello llevar a sanciones al país por parte la comunidad internacional.
De suceder lo anterior, la aplicación de sanciones a cualquier autoridad u oficial de Carabineros por violaciones a los derechos humanos pondría en serios aprietos internacionales al ya complicado gobierno de Sebastián Piñera en los últimos meses de su mandato, quien a nivel interno está cerrando su segunda administración con los niveles más bajos de aprobación interna en la historia de nuestros gobiernos democráticos.
Fotos @mosorio
Los diversos informes de derechos humanos emitidos por Amnistía Internacional, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o Human Rights Watch han entregado recomendaciones y directrices al gobierno de Chile respecto de las actuaciones de los efectivos de la policía uniformada durante las movilizaciones sociales ocurridas a partir de octubre de 2019.
Sin embargo, las denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de Carabineros han seguido aumentando y ello ha generado la inquietud de chilenos avecindados en el Reino Unido que, a través de sus miembros del Parlamento, han pedido que se preste especial atención a los hechos que siguen ocurriendo en Chile en orden a que el Gobierno isleño pueda considerar tomar medidas diplomáticas.
A partir de mediados de noviembre el tema de los abusos policiales en Chile tomó otro cariz de importancia en Reino Unido luego que el miembro del Parlamento Tom Tugendhat, presidente del Comité de Asuntos Extranjeros del Parlamento, solicitara al ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, información sobre las conversaciones sostenidas entre los gobiernos de ambos países en cuanto a determinar la veracidad de las denuncias de abusos graves, golpizas e incluso violencia sexual reportadas por los manifestantes.
Además, Tugendhat requirió al secretario de Estado para que informe sobre qué tipo de apoyos está entregando Reino Unido a las organizaciones de la sociedad civil o reporteros que estén intentando dar visibilidad a los episodios de brutalidad policial denunciada; y, a la vez, cuáles son las acciones que ha llevado a cabo el gobierno británico con sus pares de Naciones Unidas en este ámbito.
Aunque la respuesta tardó, efectivamente llegó. Dominic Raab respondió al presidente de Asuntos Extranjeros del Parlamento que el gobierno chileno liderado por Sebastián Piñera ha cooperado satisfactoriamente con los organismos internacionales de derechos humanos y que sobre la base de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo chileno, el gobierno británico mantiene su monitoreo.
“El Presidente Piñera invitó tanto a la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas como a Human Rights Watch a su país durante el transcurso de la crisis. El gobierno de Chile cooperó completamente con sus investigaciones, garantizando un acceso rápido y sin trabas. Desde entonces, el gobierno chileno ha tomado conocimiento y aceptado las recomendaciones de ambos reportes publicados en noviembre y diciembre de 2019 respectivamente. En vista del compromiso constructivo de Chile en estos asuntos, en particular con la el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU, y nuestras propias productivas conversaciones con el gobierno chileno, no hemos elevado este asunto a organismos multilaterales”, dice la misiva firmada el 3 de diciembre por el ministro de Relaciones Exteriores británico.
Sin embargo, en el texto también se expresa que la embajada del Reino Unido en Chile sigue monitoreando los acontecimientos sociales en nuestro país e informó que su representante diplomático, Ian Duddy, se reunió en octubre pasado con el entonces ministro del Interior, Víctor Pérez, para imponerse de primera fuente sobre la aplicación de las recomendaciones de los organismos de derechos humanos por parte del Ejecutivo y las fuerzas policiales.
Nuestro medio se contactó con la embajada británica y el mismo embajador Duddy confirmó la reunión con Pérez y reiteró que el compromiso de su país es para con la defensa de los DD.HH. y la democracia.
“En la embajada estamos al tanto de los informes sobre violaciones a los Derechos Humanos en Chile y, en su momento, acogimos los anuncios del Gobierno de que se investigarían a fondo estas denuncias, así como su invitación a la oficina del Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y Human Rights Watch para enviar equipos a Chile.
Recientemente en octubre me reuní con el entonces ministro del Interior Víctor Pérez. Reino Unido sigue defendiendo la democracia, los DD.HH. y el Estado de Derecho como una fuerza para el bien a nivel global, nuestro compromiso se mantiene con el sistema internacional basado en reglas y con la defensa de las víctimas de violaciones y abusos de los dd.hh. en todo el mundo” señaló Ian Duddy a nuestro medio.
Diego Rates, vicepresidente de la Sociedad Chilena en la Universidad de Edimburgo, es uno de los chilenos que ha estado siguiendo la situación en Chile y aportando datos para el Parlamento británico.
“Siento que la carta del ministro de Relaciones Exteriores británico demuestra que las cosas que han pasado en Chile son de altísima gravedad, que están informados de la situación y que si no ha tomado mayores medidas es por las promesas que ha hecho el gobierno chileno. Por un lado, eso es un poco frustrante porque realmente prometer es muy barato, pero, por otro lado, lo relevante es que se establece claramente cuáles son las condiciones que el Gobierno chileno debe cumplir para que el Reino Unido no tome mayores medidas diplomáticas. Es decir, si hay problemas con las investigaciones o falla la colaboración del Gobierno, o se rehúsa a seguir las recomendaciones internacionales, esos serían puntos críticos que podrían forzar a Reino Unido y otros países a tomar medidas más drásticas. La atención está ahora en las investigaciones, las causas en tribunales y las respuestas gubernamentales como la reforma a la policía”.
La ley Magnitsky: el nuevo estatuto de sanciones y lo que ello puede significar para Chile
El que Reino Unido siga pendiente del estado de las cosas en Chile no es un tema menor. En julio de este año el gobierno británico anunció un nuevo régimen de sanciones contra “aquellos que han estado involucrados en algunas de las violaciones y abusos más graves de los derechos humanos en todo el mundo”.
La llamada Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos fue implementada por Estados Unidos en 2012 y persigue a extranjeros acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Gran Bretaña adoptó ese régimen de sanciones una vez que salió de la Unión Europea como un mecanismo propio para castigar de forma autónoma las violaciones de los derechos humanos en el mundo.
Esta semana, de hecho, informó que tres altos oficiales venezolanos, Rafael Bastardo -director hasta 2019 de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES)-, Remigio Ceballos Ichaso -jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB)- y Fabio Zavarse Pabon, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), serían sancionados con prohibiciones de viajar y congelación de bienes.
El nuevo régimen de sanciones del Reino Unido ya ha condenado a 57 personas involucradas en violaciones de #DerechosHumanos. Hoy agregamos más a la lista. Se les prohibirá ingresar al UK 🇬🇧, gastar dinero o usar nuestros bancos. #DiaDeLosDerechosHumanospic.twitter.com/TBFNonm96w
“Se impondrán sanciones a altos cargos de seguridad responsables de violaciones de los derechos humanos en el régimen ilegítimo de Maduro”, se lee en el texto del comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Por ello, el que Reino Unido siga atentamente los pasos de nuestro país, dado el nuevo estatuto de sanciones que ha adoptado, puede significar mayores medidas diplomáticas a Chile en caso de no mantener los compromisos adquiridos por el Gobierno en materia de respeto a los derechos humanos. Si bien las sanciones basadas en la ley Magntisky son personales, y podrían dirigirse solo a individuos particulares, estos individuos podrían ser autoridades o altos mandos de la Policía y ello llevar a sanciones al país por parte la comunidad internacional.
De suceder lo anterior, la aplicación de sanciones a cualquier autoridad u oficial de Carabineros por violaciones a los derechos humanos pondría en serios aprietos internacionales al ya complicado gobierno de Sebastián Piñera en los últimos meses de su mandato, quien a nivel interno está cerrando su segunda administración con los niveles más bajos de aprobación interna en la historia de nuestros gobiernos democráticos.
