El extenso número de conflictos relacionados a la escasez de recursos hídricos en Chile y especialmente en la región de Valparaíso, ha generado una serie de interrogantes y cuestionamientos en torno al modelo de propiedad, administración, gestión y uso del agua. Dentro de este ámbito, el rol del sistema sanitario en zonas urbanas ha sido un tema que ha quedado al traspié y cuya mayor conflictividad quedó en evidencia el año 2019 con la crisis sanitaria provocada por la Empresa Sanitaria de Los Lagos (ESSAL).

La contaminación de los ductos de agua potable de Essal en Osorno -que afectó a cerca de 150 mil habitantes-, pone en el tapete lo que diversos movimientos sociales venían planteando en los últimos años y es que la política de privatización de ciertos bienes o servicios públicos ha sido uno de los fracasos más grandes de la política de la transición.

La responsabilidad política sobre la privatización de los servicios sanitarios recae primero sobre Frei Ruiz Tagle y luego Sebastián Piñera -en su segundo mandato-, quienes, haciendo oda del pacto de la transición, entregaron la administración y la provisión del derecho al agua potable y de saneamiento a manos de empresas privadas transnacionales.

En este contexto, la crisis sanitaria por la propagación del COVID-19 ha ratificado la fragilidad y deficiencias de nuestro sistema de provisión de agua potable y saneamiento, donde se han visto duramente golpeadas aquellas regiones y localidades que desde hace años vienen sufriendo una mega sequía o que no cuentan con el suministro de este recurso y que producto de ello, se han visto impedidas de cumplir incluso, con la medida sanitaria más básica y elemental, cual es el lavado e higiene de manos. Según datos de Greenpeace, en Chile hay cerca de 350 mil personas que no cuentan con agua suficiente para lavarse las manos frecuentemente y cerca de un millón de personas hoy no tienen asegurado el acceso al agua potable.

La escasez hídrica, la crisis sanitaria generada por ESSAL y las múltiples deficiencias de nuestro actual modelo de administración del agua y las sanitarias, fueron una de las tantas demandas que provocaron la revuelta social del 18 de octubre y que en la actualidad permiten un proceso inédito de discusión constitucional que debe llevar al Estado a revisar su marco normativo, que incluye el Código de Aguas, la Ley General de Servicios Sanitarios y la Constitución Política de la República.

El 97% de los chilenos señala que el agua para consumo humano debe estar garantizada en la nueva Constitución. Bajo esta cifra, resulta vital que uno de los temas centrales de la discusión constitucional, sea el reconocimiento del derecho al agua y al saneamiento en el catálogo de derechos fundamentales de la nueva Constitución, debate donde se deberá evidenciar la incompatibilidad que desde el Estado se asegure un mínimo vital del agua -100 litros por persona-, con el modelo actual de provisión de servicios sanitarios como un lucrativo negocio en manos de empresas transnacionales.

La evidencia internacional aparece como una luz de esperanza que, efectivamente, es posible un modelo de administración sanitaria que permita un servicio económicamente eficiente, ambientalmente sustentable y socialmente equitativo. Para aquello resulta fundamental generar estrategias comunes de reivindicación de esta demanda que tiene por objeto un bien común tan esencial como lo es el agua. Dicha estrategia, sin duda debe tener como horizonte -el recuperar el agua como un derecho humano, reconocido por la Constitución y demás leyes para todos los habitantes de Chile-. Esto será posible solo si se terminan las concesiones de los distribuidores privados, para que dicha administración pase a manos de un ente controlado por la Administración Pública en cooperación con las comunidades de los territorios regionales.

La autora es Consejera Regional de Valparaíso y Directora de Fundación Territorios Colectivos.