Francisca Vargas por expulsión de migrantes: “Con antecedentes penales o no, siempre se requiere un debido proceso”
La directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales abordó las medidas que se están tomando a nivel internacional para garantizar la protección de derechos de personas migrantes en Chile.
Diario UChile
Lunes 22 de marzo 2021 10:36 hrs.
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Ante las expulsiones de migrantes gestionadas por el Gobierno se han tomado diversas acciones por parte de organizaciones e instituciones para proteger los derechos de quienes enfrentan esos procesos.
Una de ella es la ingresada por el Servicio Jesuita Migrante, y las Clínicas Jurídicas de la Universidad Diego Portales y Universidad Alberto Hurtado, quienes solicitaron una medida cautelar a favor de un grupo de personas venezolanas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según explicaron desde estas instituciones, si bien las personas ingresaron a Chile de forma irregular, no pueden ser expulsadas sin tener garantías de un debido proceso y sin considerarse que en sus países de origen están siendo vulneradas en sus derechos.
“La medida cautelar es una medida de emergencia en que uno le pide a la CIDH que pueda intervenir en favor de las personas afectadas de manera urgente, porque de lo contrario, sin una intervención pronta, se puede producir un daño irreparable en la vida de estas personas”, explicó Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la UDP.
Además, Vargas explicó que aunque los tiempos de la Comisión son de amplias esperas, en este caso al tratarse de una situación de urgencia, esperan pueda estar resuelto en un plazo máximo de 2 meses.
“En este caso estamos diciendo que esto es una medida urgente, se necesita ahora ya, porque se trata de personas que fueron expulsadas respecto de las cuales se interpusieron acciones de amparo y, lamentablemente, esas acciones se perdieron, o derechamente la Corte no se pronunció. En estas personas todavía no se materializa la expulsión, están en Chile y obviamente necesitan quedarse”, comentó.
Francisca Vargas.
Además, la directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la UDP indicó que este grupo de personas para quienes se busca la cautelar no cuentan con antecedentes penales, y que sus recursos de amparo fueron rechazados en la justicia nacional, donde se generaron diversos resultados ante las mismas acciones judiciales.
“Hay un grupo de personas respecto de las cuales Chile dijo, a través de sus tribunales de justicia, ‘bueno, efectivamente es ilegal haberles expulsado, déjese sin efecto la expulsión y estas personas se van a poder quedar’. Y otras, con tres días de diferencia, la Corte dijo lo contrario, entonces de esas personas muchas ya se fueron y un pequeño grupo sigue acá. Respecto de ese pequeño grupo es que se pide esto, en Chile no queda ninguna otra medida, entonces necesitamos la intervención de un organismo internacional”, señaló.
La abogada afirmó, además, que un factor clave para argumentar la ilegalidad de estas expulsiones se relaciona con la falta del debido proceso, pues no se siguió el curso de acción correcto para avanzar hacia una expulsión.
“Sea que la persona tenga antecedentes penales o no, siempre se requiere tener un debido proceso cuando uno va ser sancionado, y eso quiere decir que uno debe tener a lo menos la posibilidad real de defenderse”, comentó Vargas.
La abogada añadió que la ley dice que ante casos de este tipo primero debe existir una formalización por el delito de ingreso por paso no habilitado, lo que inicia un proceso penal en el que la persona podría ser condenada, cumplir una pena y luego de todas formas ser expulsada. Sin embargo, contará con la posibilidad de defenderse, y que eventualmente un juez pueda comprender que el delito fue cometido sin una culpabilidad grave, dado que se enmarca en una crisis humanitaria.
“En el marco de un proceso penal la persona podría haberse defendido, nada de esto pasó y ese es el principal argumento técnico con el que uno dice estas expulsiones son ilegales, porque faltó un proceso adecuado (…) Eso es una falta grave”, aseveró.
Y agregó: “Las personas no pudieron defenderse, y está también el tema de la masividad que lo hace una expulsión colectiva, y las expulsiones colectivas están prohibidas por el derecho internacional y por los tratados que Chile ha ratificado”.
Finalmente, Francisca Vargas aclaró que quienes no han sido expulsados y se encuentran irregulares en el país deben iniciar un trámite de regularización, para el que es necesario contar con apoyo jurídico. Ante ello indicó que aquellas personas deben acercarse a una institución que pueda otorgarles esa ayuda para avanzar en la solución de su situación.
Ante las expulsiones de migrantes gestionadas por el Gobierno se han tomado diversas acciones por parte de organizaciones e instituciones para proteger los derechos de quienes enfrentan esos procesos.
Una de ella es la ingresada por el Servicio Jesuita Migrante, y las Clínicas Jurídicas de la Universidad Diego Portales y Universidad Alberto Hurtado, quienes solicitaron una medida cautelar a favor de un grupo de personas venezolanas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según explicaron desde estas instituciones, si bien las personas ingresaron a Chile de forma irregular, no pueden ser expulsadas sin tener garantías de un debido proceso y sin considerarse que en sus países de origen están siendo vulneradas en sus derechos.
“La medida cautelar es una medida de emergencia en que uno le pide a la CIDH que pueda intervenir en favor de las personas afectadas de manera urgente, porque de lo contrario, sin una intervención pronta, se puede producir un daño irreparable en la vida de estas personas”, explicó Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la UDP.
Además, Vargas explicó que aunque los tiempos de la Comisión son de amplias esperas, en este caso al tratarse de una situación de urgencia, esperan pueda estar resuelto en un plazo máximo de 2 meses.
“En este caso estamos diciendo que esto es una medida urgente, se necesita ahora ya, porque se trata de personas que fueron expulsadas respecto de las cuales se interpusieron acciones de amparo y, lamentablemente, esas acciones se perdieron, o derechamente la Corte no se pronunció. En estas personas todavía no se materializa la expulsión, están en Chile y obviamente necesitan quedarse”, comentó.
Francisca Vargas.
Además, la directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la UDP indicó que este grupo de personas para quienes se busca la cautelar no cuentan con antecedentes penales, y que sus recursos de amparo fueron rechazados en la justicia nacional, donde se generaron diversos resultados ante las mismas acciones judiciales.
“Hay un grupo de personas respecto de las cuales Chile dijo, a través de sus tribunales de justicia, ‘bueno, efectivamente es ilegal haberles expulsado, déjese sin efecto la expulsión y estas personas se van a poder quedar’. Y otras, con tres días de diferencia, la Corte dijo lo contrario, entonces de esas personas muchas ya se fueron y un pequeño grupo sigue acá. Respecto de ese pequeño grupo es que se pide esto, en Chile no queda ninguna otra medida, entonces necesitamos la intervención de un organismo internacional”, señaló.
La abogada afirmó, además, que un factor clave para argumentar la ilegalidad de estas expulsiones se relaciona con la falta del debido proceso, pues no se siguió el curso de acción correcto para avanzar hacia una expulsión.
“Sea que la persona tenga antecedentes penales o no, siempre se requiere tener un debido proceso cuando uno va ser sancionado, y eso quiere decir que uno debe tener a lo menos la posibilidad real de defenderse”, comentó Vargas.
La abogada añadió que la ley dice que ante casos de este tipo primero debe existir una formalización por el delito de ingreso por paso no habilitado, lo que inicia un proceso penal en el que la persona podría ser condenada, cumplir una pena y luego de todas formas ser expulsada. Sin embargo, contará con la posibilidad de defenderse, y que eventualmente un juez pueda comprender que el delito fue cometido sin una culpabilidad grave, dado que se enmarca en una crisis humanitaria.
“En el marco de un proceso penal la persona podría haberse defendido, nada de esto pasó y ese es el principal argumento técnico con el que uno dice estas expulsiones son ilegales, porque faltó un proceso adecuado (…) Eso es una falta grave”, aseveró.
Y agregó: “Las personas no pudieron defenderse, y está también el tema de la masividad que lo hace una expulsión colectiva, y las expulsiones colectivas están prohibidas por el derecho internacional y por los tratados que Chile ha ratificado”.
Finalmente, Francisca Vargas aclaró que quienes no han sido expulsados y se encuentran irregulares en el país deben iniciar un trámite de regularización, para el que es necesario contar con apoyo jurídico. Ante ello indicó que aquellas personas deben acercarse a una institución que pueda otorgarles esa ayuda para avanzar en la solución de su situación.
Ante las expulsiones de migrantes gestionadas por el Gobierno se han tomado diversas acciones por parte de organizaciones e instituciones para proteger los derechos de quienes enfrentan esos procesos.
Una de ella es la ingresada por el Servicio Jesuita Migrante, y las Clínicas Jurídicas de la Universidad Diego Portales y Universidad Alberto Hurtado, quienes solicitaron una medida cautelar a favor de un grupo de personas venezolanas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según explicaron desde estas instituciones, si bien las personas ingresaron a Chile de forma irregular, no pueden ser expulsadas sin tener garantías de un debido proceso y sin considerarse que en sus países de origen están siendo vulneradas en sus derechos.
“La medida cautelar es una medida de emergencia en que uno le pide a la CIDH que pueda intervenir en favor de las personas afectadas de manera urgente, porque de lo contrario, sin una intervención pronta, se puede producir un daño irreparable en la vida de estas personas”, explicó Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la UDP.
Además, Vargas explicó que aunque los tiempos de la Comisión son de amplias esperas, en este caso al tratarse de una situación de urgencia, esperan pueda estar resuelto en un plazo máximo de 2 meses.
“En este caso estamos diciendo que esto es una medida urgente, se necesita ahora ya, porque se trata de personas que fueron expulsadas respecto de las cuales se interpusieron acciones de amparo y, lamentablemente, esas acciones se perdieron, o derechamente la Corte no se pronunció. En estas personas todavía no se materializa la expulsión, están en Chile y obviamente necesitan quedarse”, comentó.
Francisca Vargas.
Además, la directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la UDP indicó que este grupo de personas para quienes se busca la cautelar no cuentan con antecedentes penales, y que sus recursos de amparo fueron rechazados en la justicia nacional, donde se generaron diversos resultados ante las mismas acciones judiciales.
“Hay un grupo de personas respecto de las cuales Chile dijo, a través de sus tribunales de justicia, ‘bueno, efectivamente es ilegal haberles expulsado, déjese sin efecto la expulsión y estas personas se van a poder quedar’. Y otras, con tres días de diferencia, la Corte dijo lo contrario, entonces de esas personas muchas ya se fueron y un pequeño grupo sigue acá. Respecto de ese pequeño grupo es que se pide esto, en Chile no queda ninguna otra medida, entonces necesitamos la intervención de un organismo internacional”, señaló.
La abogada afirmó, además, que un factor clave para argumentar la ilegalidad de estas expulsiones se relaciona con la falta del debido proceso, pues no se siguió el curso de acción correcto para avanzar hacia una expulsión.
“Sea que la persona tenga antecedentes penales o no, siempre se requiere tener un debido proceso cuando uno va ser sancionado, y eso quiere decir que uno debe tener a lo menos la posibilidad real de defenderse”, comentó Vargas.
La abogada añadió que la ley dice que ante casos de este tipo primero debe existir una formalización por el delito de ingreso por paso no habilitado, lo que inicia un proceso penal en el que la persona podría ser condenada, cumplir una pena y luego de todas formas ser expulsada. Sin embargo, contará con la posibilidad de defenderse, y que eventualmente un juez pueda comprender que el delito fue cometido sin una culpabilidad grave, dado que se enmarca en una crisis humanitaria.
“En el marco de un proceso penal la persona podría haberse defendido, nada de esto pasó y ese es el principal argumento técnico con el que uno dice estas expulsiones son ilegales, porque faltó un proceso adecuado (…) Eso es una falta grave”, aseveró.
Y agregó: “Las personas no pudieron defenderse, y está también el tema de la masividad que lo hace una expulsión colectiva, y las expulsiones colectivas están prohibidas por el derecho internacional y por los tratados que Chile ha ratificado”.
Finalmente, Francisca Vargas aclaró que quienes no han sido expulsados y se encuentran irregulares en el país deben iniciar un trámite de regularización, para el que es necesario contar con apoyo jurídico. Ante ello indicó que aquellas personas deben acercarse a una institución que pueda otorgarles esa ayuda para avanzar en la solución de su situación.
