Cuando el 18 de octubre de 2019 estalló en Chile la revuelta social más importante de los últimos 30 años, el presidente Sebastián Piñera declaró la guerra contra “un enemigo poderoso”, que no era otro que una ciudadanía indignada que no toleraba más abusos.

Y aunque días después, Javier Iturriaga, general a cargo del Estado de Emergencia impuesto por el gobierno para contrarrestar las protestas, dijo no estar en guerra con nadie, los militares en patrullaje asesinaron, hirieron y torturaron a decenas de personas antes de volver a sus cuarteles.

La declaración de guerra desde el Gobierno estaba lejos de llegar a su fin. Tras la retirada de los militares, Carabineros tomó la posta de la violencia estatal, asesinando a decenas de personas e hiriendo, mutilando y torturando a cientos más. Imágenes que dieron la vuelta al mundo y que dieron lugar a informes de varias entidades internacionales y nacionales de DD.HH. que confirmaron la violencia y excesos policiales.

Pese a la indignación ciudadana y las denuncias de estos organismos, Carabineros sigue operando casi de la misma forma y en total impunidad, recibiendo sistemáticamente el apoyo del Gobierno cada vez que uno sus funcionarios cometen un nuevo delito.

Esta guerra declarada no ha sido solamente contra el pueblo movilizado (que hoy tiene a cientos de jóvenes detenidos hace más de un año), sino contra todos quienes no pertenecen a las élites: los jóvenes, los pobres, los mapuches, los inmigrantes, las disidencias sexuales.

En menos de una semana, la institución ha estado involucrada en la muerte de tres jóvenes, el malabarista callejero, Francisco Martínez (24 años, asesinado de seis disparos tras un control de identidad), Camilo Miyaki, de la comuna de Pedro Aguirre Cerda (27 años, detenido por no portar salvoconducto por Covid y luego encontrado muerto por supuesto suicidio en su celda) y el joven boliviano Jaime Veizaga (20 años), en Calama (encontrado agonizante en las afueras del Instituto Médico Legal de esta ciudad y que según testimonio de un guardia de esta entidad fue lanzado allí por Carabineros) . Aunque los casos están siendo investigados y aun no hay sentencia en torno a ellos, no se trata de hechos aislados, sino que dan cuenta de un modo de actuar sistemático de los funcionarios policiales.

La masividad y brutalidad de los hechos de violencia perpetrados por Carabineros han llevado a la ciudadanía a decir cosas como “están desatados” o “ fuera de control”, pero la verdad es que los Carabineros de hoy son los mismos de siempre: funcionarios formados y amparados por una institución que ha demostrado ser corrupta, autoritaria y sin respeto por los Derechos Humanos. La misma institución que fue parte de la junta militar y que nunca fue reformada en democracia.

¿Qué ha cambiado? El contexto en el que opera Carabineros. No solamente ha sido explícitamente enviada a la guerra contra la ciudadanía, sino que en los hechos ha operado como el brazo armado del Gobierno y de la derecha en la defensa de sus intereses.

Ello es tan evidente que la institución genera, hoy como nunca, rechazo en la gran mayoría de la ciudadanía, la que después de un largo proceso histórico está dispuesta a defender un mínimo democrático que no parecía tan obvio hasta hace poco: que todas y todos merecemos protección, respeto y buen trato. Y que ya no es tolerable el abuso ni menos el sometimiento que existía antes frente a Carabineros, ya sea por miedo o por un respeto mal entendido a la autoridad.

Ya no hay miedo. Y eso es también parte del nuevo contexto. Frente al abuso y la prepotencia policial, la ciudadanía ya no huye ni calla. Por el contrario, confronta a Carabineros, verbal o físicamente, según las circunstancias.

La respuesta ha sido, lamentablemente, el aumento de la violencia policial y estatal, en un esfuerzo inútil y peligroso, por mantener la autoridad perdida.

En una sociedad que ha transformado a la dignidad en su principal consigna y considerando que la actitud de Carabineros promete no cambiar por estar profundamente arraigada en su cultura institucional (y amparada en la declaración de guerra de Piñera), no es difícil pronosticar lo que se viene: más y más hechos de violencia y abuso estatal y policial. La única solución frente a esta dramática situación es la intervención inmediata de Carabineros y su disolución en el más breve plazo. De no ser así, lamentaremos más asesinatos, más suicidios inducidos, más torturados y más heridos en las manifestaciones.

El autor es psicólogo Universidad de Chile, integrante del Programa Psicología Social de la Memoria, Universidad de Chile y del Grupo de Trabajo CLACSO Memorias Colectivas y Prácticas de Resistencia.