Revisión de causas archivadas abre nuevas expectativas de justicia para víctimas de violaciones de DD.HH del estallido
El fiscal nacional Jorge Abbott ordenó a los fiscales regionales volver a examinar estas causas, lo que es valorado por las víctimas, sin embargo, aseguran que seguirán con cautela las investigaciones para que el anuncio no sea “un voladero de luces”.
Andrea Bustos C.
Miércoles 5 de mayo 2021 18:16 hrs.
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El fiscal nacional, Jorge Abbott, ordenó en una reunión con los fiscales regionales revisar las causas que se han archivado por presuntas violaciones de derechos humanos cometidas a partir del estallido social.
Según consignó La Tercera, el titular del Ministerio Público destacó la importancia de perseguir crímenes de lesa humanidad y delitos vinculados a los derechos humanos. Además, la orden del fiscal nacional incluye la creación de un equipo especializado para la reapertura de esos casos, y la persecución de la responsabilidad de mando en los crímenes de lesa humanidad.
Informes del Centro de Investigación Periodística de Chile han reportado que el 46 por ciento de las causas de este tipo ocurridas a partir del 18 de octubre se cerraron sin formalizados. Y solo 57 cuentan con formalizaciones, con un total de 118 imputados, la mayoría de ellos pertenecientes a Carabineros.
Sobre esta información, el ministro de Justicia y DD.HH. Hernán Larraín destacó que “el Ministerio Público y el fiscal nacional estén procurando ver cómo ser más eficientes, porque aquí cuando se archivan la mitad de las causas quiere decir que en esas no hay investigaciones y, por lo tanto, se pierde el objetivo que es poder llevar a personas que han cometido delitos a la justicia”.
Mientras que desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, su director Sergio Micco, comentó que “valoramos que la Fiscalía Nacional examine los criterios aplicados en las causas de derechos humanos asociados a la crisis social, sobre todo respecto de aquellas investigaciones que fueron en principio archivadas, en varias de estas en que el INDH actúa como querellante”.
“Esta es una señal, una muestra del compromiso de la Fiscalía con la búsqueda de la verdad y la justicia, y la no impunidad en nuestro país, que como hemos dicho a partir de nuestro trabajo desplegado en el contexto de la crisis social y en las distintas recomendaciones que se han formulado por parte del instituto, se trata además de una tarea de Estado que involucra al conjunto de las instituciones que conforman el sistema de justicia penal y, por cierto, al propio INDH”, complementó el abogado.
Que no sea un voladero de luces
Ante esta decisión tomada por el fiscal nacional Jorge Abbott, desde las agrupaciones de víctimas y familiares de personas vulneradas en sus derechos humanos en la crisis social miran con valoración esta decisión de la Fiscalía, puesto que es una nueva posibilidad de justicia para sus causas.
Marta Valdés, vocera de la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular, señaló que las causas que se han ido archivando responden a procesos en los que la Fiscalía indicó que ya no hay más antecedentes ni pericias. Sin embargo, las víctimas y familiares consideran que con esta decisión y con la colaboración de Carabineros es posible avanzar, por lo que esperan que en este nuevo proceso el ente persecutor sea más duro con la institución uniformada, para que esta revisión no sea solo “un voladero de luces”.
“Esto a nosotros nos parece importante porque las causas se han cerrado porque Carabineros no aporta las cámaras y la información necesaria para hacer la investigación. Creemos que es importante que el fiscal nacional Jorge Abbott le pida a los fiscales regionales que exijan que Carabineros aporte a la investigación, ahí hay un tema complejo con la institución de no aportar información”, afirmó.
Sin perjuicio de aquello, Valdés destacó que la Fiscalía ha sido inoperante, lo que queda en evidencia al comparar la premura con la que se investigan los casos contra manifestantes versus los de derechos humanos.
“Los fiscales han sido super efectivos cuando se detiene algún manifestante, las condenas y lo que amerita para que el manifestante pueda ser juzgado (…) Nos llama la atención que eso no pasa con todos los casos por igual, yo creo que Fiscalía tiene una responsabilidad grande”, dijo.
Junto a ello, la vocera de la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular destacó que esta decisión por parte de Jorge Abbott debió tomarse hace mucho tiempo, especialmente porque es importante avanzar en el fin de la impunidad.
“No quisiéramos que pase lo mismo que con algunos casos de la dictadura, que las causas queden ahí archivadas por años y no encontremos verdad y justicia, que es lo que más nos importa tanto a familiares como a víctimas”, expresó.
Desde la Agrupación de Familiares de Asesinados en el Estallido, Nathaly Mora, concordó que como familiares de las víctimas han sentido que la Fiscalía no ha actuado para ellos con la misma celeridad que con otras causas.
“Se han burlado de nosotros y están trabajando para los uniformados. No es posible que en el caso de Kevin Gómez, en el de mi hermano Jorge Mora, estén los videos, las pruebas y esas personas estén en libertad (…) Ellos dan penas gigantescas a nuestros presos políticos y a los verdaderos violadores de derechos humanos los tienen en libertad, ahí se nota realmente que no hay imparcialidad, están actuando en contra del pueblo y a favor de los pacos y milicos”, dijo.
Respecto de la decisión adoptada por el fiscal nacional, señaló que esperan que está revisión sea real, y no solo una intención que no llegue a nada: “Revisar podría ser echarle una mirada a los casos, pero si se van a revisar necesitamos que las personas paguen con cárcel, todos los responsables de los asesinatos, mutilaciones, torturas y violaciones”.
“Deben ser revisadas e incluso debieron ser resueltas hace mucho rato, porque es inconcebible, por ejemplo, que en la dictadura hayan matado a cientos de personas, hayan desaparecido cientos más y todavía tengan organizaciones luchando por justicia. Nosotros también cuánto tiempo llevamos luchando, más de un año y tenemos a los autores totalmente libres y gozando de su libertad y en sus funciones, porque muchos ni siquiera han sido dados de baja, o ni si quiera reconocidos”, agregó Nathaly Mora.
Además, la vocera destacó que como organización sus expectativas son lograr establecer memoria para que sus muertos no sean olvidados, verdad para que se esclarezcan los casos, justicia para que los asesinos directos e indirectos paguen y reparación no solo económica, sino especialmente afectiva y psicológica ante lo vivido en estos crímenes.
Desde el Congreso Nacional también se generaron opiniones sobre este anuncio. La presidenta de la Comisión de DD.HH de la Cámara, la diputada socialista Emilia Nuyado, manifestó que esta situación es una nueva esperanza para las víctimas.
“Esta es una buena señal, sobre todo porque son cientos los casos donde se denuncian abusos por parte de agentes del Estado, sobre todo durante el estallido social, que no tuvieron respuesta de los tribunales”, dijo.
Y agregó: “Es importante avanzar en este sentido y la eventual creación de una equipo especializado para cumplir con esta tarea ojalá se lleve a cabo. Nuestra comisión tiene decenas de casos y denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado durante el estallido social”.
Finalmente, la diputada confirmó que como comisión podrán a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes que tienen sobre casos y testimonios de violaciones a los derechos humanos a partir del 18 de octubre.
Con la decisión adoptada por el fiscal nacional, ahora la orden debe materializarse a través de instrucciones y escritos que establezcan las tareas de la Fiscalía en la materia. Para quienes esperan justicia ante estas violaciones a los derechos humanos conseguir justicia no solo se vincula con las expectativas de que los culpables paguen sus delitos, sino también con la necesidad de generar mecanismos de no repetición para el futuro.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, ordenó en una reunión con los fiscales regionales revisar las causas que se han archivado por presuntas violaciones de derechos humanos cometidas a partir del estallido social.
Según consignó La Tercera, el titular del Ministerio Público destacó la importancia de perseguir crímenes de lesa humanidad y delitos vinculados a los derechos humanos. Además, la orden del fiscal nacional incluye la creación de un equipo especializado para la reapertura de esos casos, y la persecución de la responsabilidad de mando en los crímenes de lesa humanidad.
Informes del Centro de Investigación Periodística de Chile han reportado que el 46 por ciento de las causas de este tipo ocurridas a partir del 18 de octubre se cerraron sin formalizados. Y solo 57 cuentan con formalizaciones, con un total de 118 imputados, la mayoría de ellos pertenecientes a Carabineros.
Sobre esta información, el ministro de Justicia y DD.HH. Hernán Larraín destacó que “el Ministerio Público y el fiscal nacional estén procurando ver cómo ser más eficientes, porque aquí cuando se archivan la mitad de las causas quiere decir que en esas no hay investigaciones y, por lo tanto, se pierde el objetivo que es poder llevar a personas que han cometido delitos a la justicia”.
Mientras que desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, su director Sergio Micco, comentó que “valoramos que la Fiscalía Nacional examine los criterios aplicados en las causas de derechos humanos asociados a la crisis social, sobre todo respecto de aquellas investigaciones que fueron en principio archivadas, en varias de estas en que el INDH actúa como querellante”.
“Esta es una señal, una muestra del compromiso de la Fiscalía con la búsqueda de la verdad y la justicia, y la no impunidad en nuestro país, que como hemos dicho a partir de nuestro trabajo desplegado en el contexto de la crisis social y en las distintas recomendaciones que se han formulado por parte del instituto, se trata además de una tarea de Estado que involucra al conjunto de las instituciones que conforman el sistema de justicia penal y, por cierto, al propio INDH”, complementó el abogado.
Que no sea un voladero de luces
Ante esta decisión tomada por el fiscal nacional Jorge Abbott, desde las agrupaciones de víctimas y familiares de personas vulneradas en sus derechos humanos en la crisis social miran con valoración esta decisión de la Fiscalía, puesto que es una nueva posibilidad de justicia para sus causas.
Marta Valdés, vocera de la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular, señaló que las causas que se han ido archivando responden a procesos en los que la Fiscalía indicó que ya no hay más antecedentes ni pericias. Sin embargo, las víctimas y familiares consideran que con esta decisión y con la colaboración de Carabineros es posible avanzar, por lo que esperan que en este nuevo proceso el ente persecutor sea más duro con la institución uniformada, para que esta revisión no sea solo “un voladero de luces”.
“Esto a nosotros nos parece importante porque las causas se han cerrado porque Carabineros no aporta las cámaras y la información necesaria para hacer la investigación. Creemos que es importante que el fiscal nacional Jorge Abbott le pida a los fiscales regionales que exijan que Carabineros aporte a la investigación, ahí hay un tema complejo con la institución de no aportar información”, afirmó.
Sin perjuicio de aquello, Valdés destacó que la Fiscalía ha sido inoperante, lo que queda en evidencia al comparar la premura con la que se investigan los casos contra manifestantes versus los de derechos humanos.
“Los fiscales han sido super efectivos cuando se detiene algún manifestante, las condenas y lo que amerita para que el manifestante pueda ser juzgado (…) Nos llama la atención que eso no pasa con todos los casos por igual, yo creo que Fiscalía tiene una responsabilidad grande”, dijo.
Junto a ello, la vocera de la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular destacó que esta decisión por parte de Jorge Abbott debió tomarse hace mucho tiempo, especialmente porque es importante avanzar en el fin de la impunidad.
“No quisiéramos que pase lo mismo que con algunos casos de la dictadura, que las causas queden ahí archivadas por años y no encontremos verdad y justicia, que es lo que más nos importa tanto a familiares como a víctimas”, expresó.
Desde la Agrupación de Familiares de Asesinados en el Estallido, Nathaly Mora, concordó que como familiares de las víctimas han sentido que la Fiscalía no ha actuado para ellos con la misma celeridad que con otras causas.
“Se han burlado de nosotros y están trabajando para los uniformados. No es posible que en el caso de Kevin Gómez, en el de mi hermano Jorge Mora, estén los videos, las pruebas y esas personas estén en libertad (…) Ellos dan penas gigantescas a nuestros presos políticos y a los verdaderos violadores de derechos humanos los tienen en libertad, ahí se nota realmente que no hay imparcialidad, están actuando en contra del pueblo y a favor de los pacos y milicos”, dijo.
Respecto de la decisión adoptada por el fiscal nacional, señaló que esperan que está revisión sea real, y no solo una intención que no llegue a nada: “Revisar podría ser echarle una mirada a los casos, pero si se van a revisar necesitamos que las personas paguen con cárcel, todos los responsables de los asesinatos, mutilaciones, torturas y violaciones”.
“Deben ser revisadas e incluso debieron ser resueltas hace mucho rato, porque es inconcebible, por ejemplo, que en la dictadura hayan matado a cientos de personas, hayan desaparecido cientos más y todavía tengan organizaciones luchando por justicia. Nosotros también cuánto tiempo llevamos luchando, más de un año y tenemos a los autores totalmente libres y gozando de su libertad y en sus funciones, porque muchos ni siquiera han sido dados de baja, o ni si quiera reconocidos”, agregó Nathaly Mora.
Además, la vocera destacó que como organización sus expectativas son lograr establecer memoria para que sus muertos no sean olvidados, verdad para que se esclarezcan los casos, justicia para que los asesinos directos e indirectos paguen y reparación no solo económica, sino especialmente afectiva y psicológica ante lo vivido en estos crímenes.
Desde el Congreso Nacional también se generaron opiniones sobre este anuncio. La presidenta de la Comisión de DD.HH de la Cámara, la diputada socialista Emilia Nuyado, manifestó que esta situación es una nueva esperanza para las víctimas.
“Esta es una buena señal, sobre todo porque son cientos los casos donde se denuncian abusos por parte de agentes del Estado, sobre todo durante el estallido social, que no tuvieron respuesta de los tribunales”, dijo.
Y agregó: “Es importante avanzar en este sentido y la eventual creación de una equipo especializado para cumplir con esta tarea ojalá se lleve a cabo. Nuestra comisión tiene decenas de casos y denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado durante el estallido social”.
Finalmente, la diputada confirmó que como comisión podrán a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes que tienen sobre casos y testimonios de violaciones a los derechos humanos a partir del 18 de octubre.
Con la decisión adoptada por el fiscal nacional, ahora la orden debe materializarse a través de instrucciones y escritos que establezcan las tareas de la Fiscalía en la materia. Para quienes esperan justicia ante estas violaciones a los derechos humanos conseguir justicia no solo se vincula con las expectativas de que los culpables paguen sus delitos, sino también con la necesidad de generar mecanismos de no repetición para el futuro.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, ordenó en una reunión con los fiscales regionales revisar las causas que se han archivado por presuntas violaciones de derechos humanos cometidas a partir del estallido social.
Según consignó La Tercera, el titular del Ministerio Público destacó la importancia de perseguir crímenes de lesa humanidad y delitos vinculados a los derechos humanos. Además, la orden del fiscal nacional incluye la creación de un equipo especializado para la reapertura de esos casos, y la persecución de la responsabilidad de mando en los crímenes de lesa humanidad.
Informes del Centro de Investigación Periodística de Chile han reportado que el 46 por ciento de las causas de este tipo ocurridas a partir del 18 de octubre se cerraron sin formalizados. Y solo 57 cuentan con formalizaciones, con un total de 118 imputados, la mayoría de ellos pertenecientes a Carabineros.
Sobre esta información, el ministro de Justicia y DD.HH. Hernán Larraín destacó que “el Ministerio Público y el fiscal nacional estén procurando ver cómo ser más eficientes, porque aquí cuando se archivan la mitad de las causas quiere decir que en esas no hay investigaciones y, por lo tanto, se pierde el objetivo que es poder llevar a personas que han cometido delitos a la justicia”.
Mientras que desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, su director Sergio Micco, comentó que “valoramos que la Fiscalía Nacional examine los criterios aplicados en las causas de derechos humanos asociados a la crisis social, sobre todo respecto de aquellas investigaciones que fueron en principio archivadas, en varias de estas en que el INDH actúa como querellante”.
“Esta es una señal, una muestra del compromiso de la Fiscalía con la búsqueda de la verdad y la justicia, y la no impunidad en nuestro país, que como hemos dicho a partir de nuestro trabajo desplegado en el contexto de la crisis social y en las distintas recomendaciones que se han formulado por parte del instituto, se trata además de una tarea de Estado que involucra al conjunto de las instituciones que conforman el sistema de justicia penal y, por cierto, al propio INDH”, complementó el abogado.
Que no sea un voladero de luces
Ante esta decisión tomada por el fiscal nacional Jorge Abbott, desde las agrupaciones de víctimas y familiares de personas vulneradas en sus derechos humanos en la crisis social miran con valoración esta decisión de la Fiscalía, puesto que es una nueva posibilidad de justicia para sus causas.
Marta Valdés, vocera de la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular, señaló que las causas que se han ido archivando responden a procesos en los que la Fiscalía indicó que ya no hay más antecedentes ni pericias. Sin embargo, las víctimas y familiares consideran que con esta decisión y con la colaboración de Carabineros es posible avanzar, por lo que esperan que en este nuevo proceso el ente persecutor sea más duro con la institución uniformada, para que esta revisión no sea solo “un voladero de luces”.
“Esto a nosotros nos parece importante porque las causas se han cerrado porque Carabineros no aporta las cámaras y la información necesaria para hacer la investigación. Creemos que es importante que el fiscal nacional Jorge Abbott le pida a los fiscales regionales que exijan que Carabineros aporte a la investigación, ahí hay un tema complejo con la institución de no aportar información”, afirmó.
Sin perjuicio de aquello, Valdés destacó que la Fiscalía ha sido inoperante, lo que queda en evidencia al comparar la premura con la que se investigan los casos contra manifestantes versus los de derechos humanos.
“Los fiscales han sido super efectivos cuando se detiene algún manifestante, las condenas y lo que amerita para que el manifestante pueda ser juzgado (…) Nos llama la atención que eso no pasa con todos los casos por igual, yo creo que Fiscalía tiene una responsabilidad grande”, dijo.
Junto a ello, la vocera de la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular destacó que esta decisión por parte de Jorge Abbott debió tomarse hace mucho tiempo, especialmente porque es importante avanzar en el fin de la impunidad.
“No quisiéramos que pase lo mismo que con algunos casos de la dictadura, que las causas queden ahí archivadas por años y no encontremos verdad y justicia, que es lo que más nos importa tanto a familiares como a víctimas”, expresó.
Desde la Agrupación de Familiares de Asesinados en el Estallido, Nathaly Mora, concordó que como familiares de las víctimas han sentido que la Fiscalía no ha actuado para ellos con la misma celeridad que con otras causas.
“Se han burlado de nosotros y están trabajando para los uniformados. No es posible que en el caso de Kevin Gómez, en el de mi hermano Jorge Mora, estén los videos, las pruebas y esas personas estén en libertad (…) Ellos dan penas gigantescas a nuestros presos políticos y a los verdaderos violadores de derechos humanos los tienen en libertad, ahí se nota realmente que no hay imparcialidad, están actuando en contra del pueblo y a favor de los pacos y milicos”, dijo.
Respecto de la decisión adoptada por el fiscal nacional, señaló que esperan que está revisión sea real, y no solo una intención que no llegue a nada: “Revisar podría ser echarle una mirada a los casos, pero si se van a revisar necesitamos que las personas paguen con cárcel, todos los responsables de los asesinatos, mutilaciones, torturas y violaciones”.
“Deben ser revisadas e incluso debieron ser resueltas hace mucho rato, porque es inconcebible, por ejemplo, que en la dictadura hayan matado a cientos de personas, hayan desaparecido cientos más y todavía tengan organizaciones luchando por justicia. Nosotros también cuánto tiempo llevamos luchando, más de un año y tenemos a los autores totalmente libres y gozando de su libertad y en sus funciones, porque muchos ni siquiera han sido dados de baja, o ni si quiera reconocidos”, agregó Nathaly Mora.
Además, la vocera destacó que como organización sus expectativas son lograr establecer memoria para que sus muertos no sean olvidados, verdad para que se esclarezcan los casos, justicia para que los asesinos directos e indirectos paguen y reparación no solo económica, sino especialmente afectiva y psicológica ante lo vivido en estos crímenes.
Desde el Congreso Nacional también se generaron opiniones sobre este anuncio. La presidenta de la Comisión de DD.HH de la Cámara, la diputada socialista Emilia Nuyado, manifestó que esta situación es una nueva esperanza para las víctimas.
“Esta es una buena señal, sobre todo porque son cientos los casos donde se denuncian abusos por parte de agentes del Estado, sobre todo durante el estallido social, que no tuvieron respuesta de los tribunales”, dijo.
Y agregó: “Es importante avanzar en este sentido y la eventual creación de una equipo especializado para cumplir con esta tarea ojalá se lleve a cabo. Nuestra comisión tiene decenas de casos y denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado durante el estallido social”.
Finalmente, la diputada confirmó que como comisión podrán a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes que tienen sobre casos y testimonios de violaciones a los derechos humanos a partir del 18 de octubre.
Con la decisión adoptada por el fiscal nacional, ahora la orden debe materializarse a través de instrucciones y escritos que establezcan las tareas de la Fiscalía en la materia. Para quienes esperan justicia ante estas violaciones a los derechos humanos conseguir justicia no solo se vincula con las expectativas de que los culpables paguen sus delitos, sino también con la necesidad de generar mecanismos de no repetición para el futuro.
