Luego de una denuncia por sedición, terrorismo y conspiración en contra de la expresidenta interina Jeanine Añez y de cinco de sus ministros, la Fiscalía boliviana emitió el viernes una orden de aprehensión en contra de la exmandataria, la que se concretó la madrugada de este sábado.
La televisión boliviana mostró a la ex Jefa de Gobierno en el aeropuerto de El Alto al momento de su detención, la que calificó de “ilegal”. A la diligencia concurrieron varios policías y el ministro del Gobierno boliviano Carlos Eduardo del Castillo.
Dos exministros, Álvaro Coímbra (Justicia) y Rodrigo Guzmán (Energía), fueron arrestados en sus regiones. Ambos afirmaron que fueron prácticamente secuestrados, y que nunca se les habría notificado para presentarse a declarar.
La acusación fue hecha en diciembre pasado por una exdiputada del partido gobernante Movimiento al Socialismo, Lidia Patty,y se generó en el marco del caso llamado “Golpe de Estado” que se habría dado, según la denuncia, en noviembre de 2019, para sacar del poder al izquierdista Evo Morales, tras 14 años en el poder.
Áñez reemplazó constitucionalmente a Evo Morales tras su renuncia en noviembre de 2019 en medio de protestas tras elecciones calificadas de fraudulentas y ejerció el gobierno hasta noviembre de 2020.
A minutos de conocerse las primeras detenciones, la exmandataria escribió en su twitter que la persecución política había comenzado y que el partido oficialista MAS volvía a los estilos de la dictadura.
Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, y el presidente del Senado y poderoso dirigente oficialista, Andrónico Rodríguez, señalaron que la justicia está actuando con independencia del poder político y negaron una persecución.
Así mismo, los expresidentes de Bolivia, el centrista Carlos Mesa (2003-2005) y el derechista Jorge Quiroga (2001-2002), rechazaron por separado las detenciones y órdenes de aprehensión. Ambos fueron actores claves para la transición del gobierno de Morales a Áñez en 2019.
“Estamos en un proceso de persecución política peor que en las dictaduras. Se ejecuta contra quienes defendieron la democracia y la libertad en 2019″, dijo Mesa en Twitter.
Quiroga, por la misma vía, señaló que se “desata cacería revanchista” y al mandatario Arce le dijo que “eres un aprendiz de tirano”.
Un conglomerado de opositores había impulsado protestas en todo el país en 2019, tras las elecciones de octubre de ese año, denunciadas como fraudulentas en favor del oficialista Morales, quien buscaba un cuarto mandato.
Morales salió asilado a México y un mes después se fue a Argentina, donde estuvo refugiado hasta la llegada a la presidencia de Arce.
Un grupo de investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está en Bolivia indagando lo sucedido a fines de 2019.
Luego de una denuncia por sedición, terrorismo y conspiración en contra de la expresidenta interina Jeanine Añez y de cinco de sus ministros, la Fiscalía boliviana emitió el viernes una orden de aprehensión en contra de la exmandataria, la que se concretó la madrugada de este sábado.
La televisión boliviana mostró a la ex Jefa de Gobierno en el aeropuerto de El Alto al momento de su detención, la que calificó de “ilegal”. A la diligencia concurrieron varios policías y el ministro del Gobierno boliviano Carlos Eduardo del Castillo.
Dos exministros, Álvaro Coímbra (Justicia) y Rodrigo Guzmán (Energía), fueron arrestados en sus regiones. Ambos afirmaron que fueron prácticamente secuestrados, y que nunca se les habría notificado para presentarse a declarar.
La acusación fue hecha en diciembre pasado por una exdiputada del partido gobernante Movimiento al Socialismo, Lidia Patty,y se generó en el marco del caso llamado “Golpe de Estado” que se habría dado, según la denuncia, en noviembre de 2019, para sacar del poder al izquierdista Evo Morales, tras 14 años en el poder.
Áñez reemplazó constitucionalmente a Evo Morales tras su renuncia en noviembre de 2019 en medio de protestas tras elecciones calificadas de fraudulentas y ejerció el gobierno hasta noviembre de 2020.
A minutos de conocerse las primeras detenciones, la exmandataria escribió en su twitter que la persecución política había comenzado y que el partido oficialista MAS volvía a los estilos de la dictadura.
Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, y el presidente del Senado y poderoso dirigente oficialista, Andrónico Rodríguez, señalaron que la justicia está actuando con independencia del poder político y negaron una persecución.
Así mismo, los expresidentes de Bolivia, el centrista Carlos Mesa (2003-2005) y el derechista Jorge Quiroga (2001-2002), rechazaron por separado las detenciones y órdenes de aprehensión. Ambos fueron actores claves para la transición del gobierno de Morales a Áñez en 2019.
“Estamos en un proceso de persecución política peor que en las dictaduras. Se ejecuta contra quienes defendieron la democracia y la libertad en 2019″, dijo Mesa en Twitter.
Quiroga, por la misma vía, señaló que se “desata cacería revanchista” y al mandatario Arce le dijo que “eres un aprendiz de tirano”.
Un conglomerado de opositores había impulsado protestas en todo el país en 2019, tras las elecciones de octubre de ese año, denunciadas como fraudulentas en favor del oficialista Morales, quien buscaba un cuarto mandato.
Morales salió asilado a México y un mes después se fue a Argentina, donde estuvo refugiado hasta la llegada a la presidencia de Arce.
Un grupo de investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está en Bolivia indagando lo sucedido a fines de 2019.
Luego de una denuncia por sedición, terrorismo y conspiración en contra de la expresidenta interina Jeanine Añez y de cinco de sus ministros, la Fiscalía boliviana emitió el viernes una orden de aprehensión en contra de la exmandataria, la que se concretó la madrugada de este sábado.
La televisión boliviana mostró a la ex Jefa de Gobierno en el aeropuerto de El Alto al momento de su detención, la que calificó de “ilegal”. A la diligencia concurrieron varios policías y el ministro del Gobierno boliviano Carlos Eduardo del Castillo.
Dos exministros, Álvaro Coímbra (Justicia) y Rodrigo Guzmán (Energía), fueron arrestados en sus regiones. Ambos afirmaron que fueron prácticamente secuestrados, y que nunca se les habría notificado para presentarse a declarar.
La acusación fue hecha en diciembre pasado por una exdiputada del partido gobernante Movimiento al Socialismo, Lidia Patty,y se generó en el marco del caso llamado “Golpe de Estado” que se habría dado, según la denuncia, en noviembre de 2019, para sacar del poder al izquierdista Evo Morales, tras 14 años en el poder.
Áñez reemplazó constitucionalmente a Evo Morales tras su renuncia en noviembre de 2019 en medio de protestas tras elecciones calificadas de fraudulentas y ejerció el gobierno hasta noviembre de 2020.
A minutos de conocerse las primeras detenciones, la exmandataria escribió en su twitter que la persecución política había comenzado y que el partido oficialista MAS volvía a los estilos de la dictadura.
Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, y el presidente del Senado y poderoso dirigente oficialista, Andrónico Rodríguez, señalaron que la justicia está actuando con independencia del poder político y negaron una persecución.
Así mismo, los expresidentes de Bolivia, el centrista Carlos Mesa (2003-2005) y el derechista Jorge Quiroga (2001-2002), rechazaron por separado las detenciones y órdenes de aprehensión. Ambos fueron actores claves para la transición del gobierno de Morales a Áñez en 2019.
“Estamos en un proceso de persecución política peor que en las dictaduras. Se ejecuta contra quienes defendieron la democracia y la libertad en 2019″, dijo Mesa en Twitter.
Quiroga, por la misma vía, señaló que se “desata cacería revanchista” y al mandatario Arce le dijo que “eres un aprendiz de tirano”.
Un conglomerado de opositores había impulsado protestas en todo el país en 2019, tras las elecciones de octubre de ese año, denunciadas como fraudulentas en favor del oficialista Morales, quien buscaba un cuarto mandato.
Morales salió asilado a México y un mes después se fue a Argentina, donde estuvo refugiado hasta la llegada a la presidencia de Arce.
Un grupo de investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está en Bolivia indagando lo sucedido a fines de 2019.
