Si todos los actores privados que intervienen en los mercados respetaran las normas legales y reglamentarias establecidas democráticamente por el Estado, es decir, ellos sin abusar de posición dominante, sin coludirse, sin información privilegiada, sin ejercer el lobby ventajista ante las autoridades que toman las decisiones, algunas de las innumerables lacras que posibilitan los enriquecimientos ilícitos y, por lo tanto, la acumulación de capitales por parte de los más temerarios y frescos en los diversos sectores de la economía, podríamos sostener que el mercado es un excelente sistema para asignar los recursos disponibles.

Como declaración de principios, dejamos en claro que no nos gusta la planificación centralizada en manos del Estado, recordemos los planes quinquenales desarrollados en los países de la órbita soviética, con excesivas burocracias e incapacidad de reacción ante imprevistos, pues se ha demostrado que dicho sistema es inservible para producir, distribuir y consumir los bienes y servicios que los habitantes necesitan. Aunque sí le reconocemos a ese sistema su aporte en seguridad social, en educación gratuita y de calidad, buena salud y viviendas para todos.

La corrupción, en mayor o menor medida, siempre ha existido en todos los países del mundo, ya sea con economías libres o economías centralizadas, y seguramente nunca se erradicará pues el obtener ventajas y buscar mayores ganancias que las admitidas en los estatutos legales está en el genoma humano, salvo en rarísimas excepciones de gente muy decente de principios éticos y morales. En Chile la prensa dominante, por razones obvias, tiende a invisibilizar los actos de corrupción que se conocen por divulgaciones de ciertos medios independientes y/o por las redes sociales, maravillosa herramienta digital de información al instante. En todo caso sabemos que, en los países nórdicos de Europa, posiblemente por los altos grados de educación que allí existe y respeto por los demás, ese vicio es menor.

Si nos atenemos a lo que dice el capítulo chileno de Transparencia Internacional, organización sin fines de lucro (ONG), cuyo vocero Alberto Precht, es habitual comentarista en la materia, nuestro país en conjunto con Uruguay, son los que tendrían menos “percepción” de ser corruptos en Latinoamérica, aseveración que rechazamos de plano, pues en esta larga y angosta faja de tierra, a diferencia de otros países, la mugre se esconde debajo de la alfombra para que así la comunidad internacional le dé crédito a esa mendaz aseveración. Incluso, se ha propalado el descaro de asegurar que, por lo honestos que seríamos, nos asemejamos a Suiza y hay ingenuos que lo creen.

Con la pandemia del coronavirus se están produciendo algunos cambios en las regulaciones de oferta y demanda, sobre todo en lo asociado a fijación de precios y formas para adquirir mercancías por parte de los consumidores, pero el mercado continuará rigiendo nuestras vidas, para bien o para mal. En el mundo hay mucha hipocresía, pues mientras los líderes políticos y económicos promueven el ataque a la corrupción, en paralelo permiten que los grandes empresarios sigan evadiendo el pago de impuestos en sus países al mantener sus cuantiosos recursos en los llamados paraísos fiscales. El caso de Chile es más obsceno al existir muchas franquicias y exenciones tributarias para los sectores que tienen buenas relaciones con los gobiernos y mejor ni hablar de las desigualdades existentes.

Ahora bien, el 28 de enero de 2021, con motivo de un permiso de edificación contrario a derecho, cursado a la Inmobiliaria Mirador Oriente S.A. por la Directora de Obras Municipales (DOM) de Las Condes, que preveía ocupar áreas verdes con edificios habitacionales en un amplio terreno situado en la calle Vital Apoquindo, le dirigimos un mail a los 4 candidatos a alcalde (sa) de Las Condes, a saber: 1.- Daniela Peñaloza, funcionaria municipal de derecha ungida por el presidenciable UDI, Joaquín Lavín, 2.- Marcela Cubillos, representante del grupo Acción Humanista, liderado por el diputado del distrito, Tomás Hirsch, ex Partido Humanista, 3.- Nicolás Preuss, militante del PDC y 4.- Gonzalo de la Carrera, tuittero de excelencia, nostálgico de Pinochet y por lo tanto representante del llamado Partido Republicano del ex diputado UDI José Antonio Kast.

El propósito de nuestra interpelación era que, en honor de la transparencia, se pronunciaran públicamente sobre ese millonario mega proyecto inmobiliario de 25 edificios en altura, cuyos detalles, incluyendo el permiso de edificación, con el cual su titular quería hacer el negocio, dando cuenta además del dictamen Nº E58945 del 11 de diciembre de 2020 de la Contraloría General de la República, que declaró la ilegalidad del referido acto administrativo. Les expresamos a los 4 candidatos que sus atentas respuestas se iban a divulgar por este columnista para que así los próximos votantes del 11 de abril conocieran sus irrenunciables compromisos en favor de la honestidad por parte de los privados en los mercados.

Solamente respondieron por escrito los candidatos de oposición, Nicolás Preuss y Marcela Cubillos, curioso alcance de nombre con la política UDI, expresando ambos, si fueran elegidos, sus concluyentes deseos de atacar con todas las fuerzas del ordenamiento jurídico las recurrentes malas prácticas que se conocen en este sector de la economía. Los otros 2 candidatos de derecha, Daniela Peñaloza y Gonzalo de la Carrera, optaron por el silencio cómplice, comportamiento asaz indicativo de que si fueran elegidos no ejercerán sus roles conductores para que en Las Condes empiece a regir la seriedad en la tramitación de los permisos.

En resumen, si Preuss o Cubillos, uno de los dos, resulta elegido alcalde, el inmobiliario que obtuvo el permiso ilegal se verá obligado a solicitar uno nuevo para que, conforme al mandato legal, le pueda ser otorgado por la autoridad municipal. En sentido contrario, si gana la elección Peñaloza o de la Carrera, probablemente el privado iniciará la construcción del proyecto, estableciéndose un nuevo hecho ilegal consumado, uno más de los miles que se conocen.

En conclusión, si opera la impunidad triunfará el inversionista que consideró innecesario cumplir con las normas del mercado, irrespetándose por lo tanto el Estado de Derecho y se justificará la pillería con el falaz argumento leguleyo de la “buena fe” y de los “derechos adquiridos”.