Ministro Larraín e indulto a presos del estallido: “Favorece la impunidad de personas que cometen delitos por razones políticas”
En su presentación en la Comisión de DDHH del Senado, que comenzó este martes a revisar el proyecto, el ministro de Justicia sostuvo que, según cifras de Gendarmería, la iniciativa beneficiaría a 227 personas que han sido detenidas y formalizadas, de las cuales 162 se encuentran en prisión preventiva y sólo 55 cuentan con condenas de primera instancia.
Tomás González F.
Martes 22 de diciembre 2020 13:45 hrs.
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Este martes comenzó la revisión, en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, del proyecto que busca conceder un indulto general por razones humanitarias a quienes han sido imputados por desórdenes en el contexto del estallido social y se mantienen en prisiones preventivas que, en varios casos, se han extendido por más de un año. A la cita estaban invitados los representantes de las organizaciones de derechos humanos que impulsan la iniciativa, como la Comisión Chilena de Derechos Humanos y la Agrupación de Familiares de Presos Políticos de Santiago 1, además de los representantes del Gobierno.
La instancia comenzó a las 11.45 horas, justamente, con la presentación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, representado por el ministro Hernán Larraín, quien estuvo acompañado de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, y el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela. En su alocución, el ministro Larraín argumentó su rechazo a la iniciativa en que ésta toma una perspectiva errada del derecho internacional de los derechos humanos. Señaló que, para él, no se aprecia un nexo causal entre la protección de los derechos humanos y el indulto que se pretende otorgar, toda vez que estos hechos se tratan de delitos comunes y estos no están regulados por el derecho internacional. “No corresponde una ley de indulto“, sentenció el secretario de Estado.
“Hay que revisar el tema de fondo, que es el de la prisión preventiva, y estamos trabajando en esa materia. Pero proceder por este camino, nos parece simplemente que es proceder de una forma altamente inconveniente”, explicó Larraín. “Sin siquiera entrar en consideraciones políticas de otra naturaleza, como significa señalar que aquí estamos favoreciendo la impunidad de personas que cometen un determinado delito por razones políticas. Pero no, queremos solamente señalar que es improcedente esta iniciativa por razones jurídicas, de orden técnico, de carácter constitucional y también en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos”, agregó el ministro de Justicia.
En la citación de este martes a la Comisión de Derechos Humanos del Senado asistieron los representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, además de organizaciones de la sociedad civil que impulsan la iniciativa. Foto: Captura Senado TV.
Luego fue el turno de las organizaciones. En representación de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, estuvo presente su presidente, el abogado Carlos Margotta. Desde la Comisión manifestaron que durante el estallido no solo se violaron los derechos humanos de aquellas víctimas de agresiones y ataques por parte de los agentes del Estado, sino que también son víctimas de este tipo de vulneraciones aquellos que no han tenido las garantías necesarias en sus procesos judiciales. Es justamente en ese sentido que, para la Comisión, este proyecto va en la línea correcta.
“Es en ese marco que una ley de indulto general para los denominados ‘presos del estallido’, aquellas personas que se encuentran privadas o restringidas de libertad por causa de las manifestaciones, y formalizadas o condenadas por la comisión de supuestos ilícitos, se presenta como una respuesta adecuada para quienes han visto vulnerados sus derechos fundamentales por parte del aparato Estatal, y en específico de las policías, tribunales y del enteinvestigador“, señaló el presidente de la Comisión Chilena de DDHH.
Luego fue el turno de la exposición del abogado y vocero de la Agrupación de Familiares de Presos Políticos de Santiago 1, Jaime Fuentes. En su presentación, Fuentes dio cuenta de las cifras que han recabado como organización y las diferencias que existen entre éstas y las dadas a conocer tanto por el Ministerio Público como la Defensoría Penal Pública. Fuentes advirtió que, según la información que manejan, serían aproximadamente 200 los imputados e imputadas que se encuentran privados de libertad sin haber sido sometidos a un juicio justo y que cabrían dentro de los requisitos para recibir el beneficio.
“¿Por qué estamos hablando de prisión política? Porque hemos visto que existen una serie de irregularidades del debido proceso, que han ocurrido en los casos de estos hombres y mujeres detenidos desde el 18 de octubre en adelante, que nos dan para pensar que, efectivamente, aquí existe una persecución por el hecho de participar en las manifestaciones sociales en contra de un sistema que venía precarizando la vida de toda la población”, argumentó Fuentes.
En representación del Gobierno estuvieron el ministro de Justicia y DDHH, Hernán Larraín, junto a la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, y el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela. Foto: Captura Senado TV.
“Vemos cómo existe una persecución directa hacia cada uno de estos jóvenes, y si los comparamos con otros casos normales, o incluso con casos en que se involucra el narcotráfico, no es así, no es tan punitiva la labor del Estado ni de la Fiscalía. O sea, vemos que aquí hay imputaciones de cargos que no se pueden sostener por falta de pruebas y vemos que existe una sobre utilización de la prisión preventiva, que es algo que reconocen desde el Ministerio de Justicia“, agregó el vocero de la Agrupación de Familiares de Presos Políticos de Santiago 1.
En un oficio respondido a la diputada Carmen Hertz, la Defensoría Penal Pública cifró en más de 30 mil las personas procesadas por delitos en manifestaciones públicas desde el 18 de octubre en adelante. No obstante, el propio Defensor Penal Público, Andrés Mahnke, ha señalado que la cantidad de personas que se podrían beneficiar de este indulto es mucho menor a la que advierten las organizaciones. En específico, Mahnke ha dicho que son sólo tres los casos en que efectivamente han sido apresados por su participación en manifestaciones sociales, sin presencia de pruebas contundentes para mantenerlos en prisión preventiva o abrir un proceso judicial en su contra.
Es decir, serían los únicos tres casos que cumplirían con la ley de indulto, datos que contrastan con los presentados por las organizaciones, que cifran en más de 200 los privados de libertad sin justificación, y en 5.000 los formalizados. También contrastan con los entregados en la instancia por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien señaló que, según información de Gendarmería, de los detenidos dentro del contexto del estallido social son 227 las personas a las que les haría efecto este proyecto. De éstos, 162 se encuentran en prisión preventiva y 55 condenadas.
Este martes comenzó la revisión, en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, del proyecto que busca conceder un indulto general por razones humanitarias a quienes han sido imputados por desórdenes en el contexto del estallido social y se mantienen en prisiones preventivas que, en varios casos, se han extendido por más de un año. A la cita estaban invitados los representantes de las organizaciones de derechos humanos que impulsan la iniciativa, como la Comisión Chilena de Derechos Humanos y la Agrupación de Familiares de Presos Políticos de Santiago 1, además de los representantes del Gobierno.
La instancia comenzó a las 11.45 horas, justamente, con la presentación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, representado por el ministro Hernán Larraín, quien estuvo acompañado de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, y el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela. En su alocución, el ministro Larraín argumentó su rechazo a la iniciativa en que ésta toma una perspectiva errada del derecho internacional de los derechos humanos. Señaló que, para él, no se aprecia un nexo causal entre la protección de los derechos humanos y el indulto que se pretende otorgar, toda vez que estos hechos se tratan de delitos comunes y estos no están regulados por el derecho internacional. “No corresponde una ley de indulto“, sentenció el secretario de Estado.
“Hay que revisar el tema de fondo, que es el de la prisión preventiva, y estamos trabajando en esa materia. Pero proceder por este camino, nos parece simplemente que es proceder de una forma altamente inconveniente”, explicó Larraín. “Sin siquiera entrar en consideraciones políticas de otra naturaleza, como significa señalar que aquí estamos favoreciendo la impunidad de personas que cometen un determinado delito por razones políticas. Pero no, queremos solamente señalar que es improcedente esta iniciativa por razones jurídicas, de orden técnico, de carácter constitucional y también en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos”, agregó el ministro de Justicia.
En la citación de este martes a la Comisión de Derechos Humanos del Senado asistieron los representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, además de organizaciones de la sociedad civil que impulsan la iniciativa. Foto: Captura Senado TV.
Luego fue el turno de las organizaciones. En representación de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, estuvo presente su presidente, el abogado Carlos Margotta. Desde la Comisión manifestaron que durante el estallido no solo se violaron los derechos humanos de aquellas víctimas de agresiones y ataques por parte de los agentes del Estado, sino que también son víctimas de este tipo de vulneraciones aquellos que no han tenido las garantías necesarias en sus procesos judiciales. Es justamente en ese sentido que, para la Comisión, este proyecto va en la línea correcta.
“Es en ese marco que una ley de indulto general para los denominados ‘presos del estallido’, aquellas personas que se encuentran privadas o restringidas de libertad por causa de las manifestaciones, y formalizadas o condenadas por la comisión de supuestos ilícitos, se presenta como una respuesta adecuada para quienes han visto vulnerados sus derechos fundamentales por parte del aparato Estatal, y en específico de las policías, tribunales y del enteinvestigador“, señaló el presidente de la Comisión Chilena de DDHH.
Luego fue el turno de la exposición del abogado y vocero de la Agrupación de Familiares de Presos Políticos de Santiago 1, Jaime Fuentes. En su presentación, Fuentes dio cuenta de las cifras que han recabado como organización y las diferencias que existen entre éstas y las dadas a conocer tanto por el Ministerio Público como la Defensoría Penal Pública. Fuentes advirtió que, según la información que manejan, serían aproximadamente 200 los imputados e imputadas que se encuentran privados de libertad sin haber sido sometidos a un juicio justo y que cabrían dentro de los requisitos para recibir el beneficio.
“¿Por qué estamos hablando de prisión política? Porque hemos visto que existen una serie de irregularidades del debido proceso, que han ocurrido en los casos de estos hombres y mujeres detenidos desde el 18 de octubre en adelante, que nos dan para pensar que, efectivamente, aquí existe una persecución por el hecho de participar en las manifestaciones sociales en contra de un sistema que venía precarizando la vida de toda la población”, argumentó Fuentes.
En representación del Gobierno estuvieron el ministro de Justicia y DDHH, Hernán Larraín, junto a la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, y el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela. Foto: Captura Senado TV.
“Vemos cómo existe una persecución directa hacia cada uno de estos jóvenes, y si los comparamos con otros casos normales, o incluso con casos en que se involucra el narcotráfico, no es así, no es tan punitiva la labor del Estado ni de la Fiscalía. O sea, vemos que aquí hay imputaciones de cargos que no se pueden sostener por falta de pruebas y vemos que existe una sobre utilización de la prisión preventiva, que es algo que reconocen desde el Ministerio de Justicia“, agregó el vocero de la Agrupación de Familiares de Presos Políticos de Santiago 1.
En un oficio respondido a la diputada Carmen Hertz, la Defensoría Penal Pública cifró en más de 30 mil las personas procesadas por delitos en manifestaciones públicas desde el 18 de octubre en adelante. No obstante, el propio Defensor Penal Público, Andrés Mahnke, ha señalado que la cantidad de personas que se podrían beneficiar de este indulto es mucho menor a la que advierten las organizaciones. En específico, Mahnke ha dicho que son sólo tres los casos en que efectivamente han sido apresados por su participación en manifestaciones sociales, sin presencia de pruebas contundentes para mantenerlos en prisión preventiva o abrir un proceso judicial en su contra.
Es decir, serían los únicos tres casos que cumplirían con la ley de indulto, datos que contrastan con los presentados por las organizaciones, que cifran en más de 200 los privados de libertad sin justificación, y en 5.000 los formalizados. También contrastan con los entregados en la instancia por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien señaló que, según información de Gendarmería, de los detenidos dentro del contexto del estallido social son 227 las personas a las que les haría efecto este proyecto. De éstos, 162 se encuentran en prisión preventiva y 55 condenadas.
Este martes comenzó la revisión, en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, del proyecto que busca conceder un indulto general por razones humanitarias a quienes han sido imputados por desórdenes en el contexto del estallido social y se mantienen en prisiones preventivas que, en varios casos, se han extendido por más de un año. A la cita estaban invitados los representantes de las organizaciones de derechos humanos que impulsan la iniciativa, como la Comisión Chilena de Derechos Humanos y la Agrupación de Familiares de Presos Políticos de Santiago 1, además de los representantes del Gobierno.
La instancia comenzó a las 11.45 horas, justamente, con la presentación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, representado por el ministro Hernán Larraín, quien estuvo acompañado de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, y el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela. En su alocución, el ministro Larraín argumentó su rechazo a la iniciativa en que ésta toma una perspectiva errada del derecho internacional de los derechos humanos. Señaló que, para él, no se aprecia un nexo causal entre la protección de los derechos humanos y el indulto que se pretende otorgar, toda vez que estos hechos se tratan de delitos comunes y estos no están regulados por el derecho internacional. “No corresponde una ley de indulto“, sentenció el secretario de Estado.
“Hay que revisar el tema de fondo, que es el de la prisión preventiva, y estamos trabajando en esa materia. Pero proceder por este camino, nos parece simplemente que es proceder de una forma altamente inconveniente”, explicó Larraín. “Sin siquiera entrar en consideraciones políticas de otra naturaleza, como significa señalar que aquí estamos favoreciendo la impunidad de personas que cometen un determinado delito por razones políticas. Pero no, queremos solamente señalar que es improcedente esta iniciativa por razones jurídicas, de orden técnico, de carácter constitucional y también en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos”, agregó el ministro de Justicia.
En la citación de este martes a la Comisión de Derechos Humanos del Senado asistieron los representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, además de organizaciones de la sociedad civil que impulsan la iniciativa. Foto: Captura Senado TV.
Luego fue el turno de las organizaciones. En representación de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, estuvo presente su presidente, el abogado Carlos Margotta. Desde la Comisión manifestaron que durante el estallido no solo se violaron los derechos humanos de aquellas víctimas de agresiones y ataques por parte de los agentes del Estado, sino que también son víctimas de este tipo de vulneraciones aquellos que no han tenido las garantías necesarias en sus procesos judiciales. Es justamente en ese sentido que, para la Comisión, este proyecto va en la línea correcta.
“Es en ese marco que una ley de indulto general para los denominados ‘presos del estallido’, aquellas personas que se encuentran privadas o restringidas de libertad por causa de las manifestaciones, y formalizadas o condenadas por la comisión de supuestos ilícitos, se presenta como una respuesta adecuada para quienes han visto vulnerados sus derechos fundamentales por parte del aparato Estatal, y en específico de las policías, tribunales y del enteinvestigador“, señaló el presidente de la Comisión Chilena de DDHH.
Luego fue el turno de la exposición del abogado y vocero de la Agrupación de Familiares de Presos Políticos de Santiago 1, Jaime Fuentes. En su presentación, Fuentes dio cuenta de las cifras que han recabado como organización y las diferencias que existen entre éstas y las dadas a conocer tanto por el Ministerio Público como la Defensoría Penal Pública. Fuentes advirtió que, según la información que manejan, serían aproximadamente 200 los imputados e imputadas que se encuentran privados de libertad sin haber sido sometidos a un juicio justo y que cabrían dentro de los requisitos para recibir el beneficio.
“¿Por qué estamos hablando de prisión política? Porque hemos visto que existen una serie de irregularidades del debido proceso, que han ocurrido en los casos de estos hombres y mujeres detenidos desde el 18 de octubre en adelante, que nos dan para pensar que, efectivamente, aquí existe una persecución por el hecho de participar en las manifestaciones sociales en contra de un sistema que venía precarizando la vida de toda la población”, argumentó Fuentes.
En representación del Gobierno estuvieron el ministro de Justicia y DDHH, Hernán Larraín, junto a la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, y el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela. Foto: Captura Senado TV.
“Vemos cómo existe una persecución directa hacia cada uno de estos jóvenes, y si los comparamos con otros casos normales, o incluso con casos en que se involucra el narcotráfico, no es así, no es tan punitiva la labor del Estado ni de la Fiscalía. O sea, vemos que aquí hay imputaciones de cargos que no se pueden sostener por falta de pruebas y vemos que existe una sobre utilización de la prisión preventiva, que es algo que reconocen desde el Ministerio de Justicia“, agregó el vocero de la Agrupación de Familiares de Presos Políticos de Santiago 1.
En un oficio respondido a la diputada Carmen Hertz, la Defensoría Penal Pública cifró en más de 30 mil las personas procesadas por delitos en manifestaciones públicas desde el 18 de octubre en adelante. No obstante, el propio Defensor Penal Público, Andrés Mahnke, ha señalado que la cantidad de personas que se podrían beneficiar de este indulto es mucho menor a la que advierten las organizaciones. En específico, Mahnke ha dicho que son sólo tres los casos en que efectivamente han sido apresados por su participación en manifestaciones sociales, sin presencia de pruebas contundentes para mantenerlos en prisión preventiva o abrir un proceso judicial en su contra.
Es decir, serían los únicos tres casos que cumplirían con la ley de indulto, datos que contrastan con los presentados por las organizaciones, que cifran en más de 200 los privados de libertad sin justificación, y en 5.000 los formalizados. También contrastan con los entregados en la instancia por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien señaló que, según información de Gendarmería, de los detenidos dentro del contexto del estallido social son 227 las personas a las que les haría efecto este proyecto. De éstos, 162 se encuentran en prisión preventiva y 55 condenadas.
