Este martes se podría aprobar en el Congreso nacional el proyecto de ley presentado por el Gobierno que busca aplazar las elecciones de autoridades locales, gobernadores regionales y constituyentes para el próximo 15 y 16 de mayo. Esta discusión se produce en el marco de una serie de cuestionamientos hacia las políticas del Ejecutivo para abordar la pandemia, que al día de hoy tienen a nuestro país en un estado de emergencia, no tan solo por el grave aumento en los contagios por COVID-19, si no también por la crisis económica, social y política que se ha arrastrado desde el año 2019.

Desde el inicio de esta pandemia o incluso -desde la revuelta social del 18 de octubre- las respuestas del Gobierno frente a estas crisis han tenido en su médula la fracasada fórmula neoliberal; lo que se ha traducido en tomar sus principales decisiones sanitarias bajo un evidente criterio economicista y promoviendo agendas sociales que resguardan siempre los intereses empresariales.

Solo en los últimos meses tuvimos primero la reapertura de los casinos, luego un inentendible permiso de vacaciones -que tiene a la región de Valparaíso al borde del colapso hospitalario-, y finalmente la implementación hace apenas algunas semanas del plan retorno a clases. Todas estas acciones fueron tomadas, a pesar de las recomendaciones del colegio de profesores, del colegio médico, de académicos, científicos y de una mayoría de la población de nuestro país.

En estas circunstancias era del todo previsible -por las autoridades, sus expertos y asesores- que podríamos enfrentar una nuevo ola de contagios durante el primer trimestre de este año, sin embargo, nuevamente primó la negligencia sanitaria del Gobierno, solo que ahora es un poco más grave, toda vez que lo que está en juego es parte de la legitimidad de un proceso electoral que no solo renueva a sus autoridades locales, sino que también elegirá la composición del órgano que redactará nuestra nueva Constitución.

La representante del PNUD en Chile declaraba “Posponer elecciones o decidir mantener una votación incluso con medidas de mitigación puede generar tensiones políticas y socavar su legitimidad. Por ello, es mejor que esas decisiones se realicen luego de amplias consultas que busquen consensos”. Esos son los consensos que el Gobierno ha estado buscando los últimos días, sin embargo nuevamente intentan usufructuar implementado una fórmula de cambio electoral que solo favorece a aquellas candidaturas que son financiadas por el gran empresariado de nuestro país.

Resulta indispensable que el aplazamiento de las elecciones vaya acompañado de un conjunto de medidas sanitarias y económicas que deben sobrepasar las insuficientes propuestas que el gobierno ha colocado sobre la mesa. Insistimos en la necesidad de una Renta Básica Universal de Emergencia, que sobrepase la línea de la pobreza y que permita que la población pueda efectivamente cuidarse y ejercer una cuarentena real.

Por otro lado, se debe resguardar la legitimidad democrática de nuestro proceso constituyente, lo que implica promover altos niveles de participación ciudadana en el plano electoral, así como también evitar distorsiones en el nuevo periodo de campaña que afecten la igualdad en la competencia de las diversas candidaturas independientes y de partidos nuevos que no cuentan con grandes financiamientos. La posibilidad real de lograr un acuerdo social transversal que entregue estabilidad al país, que muestre un horizonte de tranquilidad para todas y todos, son parte de las subjetividades que se juegan en estas elecciones, y cualquier atisbo o señal de querer sacar ventajas electorales vía administrativa atenta contra ese anhelo. El Gobierno acá se juega mucho más que una elección y la responsabilidad del éxito de este proceso recae exclusivamente en su gestión.