El pasado martes 16 de marzo comenzó a discutirse con urgencia suma el proyecto de ley que introduce modificaciones y prorroga por 12 años la vigencia de la Ley Nº 18.450 del año 1985 sobre fomento a la inversión privada en obras de riego, y cuyo debate no ha incorporado la necesaria perspectiva ambiental que requieren este tipo de instrumentos en medio del actual escenario de sequía, escasez hídrica y cambio climático.

Considerada originalmente para mantenerse en operación sólo durante ocho años, la llamada ley de riego sufrió una modificación en agosto de 1994 que, entre otros cambios, amplió su vigencia hasta el 31 de diciembre de 1999, y a poco menos de cumplirse un año del plazo, fue aprobada una nueva prórroga hasta el año 2009. Ese año, a través de la ley N° 20.401, se volvería a prorrogar la vigencia de la Ley N° 18.450, esta vez hasta diciembre de 2021, extendiendo así los millonarios subsidios que el Estado, a través de la Comisión Nacional de Riego (CNR), entrega al sector agrícola para acceder a infraestructura y sistemas de riego tecnificado con el objetivo principal de incrementar la superficie regada del país.

En general, durante las casi cuatro décadas de implementación de la ley, el incremento de la superficie regada en conjunto con la reconversión en el uso del suelo agrícola, la incorporación de nuevas tierras y el mejoramiento de la productividad, han permitido un aumento considerable de la superficie de frutales y vides viníferas orientadas a la exportación. No obstante el éxito agroexportador, evaluaciones provenientes del mundo académico, así como de la OCDE y del Banco Mundial, han cuestionado que los subsidios no incorporen criterios ambientales, y solo se enfoquen en el incremento de la superficie de riego sin tomar en consideración las disponibilidades hídricas existentes por cuencas, impactos cualitativos y cuantitativos en las aguas subterráneas, la diversidad biológica y los ecosistemas, así como la agudización de la sequía y la escasez hídrica en la última década.

Diferentes investigaciones señalan que la introducción del riego en ambientes áridos y semiáridos conduce inevitablemente a variaciones del nivel freático y, a menudo, a problemas de anegamiento y salinización. Asimismo, el nitrato resultante de los fertilizantes nitrogenados que han tenido un aumento significativo en los últimos años en Chile, especialmente en cultivos anuales como los frutales, es un contaminante generalizado de las aguas subterráneas y causa efectos adversos en la salud de los seres humanos y los ecosistemas.

Por otro lado, no existen consideraciones a la hora de otorgar subsidios para la instalación de sistemas de riego en laderas con pendientes pronunciadas que incrementan el riesgo de erosión de los suelos, además de afectar vegetación nativa en zonas críticas para la conservación; o modificaciones en los canales como revestimientos con materiales impermeables y entubamientos que pueden llevar a una reducción de la recarga de agua subterránea, y que al mismo tiempo generan un mayor riesgo de erosión de los suelos, y por lo tanto del riesgo de desprendimientos de laderas y afectación a comunidades. Tampoco existen consideraciones de los efectos concomitantes de obras de riego sobre los sistemas acuáticos, incluidos su biota.

Lamentablemente, en nuestro país la información asociada a estas temáticas es escasa, y se desconocen los alcances ambientales de las casi cuatro décadas de implementación de la Ley Nº 18.450, aspecto que debiera ser evaluado e incorporado en la discusión parlamentaria a la hora de extender su vigencia. Cabe señalar que los proyectos de riego, al igual que los proyectos agrícolas, no están sujetos a estudios de impacto ambiental, sumado a que los volúmenes de agua que durante décadas se han ahorrado a través de las obras subsidiadas por la CNR se han utilizado para seguir incrementando la superficie agrícola de riego, y no en aumentar la disponibilidad de agua para fines ecológicos ni de consumo humano . De este modo, al carecer de una perspectiva ambiental, dicha ley se encuentra totalmente desactualizada del actual contexto de sequía y escasez hídrica.

Si bien el actual proyecto de ley que se discute en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, posee dentro de sus modificaciones la incorporación de objetivos ambientales “con énfasis en el cuidado y ahorro del agua, así como limitaciones en zonas de déficit hídrico y consideraciones en cultivos en laderas”, los instrumentos y medidas con las que cuenta no son suficientes para avanzar en el horizonte manifiesto.

En efecto, los factores y variables de los artículos 4° y 5° de la ley 18.450 no contemplan incentivos para que el agua que se ahorra pase a otros usos. Al respecto, el proyecto presentado por el Gobierno introduce en el artículo 4° el concepto de “ahorro de agua” como factor de ponderación de puntajes en los concursos públicos para la bonificación de proyectos. Y en esta línea incorpora como variable en el artículo 5° el concepto de “ahorro de agua transferido” que corresponde al volumen o caudal de agua liberada como consecuencia del proyecto agrícola subsidiado y que será objeto de renuncia, transferencia o constitución de un derecho real. Así los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas (DAA), subsidiados por la CNR “podrán” renunciar a todo o parte del DAA ante la Dirección General de Aguas (DGA), o bien donar todo o parte del derecho para el consumo humano o la conservación del patrimonio ambiental a un Comité de Agua Potable Rural, a la Dirección de Obras Hidráulicas o al Ministerio de Medio Ambiente; o constituir un derecho real de usufructo en favor de un APR o la DOH.

Desde Fundación Terram creemos que el actual contexto de escasez hídrica, que afecta principalmente el consumo humano en las zonas rurales del país y la salud de los ecosistemas, exige normativas más claras y robustas, como también que se supere la dispersión de la discusión legislativa, puesto que esta problemática ha sido expuesta y discutida en la tramitación del proyecto de ley que establece normas de eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático (boletín Nº 13.179-09), el cual define que un 25% de la ganancia en caudal y/o agua que se produzca por eficiencia hídrica producto de una bonificación obtenida a través de la ley 18.450, “deberá” restituirse a su respectivo curso o cauce de agua ya sea subterránea o superficial, y, por lo tanto, no se utilice para aumentar la superficie cultivada.

Si bien dicho proyecto establece una obligatoriedad de restitución, varias voces señalan la necesidad de considerar un porcentaje muy superior al 25% en vista de la envergadura de la crisis que atravesamos.  Por otro lado, y respecto a la renuncia de todo o parte del DAA ante la DGA, nos parece apropiado, siempre y cuando la institución esté mandatada a otorgar tales derechos solo para el consumo humano o la conservación ecosistémica.

En el Día Mundial del Agua, desde La Fundación hacemos un llamado a la cautela a la hora de discutir la prórroga por más de una década de la ley 18.450 que subsidia obras privadas de riego, poniendo el foco no solo en la necesaria redistribución de los recursos hacia pequeños productores agrícolas, sino también en la perspectiva ambiental de la ley en torno al problema del agua, considerado el delicado escenario hídrico por el que atraviesa el país, y que se trata de subsidiar al sector que utiliza el 80% de los derechos consuntivos del agua.

La autora es geógrafa de Fundación Terram.