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Año XIII, 15 de mayo de 2021

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Ana Piquer

Un gobierno que no escucha, una crisis que persiste

Ana Piquer | Jueves 8 de abril 2021 20:27 hrs.


Las principales conclusiones del reciente informe anual de Amnistía Internacional parten de la base que estamos enfrentando tiempos extraordinarios para el mundo, y por supuesto, para Chile. 

En el caso de América, el COVID-19 ha puesto al descubierto y agravado la desigualdad sistémica, la represión generalizada y las políticas destructivas que han contribuido a que sea  la región más afectada por la pandemia. En el caso de Chile, esa misma desigualdad, la discriminación estructural y el débil liderazgo del gobierno actual abonó el terreno para que el COVID se propagara con una brutal fuerza en el territorio, haciendo que el país llegara a estar entre los diez con más muertes por millón de habitantes en el mundo.

Claramente para nuestro país ha sido todo aún más difícil. Desde octubre de 2019 hasta ahora, nos ha tocado vivir dos crisis seguidas: una de derechos humanos y otra sanitaria. En ambas situaciones excepcionales vimos que en la práctica, las autoridades no acusaron recibo de la gravedad de lo que estaba pasando. 

La crisis de derechos humanos, que se inició con el estallido social, dejó a miles de personas heridas por agentes del Estado y una sociedad dolida. Las personas, en su gran mayoría, no salieron a las calles a destruir, sino todo lo contrario: a plantear la necesidad de construir un Chile distinto. Pero lo que recibieron de vuelta fue de las peores represiones policiales que se ha vivido hasta ahora, y que trajeron de vuelta la memoria de la dictadura. 

La crisis sanitaria, con el inicio de la pandemia en marzo de 2020, dejó en evidencia las mismas desigualdades por las cuales la ciudadanía estaba protestando. Pudimos constatar, por ejemplo, cómo trabajadoras y trabajadores de la salud de centros públicos de salud vivieron y siguen viviendo duras realidades, que no han tenido que vivir quienes trabajan en clínicas privadas.

La sociedad chilena ya venía malherida con la violencia que recibió del Estado durante el estallido social, y ahora debió enfrentarse a un Estado que les deja poco margen para cuidarse frente a la pandemia. Quedarse en casa, cuidarse y vivir una cuarentena en buenas condiciones se volvió un privilegio más.

Tiempos extraordinarios requieren liderazgos extraordinarios. Pero en muy pocos lugares del mundo, estos liderazgos extraordinarios provinieron de quienes detentan el poder o de quienes tienen los recursos y el dinero. En casi todas partes, los liderazgos extraordinarios provinieron de personas “comunes y corrientes” que necesitaron hacer algo para sobrevivir con un mínimo de dignidad.

En Chile, durante el estallido social vimos el enorme despliegue de observadores de derechos humanos de la sociedad civil, grupos que se organizaron para atender jurídicamente a las víctimas de violaciones de derechos humanos, brigadas de salud voluntarias para atender a las víctimas en terreno, audiovisualistas y medios independientes documentando lo que sucedía en las calles y proveyendo evidencia invaluable para la búsqueda de justicia. Durante la pandemia, vimos cómo personas se organizaron en ollas comunes, cómo trabajadores/as de la salud pusieron todos sus esfuerzos por atender de la mejor forma posible a la mayor cantidad de personas, cómo diferentes personas expertas y liderazgos de gremios de la salud emergieron dando señales claras que el gobierno no daba.

Lamentablemente, si observamos cómo estábamos hace un año, vemos que las cosas están igual o peor. Pero tenemos al frente a un gobierno que actúa como si nada pasara. Un gobierno que ha dicho incluso ante Naciones Unidas que Chile ya “volvió a la normalidad” después del estallido social, que sigue respaldando a carabineros sin ningún cuestionamiento, que reitera discursos que equiparan indebidamente protesta y delincuencia, que persiste en tratar las violaciones generalizadas de derechos humanos ocurridas como si fueran casos aislados. Un gobierno que ha sido acusado por diversas personas expertas de no escuchar a nadie en el manejo de la pandemia (ni siquiera a la Mesa Social COVID que el mismo gobierno convocó) y que últimamente su única respuesta a las críticas es una defensa indignada para tratar de convencernos de que todo está bien, persistiendo en un discurso exitista pese a los más de 7000 contagios nuevos diarios y más de 30.000 personas fallecidas en lo que va de la pandemia.

La crisis de derechos humanos y la crisis sanitaria continúan, están presentes todos los días, pero desde el gobierno esto no se reconoce. Tenemos un gobierno que actúa como si el estallido social nunca hubiera sucedido, que no escucha ninguna crítica, que persiste en hacer lo mismo de siempre pese a que no resuelve ninguna de las crisis. 

Chile no puede existir sino es en el mundo. Chile no puede funcionar sino es con todas las personas que habitan el país. Las autoridades deben asegurar que todas las medidas que se implementen no dejen a nadie atrás. Necesitamos un “reseteo” en todo el mundo. En Chile, esto puede tomar la forma de una nueva Constitución que realmente refleje el país que hoy somos. Nos toca a la ciudadanía seguir alzando todas nuestras voces, hasta que al fin sean escuchadas, exigiendo justicia y reparación, exigiendo una vida digna. 

Necesitamos apretar el botón de reinicio y preguntarnos qué se necesita para tener un mundo en que realmente vivamos en base a la idea de igualdad, dignidad y justicia. De humanidad, finalmente.