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Año XIII, 14 de mayo de 2021

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Una ley solamente declarativa: las críticas al recientemente aprobado proyecto de protección de la salud mental

Hace tres semanas el Congreso despachó el proyecto que tiene por objetivo garantizar los derechos de las personas con enfermedades mentales o discapacidad intelectual o síquica. Sin embargo, en opinión de la abogada del Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, Carolina Carvajal, la iniciativa se centra solo en la atención de la salud, sin alinearse con la Convención de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad.

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  Jueves 8 de abril 2021 20:09 hrs. 
Salud mental


En los años noventa, Chile destinaba casi el 1 por ciento de su presupuesto para abordar el tema de la salud mental, algo que, a la fecha, solo se ha podido incrementar en dos puntos porcentuales. Sin embargo, con las deficiencias en la materia expuestas a raíz de la pandemia, el recientemente aprobado proyecto de ley que regula la protección de la salud mental parecería ser la luz al final del túnel.

Dicha moción, si bien ha sido valorada como un avance en el tema, no ha sido ajeado a las críticas de diversos analistas, quienes apuntan a algunas deficiencias que impactarán directamente en la vida de las personas que sufren enfermedades mentales o algún tipo de discapacidad intelectual o síquica.

Para analizar el tema, el programa “A tu Salud” de la Facultad de Odontología y la Radio de la Universidad de Chile conversó con el psiquiatra y director del Instituto Psiquiatrico Dr. José Horwitz Barak, Juan Maass, y la abogada de dicha institución, Carolina Carvajal; ambos invitados de la última edición del espacio conducido por la periodista Cecilia Espinosa.

Juan Maass.

Juan Maass.

Ambos profesionales consideran que la moción aprobada tiene algunas ventajas, como por ejemplo, el abandono de la política proteccionista, pero que se encuentra centrada exclusivamente en las personas que padecen enfermedades mentales, sin resolver el problema de fondo de la salud mental en el país.

Es más, aun centrándose solo en este aspecto, para la abogada Carolina Carvajal, la ley “solo es declarativa y falta que se alinee más con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En lo que respecta a la atención de salud sí es un gran paso, pero en el otro sentido, es una ley que falta aterrizarla”.

Aspectos que requieren mejoras

Dentro de las críticas a las que apuntaron los especialistas está por ejemplo el hecho que si bien la ley reconoce derechos como el de la igualdad, la autonomía, la prohibición de acciones invasivas o esterilizaciones sin el consentimiento, mantiene vigentes las normativas del Código Civil o de la Ley de Discapacitados, que establecen mecanismos de tutela y voluntades subrogadas.

“Las personas que padecen alguna discapacidad psíquica, siguen siendo objeto de mecanismos de incapacidad, como son los juicios de interdicción por demencia. Y si bien es cierto, la ley prevé mecanismos paliativos como apoyos, no modifica otros aspectos que están en la legislación”, señaló Carolina Carvajal.

En el caso del impacto para la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, el doctor Maass explicó que a pesar de que la salud mental de las personas menores de edad debe ser responsabilidad de sus padres, la ley aprobada pudo haber incluido este aspecto, a fin de evitar la intervención de otras instituciones, como el Sename.

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“Cuando no existe la red familiar aparecen otros actores. Desde ya nosotros, pero antes que nosotros hay otros factores: el vecindario, sus profesores, una cantidad tremenda de otras opciones, y finalmente cuando llegan a institucionalizarse a estas personas, es cuando el sistema completo a fracasado. Es tan importante que la ley incorpore el concepto de salud mental para los niños, porque justamente hay que procurar que no lleguen a una institucionalización”, indicó.

Finalmente, otro de los elementos dejados al aire en la futura ley tiene que ver con el proceso de capacitación de las personas que trabajan en dicha materia, pero también de las entidades que intervienen indirectamente en estos procesos.

Al respecto, Carolina Carvajal aseguró que “cuando se plantea que el personal de atención de salud tiene que estar capacitado y tener acreditada una calidad de atención en esta perspectiva de derechos humanos, nosotros esperaríamos que esa capacitación también la tuvieran todos los restantes intervinientes, sobre todo los operadores jurídicos como con los tribunales”.

“Hoy en día la mayor cantidad de hospitalizaciones psiquiátricas son decretadas por tribunales. No solamente penales, sino juzgados de familia”, agregó.

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