Diario y Radio Universidad Chile

Año XIII, 5 de diciembre de 2021

Escritorio MENÚ

Lucía Dammert y control de identidad preventivo: “El mundo político no se da cuenta cómo el ejercicio del poder policial no tiene rasgos igualitarios para toda la ciudadanía”

La normativa contenida en la ley 20.931 aprobada durante el segundo mandato de la expresidenta Bachelet fue objeto de múltiples críticas y rechazos de parte de los expertos en seguridad, quienes cuestionaron su verdadera eficacia. "Deberíamos tratar de retrotraer la ley de control de identidad preventivo. Creo que ha sido muy mal utilizada y ha generado todo tipo de abusos", aseveró la académica de la USACH en entrevista con nuestro medio.

Claudia Carvajal G.

  Domingo 7 de febrero 2021 15:24 hrs. 
A_UNO_1176146


Luego de que un efectivo de Carabineros matara a tiros al joven malabarista Francisco Martínez  en las calles de Panguipulli por haberse opuesto a un control de identidad preventivo, reflotó la discusión que en 2016 enfrentó a distintos sectores políticos y a los expertos respecto de la real utilidad de tal herramienta en la prevención de la comisión de los delitos.

De acuerdo con lo dispuesto por la ley 20.931, efectivos de  Carabineros o de la Policía de Investigaciones (PDI) pueden llevar a cabo este tipo de controles  en la vía pública, lugares públicos y lugares privados con acceso público y la identidad se puede verificar con la exhibición de la cédula,  la licencia de conducir, el pasaporte o incluso la tarjeta estudiantil. Mientras que el tiempo de duración de este examen no debe exceder jamás una hora y de no ser posible  la individualización de la persona, entonces el “funcionario policial deberá poner término de manera inmediata al procedimiento”.

Entre otras cosas, la normativa estipula que quien se niegue a identificarse o bien entregue una identidad falsa, podrá ser sancionado con una multa de hasta 4 UTM y “si la persona se niega a acreditar su identidad o si habiendo recibido las facilidades del caso no le fuera posible hacerlo, la policía la conducirá a la unidad policial más cercana para fines de identificación. Ahí se le darán facilidades para procurar una identificación satisfactoria por otros medios. Una vez que sea identificado, el controlado debe ser dejado en libertad, salvo que se dieren algunas circunstancias como las ya mencionadas (orden de detención pendiente, flagrancia)”.

Una de quienes manifestó su rechazo a la entrada en vigencia de esta normativa fue Lucía Dammert, socióloga y experta en seguridad ciudadana en América Latina, que en conversación con nuestro medio analizó lo sucedido el fin de semana y aseguró que es fundamental repensar la verdadera efectividad del control de identidad preventivo.

“Esta es una herramienta que dio la política a la policía para ejercer el control de ciertos grupos que son considerados “más peligrosos” y eso le da un cariz más dramático a todo esto, porque el mundo político no se da cuenta cómo el ejercicio del poder policial no tiene rasgos igualitarios para toda la ciudadanía. Efectivamente el control de identidad legitima del porte de rostro, porque ¿sobre qué base Carabineros toma la decisión que una persona es o no “peligroso”? Probablemente sobre miles de estereotipos más que a evidencia clara”.

2021-02-07 (2)

Respecto de la colisión que presenta la ley de control de identidad aprobada durante el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet con el derecho internacional de los derechos humanos, la experta de la Universidad de Santiago señaló que en aquella época muchos expertos rechazaron la aprobación de la señalada normativa.

“Como el poder político no tiene control sobre las policías, finalmente, cuando llegan al Gobierno, lo que hacen es creer fielmente en las declaraciones institucionales y lo que se ha instalado hace muchos años es que la policía no puede ejercer su labor por la falta de facultades y eso fue lo que creyó y sustentó el gobierno anterior en materia del control preventivo de identidad”.

“No hubo ni un experto que haya apoyado eso, porque no es una política que funcione, más allá de que es discriminatoria y segregacionista. Solo aumenta el trabajo policial en tareas que no necesariamente llevan a  prevenir ni controlar el delito, porque aunque se hacen muchos controles, el nivel de vinculación de éstos con hechos criminales son bajísimos. Eso demuestra un problema estructural: la falta de expertos civiles en el Ministerio del Interior y además, el que tenemos políticos que tienen miedo, toman distancia o derechamente abandonan los temas de seguridad”.

En cuanto a la necesidad de una reforma estructural a la policía en Chile, la directora de Espacio Público analizó la crisis de confianza institucional que atraviesa nuestro país y cómo eso complejiza la situación de Carabineros.

Ha bajado la confianza en Carabineros, pero siguen teniendo más que los políticos y los partidos y hay que reconocer esa circunstancia. Por eso para la política es tan difícil entrar a reformar porque saben que, a pesar de todo, la institución tiene un reconocimiento ciudadano más alto que el que tienen muchos y eso requiere un trabajo con la policía.

Uno de los problemas principales que veo es que Carabineros se siente atacado, no está acostumbrado a tener conversaciones sobre sus procedimientos, no está acostumbrado a contar lo que hizo. Desde el Pacogate en adelante, cada vez que hay conversaciones un poco más sofisticadas sobre los procedimientos y mecanismos de formación, lo que se encuentra es una barrera para el diálogo. Ese elemento es muy negativo porque todos queremos una mejor institución policial, pero para construirla necesitamos que la policía y, especialmente carabineros, reconozca los problemas que hay y avance escuchando las críticas y fortaleciendo la relación con quienes estamos en el otro lado”.

carabineros

Relativo a las fallas, problemas y abusos que se pueden dar al alero de la ley 20.931 y, especialmente respecto de la posibilidad que la Cámara de Diputados suspenda el receso legislativo en orden a analizar los hechos que terminaron en el homicidio del joven Francisco Martínez en Panguipulli el viernes recién pasado, la Doctora en Ciencia Política de la Universidad de Leiden se refirió a la necesidad de obtener es un acceso a la información de los resultados de la aplicación de esta normativa.

“Parte importante del acuerdo al que se llegó para aprobar el control de identidad preventivo y su ampliación fue que iba a haber acceso a la información. Mauricio Duce, uno de los profesores que ha estudiado esto, tuvo que ir a la Corte Suprema para acceder a unas tablas en excel que ni siquiera tienen información en detalle. Entonces, o bien no se está recolectando información concreta, lo que sería francamente un horror; o no la están entregando.

Necesitamos saber cuántas veces se ha controlada la identidad a las mismas personas, en qué territorios hay más controles, sin acceder al número de cédula de las personas, pero sí  datos para llegar a un nivel de análisis un poco más sofisticado para saber si éste está siendo un elemento de represión de sectores subalternos, o si esto es una herramienta de prevención del delito”.

“Volver a conversar sobre las políticas ayuda poco, porque efectivamente acá hay un tema de derechos humanos, pero más allá de eso, dado que esta ley ya se aprobó y que hay senadores y diputados que la votaron a favor y que ahora están buscando su reelección, lo importante es ver para qué sirvió. Si hay una reunión en el Congreso, entonces ojalá que la Policía llegue con la información que se requiere para poder conversar”, agregó.

Finalmente, Lucía Dammert reflexionó sobre lo que se podría hacer con esta controvertida legislación a la luz de los últimos acontecimientos.

“Deberíamos tratar de retrotraer la ley de control de identidad preventivo. Creo que ha sido muy mal utilizada y ha generado todo tipo de abusos, necesitamos cerrar el control de identidad en base a información no a escándalos o a criterios propios. Si miramos los datos de la cantidad de horas hombre y mujer puestas en estos controles y los resultados de eso, nos daremos cuenta que es una iniciativa que no sirve para mucho y así evitaremos la conversación posterior que podrían levantar algunos sobre el aumento de la delincuencia. Algo parecido a la discusión que se dio en relación a la detención por sospecha. Para poder avanzar seriamente, necesitamos la información que demuestre que esta es una política  de pocos resultados y se presta para el abuso para así cancelarla”, concluyó.

 

Foto @Agencia Uno