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Año XIII, 12 de mayo de 2021

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Educación
Teresa Flórez Petour

Retrocesos y tensiones en los últimos lineamientos evaluativos del Mineduc

Teresa Flórez Petour | Miércoles 21 de abril 2021 13:40 hrs.


En medio del inédito contexto de educación en pandemia que se vive a nivel global, a partir del cual se han hecho más visibles las desigualdades y tensiones de nuestro sistema, el Mineduc presentó días atrás el Plan de Evaluaciones 2021-2026. Allí se plantea la intención de aplicar en 2021 el SIMCE de 4° básico y 2° medio, lo que refleja una vez más la distancia con que las autoridades asumen la complejidad del escenario actual. Esta propuesta ha sido calificada como un error por representantes de la UNESCO, dado que no es posible asegurar que se hayan dado las condiciones para que los aprendizajes hayan sido trabajados durante un año excepcional, generando problemas de justicia y validez para esta evaluación. Diversos expertos, además, han señalado desde el año pasado que el énfasis debería estar actualmente en la  salud y el bienestar de las comunidades, con equipos que se encuentran realizando sus mejores esfuerzos para mantener el vínculo con los y las estudiantes y sus familias. Condiciones como las actuales ya llevaron a la suspensión del SIMCE y la Evaluación Docente en 2020, y no hay indicios de un cambio de contexto en el corto plazo que pudieran dar sustento a un cambio de política en este sentido. Así, poner en el horizonte de las comunidades para este año la realización de una medición cuyas consecuencias negativas en condiciones normales ya han sido largamente documentadas por la investigación, no hace sino aumentar el agobio y el agotamiento de docentes, estudiantes y apoderados.

Pero los mensajes confusos y las decisiones equivocadas de la política evaluativa en pandemia no se limitan a las evaluaciones externas. Vimos el año pasado que, al no tomarse una decisión clara con respecto a una política de promoción automática, hubo casos de repitencias masivas (conocido fue el ejemplo de un establecimiento con 400 estudiantes con posible repitencia), algo muy lejano a lo que establece el Decreto 67 de evaluación, a partir del cual nuestro país se comprometió con un modelo de repitencia excepcional. Ello considerando toda la evidencia investigativa que señala la ausencia de beneficios derivados de la repitencia, así como sus efectos negativos en la motivación y el aprendizaje de los y las estudiantes, y sus consecuencias asociadas a posible deserción del sistema. La gravedad de este punto se incrementa si consideramos que, en un contexto como el actual, muchas de estas repitencias no están necesariamente asociadas a razones de aprendizaje, sino que pueden responder a condiciones de precariedad que impiden un acceso igualitario de los niños, niñas y jóvenes a la educación remota (falta de conexión o equipos, espacios poco aptos para el aprendizaje, incompatibilidad con la demanda laboral de los padres y madres, entre otros). En este sentido, estamos frente a una política contradictoria, que llama a la flexibilidad y la evaluación con sentido formativo, pero no asegura que las decisiones de promoción sean coherentes con esta mirada.

Estas medidas, sin embargo, no hacen sino visibilizar todavía más las tensiones de la actual  política evaluativa. Yendo más allá del contexto de emergencia, el Plan de Evaluaciones 2021-2026 contiene diversas decisiones que constituyen un retroceso con respecto a transformaciones que se habían realizado en años anteriores. Se propone, por un lado, volver a instalar el SIMCE en 2° básico, bajo argumentos que para varios miembros del CNED no son contundentes, según se indica en el Acuerdo N° 033/2021. Esta evaluación se suspendió en 2015, no por razones “ideológicas” como arguye el Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad en declaraciones de prensa, sino porque contravenía la teoría y la evidencia acerca del aprendizaje en la infancia, a partir de la sobre-escolarización que este tipo de pruebas genera en los primeros años de educación escolar. Junto con ello, el Plan vuelve a aumentar la cantidad de pruebas por año, pese a que su disminución se derivó  de un proceso de revisión de expertos del Equipo de Tarea SIMCE 2014, como respuesta a demandas de los movimientos sociales en este sentido. Allí se reconocían los efectos negativos que la investigación ha señalado se derivan de las altas consecuencias de esta evaluación. Así también, se destacaba la forma en que ha existido un excesivo énfasis en la presión hacia los establecimientos por sobre un sentido formativo de apoyo y acompañamiento para las comunidades en mayor desventaja, que habitualmente son las que atienden a los estudiantes más pobres. De allí la necesidad de disminuir el contexto de sobre-evaluación al que están sometidas las escuelas chilenas, pese a lo cual el nuevo Plan de Evaluaciones vuelve a intensificar el régimen de pruebas. Así, se imponen cambios que implican retrocesos en decisiones que estaban basadas en evidencia y en demandas de la propia ciudadanía.

Nuestro país requiere urgentemente de un cambio profundo de cultura evaluativa, que priorice la evaluación en un sentido formativo, que redunde en trayectorias exitosas para los y las estudiantes y en un trabajo en aprendizajes profundos, contextualizados y significativos por parte de los establecimientos escolares. Hay políticas recientes que parecen dar luces en este sentido, como el Decreto 67 o los proyectos de ley para eliminar las notas en los primeros años de enseñanza, poniendo énfasis en la evaluación cualitativa y formativa, pero poco se logrará si estas medidas deben co-existir con decisiones políticas como las aquí analizadas, que insisten en la lógica punitiva, la presión, la rendición de cuentas de mercado, la competencia y el individualismo. Dada la falta de evidencia contundente para estas decisiones, esta insistencia no parece sino una obstinación más bien ideológica, que hace necesaria una revisión profunda de las políticas evaluativas de nuestro sistema.