Esta semana, ocho universidades chilenas, entre ellas, la Universidad de Antofagasta, de Concepción, Tarapacá, Santiago de Chile, Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica, entre otras, presentaron un recurso de protección contra la Corporación de Fomento de la Producción, solicitando una orden de no innovar y suspender el proceso de licitación del Instituto de Tecnologías Limpias que fue otorgado a un consorcio compuesto por la Associated Universities, Inc. (AUI), una corporación norteamericana sin fines de lucro fundada en 1946, junto a la Universidad de Utah, la Escuela de Minas de Colorado y 4 universidades chilenas.
En el recurso se apunta a que el proceso no se realizó conforme a lo legal, incurriendo en faltas como modificaciones intempestivas de criterios de evaluación, modificaciones del contrato que no fueron notificadas a las partes, desconocimiento de la opinión de los expertos extranjeros, evaluación irregular de las propuestas presentadas y otros actos arbitrarios.
En paralelo, el Recurso acusa integración irregular de la comisión evaluadora, puntualizando que de los cinco miembros totales de la comisión, cuatro de ellos no tenían conocimiento previo en la temática a evaluar; precisamente fueron ellos quienes acordaron prescindir de las recomendaciones de los expertos internacionales que la propia CORFO resolvió contratar de conformidad a las bases.
Cabe destacar que el consorcio de casas de estudio nacionales, está conformado por once entidades, entre ellas las más destacadas del país, especialmente en el ámbito de la Investigación y Desarrollo: Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Concepción, Universidad de Antofagasta, Universidad Católica del Norte, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Santiago de Chile, Universidad de Talca, Universidad de Tarapacá, Universidad Técnica Federico Santa María y Universidad Adolfo Ibáñez. Además, participan de esta iniciativa centros de investigación internacional líderes en el campo de la energía y la minería, como son Fraunhofer Chile Research, CSIRO Chile Research, la Asociación de Industriales de Antofagasta AG y las principales empresas del país en esas áreas, tales como, ENEL Generación S.A., BHP Chile Minera Escondida, Antofagasta Minerals S.A., Colbún S.A. AES Gener S.A., entre otras. Este consorcio busca concretar el proyecto del Instituto de Tecnología Limpias para potenciar la investigación e innovación en el país.
Recordar que este concurso nace del acuerdo firmado entre Corfo y SQM, que comprometió un aporte de recursos de hasta 193 millones de dólares, y que, según estipula el recurso de protección presentado por las universidades; al ser parte de una salida judicial ante un caso de fraude al fisco, estos recursos deberían ser considerados como públicos.
Esta semana, ocho universidades chilenas, entre ellas, la Universidad de Antofagasta, de Concepción, Tarapacá, Santiago de Chile, Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica, entre otras, presentaron un recurso de protección contra la Corporación de Fomento de la Producción, solicitando una orden de no innovar y suspender el proceso de licitación del Instituto de Tecnologías Limpias que fue otorgado a un consorcio compuesto por la Associated Universities, Inc. (AUI), una corporación norteamericana sin fines de lucro fundada en 1946, junto a la Universidad de Utah, la Escuela de Minas de Colorado y 4 universidades chilenas.
En el recurso se apunta a que el proceso no se realizó conforme a lo legal, incurriendo en faltas como modificaciones intempestivas de criterios de evaluación, modificaciones del contrato que no fueron notificadas a las partes, desconocimiento de la opinión de los expertos extranjeros, evaluación irregular de las propuestas presentadas y otros actos arbitrarios.
En paralelo, el Recurso acusa integración irregular de la comisión evaluadora, puntualizando que de los cinco miembros totales de la comisión, cuatro de ellos no tenían conocimiento previo en la temática a evaluar; precisamente fueron ellos quienes acordaron prescindir de las recomendaciones de los expertos internacionales que la propia CORFO resolvió contratar de conformidad a las bases.
Cabe destacar que el consorcio de casas de estudio nacionales, está conformado por once entidades, entre ellas las más destacadas del país, especialmente en el ámbito de la Investigación y Desarrollo: Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Concepción, Universidad de Antofagasta, Universidad Católica del Norte, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Santiago de Chile, Universidad de Talca, Universidad de Tarapacá, Universidad Técnica Federico Santa María y Universidad Adolfo Ibáñez. Además, participan de esta iniciativa centros de investigación internacional líderes en el campo de la energía y la minería, como son Fraunhofer Chile Research, CSIRO Chile Research, la Asociación de Industriales de Antofagasta AG y las principales empresas del país en esas áreas, tales como, ENEL Generación S.A., BHP Chile Minera Escondida, Antofagasta Minerals S.A., Colbún S.A. AES Gener S.A., entre otras. Este consorcio busca concretar el proyecto del Instituto de Tecnología Limpias para potenciar la investigación e innovación en el país.
Recordar que este concurso nace del acuerdo firmado entre Corfo y SQM, que comprometió un aporte de recursos de hasta 193 millones de dólares, y que, según estipula el recurso de protección presentado por las universidades; al ser parte de una salida judicial ante un caso de fraude al fisco, estos recursos deberían ser considerados como públicos.
Esta semana, ocho universidades chilenas, entre ellas, la Universidad de Antofagasta, de Concepción, Tarapacá, Santiago de Chile, Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica, entre otras, presentaron un recurso de protección contra la Corporación de Fomento de la Producción, solicitando una orden de no innovar y suspender el proceso de licitación del Instituto de Tecnologías Limpias que fue otorgado a un consorcio compuesto por la Associated Universities, Inc. (AUI), una corporación norteamericana sin fines de lucro fundada en 1946, junto a la Universidad de Utah, la Escuela de Minas de Colorado y 4 universidades chilenas.
En el recurso se apunta a que el proceso no se realizó conforme a lo legal, incurriendo en faltas como modificaciones intempestivas de criterios de evaluación, modificaciones del contrato que no fueron notificadas a las partes, desconocimiento de la opinión de los expertos extranjeros, evaluación irregular de las propuestas presentadas y otros actos arbitrarios.
En paralelo, el Recurso acusa integración irregular de la comisión evaluadora, puntualizando que de los cinco miembros totales de la comisión, cuatro de ellos no tenían conocimiento previo en la temática a evaluar; precisamente fueron ellos quienes acordaron prescindir de las recomendaciones de los expertos internacionales que la propia CORFO resolvió contratar de conformidad a las bases.
Cabe destacar que el consorcio de casas de estudio nacionales, está conformado por once entidades, entre ellas las más destacadas del país, especialmente en el ámbito de la Investigación y Desarrollo: Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Concepción, Universidad de Antofagasta, Universidad Católica del Norte, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Santiago de Chile, Universidad de Talca, Universidad de Tarapacá, Universidad Técnica Federico Santa María y Universidad Adolfo Ibáñez. Además, participan de esta iniciativa centros de investigación internacional líderes en el campo de la energía y la minería, como son Fraunhofer Chile Research, CSIRO Chile Research, la Asociación de Industriales de Antofagasta AG y las principales empresas del país en esas áreas, tales como, ENEL Generación S.A., BHP Chile Minera Escondida, Antofagasta Minerals S.A., Colbún S.A. AES Gener S.A., entre otras. Este consorcio busca concretar el proyecto del Instituto de Tecnología Limpias para potenciar la investigación e innovación en el país.
Recordar que este concurso nace del acuerdo firmado entre Corfo y SQM, que comprometió un aporte de recursos de hasta 193 millones de dólares, y que, según estipula el recurso de protección presentado por las universidades; al ser parte de una salida judicial ante un caso de fraude al fisco, estos recursos deberían ser considerados como públicos.
