Casos recientes de violencia basada en odio por identidad sexual

Desde 2013, el primero de marzo se conmemora como el día internacional Cero Discriminación proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas e impulsado principalmente por ONUSIDA. Este marzo 2021, a días del primer año de conmemoración de la llegada de la pandemia por Covid-19 y a días del día internacional de las mujeres, a días de la novena conmemoración del asesinato homofóbico a Daniel Zamudio, sólo en lo que va del año se han registrado al menos 9 eventos violentos^[1] como golpizas, asesinatos y agresiones por orientación sexual y/o identidad de género de las víctimas. De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional, entre 2012-2019, hubo 400 denuncias realizadas ante la justicia en base a la ley antidiscriminación, de las cuales sólo el 20% responde a la identidad sexual de la persona afectada (Amnistía Internacional, 2019). Los casos, no son impulsados por la víctima, son profundamente violentos y su atacante puede ser tanto un desconocido o alguien cercano (Gómez, 2004).

Los casos responden a una discriminación por la identidad sexual de las personas: tanto por su identidad de género, orientación sexual o expresión de género, pero, esconden también otras variables como la clase social y el espacio que ocupa en la sociedad. Si bien la tendencia en los años ha variado, para el colectivo de la diversidad sexual es un peligro latente la existencia de grupos e individuos que abiertamente dicen ser homofóbicos, amenazan y hostigan a lesbianas, bi, trans y gays en las redes sociales o en el espacio público, lo que por un lado refleja una raíz histórica de homofobia en Chile, pero por otro  también asume la impunidad del acto discriminatorio.

Las cada vez más vistosas banderas del orgullo gay y trans en las manifestaciones contrastan con las publicaciones de las organizaciones, que cada cierto tiempo deben sumar una foto en blanco y negro con el nombre de otra víctima de la discriminación y exclusión en Chile, las que se viralizan entre la comunidad por redes sociales y reviven el debate sobre las nulas garantías de seguridad e inclusión en el espacio público y privado (Morales, 2020).

Las golpizas, ataques, insultos y agresiones no sólo son injustificadas y criminales, sino que también actúan como una alarma de peligro para el resto de los semejantes homo, bi y transexuales que les recuerda su subalternidad. Hilando más fino, pareciera que existen casos donde la gravedad depende del sexo, ocupación o edad de la victima; existen vidas que valen más que otras (Gómez, 2004) en casos donde las víctimas son trabajadoras sexuales, son hombres afeminados o mujeres masculinas, son pobres, hinchas de fútbol o de mayor edad, entre otros.

¿Discriminación y la exclusión?

Según la ley 20,609 la discriminación arbitraria se define como “toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes(…)”, la legislación chilena considera entre las categorías que podrían ser objeto de discriminación y por ende sancionar, en caso que funden una conducta discriminatoria:  “(…) la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento, la orientación sexual, la identidad y expresión de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.”

No es posible obviar la correlación estructural entre la discriminación y exclusión con las desigualdades sociales, políticas y económicas. Quienes sufren algún tipo de discriminación tienen menos posibilidades de acceder a servicios (Onusida, 2021), mermando sus oportunidades laborales y de bienestar social, lo que repercute luego en sus posibilidades económicas y en su derecho a la participación política; la discriminación segrega y no es trata sólo de un insulto, se trata de mantener brechas entre la población, propiciando su exclusión del espacio público y de los espacios de toma de decisiones.

En contextos de desastres, como la crisis socio-sanitaria por la pandemia por Covid-19, la brecha social se agudiza, ya que los Estados cuentan con respuestas estandarizadas para una población profundamente diversa y, porque quienes tienen trabajos precarizados, cuentan con menos información y acceso a servicios. La población históricamente marginada que ante el avance de la pandemia se ha visto más expuesta a la pérdida de ingresos estables, seguros de salud y redes de apoyo, se organizan para dar respuesta a sus demandas ante el abandono estatal (Muñoz, Vergara, Sagredo, Cienfuegos & Varela, 2020). La discriminación hacia estos grupos suele implicar también que pese a que se organicen y sepan cómo abordar el problema, desde el Estado y los cuerpos tecnocráticos no se les incluye en el diseño de las respuestas públicas dirigidas a estos mismos grupos, propiciando abordajes poco exitosos.

La discriminación dentro de una sociedad opera como una jerarquía de ciertos de grupos: existe un nosotros y una otredad justificada a veces por diferencias físicas, de nacionalidad, sexual, racial, etaria, por condiciones de salud, por tener una condición de discapacidad o de otra índole que ordena a los grupos sociales de manera que el “nosotros” goza de todos sus derechos y libertades en contraste con esa “otredad” que sufre diferentes restricciones, justificadas y normalizadas como algo “natural”. Ejemplos sobre discriminación en Chile y en el mundo lamentablemente son múltiples: genocidio Armenio bajo el Imperio Otomano; el holocausto judío en manos de la SS por la Alemania de entreguerras, donde el Estado determinó una agencia estatal que tenía como fin vigilar y eliminar al grupo definido; hacia la población afrodescendiente e indígena en las Américas y Caribe. Por cierto, las distintas olas feministas han visibilizado las discriminaciones hacia las mujeres y hacia las personas LGTBIQA+. Estas discriminaciones responden a una historia y cultura, por lo que el trato discriminatorio no es percibido como tal e incluso es negado por el grupo social dominante.

¿Por qué es importante luchar contra la discriminación en todas sus formas? Porque estas discriminaciones están en la base de la exclusión social y justifican las desigualdades dentro de la sociedad. La exclusión implica que hay grupos que tienen limitado el disfrute de las oportunidades económicas, sociales, culturales y políticas existentes en la sociedad (ONU, 1998), y esa exclusión como ya mencionamos puede llegar a adoptar formas violentas contra los grupos más excluidos. Finalmente, la lucha contra la discriminación es la búsqueda de la dignidad de todas las personas y comunidades.

Si bien en Chile contamos con una ley antidiscriminación, y en los últimos 40 años han existido avances para la comunidad sexodiversa como la ley de identidad de género, ley de inclusión escolar y el AUC, estos avances han sido restringidos. No todas las personas pueden acceder a derechos y libertades como queda de manifiesto con las familias homoparentales, las poquísimas acciones dirigidas a jóvenes LGTBIQ+, y la histórica invisibilización de lesbianas, bi, trans y personas del espectro no binario. Aunque en la legislación chilena la sodomía dejó de ser criminalizada y no existe una persecusión estatal declarada, el acoso policial por un lado y la impunidad por otro, nos recuerdan que la discriminación y la exclusión son una pesadilla que no podemos dar por superada, y que es necesario hacer reformas para mejorar las políticas y protección de derechos (Pérez & Troncoso, 2020).

La prevención del odio y el fin a la impunidad

En línea con lo anterior, actualmente se busca reformar la ley Zamudio, puesto que existen dos consensos. El primero indica que su aplicación es engorrosa, con pocos resultados reales y donde, si las pruebas presentadas no son útiles para la causa, quien la presentó tendrá una multa (Diario Constitucional, 2020). El segundo, indica que la raíz de la legislación -asesinato homofóbico- no se condice con su uso y aplicación, donde los casos derivados por orientación sexual o identidad de género son ampliamente superados por otros casos, generando una subcifra de acontecimientos violentos (Aminstía Internacional, 2019).

La urgencia de una reforma integral no sólo se limita al cambio de la ley, sino a la creación de una organismo antidiscriminación que no espere un hecho para sancionar, sino que promueva el respeto, prevenga el odio y sancione para que ninguna persona o grupo crea poder acosar a alguna persona por su orientación sexual o identidad de género de forma impune. Es inaceptable que personas que detentan liderazgos políticos mantengan discursos de odio, y es urgente contar con un organismo público que se encargue como en otros países, de las discriminaciones como un problema multidimensional y que el camino institucional no sea sólo judicializar una vez que ya ocurrió un hecho discriminatorio.

Otro aspecto es el freno que la Constitución actual le puso a la ley antidiscriminación, dejando fuera de su ámbito de acción algunos “derechos fundamentales” basados en libertades individuales y económicas, por lo que el debate para una nueva constitución debe contar con el derecho a la diferencia y a la no discriminación. Derecho a la diferencia puesto que la igualdad legal es un mínimo del Estado de derecho, pero es impermeable a las diferencias propias de la diversa sociedad chilena; si queremos tener derechos básicos y una red de protección social, la no discirminación debe ser la base de su acceso y mantención como fundamento de la cohesión social. Y esto ciertamente debería ser una discusión importante dentro del proceso constituyente en el que estamos.

En este sentido, para poder incidir en las necesarias reformas que deberán adoptarse para llegar a cero discriminación, uno de los desafíos actuales del movimiento lgbtiqa+ no sólo pasa por una redefinición de prioridades respecto al constante intento de poner sobre la discusión pública el matrimonio igualitario en desmedro de otras problemáticas como la violencia sufrida, la discriminación laboral, el acceso a servicios de salud o la expulsión de sus casas de jóvenes a temprana edad por parte sus familias. El desafío pasa también por entenderse como personas sujetas de derechos plenos en un colectivo, rompiendo con la idea individualista tan arraigada en contextos neoliberales. Conquistar el espacio público y no quedar conformes, hasta que el Estado sea realmente el garante de acceso a los derechos humanos fundamentales, derechos sociales, culturales y económicos de todas las personas por igual.

^[1] Valentina Vera, Sebastián Abarca, Emilia Yem, Stefania Breve, G.F.S.C., N.A.G.C. y G.E.C.O., Castillo Arriagada,  V.S.L.G., A.A.D.G.

Guillermo Sagredo Leyton: Magíster © en Gobierno y Gerencia Pública, Universidad de Chile. Asociado de Círculo de estudiantes viviendo con VIH @CEVVIH.

Paulina Vergara Saavedra: Académica Instituto de Asuntos Públicos, Cluster Reforma del Estado, Universidad de Chile. Miembro Programa Género y Diversidad Sexual GEDIS-UAH.