Diario y Radio Universidad Chile

Año XIII, 24 de octubre de 2021

Escritorio MENÚ

Manuel Guerrero a 36 años del homicidio de su padre: “Vivimos una especie de déjà vu que, como ciudadanía, no podemos permitir”

En entrevista con nuestro medio el sociólogo señaló que "si hay algo que nos puede recordar ese crimen es que la policía, que detenta el uso legal y legítimo de la fuerza, no puede ser quien violente los derechos humanos de su propia ciudadanía. Que esto nuevamente esté ocurriendo(...)nos está dando una señal muy preocupante".

Claudia Carvajal G.

  Lunes 29 de marzo 2021 19:14 hrs. 
file_20150715163249


36 años han transcurrido desde el homicidio de  José Manuel Parada, Manuel Guerrero Ceballos y Santiago Nattino, militantes del Partido Comunista, cometido por efectivos de  Carabineros en marzo de 1985, en plena dictadura, y, este lunes, el memorial que recuerda a los profesionales en la precisa esquina donde fueron secuestrados, amaneció con rayados alusivos a grupos con afinidades neonazi.

Desde Suecia, Manuel Guerrero Antequera, sociólogo, doctorado en Sociología por la Universidad Alberto Hurtado, y profesor de bioética en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile analiza una nueva conmemoración del asesinato de su padre y proyecta el proceso constituyente en Chile en medio de un conflicto social en pleno desarrollo.

Iniciamos el lunes sabiendo de la vandalización del sitio de memoria en honor de su padre, José Miguel Parada y Santiago Nattino. A 36 años de los hechos, ¿cómo procesa usted lo ocurrido?

No nos había tocado a nosotros directamente, pero hay muchos sitios de memoria que recuerdan los crímenes de la dictadura y lo hacen como una forma de reparación simbólica y moral de parte del Estado y las comunidades para que esto nunca más vuelva a ocurrir.

Junto con ser un lugar de encuentro de familiares, amigos, colegas o de militantes que conocieron directamente a quienes perdieron sus vidas por luchar por la democracia, estos sitios son una señal de parte de la sociedad y especialmente una obligación del Estado de reparar moralmente a las víctimas en el plano simbólico: se reconoce lo que ocurrió, la verdad histórica y, sobre todo,  se muestra a las nuevas generaciones este hecho espantoso que no puede volver a ocurrir.

El Estado tiene la obligación de asegurar la no repetición de los crímenes de lesa humanidad cuando fueron los propios funcionarios del Estado quienes le quitaron la vida a la propia ciudadanía, entonces el pasar a llevar estos lugares no tiene que ver solo con nosotros, con los directamente involucrados y que estuvimos tras la iniciativa de levantar esas tres bancas, justo en la esquina de Providencia donde ellos fueron secuestrados un 29 de marzo para que al día siguiente aparecieran degollados, sino que tiene que ver con una señal política de un grupo que se identifica con una simbología neonazi de pasar a llevar este compromiso del Estado que son décadas de esfuerzo para unirnos en torno a una memoria que es conflictiva, pero que debe llevarnos a un acuerdo básico social: que las violaciones a los derechos humanos no pueden ocurrir y que debemos comprometernos por mantener la memoria como una forma de asegurar esa garantía a los DD.HH.

¿Cuánto afecta lo ocurrido a nivel personal  y a quiénes responsabiliza usted?

Si bien me afecta, no me sorprende. Otros sitios de memoria ya han sido vandalizados y esa es una señal de relajo del Estado que va en línea con quienes gobiernan hoy. El Presidente Piñera y sus funcionarios no han dado señales claras de condena a este tipo de hechos, de parar con la impunidad, de acelerar los juicios en caso de violaciones a los DD.HH, es más, hay impunidad en las nuevas violaciones cuando las Fuerzas Especiales de Carabineros mutilan los ojos de jóvenes que se están manifestando, transgreden los derechos de comunidades mapuche y una serie de situaciones más que generan que haya grupos que se sienten en confianza como para atentar contra estos hitos del compromiso  para con los DD.HH.

No conozco al grupo que organizó este atentado, pero responsabilizo a las autoridades del Estado que son quienes deben velar porque en Chile haya justicia, un estado de Derecho y actos concretos de parte del Gobierno de turno que estas situaciones no van a ocurrir.

foto memorial

Foto Twitter @Manuel Guerrero

De acuerdo a informes de organizaciones internacionales de DD.HH. el Estado de Chile ha vulnerado las garantías fundamentales de su población. ¿Se ha roto el compromiso adquirido luego del retorno de la democracia simbolizado en la consigna del “Nunca más”?

El que hoy estemos viviendo violaciones masivas a los DD.HH, que en algunos informes han sido catalogadas como sistemáticas, por parte de Carabineros y sin que se vea señal de parte del Gobierno de parar esta situación, tiene una conexión directa con lo ocurrido antes. Son muchos los actores desde el plano social, así como también de expertos, que han señalado que Carabineros debe ser disuelto en su estructura y comportamiento actual y refundarse en una nueva policía que actúe de manera profesional y ajustada a los estándares y protocolos de derechos humanos. No puede ser que sea la policía quien viole los DD.HH. en nombre de preservar el orden público.

Si hay algo que puede recordar el crimen de mi padre, de José Miguel Parada y Santiago Nattino es que se ocupó a carabineros para detener el tránsito para poder llevar a cabo el secuestro sin problemas, ocuparon helicópteros de carabineros para vigilar la situación, recintos de esa institución para torturarlos y, finalmente, fueron funcionarios de Carabineros quienes los degollaron y dejaron sus cuerpos cerca del aeropuerto.

Si hay algo que nos puede recordar ese crimen es que la policía, que detenta el uso legal y legítimo de la fuerza, no puede ser quien violente los derechos humanos de su propia ciudadanía. Que esto nuevamente esté ocurriendo y sea materia de conocimiento de la Corte Interamericana de DD.HH. de Amnistía Internacional, de Human Right Watch y del informe de la Alta Comisionada de DDHH de la ONU, además de la institucionalidad local chilena como el INDH o la cátedra de DD.HH de la Universidad de Chile, nos está dando una señal muy preocupante: que vivimos una especie de deja vu que como ciudadanía no podemos permitir y el sistema político tiene que ponerse firme, porque lo que está en juego acá es la vida de las personas, la democracia y el estado de Derecho.

Hay un segundo paralelo que es importante recordar. El mismo día del triple crimen de mi padre, Nattino y Parada, se asesinó a los hermanos Vergara Toledo y a Paulina Aguirre Tobar, todo en un mismo día, entonces es terrible recordar que el Estado violentó criminal y de manera terrorista los derechos de las personas, sino también debemos recordar que el pueblo no paró de movilizarse reclamando sus libertades. Lo que ocurre hoy es similar, la gente se levanta y organiza, porque el pueblo tiene el legítimo derecho a la protesta cuando hay una tiranía y el estado de Derecho es pasado a llevar y eso está reconocido en la Declaración de DDHH, entonces los crímenes de 1985 nos recuerdan también la valentía y el coraje de la gente de exigir que se restablezca el orden institucional y la democracia. Ese logro está nuevamente puesto en entredicho por las propias autoridades, y el pueblo se volverá a levantar, va a encontrar la forma, porque en vez de estar trabajando o estudiando y dedicados a construir una sociedad más amable y justa, va a tener que salir a luchar por derechos humanos básicos.

Usted mencionaba que quienes vandalizaron el memorial de su padre, Nattino y Parada lo que hacen es justamente hacer aún más presente su recuerdo. ¿Considera usted que este tipo de hechos potencian la protesta social?

La experiencia internacional en hechos de extrema violencia política por parte del Estado señala que todos esos intentos han fracasado. Cuando el poder político o económico cree que vulnerando los derechos de la población, matando, torturando, exiliando o haciendo desaparecer a quienes se les oponen lograrán perpetuarse en el poder, eso termina en rotundos fracasos y solo genera mucho sufrimiento y un daño que trasciende a varias generaciones.

Todos los exterminios y genocidios han fracasado tanto desde la perspectiva de la pérdida del poder, porque la gente los saca del gobierno a través de elecciones o movimientos sociales que terminan por derrocarlos ante la vulneración del contrato social. Pero también fracasan en materia de memoria, entonces cuando un grupo deja estas marcas en un memorial abierto, lo que indica ese hecho es que a 36 años de ocurridos estos casos, incluso ellos lo siguen recordando, es decir la memoria de mi padre, de Manuel, de Santiago, de los hermanos Vergara Toledo, de Paulina y de tantos caídos por conquistar la democracia, les sigue molestando a estos sujetos. Es una tachadura paradójica, porque tratan de borrar esa memoria y lo que logran es que estemos nuevamente conversando del tema.

Eso muestra el triunfo de quienes como parte de un pueblo movilizado lucharon por la democracia y hoy les toca a las nuevas generaciones encontrar los caminos para restablecer un estado de derecho que se ajuste a los estándares de la Declaración Universal de los DD.HH. Ese es un tema pendiente, pero lo vamos a superar porque lo hicimos antes.

Hablemos del pacto social. En Chile iniciaremos pronto el proceso a redactar un nuevo contrato de la sociedad ¿Cuál es, según su visión, el rol que debe jugar la memoria en este proceso?

El proceso constituyente que abrió la revuelta popular que surgió con la intensidad que vimos en todo Chile y por la que nuestro pueblo exigió el respeto a una multiplicidad de derechos humanos al sistema político y ellos se vieron obligados a abrir este proceso. Y ese proceso no va a terminar, la pandemia lo puso en suspensión y la gente es responsable de su salud, entonces va a esperar. Es importante que ese nuevo Chile que se funda con este nueva Constitución esté conectado a la memoria, tanto a la corta, como a la mediana y a la larga de los distintas crímenes que ha cometido el Estado con los pueblos indígenas, con los movimientos de trabajadores o los movimientos de mujeres y también con los crímenes de la dictadura y los ocurridos durante la democracia. Una Constitución que se basa en la Declaración Universal de los DD.HH. es algo que ningún gobierno puede transgredir, que queden establecidos derechos políticos, sociales y culturales que den cabida a una diversidad que no sea solo de la élite, sino que la democracia tenga como pilar la soberanía del pueblo.

En la medida que la Constitución esté cuadrada con los DD.HH. y conectada con la memoria, se abrirá paso a la creatividad para avanzar, porque no tenemos por qué siempre estar mirando para atrás. Para atrás se mira para tomar impulso, pero lo que quiere el pueblo de Chile es dignidad para vivir en paz.

Información importante
Licencia Creative Commons
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.