Un recurso de amparo en favor de 23 inmigrantes irregulares, de nacionalidad venezolana, presentó este miércoles el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), quienes fueron expulsados del país desde la ciudad de Iquique, como parte del llamado Plan Colchane presentado por el Gobierno.
En el libelo, el INDH señala que la Intendencia de Tarapacá dictó estas órdenes de expulsión mientras las personas se encontraban realizando una cuarentena preventiva en el Colegio Centenario de Iquique donde se encontraban realizando una cuarentena preventiva y obligatoria en el marco de la pandemia del Covid-19.
El recurso sostiene que estos migrantes vinieron a Chile en busca de “protección, atendida la crisis cívica, política y económica por la que atraviesa su país de origen, Venezuela, a lo cual se suma la crisis provocada por la pandemia”.
En específico, el escrito plantea que “en la madrugada del día 09 de febrero de 2021, aproximadamente a las 02:00 horas, funcionarios/as de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), llegaron hasta el recinto e hicieron que todas las personas que se encontraban en su interior formaran una fila, para firmar un documento. Los/as funcionarios/as les señalaron que se trataba de un catastro de todas las personas que estaban ahí, por lo que todas las personas procedieron a firmarlos, a pesar de que no se les permitió leerlos, encontrándose además en la oscuridad y sin posibilidad de visualizar lo que firmaban”.
Sólo una vez que firmaron este documento y se les hizo entrega de una copia, las personas “pudieron advertir que se trataba de resoluciones que los expulsaba del país, constatando de esta manera además que habían sido engañados/as por los/as funcionario/as policiales”, y se les señaló que tendrían 24 horas para apelar a la Corte Suprema de esta decisión, y además se les retuvieron los documentos y pasaportes.
El recurso señala que fue en la tarde del 9 de febrero que los 23 amparados se enteraron por la prensa de su posible expulsión del país el miércoles por la madrugada “hacia un destino indeterminado, presuntamente, a Venezuela”.
Finalmente, el INDH fue tajante al señalar que si las personas “son retornadas por la fuerza a Venezuela, correrían un serio riesgo a su vida, integridad o libertad según se señalará, vulnerando de manera ilegal y flagrante además, el principio de no devolución contenido en la Ley Nº 20.430 y en múltiples tratados internacionales de Derechos Humanos”.
Un recurso de amparo en favor de 23 inmigrantes irregulares, de nacionalidad venezolana, presentó este miércoles el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), quienes fueron expulsados del país desde la ciudad de Iquique, como parte del llamado Plan Colchane presentado por el Gobierno.
En el libelo, el INDH señala que la Intendencia de Tarapacá dictó estas órdenes de expulsión mientras las personas se encontraban realizando una cuarentena preventiva en el Colegio Centenario de Iquique donde se encontraban realizando una cuarentena preventiva y obligatoria en el marco de la pandemia del Covid-19.
El recurso sostiene que estos migrantes vinieron a Chile en busca de “protección, atendida la crisis cívica, política y económica por la que atraviesa su país de origen, Venezuela, a lo cual se suma la crisis provocada por la pandemia”.
En específico, el escrito plantea que “en la madrugada del día 09 de febrero de 2021, aproximadamente a las 02:00 horas, funcionarios/as de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), llegaron hasta el recinto e hicieron que todas las personas que se encontraban en su interior formaran una fila, para firmar un documento. Los/as funcionarios/as les señalaron que se trataba de un catastro de todas las personas que estaban ahí, por lo que todas las personas procedieron a firmarlos, a pesar de que no se les permitió leerlos, encontrándose además en la oscuridad y sin posibilidad de visualizar lo que firmaban”.
Sólo una vez que firmaron este documento y se les hizo entrega de una copia, las personas “pudieron advertir que se trataba de resoluciones que los expulsaba del país, constatando de esta manera además que habían sido engañados/as por los/as funcionario/as policiales”, y se les señaló que tendrían 24 horas para apelar a la Corte Suprema de esta decisión, y además se les retuvieron los documentos y pasaportes.
El recurso señala que fue en la tarde del 9 de febrero que los 23 amparados se enteraron por la prensa de su posible expulsión del país el miércoles por la madrugada “hacia un destino indeterminado, presuntamente, a Venezuela”.
Finalmente, el INDH fue tajante al señalar que si las personas “son retornadas por la fuerza a Venezuela, correrían un serio riesgo a su vida, integridad o libertad según se señalará, vulnerando de manera ilegal y flagrante además, el principio de no devolución contenido en la Ley Nº 20.430 y en múltiples tratados internacionales de Derechos Humanos”.
Un recurso de amparo en favor de 23 inmigrantes irregulares, de nacionalidad venezolana, presentó este miércoles el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), quienes fueron expulsados del país desde la ciudad de Iquique, como parte del llamado Plan Colchane presentado por el Gobierno.
En el libelo, el INDH señala que la Intendencia de Tarapacá dictó estas órdenes de expulsión mientras las personas se encontraban realizando una cuarentena preventiva en el Colegio Centenario de Iquique donde se encontraban realizando una cuarentena preventiva y obligatoria en el marco de la pandemia del Covid-19.
El recurso sostiene que estos migrantes vinieron a Chile en busca de “protección, atendida la crisis cívica, política y económica por la que atraviesa su país de origen, Venezuela, a lo cual se suma la crisis provocada por la pandemia”.
En específico, el escrito plantea que “en la madrugada del día 09 de febrero de 2021, aproximadamente a las 02:00 horas, funcionarios/as de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), llegaron hasta el recinto e hicieron que todas las personas que se encontraban en su interior formaran una fila, para firmar un documento. Los/as funcionarios/as les señalaron que se trataba de un catastro de todas las personas que estaban ahí, por lo que todas las personas procedieron a firmarlos, a pesar de que no se les permitió leerlos, encontrándose además en la oscuridad y sin posibilidad de visualizar lo que firmaban”.
Sólo una vez que firmaron este documento y se les hizo entrega de una copia, las personas “pudieron advertir que se trataba de resoluciones que los expulsaba del país, constatando de esta manera además que habían sido engañados/as por los/as funcionario/as policiales”, y se les señaló que tendrían 24 horas para apelar a la Corte Suprema de esta decisión, y además se les retuvieron los documentos y pasaportes.
El recurso señala que fue en la tarde del 9 de febrero que los 23 amparados se enteraron por la prensa de su posible expulsión del país el miércoles por la madrugada “hacia un destino indeterminado, presuntamente, a Venezuela”.
Finalmente, el INDH fue tajante al señalar que si las personas “son retornadas por la fuerza a Venezuela, correrían un serio riesgo a su vida, integridad o libertad según se señalará, vulnerando de manera ilegal y flagrante además, el principio de no devolución contenido en la Ley Nº 20.430 y en múltiples tratados internacionales de Derechos Humanos”.
