La tarde de este miércoles, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados sesionó con el objetivo de “considerar los graves hechos ocurridos el jueves 7 de enero de 2021, al interior de la comunidad mapuche de Temucuicui, en la comuna de Ercilla”, tal como se lee en la citación.

A la instancia estuvieron convocados, además de los diputados que la integran, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado; el General Director de Carabineros, General Ricardo Yáñez Reveco; el Director General de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa Valenzuela y a la Defensora de Niñez, Patricia Muñoz García.

Ante los cuestionamientos de los legisladores por la coincidencia de fechas del allanamiento a la comunidad con la sentencia del Caso Catrillanca, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, descartó que sea así, desechando de plano cualquier uso político que muchos han interpretado luego de la acción policial que terminó con un detective muerto y otros siete heridos.

“Quiero recordar que este es un operativo que emana de una orden judicial. Cuando preguntan por qué ese día y no otro, es porque habían órdenes que tenían fechas o rangos de fechas para poder efectuarlas, entonces, si alguien quiere vincular que fue una maniobra o que fue una estrategia para hacerla justamente el mismo día del veredicto el Caso Catrillanca, le aseguro que está absolutamente equivocado”.

Además, el jefe de Gabinete de Sebastián Piñera desestimó las acusaciones de persecución al pueblo mapuche, reafirmando que el allanamiento obedeció a que al interior de Temucuicui se encontraban plantas de marihuana, así como armamento y grandes sumas de dinero.

“Hay algunas personas de esta comunidad que efectivamente tenían invernaderos (…) por lo tanto acá no es un tema del conflicto mapuche”, sostuvo el secretario de Estado.

Por su parte, el director de la PDI, Héctor Espinosa, respondió a las numerosas críticas que se le han formulado por la operación policial. Al respecto, sostuvo que la institución que preside no busca criminalizar al pueblo mapuche, sino todo o contrario, pero que la cooperación con las comunidades no es la que debiese ser producto de la desconfianza de estas ante las instituciones del Estado.

“Estamos convencidos de que la comunidad mapuche es gente pacífica que espera soluciones a sus demandas históricas, y no deben ser criminalizados ni asociados a grupos delictivos. Es necesario tener en consideración el complejo contexto en que se da la intervención policial, con un conflicto que se ha prolongado durante muchos años, donde existe una desconfianza muy intensa hacia los distintos actores estatales por parte e las comunidades mapuche, por ende la cooperación es mucho más difícil”.

Además, la cabeza de la PDI lamentó que tanto políticos como medios de comunicación no le dieran el tratamiento adecuado a la muerte del policía en el allanamiento y más bien se dedicaran a cuestionar el trabajo e la institución.

En cuanto a las imágenes que muestran a funcionarios de la institución agrediendo y deteniendo a la hija de Camilo Catrillanca, de tan solo siete años, Espinosa sostuvo que “lo que se aprecia ahí está sacado de contexto” y que la PDI siempre se ha preocupado por respetar los derechos humanos.

Desde el Legislativo, un ofuscado diputado Diego Schalper (RN) defendió el actuar de la policía, asegurando que son quienes brindan la tranquilidad ante personas “que se ponen fuera del Estado de Derecho”, como, según él, fue el caso que involucraría a comuneros de la Comunidad de Temucuicui, no por ser mapuches -acotó- sino por estar cometiendo acciones ilícitas.

“Hay una cuestión que aquí se problematiza poco, que es la conexión que existe entre el uso legítimo de la fuerza y el respeto a los derechos humanos, porque al final la creación de un Estado dice relación con un mínimo común, y es que vivimos en sociedad y nos organizamos a través de un Estado para que tengamos la tranquilidad de poder convivir pacíficamente y, para eso, el derecho humano básico es que, en definitiva, a todas las personas que se marginan o se ponen fuera del Estado de Derecho reciban una sanción. Yo tengo la sensación de que se ha ido instalando, en mala hora, de que todo el ejercicio de la fuerza es ilegítimo, y esto no solo es absurdo, sino que también es insostenible desde el punto de vista dogmático, así como práctico”.

Ane esto, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, respondió a Schalper indicando que cuando la fuerza se ocupa en contextos ilegítimos, “lo que uno espera es que ojalá exista acuerdo transversal en que aquello no es permisible y, por tanto, aquello debe ser sancionado y evitad en un futuro”.