Fue una de las noticias más comentadas del domingo. El Gobierno informó de una nueva expulsión grupal de extranjeros – esta vez 55 personas venezolanas-  que residían en nuestro país.

En el punto de prensa al que se convocó, el subsecretario Juan Francisco Galli que viajó especialmente al efecto, explicó que el del domingo es el primero de los quince vuelos privados con el que las autoridades buscan sacar de Chile a 1500 personas migrantes, que se sumarían a los 1365 expulsados en 2020.

“Este es el primero de los vuelos contratados por la Subsecretaría del Interior y la Dirección de Extranjería y Migraciones para materializar expulsiones ya sean judiciales o administrativas”, señaló la autoridad en la oportunidad.

Las reacciones no se hicieron esperar y una de ellas fue una carta que redactó una serie de organizaciones sociales pro migrantes, académicos, defensores de los DD.HH. dirigida al Relator Especial Naciones Unidas para los derechos de las personas migrantes, Felipe González, para que tome conocimiento de lo ocurrido y adopte las medidas necesarias en orden a prevenir que hechos de esta naturaleza vuelvan a ocurrir.

Para ahondar en el tema,  nuestro medio conversó con Francisca Vargas, abogada, Magíster en Derecho Público y Directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales.

Una de las primeras cosas que llama la atención de este proceso de expulsión es que los extranjeros hayan debido vestirse todos iguales. ¿A qué atribuye usted esa decisión del Gobierno?

Fue bastante aterradora la manera que fueron presentadas estas personas, el uso de los overoles produce que se vean como todos iguales, no como personas individuales. Se deja de lado la parte humana y eso es racista y evidentemente anti migrante, acá lo que se quiere proyectar es una imagen de que esas personas son las malas, no importa quiénes son, sus rostros.

Desde la perspectiva legal este es un indicio más de que se trata de expulsiones colectivas prohibidas por el Derecho Internacional. Estos son shows mediáticos con puntos de prensa, con personas vestidas de cierta manera y que se presentan a la población como la salvación frente a la migración.

Son quince los aviones contratados para llevar a cabo las expulsiones. En 2020 fueron más de 1300 personas las que fueron forzadas a salir del país y pese a las recomendaciones internacionales, el Gobierno mantiene su política de expulsiones ¿Considera usted que hay una obstinación del Ejecutivo en materia migrante?

Exactamente. Desde el 2018 comenzaron las expulsiones colectivas con estos shows mediáticos y nosotros desde entonces que hemos puesto la alarma sobre ellas. No hay un análisis individualizado de la situación de cada una de estas personas, respecto de cuál es su situación en Chile y qué pasa cuando regrese a su país de origen, los riesgos para su vida, seguridad y libertad el tener que regresar forzadamente. Ese análisis debe hacerse siempre, pero si lo que hay son resoluciones iguales, individualizadas solo en el nombre de cada persona, entonces no se da este análisis individualizado y estamos frente a expulsiones colectivas.

El Comité de Trabajadores Migratorios de las Naciones Unidas, en el marco de la segunda revisión periódica que hizo a Chile para verificar el cumplimiento de la Convención de Trabajadores Migratorios, emitió un informe hace poco. ¿Cuáles son las principales conclusiones de éste?

Al Comité le preocupa de sobremanera que Chile esté llevando a cabo expulsiones colectivas e insta a revisar su actuar y hacer análisis individualizados. Que haya un organismo internacional que haya sido tan tajante y, con evidencias tanto de las organizaciones civiles como las que aportó el Estado, en sus conclusiones respecto de la existencia de estas expulsiones y que el Gobierno no solo las mantenga, sino que se jacte de ellas.

Desde las organizaciones civiles y la academia lo que decimos es que se hagan análisis individuales y si hay que expulsar, que se haga. Pero que no sean colectivas, porque hay casos y casos, grupos que vienen escapando del hambre, de la falta de acceso a medicamentos, etc.

Francisca Vargas.

Luego de los hechos ocurridos el domingo en que se expulsó solo a personas venezolanas. ¿Cómo se entiende este proceso en relación a la participación del Presidente Piñera en la entrega de ayuda humanitaria a Venezuela en 2019?

Chile es un país que invitó a las personas venezolanas a salir de su país y eso lo hizo cuando el Presidente de la República fue a Cúcuta. Luego se crearon unos visados especiales para facilitar el que ellos puedan venir regularmente al país y la tasa de aceptación es del 27% y ya en 2020 se cerraron todas las solicitudes de visa de responsabilidad democrática pendientes de resolución. Se arma un proceso de regularización por el que se señala que en 180 días las personas que ingresaron irregular podrán salir del país sin sanción, tramitar un visado y luego venir, sin embargo, luego de todas formas son expulsadas colectivamente. Es un doble discurso de la peor forma posible. Es espeluznante.

La nueva ley de migraciones entró en vigencia hace menos de una semana. Entre sus disposiciones señala que aquellos migrantes que ingresaron a Chile con pasaporte o identificación antes del 18 de marzo pueden obtener visa, mientras que quienes no lo hicieron por pasos habilitados tienen este plazo de 180 días para regularizar su situación. ¿Por qué el Estado de Chile expulsa a extranjeros en contravención a su propia ley?

Eso es criminal. No solamente se trata de decir una cosa y hacer exactamente lo opuesto, sino que lo hace a viva voz y jactándose de ello, orgulloso de lo que se está haciendo como Gobierno. Por otro lado, también es criminal porque estamos devolviendo personas desnutridas a su país de origen, estamos separando familias, estamos devolviendo personas que no tienen para comer, que no tienen agua y no tienen vacunas para el COVID-19 y los organismos internacionales han dicho que en medio de una pandemia hay que priorizar el salvar a la gente.

Un argumento utilizado ha sido el que Chile no puede hacerse cargo de todos los migrantes que dejan sus países de origen…

Es que Chile no se hace cargo de todos, todos los países de la región se hacen cargo del caos que se vive en Venezuela. se trata del éxodo masivo más grande que ha vivido la región y han salido hacia Estados Unidos, Colombia, Ecuador y hacia el sur a Perú, Argentina y obviamente Chile. Eso es lo que hemos estado diciendo desde 2018, ¿por qué nuestro país no invierte energías y fondos en promover la regularización migratoria y hace alianzas con los países de la región? Hay muchos mecanismos que se podrían establecer; cuotas, pedir apoyo a organismos internacionales según qué país recibe mayor cantidad de inmigrantes, etcétera. Nadie está haciendo un llamado a que Chile se haga cargo de los problemas del mundo, simplemente pedimos que se acepte una realidad: que las personas van a migrar y que nuestro país, por estar en este continente, va recibir inmigrantes, por lo tanto, se debería promover la regularidad migratoria y, en tiempos de pandemia, debería promoverse la vida.

Los sectores que promueven la vida en todas sus formas, hoy no lo hacen y parece que la vida intrauterina vale más que la de un migrante.

De acuerdo con la carta que ustedes dirigen al Relator Especial Naciones Unidas para los derechos de las personas migrantes, en estas expulsiones, los extranjeros no tuvieron derecho a defensa y se vulneraron las garantías del debido proceso. ¿Qué se puede hacer ahora que ya están fuera de Chile?

Acá hubo faltas al debido proceso en distintos niveles, desde el proceso administrativo al proceso penal, que en algunos casos no existió. Nosotros presentamos un recurso de amparo por 15 personas, que fueron a quienes pudimos acceder, y la causa se verá probablemente el martes, pero como tú dices, el avión ya salió, pero lo que quisiéramos pedir es que traigan a esas personas de vuelta, pero es complejo. Así como se invirtieron fondos en que salieran, dada la ilegalidad, se debiera invertir fondos en traerlos de vuelta si ellos quieren volver. Pero lo más probable es que eso no pase y lo que logremos sea que no se les prohíba el ingreso de vuelta.

Lamentablemente la justicia no llegó a tiempo, eso lo resume todo.

Foto @Intendencia Tarapacá