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Perú indemniza a víctimas de esterilizaciones forzadas en el gobierno de Fujimori

El 1 de marzo, la Justicia peruana decidirá si abre un proceso en contra del exmandatario, quien se encuentra ya en prisión por crímenes de lesa humanidad, por estas esterilizaciones forzadas.

RFI

  Martes 23 de febrero 2021 9:30 hrs. 
Fujimori


La reparación coincide con la primera audiencia, fijada para este 1 de marzo, contra Fujimori y tres de sus antiguos ministros sobre estos casos. Todos ellos están acusados de forzar a decenas de miles de personas a someterse procesos de esterilización en un plan orquestado desde el gobierno.

“Estas señoras han luchado mucho durante años”, dice a RFI Esther Mogollón, asesora de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas, una asociación que reagrupa a dos mil mujeres a las que les ligaron las trompas sin su consentimiento. “Durante estos años han tenido entrevistas con casi todos los ministros de Justicia, de Salud, de la Mujer para exigir justicia, verdad y reparación. Y es muy poco lo que han logrado. Es una situación bastante dura que las lleva a sentir mucha depresión”.

Se calcula que más de 350 mil mujeres y 25 mil hombres fueron esterilizados contra su voluntad. Algunos murieron como consecuencia de las intervenciones. El 10 de febrero de 2021 el estado reconoció el derecho de estas víctimas a una reparación.

“Después de esa ley del Congreso donde se contemplan las esterilizaciones forzadas como violación sexual, exigimos que ese registro pase automáticamente al Consejo de Reparaciones”, dice Mogollón.

El próximo lunes 1 de marzo un juez decidirá si le abre un proceso penal al expresidente Fujimori, actualmente en prisión por crímenes de lesa humanidad, por estas esterilizaciones forzadas.

“El expediente que se va a ver el primero de marzo, que tiene que sentar jurisprudencia, tiene mil 307 casos de mujeres”, dice Mogollón. “Pero detrás de este expediente hay dos más ya avanzando en Fiscalía, como es un crimen de lesa humanidad, el caso reúne todas las condiciones para seguir avanzando en la búsqueda de justicia”.

La acusación de la Fiscalía establece que esa fue una política del gobierno y que se hicieron sin la autorización de las víctimas o con una autorización conseguida con engaños, sin informarles adecuadamente.

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