Organizaciones sociales demandan acceso a recursos digitales para estudiantes en pandemia
A través de una carta entregada al ministro de Educación, Raúl Figueroa, expresaron su preocupación frente a la brecha digital, que afecta principalmente a estudiantes de sectores populares.
Diario Uchile
Jueves 28 de enero 2021 13:54 hrs.
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Las organizaciones ligadas a educación, migración y derechos humanos demandan que el Estado garantice el acceso a Internet y equipamiento tecnológico a todo el estudiantado sin discriminación, para que no se repitan las vulneraciones que sufrieron niñas, niños y adolescentes de sectores populares, que no contaron con implementos para continuar sus procesos escolares virtuales durante la pandemia en 2020.
La carta entregada al ministro de educación, Raúl Figueroa, expresa la preocupación de estas organizaciones frente a los graves efectos de la profundización de las desigualdades socioeconómicas y en el acceso a las tecnologías de información o brecha digital, que vulneran los procesos educativos de estudiantes de sectores populares, principalmente de poblaciones rurales, indígenas y migrantes.
Con la pandemia del Covid-19, el escenario para el ejercicio del derecho a la educación es más adverso, por la virtualización de los procesos educativos, situación a la que no pudieron sumarse todos y todas las estudiantes. Ello ha disminuido las posibilidades de aprendizaje, así como ha incrementado el riesgo de deserción escolar, los problemas emocionales y de salud mental de estudiantes. Frente a esto, el Estado, como garante de derechos, no ha establecido las condiciones para que todos los y las estudiantes puedan acceder a los elementos indispensables para estudiar, desde la alimentación (dejando fuera por ejemplo a estudiantes migrantes sin cédula de identidad del programa de alimentación escolar de JUNAEB) hasta el acceso a Internet, equipamiento tecnológico y/o recursos pedagógicos para quien lo necesite.
Chile es el segundo país de la OCDE con mayor brecha digital después de Turquía, (OCDE, 2019) desigualdad que se evidencia en que mientras el 50% de la población más pobre tienen acceso a Internet, el 95% de las personas más ricas tienen conectividad asegurada (Centro País Digital, 2018), y sólo el 18% de personas cuenta con banda ancha fija (SUBTEL, 2020). Según cifras de los planteles de educación secundaria de Chile, en 2020, ocho de cada diez estudiantes de colegios privados tuvieron clases online a diario, mientras que solo tres de cada diez estudiantes de colegios municipales o subvencionados accedieron a estas clases todos los días, y esta situación fue aún más grave porque dos de cada diez estudiantes de estos últimos establecimientos declararon no haber tenido clases online.
Las organizaciones consideran urgente que, para el presente año escolar, el Estado y sus instituciones, velen por la salud y la educación de niños, niñas y jóvenes y garanticen al estudiantado que lo requiera, el acceso a internet y equipamiento tecnológico, sin discriminación.
Las organizaciones ligadas a educación, migración y derechos humanos demandan que el Estado garantice el acceso a Internet y equipamiento tecnológico a todo el estudiantado sin discriminación, para que no se repitan las vulneraciones que sufrieron niñas, niños y adolescentes de sectores populares, que no contaron con implementos para continuar sus procesos escolares virtuales durante la pandemia en 2020.
La carta entregada al ministro de educación, Raúl Figueroa, expresa la preocupación de estas organizaciones frente a los graves efectos de la profundización de las desigualdades socioeconómicas y en el acceso a las tecnologías de información o brecha digital, que vulneran los procesos educativos de estudiantes de sectores populares, principalmente de poblaciones rurales, indígenas y migrantes.
Con la pandemia del Covid-19, el escenario para el ejercicio del derecho a la educación es más adverso, por la virtualización de los procesos educativos, situación a la que no pudieron sumarse todos y todas las estudiantes. Ello ha disminuido las posibilidades de aprendizaje, así como ha incrementado el riesgo de deserción escolar, los problemas emocionales y de salud mental de estudiantes. Frente a esto, el Estado, como garante de derechos, no ha establecido las condiciones para que todos los y las estudiantes puedan acceder a los elementos indispensables para estudiar, desde la alimentación (dejando fuera por ejemplo a estudiantes migrantes sin cédula de identidad del programa de alimentación escolar de JUNAEB) hasta el acceso a Internet, equipamiento tecnológico y/o recursos pedagógicos para quien lo necesite.
Chile es el segundo país de la OCDE con mayor brecha digital después de Turquía, (OCDE, 2019) desigualdad que se evidencia en que mientras el 50% de la población más pobre tienen acceso a Internet, el 95% de las personas más ricas tienen conectividad asegurada (Centro País Digital, 2018), y sólo el 18% de personas cuenta con banda ancha fija (SUBTEL, 2020). Según cifras de los planteles de educación secundaria de Chile, en 2020, ocho de cada diez estudiantes de colegios privados tuvieron clases online a diario, mientras que solo tres de cada diez estudiantes de colegios municipales o subvencionados accedieron a estas clases todos los días, y esta situación fue aún más grave porque dos de cada diez estudiantes de estos últimos establecimientos declararon no haber tenido clases online.
Las organizaciones consideran urgente que, para el presente año escolar, el Estado y sus instituciones, velen por la salud y la educación de niños, niñas y jóvenes y garanticen al estudiantado que lo requiera, el acceso a internet y equipamiento tecnológico, sin discriminación.
Las organizaciones ligadas a educación, migración y derechos humanos demandan que el Estado garantice el acceso a Internet y equipamiento tecnológico a todo el estudiantado sin discriminación, para que no se repitan las vulneraciones que sufrieron niñas, niños y adolescentes de sectores populares, que no contaron con implementos para continuar sus procesos escolares virtuales durante la pandemia en 2020.
La carta entregada al ministro de educación, Raúl Figueroa, expresa la preocupación de estas organizaciones frente a los graves efectos de la profundización de las desigualdades socioeconómicas y en el acceso a las tecnologías de información o brecha digital, que vulneran los procesos educativos de estudiantes de sectores populares, principalmente de poblaciones rurales, indígenas y migrantes.
Con la pandemia del Covid-19, el escenario para el ejercicio del derecho a la educación es más adverso, por la virtualización de los procesos educativos, situación a la que no pudieron sumarse todos y todas las estudiantes. Ello ha disminuido las posibilidades de aprendizaje, así como ha incrementado el riesgo de deserción escolar, los problemas emocionales y de salud mental de estudiantes. Frente a esto, el Estado, como garante de derechos, no ha establecido las condiciones para que todos los y las estudiantes puedan acceder a los elementos indispensables para estudiar, desde la alimentación (dejando fuera por ejemplo a estudiantes migrantes sin cédula de identidad del programa de alimentación escolar de JUNAEB) hasta el acceso a Internet, equipamiento tecnológico y/o recursos pedagógicos para quien lo necesite.
Chile es el segundo país de la OCDE con mayor brecha digital después de Turquía, (OCDE, 2019) desigualdad que se evidencia en que mientras el 50% de la población más pobre tienen acceso a Internet, el 95% de las personas más ricas tienen conectividad asegurada (Centro País Digital, 2018), y sólo el 18% de personas cuenta con banda ancha fija (SUBTEL, 2020). Según cifras de los planteles de educación secundaria de Chile, en 2020, ocho de cada diez estudiantes de colegios privados tuvieron clases online a diario, mientras que solo tres de cada diez estudiantes de colegios municipales o subvencionados accedieron a estas clases todos los días, y esta situación fue aún más grave porque dos de cada diez estudiantes de estos últimos establecimientos declararon no haber tenido clases online.
Las organizaciones consideran urgente que, para el presente año escolar, el Estado y sus instituciones, velen por la salud y la educación de niños, niñas y jóvenes y garanticen al estudiantado que lo requiera, el acceso a internet y equipamiento tecnológico, sin discriminación.
