Agrupaciones se rebelan contra el déficit habitacional y el aumento de campamentos en Chile
Ante protestas por demoras en la edificación de viviendas sociales y desalojos de campamentos, distintos voceros y representantes de movimientos de lucha hablaron sobre déficit habitacional que se arrastra hace años en Chile.
Lunes 8 de marzo 2021 13:05 hrs.
Durante la mañana del viernes 5 de marzo, 350 personas llegaron hasta el sector de El Montijo en Renca, para iniciar una nueva toma de terrenos en la comuna. Lugar del que fueron desalojados a las pocas horas por Carabineros, quienes recibieron la denuncia de vecinos que habitan en los alrededores.
Éste fue uno de los hechos ocurridos durante estos últimos días, pues durante el llamado “Súper lunes” (1 marzo), agrupaciones habitacionales realizaron manifestaciones simultáneas en 13 puntos de Santiago, exigiendo una solución concreta a los problemas que hoy viven.
En el comunicado entregado por las organizaciones, se destaca su malestar por la alarmante situación de vivienda por la que pasa nuestro país, y denuncian la inoperancia de la institucionalidad respecto de la tramitación de diversos proyectos habitacionales ubicados a largo de Chile.
Marcela Luarca, vocera del Movimiento y Comité Esperanza Popular, fue una de las asistentes a esa movilización, expresando estar cansados de la falta de respuestas, donde ninguna autoridad se hace responsable de la situación de la vivienda en Chile. “Por eso nos manifestamos, porque ya nos cansamos de la burocracia de las instituciones”.
“Nosotros somos un movimiento que inició hace cinco años, se llama Movimiento de Pobladores Vivienda Digna. Reúne a muchos comités, donde también hay campamentos, todo esto con el fin de abordar la problemática de la vivienda que está instalada muy fuerte hoy en Chile. El déficit habitacional en Chile era mucho más grande que lo que ellos (Gobierno) tenían estimado en sus cálculos“, agregó la vocera.
La falencia en el ámbito de la vivienda se ha agudizado para gran parte de la población, debido a la crisis económica desatada por la pandemia, la cual ha provocado una disminución significativa de los ingresos. Y una precarización aún mayor de los servicios básicos y la vivienda digna.
Millaray Salinas, vocera del comité Latinoamérica Unida del Movimiento de Pobladores Vivienda Digna y del equipo de voceras, manifestó la gran preocupación con la que observa este panorama, ya que debido a la pandemia existen muchos vecinos y vecinas a los que no les alcanzan los recursos para vivir, por lo que han debido tomarse terrenos o volver a vivir con familiares en condición de allegados.
“Bueno, afectó harto. Desde la revuelta popular de octubre 2019 ya se empezó a ver el tema de la crisis económica. Muchos vecinos y vecinas fueron despedidos, o les bajaron la cantidad de horas de trabajo, ahí vinieron los primeros coletazos. Y ahora con el Covid hemos vivido distintas repercusiones a nivel sanitario, hemos perdido a mucha gente. Además de eso el hacinamiento ha sido un problema complicado, porque en función de eso se nos ha contagiado muchas vecinas y vecinos, y eso genera un desgaste emocional”, concluyó Millaray.
Un estado negligente
Frente a esta alarmante situación, los voceros coincidían en que en Chile no existe una Política de Vivienda Estatal, “ya que la actual solo se limita a entregar facilidades a las grandes inmobiliarias para que sigan lucrando, sin enfrentar seriamente el gigantesco déficit de viviendas en Chile, y sin considerar las propuestas de las organizaciones de pobladores y de la sociedad civil en general“
La vocera del comité Latinoamérica Unida, comentó que aún peor se vuelve la situación para los migrantes, quienes se exponen al doble de dificultades y discriminaciones que un ciudadano chileno.
“Antes deben sacar la residencia definitiva, pero si no la tienes es imposible empezar el proceso de postulación (para una vivienda), ya teniéndola tienes que tener una cierta antigüedad. Además está el tema del racismo desde la institución, es brutal o sea de repente Banco Estado o el Serviu (Ministerio de Vivienda y Urbanismo) llegaban los vecinos preguntando antes de llegar al Comité, cómo se pueden sacar la libreta o se pueden hacer ese tipo de trámites. Y muchas veces les han dicho que no pueden sólo por el hecho de ser migrante y eso no es verdad” explicó Millaray Salinas.
Según el Ministerio de Vivienda, las familias que viven en asentamientos ilegales han ido en aumento desde el año 2011, al igual que la población de campamentos: ha aumentado aproximadamente en entre 2 mil y 3 mil familias cada año: en 2011 eran 27 mil familias, y en 2019 eran ya 47 mil familias.
Entre los factores que generaron este incremento están el precio de la vivienda, que se ha duplicado, que no existan suelos destinados a soluciones más bien sociales. Esto, junto a un aumento en la complejidad de la demanda, que ha sido mucho más diversa, con distintos tipos de familias que buscan distintos tipos de soluciones.
Se estima que el 85 por ciento de familias que van a vivir a campamentos vienen de vivir en situación de arriendo o de allegamiento. O sea, no estaban en una situación irregular, pero esa vivienda también era un tipo de exclusión habitacional.
Continuará la lucha
Marcela Luarcan, dijo que el cansancio por esta situación ya supera todo límite, que llegaba a ser “indigna la ayuda del Estado”. A raíz de esto no pararán con las manifestaciones.
Hoy las viviendas se redujeron al mínimo posible en términos de espacio físico para el desarrollo de una familia, deficientes en su materialidad y condiciones de habitabilidad, que no contemplan en su diseño espacios abiertos de extensión básicos. A lo que se suma una mala localización o provisión de servicios y equipamientos públicos. Son partes de las falencias principales que comenta la vocera.
“Entonces es solo voluntad de hacer el trabajo, porque al parecer los empleados públicos no hacen su trabajo, y nosotros podemos dar fe de eso, porque llevamos años esperando y ya han pasado dos años. Por eso nos movilizaremos las veces que sea necesario para que avancen los proyectos de todos nuestros comités del movimiento porque todos están estancados“, comentó Marcela.
Es así, como la principal demanda de estas organizaciones, en este proceso constituyente, es asegurar el derecho a que toda persona tenga un lugar digno donde vivir. Esto requiere políticas públicas nuevas, un Estado capaz de implementarlas, de regular de manera eficaz el mercado inmobiliario, de planificar el uso del suelo, así como nuevos actores en la producción de la vivienda desde los territorios locales y recursos frescos de una nueva fiscalidad regional.
Durante la mañana del viernes 5 de marzo, 350 personas llegaron hasta el sector de El Montijo en Renca, para iniciar una nueva toma de terrenos en la comuna. Lugar del que fueron desalojados a las pocas horas por Carabineros, quienes recibieron la denuncia de vecinos que habitan en los alrededores.
Éste fue uno de los hechos ocurridos durante estos últimos días, pues durante el llamado “Súper lunes” (1 marzo), agrupaciones habitacionales realizaron manifestaciones simultáneas en 13 puntos de Santiago, exigiendo una solución concreta a los problemas que hoy viven.
En el comunicado entregado por las organizaciones, se destaca su malestar por la alarmante situación de vivienda por la que pasa nuestro país, y denuncian la inoperancia de la institucionalidad respecto de la tramitación de diversos proyectos habitacionales ubicados a largo de Chile.
Marcela Luarca, vocera del Movimiento y Comité Esperanza Popular, fue una de las asistentes a esa movilización, expresando estar cansados de la falta de respuestas, donde ninguna autoridad se hace responsable de la situación de la vivienda en Chile. “Por eso nos manifestamos, porque ya nos cansamos de la burocracia de las instituciones”.
“Nosotros somos un movimiento que inició hace cinco años, se llama Movimiento de Pobladores Vivienda Digna. Reúne a muchos comités, donde también hay campamentos, todo esto con el fin de abordar la problemática de la vivienda que está instalada muy fuerte hoy en Chile. El déficit habitacional en Chile era mucho más grande que lo que ellos (Gobierno) tenían estimado en sus cálculos“, agregó la vocera.
La falencia en el ámbito de la vivienda se ha agudizado para gran parte de la población, debido a la crisis económica desatada por la pandemia, la cual ha provocado una disminución significativa de los ingresos. Y una precarización aún mayor de los servicios básicos y la vivienda digna.
Millaray Salinas, vocera del comité Latinoamérica Unida del Movimiento de Pobladores Vivienda Digna y del equipo de voceras, manifestó la gran preocupación con la que observa este panorama, ya que debido a la pandemia existen muchos vecinos y vecinas a los que no les alcanzan los recursos para vivir, por lo que han debido tomarse terrenos o volver a vivir con familiares en condición de allegados.
“Bueno, afectó harto. Desde la revuelta popular de octubre 2019 ya se empezó a ver el tema de la crisis económica. Muchos vecinos y vecinas fueron despedidos, o les bajaron la cantidad de horas de trabajo, ahí vinieron los primeros coletazos. Y ahora con el Covid hemos vivido distintas repercusiones a nivel sanitario, hemos perdido a mucha gente. Además de eso el hacinamiento ha sido un problema complicado, porque en función de eso se nos ha contagiado muchas vecinas y vecinos, y eso genera un desgaste emocional”, concluyó Millaray.
Un estado negligente
Frente a esta alarmante situación, los voceros coincidían en que en Chile no existe una Política de Vivienda Estatal, “ya que la actual solo se limita a entregar facilidades a las grandes inmobiliarias para que sigan lucrando, sin enfrentar seriamente el gigantesco déficit de viviendas en Chile, y sin considerar las propuestas de las organizaciones de pobladores y de la sociedad civil en general“
La vocera del comité Latinoamérica Unida, comentó que aún peor se vuelve la situación para los migrantes, quienes se exponen al doble de dificultades y discriminaciones que un ciudadano chileno.
“Antes deben sacar la residencia definitiva, pero si no la tienes es imposible empezar el proceso de postulación (para una vivienda), ya teniéndola tienes que tener una cierta antigüedad. Además está el tema del racismo desde la institución, es brutal o sea de repente Banco Estado o el Serviu (Ministerio de Vivienda y Urbanismo) llegaban los vecinos preguntando antes de llegar al Comité, cómo se pueden sacar la libreta o se pueden hacer ese tipo de trámites. Y muchas veces les han dicho que no pueden sólo por el hecho de ser migrante y eso no es verdad” explicó Millaray Salinas.
Según el Ministerio de Vivienda, las familias que viven en asentamientos ilegales han ido en aumento desde el año 2011, al igual que la población de campamentos: ha aumentado aproximadamente en entre 2 mil y 3 mil familias cada año: en 2011 eran 27 mil familias, y en 2019 eran ya 47 mil familias.
Entre los factores que generaron este incremento están el precio de la vivienda, que se ha duplicado, que no existan suelos destinados a soluciones más bien sociales. Esto, junto a un aumento en la complejidad de la demanda, que ha sido mucho más diversa, con distintos tipos de familias que buscan distintos tipos de soluciones.
Se estima que el 85 por ciento de familias que van a vivir a campamentos vienen de vivir en situación de arriendo o de allegamiento. O sea, no estaban en una situación irregular, pero esa vivienda también era un tipo de exclusión habitacional.
Continuará la lucha
Marcela Luarcan, dijo que el cansancio por esta situación ya supera todo límite, que llegaba a ser “indigna la ayuda del Estado”. A raíz de esto no pararán con las manifestaciones.
Hoy las viviendas se redujeron al mínimo posible en términos de espacio físico para el desarrollo de una familia, deficientes en su materialidad y condiciones de habitabilidad, que no contemplan en su diseño espacios abiertos de extensión básicos. A lo que se suma una mala localización o provisión de servicios y equipamientos públicos. Son partes de las falencias principales que comenta la vocera.
“Entonces es solo voluntad de hacer el trabajo, porque al parecer los empleados públicos no hacen su trabajo, y nosotros podemos dar fe de eso, porque llevamos años esperando y ya han pasado dos años. Por eso nos movilizaremos las veces que sea necesario para que avancen los proyectos de todos nuestros comités del movimiento porque todos están estancados“, comentó Marcela.
Es así, como la principal demanda de estas organizaciones, en este proceso constituyente, es asegurar el derecho a que toda persona tenga un lugar digno donde vivir. Esto requiere políticas públicas nuevas, un Estado capaz de implementarlas, de regular de manera eficaz el mercado inmobiliario, de planificar el uso del suelo, así como nuevos actores en la producción de la vivienda desde los territorios locales y recursos frescos de una nueva fiscalidad regional.
Durante la mañana del viernes 5 de marzo, 350 personas llegaron hasta el sector de El Montijo en Renca, para iniciar una nueva toma de terrenos en la comuna. Lugar del que fueron desalojados a las pocas horas por Carabineros, quienes recibieron la denuncia de vecinos que habitan en los alrededores.
Éste fue uno de los hechos ocurridos durante estos últimos días, pues durante el llamado “Súper lunes” (1 marzo), agrupaciones habitacionales realizaron manifestaciones simultáneas en 13 puntos de Santiago, exigiendo una solución concreta a los problemas que hoy viven.
En el comunicado entregado por las organizaciones, se destaca su malestar por la alarmante situación de vivienda por la que pasa nuestro país, y denuncian la inoperancia de la institucionalidad respecto de la tramitación de diversos proyectos habitacionales ubicados a largo de Chile.
Marcela Luarca, vocera del Movimiento y Comité Esperanza Popular, fue una de las asistentes a esa movilización, expresando estar cansados de la falta de respuestas, donde ninguna autoridad se hace responsable de la situación de la vivienda en Chile. “Por eso nos manifestamos, porque ya nos cansamos de la burocracia de las instituciones”.
“Nosotros somos un movimiento que inició hace cinco años, se llama Movimiento de Pobladores Vivienda Digna. Reúne a muchos comités, donde también hay campamentos, todo esto con el fin de abordar la problemática de la vivienda que está instalada muy fuerte hoy en Chile. El déficit habitacional en Chile era mucho más grande que lo que ellos (Gobierno) tenían estimado en sus cálculos“, agregó la vocera.
La falencia en el ámbito de la vivienda se ha agudizado para gran parte de la población, debido a la crisis económica desatada por la pandemia, la cual ha provocado una disminución significativa de los ingresos. Y una precarización aún mayor de los servicios básicos y la vivienda digna.
Millaray Salinas, vocera del comité Latinoamérica Unida del Movimiento de Pobladores Vivienda Digna y del equipo de voceras, manifestó la gran preocupación con la que observa este panorama, ya que debido a la pandemia existen muchos vecinos y vecinas a los que no les alcanzan los recursos para vivir, por lo que han debido tomarse terrenos o volver a vivir con familiares en condición de allegados.
“Bueno, afectó harto. Desde la revuelta popular de octubre 2019 ya se empezó a ver el tema de la crisis económica. Muchos vecinos y vecinas fueron despedidos, o les bajaron la cantidad de horas de trabajo, ahí vinieron los primeros coletazos. Y ahora con el Covid hemos vivido distintas repercusiones a nivel sanitario, hemos perdido a mucha gente. Además de eso el hacinamiento ha sido un problema complicado, porque en función de eso se nos ha contagiado muchas vecinas y vecinos, y eso genera un desgaste emocional”, concluyó Millaray.
Un estado negligente
Frente a esta alarmante situación, los voceros coincidían en que en Chile no existe una Política de Vivienda Estatal, “ya que la actual solo se limita a entregar facilidades a las grandes inmobiliarias para que sigan lucrando, sin enfrentar seriamente el gigantesco déficit de viviendas en Chile, y sin considerar las propuestas de las organizaciones de pobladores y de la sociedad civil en general“
La vocera del comité Latinoamérica Unida, comentó que aún peor se vuelve la situación para los migrantes, quienes se exponen al doble de dificultades y discriminaciones que un ciudadano chileno.
“Antes deben sacar la residencia definitiva, pero si no la tienes es imposible empezar el proceso de postulación (para una vivienda), ya teniéndola tienes que tener una cierta antigüedad. Además está el tema del racismo desde la institución, es brutal o sea de repente Banco Estado o el Serviu (Ministerio de Vivienda y Urbanismo) llegaban los vecinos preguntando antes de llegar al Comité, cómo se pueden sacar la libreta o se pueden hacer ese tipo de trámites. Y muchas veces les han dicho que no pueden sólo por el hecho de ser migrante y eso no es verdad” explicó Millaray Salinas.
Según el Ministerio de Vivienda, las familias que viven en asentamientos ilegales han ido en aumento desde el año 2011, al igual que la población de campamentos: ha aumentado aproximadamente en entre 2 mil y 3 mil familias cada año: en 2011 eran 27 mil familias, y en 2019 eran ya 47 mil familias.
Entre los factores que generaron este incremento están el precio de la vivienda, que se ha duplicado, que no existan suelos destinados a soluciones más bien sociales. Esto, junto a un aumento en la complejidad de la demanda, que ha sido mucho más diversa, con distintos tipos de familias que buscan distintos tipos de soluciones.
Se estima que el 85 por ciento de familias que van a vivir a campamentos vienen de vivir en situación de arriendo o de allegamiento. O sea, no estaban en una situación irregular, pero esa vivienda también era un tipo de exclusión habitacional.
Continuará la lucha
Marcela Luarcan, dijo que el cansancio por esta situación ya supera todo límite, que llegaba a ser “indigna la ayuda del Estado”. A raíz de esto no pararán con las manifestaciones.
Hoy las viviendas se redujeron al mínimo posible en términos de espacio físico para el desarrollo de una familia, deficientes en su materialidad y condiciones de habitabilidad, que no contemplan en su diseño espacios abiertos de extensión básicos. A lo que se suma una mala localización o provisión de servicios y equipamientos públicos. Son partes de las falencias principales que comenta la vocera.
“Entonces es solo voluntad de hacer el trabajo, porque al parecer los empleados públicos no hacen su trabajo, y nosotros podemos dar fe de eso, porque llevamos años esperando y ya han pasado dos años. Por eso nos movilizaremos las veces que sea necesario para que avancen los proyectos de todos nuestros comités del movimiento porque todos están estancados“, comentó Marcela.
Es así, como la principal demanda de estas organizaciones, en este proceso constituyente, es asegurar el derecho a que toda persona tenga un lugar digno donde vivir. Esto requiere políticas públicas nuevas, un Estado capaz de implementarlas, de regular de manera eficaz el mercado inmobiliario, de planificar el uso del suelo, así como nuevos actores en la producción de la vivienda desde los territorios locales y recursos frescos de una nueva fiscalidad regional.
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