El presidente Iván Duque anunció que desplegaría fuerzas armadas “en centros urbanos donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos”.
Luego de reconocer la legitimidad de las manifestaciones pacíficas, dijo que acudirá a la figura de “asistencia militar” para combatir a quienes “por la vía de la violencia, el vandalismo y el terrorismo pretenden amedrentar a la sociedad y creen que por ese mecanismo doblegarán a las instituciones”.
Anteriormente, el ministro de Defensa, Diego Molano, había informado sobre la llegada de unos tres mil soldados y policías a la ciudad de Cali. Además de la capital, hubo manifestaciones Cali y Medellín, así como en Barranquilla, Cartagena y ciudades intermedias.
Al reclamo de sindicatos, estudiantes, indígenas y oposición, se sumaron denuncias de múltiples abusos cometidos por la fuerza pública durante las masivas protestas que, el día internacional del trabajo, se dieron al ritmo de cacerolazos.
Desde el miércoles, decenas de miles personas tomaron las calles para protestar contra la reforma planteada como una forma de aliviar el bolsillo de la cuarta economía latinoamericana, a la que incluso el partido de gobierno hizo reparos. En los días siguientes se mantuvieron las manifestaciones de forma menos concurrida, pero este sábado retomaron con mayor intensidad.
La oposición ha multiplicado las acusaciones sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública durante las protestas y disturbios, lo que el gobierno niega. De momento, el Ministerio de Defensa solo ha reconocido un muerto y guarda silencio sobre el número de civiles heridos. El balance oficial da cuenta de 209 policías lesionados, un uniformado fallecido y 203 arrestos realizados.
La Fiscalía afirmó en un chat de periodistas estar investigando seis homicidios ocurridos durante las protestas para verificar “si tienen o no que ver con la conflictividad social” y la Defensoría del Pueblo (Ombudsman), autónoma, advirtió sobre 179 civiles lesionados y dos decesos en Neiva (centro) y Bogotá. En Cali, la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías informó haber recibido la denuncia de 14 personas asesinadas por disparos policiales. Por su parte, la organización Temblores contabilizó al menos 10 muertes producto de la violencia policial, 68 víctimas de violencia física, 655 detenciones arbitrarias, 8 personas que recibieron agresión en sus ojos y 18 casos de disparos de armas de fuego perpetrados por la fuerza pública.
En un pedido de “acción urgente” radicado en el Congreso, 19 parlamentarios de oposición informaron que cuatro de las víctimas mortales podrían haberse dado por “el accionar de la policía”.
Con la reforma el gobierno quería recaudar unos 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031, para estabilizar las finanzas de un país con un desempleo urbano del 16,8% en marzo, cuyo PIB cayó un 6,8% en 2020: su peor desempeño en medio siglo. Pero expertos y oposición aseguran que se ensañó con la clase media, buscando por ejemplo ampliar la base de contribuyentes al impuesto sobre la renta o aumentar el IVA en algunos bienes y servicios.
Mientras tanto, Colombia, con 50 millones de habitantes, atraviesa una agresiva tercera ola de contagios que tiene a los hospitales al borde del colapso y el personal de salud agotado.
El presidente Iván Duque anunció que desplegaría fuerzas armadas “en centros urbanos donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos”.
Luego de reconocer la legitimidad de las manifestaciones pacíficas, dijo que acudirá a la figura de “asistencia militar” para combatir a quienes “por la vía de la violencia, el vandalismo y el terrorismo pretenden amedrentar a la sociedad y creen que por ese mecanismo doblegarán a las instituciones”.
Anteriormente, el ministro de Defensa, Diego Molano, había informado sobre la llegada de unos tres mil soldados y policías a la ciudad de Cali. Además de la capital, hubo manifestaciones Cali y Medellín, así como en Barranquilla, Cartagena y ciudades intermedias.
Al reclamo de sindicatos, estudiantes, indígenas y oposición, se sumaron denuncias de múltiples abusos cometidos por la fuerza pública durante las masivas protestas que, el día internacional del trabajo, se dieron al ritmo de cacerolazos.
Desde el miércoles, decenas de miles personas tomaron las calles para protestar contra la reforma planteada como una forma de aliviar el bolsillo de la cuarta economía latinoamericana, a la que incluso el partido de gobierno hizo reparos. En los días siguientes se mantuvieron las manifestaciones de forma menos concurrida, pero este sábado retomaron con mayor intensidad.
La oposición ha multiplicado las acusaciones sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública durante las protestas y disturbios, lo que el gobierno niega. De momento, el Ministerio de Defensa solo ha reconocido un muerto y guarda silencio sobre el número de civiles heridos. El balance oficial da cuenta de 209 policías lesionados, un uniformado fallecido y 203 arrestos realizados.
La Fiscalía afirmó en un chat de periodistas estar investigando seis homicidios ocurridos durante las protestas para verificar “si tienen o no que ver con la conflictividad social” y la Defensoría del Pueblo (Ombudsman), autónoma, advirtió sobre 179 civiles lesionados y dos decesos en Neiva (centro) y Bogotá. En Cali, la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías informó haber recibido la denuncia de 14 personas asesinadas por disparos policiales. Por su parte, la organización Temblores contabilizó al menos 10 muertes producto de la violencia policial, 68 víctimas de violencia física, 655 detenciones arbitrarias, 8 personas que recibieron agresión en sus ojos y 18 casos de disparos de armas de fuego perpetrados por la fuerza pública.
En un pedido de “acción urgente” radicado en el Congreso, 19 parlamentarios de oposición informaron que cuatro de las víctimas mortales podrían haberse dado por “el accionar de la policía”.
Con la reforma el gobierno quería recaudar unos 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031, para estabilizar las finanzas de un país con un desempleo urbano del 16,8% en marzo, cuyo PIB cayó un 6,8% en 2020: su peor desempeño en medio siglo. Pero expertos y oposición aseguran que se ensañó con la clase media, buscando por ejemplo ampliar la base de contribuyentes al impuesto sobre la renta o aumentar el IVA en algunos bienes y servicios.
Mientras tanto, Colombia, con 50 millones de habitantes, atraviesa una agresiva tercera ola de contagios que tiene a los hospitales al borde del colapso y el personal de salud agotado.
El presidente Iván Duque anunció que desplegaría fuerzas armadas “en centros urbanos donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos”.
Luego de reconocer la legitimidad de las manifestaciones pacíficas, dijo que acudirá a la figura de “asistencia militar” para combatir a quienes “por la vía de la violencia, el vandalismo y el terrorismo pretenden amedrentar a la sociedad y creen que por ese mecanismo doblegarán a las instituciones”.
Anteriormente, el ministro de Defensa, Diego Molano, había informado sobre la llegada de unos tres mil soldados y policías a la ciudad de Cali. Además de la capital, hubo manifestaciones Cali y Medellín, así como en Barranquilla, Cartagena y ciudades intermedias.
Al reclamo de sindicatos, estudiantes, indígenas y oposición, se sumaron denuncias de múltiples abusos cometidos por la fuerza pública durante las masivas protestas que, el día internacional del trabajo, se dieron al ritmo de cacerolazos.
Desde el miércoles, decenas de miles personas tomaron las calles para protestar contra la reforma planteada como una forma de aliviar el bolsillo de la cuarta economía latinoamericana, a la que incluso el partido de gobierno hizo reparos. En los días siguientes se mantuvieron las manifestaciones de forma menos concurrida, pero este sábado retomaron con mayor intensidad.
La oposición ha multiplicado las acusaciones sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública durante las protestas y disturbios, lo que el gobierno niega. De momento, el Ministerio de Defensa solo ha reconocido un muerto y guarda silencio sobre el número de civiles heridos. El balance oficial da cuenta de 209 policías lesionados, un uniformado fallecido y 203 arrestos realizados.
La Fiscalía afirmó en un chat de periodistas estar investigando seis homicidios ocurridos durante las protestas para verificar “si tienen o no que ver con la conflictividad social” y la Defensoría del Pueblo (Ombudsman), autónoma, advirtió sobre 179 civiles lesionados y dos decesos en Neiva (centro) y Bogotá. En Cali, la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías informó haber recibido la denuncia de 14 personas asesinadas por disparos policiales. Por su parte, la organización Temblores contabilizó al menos 10 muertes producto de la violencia policial, 68 víctimas de violencia física, 655 detenciones arbitrarias, 8 personas que recibieron agresión en sus ojos y 18 casos de disparos de armas de fuego perpetrados por la fuerza pública.
En un pedido de “acción urgente” radicado en el Congreso, 19 parlamentarios de oposición informaron que cuatro de las víctimas mortales podrían haberse dado por “el accionar de la policía”.
Con la reforma el gobierno quería recaudar unos 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031, para estabilizar las finanzas de un país con un desempleo urbano del 16,8% en marzo, cuyo PIB cayó un 6,8% en 2020: su peor desempeño en medio siglo. Pero expertos y oposición aseguran que se ensañó con la clase media, buscando por ejemplo ampliar la base de contribuyentes al impuesto sobre la renta o aumentar el IVA en algunos bienes y servicios.
Mientras tanto, Colombia, con 50 millones de habitantes, atraviesa una agresiva tercera ola de contagios que tiene a los hospitales al borde del colapso y el personal de salud agotado.
