El Poder Judicial entregó este martes un balance de las causas penales vinculadas al estallido social, tomando como referencia el período comprendido entre el 16 de octubre de 2019 y el 16 de marzo de 2020. Así, según informó la ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, hasta este 11 de diciembre eran 26 los civiles imputados por delitos relativos a las manifestaciones y 11 los uniformados acusados de violaciones a los derechos humanos que se encontraban cumpliendo prisión preventiva.

Todo esto en medio de un debate que ha acaparado la opinión pública por la presentación de un proyecto que pretende excarcelar a los denominados “presos de la revuelta” y también en las calles, en donde se han visto una serie de movilizaciones pidiendo la libertad para quienes, aseguran, son presos políticos. En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, el abogado y ex Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, abordó la discusión en torno al  indulto general presentado por parlamentarios en el Congreso, y así también la discusión que subyace a esta iniciativa, respecto de si existen o no prisioneros políticos en Chile.

¿Cuál es su opinión en términos jurídicos sobre el proyecto de indulto general que se ha propuesto en el Congreso para excarcelar a los imputados por desórdenes y otros delitos vinculados al estallido social?

Yo creo que el proyecto tiene, primero, un defecto jurídico grave. No se puede llamar proyecto de indulto general, porque los indultos se otorgan, jurídicamente, a personas que han sido condenadas. O sea, lo que se está haciendo es un proyecto de ley de amnistía, en el fondo. Segundo, las prisiones preventivas que hay contra algunos imputados producto de incendios, daños, amenazas y una serie de delitos cometidos en el contexto del estallido social, han sido decretadas por el Poder Judicial, por jueces de garantía en audiencias públicas. Entonces uno ve que, si bien puede ser una buena intención buscar la paz social, yo creo que el proyecto puede ser técnicamente incorrecto.

Ahora, eso no quiere decir que uno piense que todas las prisiones preventivas puedan haber estado bien decretadas, porque no conozco cada caso. Pero lo que sí es cierto es que hay unos delitos más graves que otros, porque si se criminaliza la protesta social o el legítimo malestar que tiene la sociedad contra una serie de desigualdades que existen, eso claramente podría ser motivo de acusaciones constitucionales u otros. Pero no sé si el proyecto hace una discriminación adecuada. Hay que distinguir claramente lo que es la protesta, lo que es el estallido, lo que es ese malestar, que se ha manifestado claramente en un acto democrático impecable como el triunfo gigantesco del Apruebo; y otra cosa son proyectos de ley que no sé si van a lograr algo concreto.

Respecto del debate que de alguna manera subyace la discusión en torno a este proyecto, de si existen o no presos políticos en Chile. Con la información que se tiene hasta el momento, ¿cuál es su postura?

Si uno se lo pregunta razonablemente, creo que en Chile no hay presos políticos motivados por el estallido social. No hay, porque la persecución que puede haber hecho  de estos delitos la Fiscalía no es una persecución política. El mismo argumento se ha dado también cuando se dice que había -y yo tampoco estoy de acuerdo- una persecución política de la fiscal de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte contra el carabinero acusado de botar a un manifestante al lecho del río Mapocho.

Entonces, yo creo que la Fiscalía puede hacer mejor o peor su trabajo, pero perseguir políticamente no lo hace. Además, tendría que estar en connivencia, de acuerdo, con el Poder Judicial que es el que decreta prisiones preventivas u otras medidas cautelares, cosa la cual me resisto a creer que exista, porque hay audiencias públicas, porque se exhiben antecedentes, las defensas tienen acceso a las carpetas y así.

Entonces, sumando y restando, creo que hay que dejar claro que en mi concepto y de acuerdo a los antecedentes que tengo no hay ninguna persecución política por la Fiscalía o el Poder Judicial que decreta las prisiones preventivas. Otra cosa es que uno pueda estar en desacuerdo con lo que ha sostenido el gobierno de turno, porque eso es parte de la democracia.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado 2.520 querellas por violaciones a los derechos humanos en todo Chile, las que consideran a más de 3.000 víctimas: Foto: Reuters.

Entrando a ese plano político, aquí parece haber una variable de la que nadie se ha hecho cargo y así se ha visto manifestado en las protestas y movilizaciones que todavía se ven en Santiago. Respecto de esa variable política, ¿cómo ve el rol que juega el Ministerio del Interior en estas causas en las que es querellante, algunas veces por Ley de Seguridad del Estado, por ejemplo?

Primero, el derecho a reclamar, a manifestarse, a protestar, es consustancial a la democracia. Al que le molesta, quiere decir que no entiende la democracia. Segundo, yo creo que todas las movilizaciones son legítimas, en la medida que no amenacen gente, no destrocen mobiliario privado o paraderos, semáforos, etc., porque esa no es una forma, en mi concepto, democrática de protestar. Otra cosa es que uno diga que la gente no se puede manifestar y que los que están encargados de reprimir las manifestaciones cometan delitos, abusos o violen derechos humanos, que también hay imputaciones que tienen que ser esclarecidas.

Es decir, el Ministerio del Interior del gobierno que sea puede presentar querellas, pero también hay que presentar querellas como Ministerio del Interior contra todos los que cometieron delitos en el contexto del estallido social. Me explico, si alguien cometió delitos y violó derechos de personas que estaban protestando, puede ser un funcionario público o un policía, el Ministerio del Interior también podría presentar una querella contra ellos, y en algunos casos no lo ha hecho.

Ley pareja no es dura, si quieren reprimir a gente que causa daños o bota semáforos en el contexto de las legítimas protestas sociales, cuando hay alguien que reprime esas protestas causando violaciones de derechos humanos también habría que ejercer las acciones pertinentes, más allá de lo que pueda hacer el INDH, porque evidentemente Interior puede presentar querellas y le da una fuerza a la persecución penal, en el sentido de que puede apoyarla.

Tomando en consideración lo que usted menciona, ¿cómo evaluaría el actuar que ha tenido el Gobierno en ese sentido?

No me quiero meter en política, pero claramente el Gobierno ha dado pasos erráticos en algunos casos. Creo que el cambio de ministro del Interior, con la renuncia del exministro (Víctor) Pérez, fue un cambio positivo, en el sentido de que el actual ministro del Interior (Rodrigo Delgado), más allá de posiciones políticas, sí tiene una experiencia en la calle y se ha relacionado más con gente de todos los estratos. Además, tiene una prudencia que genera menos anticuerpos que el anterior ministro, que era bastante resistido en algunos sectores.

Ahora, si uno piensa, en general el Gobierno equivoca el camino cuando, en vez de instar porque haya una coordinación entre las distintas entidades que están en el sistema criminal, perseguir mejores resultados o poner indicadores de gestión, piensa que todo se arregla con leyes. Creo que ese no es necesariamente el camino, sino que sería más bien sacarle rendimiento a las instituciones de persecución penal que están involucradas mediante coordinaciones o mesas técnicas, y no pensar que la ley va a solucionar todos los problemas porque eso no es así.

Sabas Chahuán es abogado y fue Fiscal Nacional del Ministerio Público entre los años 2007 a 2015, cuando fue reemplazado por Jorge Abbott. Foto: Archivo.

En su evaluación de las violaciones a derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social, el INDH la ha calificado como “la más grave crisis de derechos humanos desde la dictadura”. ¿Cree usted que el Ejecutivo, en este caso, ha estado a la altura de lo que se espera de un gobierno democrático en términos de reparación o de al menos reconocer la gravedad de lo que sucedió en ese tiempo?

No, creo que le ha faltado al Ejecutivo. Por ejemplo, cuando apareció el Presidente diciendo que estábamos en guerra contra un enemigo poderoso, y al día siguiente se le enmendó la plana, digamos, por parte del general a cargo que dijo que no estaba en guerra con nadie. Ese tipo de errores trascienden lo comunicacional, marcan una distancia entre las máximas autoridades con el sentir de la gente y lo que es la realidad social. Entonces, hay que hacer cosas que vayan más allá de lo comunicacional y creo que ahí ha faltado. Por eso decía que puede ser positivo este cambio de ministro del Interior, porque ha estado en la calle y tiene una cercanía que ojalá no me equivoque y se manifieste en lo que se haga de aquí en adelante en el último año de este gobierno.

Pero este ministro tampoco ha reconocido la gravedad de la situación de violaciones a derechos humanos ocurridas en esa época…

No, por supuesto. Yo creo que debería haber un reconocimiento explícito de que no se toleran las violaciones a derechos humanos de ningún lado y, especialmente, del concepto mismo, porque las violaciones a los derechos humanos solamente las pueden cometer agentes estatales.

Por ejemplo, el Gobierno hizo mucho caudal de un informe que hizo la ONU respecto de las violaciones a los DDHH en Venezuela, y resulta que las mismas personas de la ONU que fueron a Venezuela fueron muy críticos e hicieron un informe de que hubo violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades de represión policial en Chile, en el contexto del estallido social. Se hizo mucho caudal de cómo se violan los DDHH en Venezuela y no se oye nada respecto al informe que se hizo en Chile, el que se criticó por parcial.

Ese tipo de inconsecuencias molestan. Es decir, los derechos humanos se pueden violar en Corea del Norte, en territorio ocupado de Palestina, en Venezuela y también se violaron en Chile, al parecer, y hay que tener condenas lo más prontas y severas posible.

A poco más de un año del estallido social, ¿cree que estamos de alguna manera al debe?

Creo que estamos al debe como sociedad y que las instituciones que están encargadas de reprimir las violaciones a los derechos humanos están al debe.