Carlos Margotta por revisión de causas del estallido: “Es una forma de asumir que se ha incumplido la obligación de investigar”
El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos aseguró que espera que estos delitos no sean tipificados como comunes, sino como crímenes de lesa humanidad. "Ni siquiera son solo violaciones a los derechos humanos sino que aquí se ha cometido la categoría más grave, que son los crímenes contra la humanidad", señaló.
Eduardo Andrade
Jueves 6 de mayo 2021 19:24 hrs.
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La reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos perpetradas en el contexto del estallido social por parte del Ministerio Público es una buena noticia, según afirmó a nuestro medio el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta; sin embargo, evidencia un incumplimiento del trabajo tanto de la Fiscalía como del Estado de Chile.
Hay que recordar que, este miércoles, el fiscal nacional, Jorge Abbott, anunció la revisión de estas causas, además de la conformación de un equipo especial encargado de este proceso y la persecución de la responsabilidad de mando en tales crímenes.
Por tal motivo, consultado por nuestro medio, el presidente de la Comisión, Carlos Margotta, puso énfasis en la cantidad de causas que fueron archivas en los años posteriores al estallido y en las que, según aseguró, no se realizó una investigación efectiva.
“Hay 6.321 causas que se encuentran cerradas y que representan 55 por ciento del total de las causas iniciadas por violaciones a los DDHH a partir del 18 de octubre de 2019. Estas causas fueron archivadas sin la investigación adecuada y sin la determinación de los responsables. Por lo tanto, la creación de un equipo especializado para ver la reapertura de estas miles de causas parece que es una forma de asumir de que se ha incumplido la obligación de investigar”, manifestó.
Para Margotta, el proceso que vendrá tiene dos factores claves a diferencia de lo que la Fiscalía venía haciendo en años anteriores. Lo primero dice relación con la responsabilidad del Estado para asumir que las investigaciones no fueron las adecuadas, y lo segundo, la inclusión de la persecución de responsabilidades de altos mandos en los casos de violaciones a los DD.HH.
Respecto de esto último, el abogado señaló que “es muy relevante porque de acuerdo a la ley 20.357, que tipifica y sanciona los crímenes contra la humanidad, existe responsabilidad en la comisión de estos crímenes también de las autoridades civiles o jefes militares, como señala el artículo 35 de la ley. Por tanto, es también una buena noticia para evitar la impunidad de quienes han tenido conocimiento o han podido evitar la comisión de estos crímenes y no lo han hecho, como son las autoridades política o jefes militares”.
Asimismo, Margotta aseguró que lo que se espera desde la entidad que preside es que estos delitos no sean tipificados como delitos comunes, sino como crímenes de lesa humanidad, algo que hasta el momento no había hecho el Ministerio Público.
“Hasta ahora el Ministerio Público había iniciado acciones para investigar las violaciones a los derechos humanos, pero bajo el alero del Código Penal, como si se trataran de delitos comunes, en circunstancias que a nuestro entender ya no son comunes, ni siquiera son solo violaciones a los derechos humanos, sino que se ha cometido aquí la categoría más grave, que son los crímenes contra la humanidad, tipificados y sancionados en la ley 20357, vigente desde el 2009″, argumentó.
Con estos nuevos criterios, Margotta instó en que se pueda determinar la responsabilidad del Presidente de la República en estos hechos, así como la de los cuatro ministros del Interior que estuvieron en el cargo desde el 18 de octubre, de los dos subsecretarios del Interior, responsables del control del orden público, y de los dos directores generales de carabineros que ha habido en este período.
La reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos perpetradas en el contexto del estallido social por parte del Ministerio Público es una buena noticia, según afirmó a nuestro medio el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta; sin embargo, evidencia un incumplimiento del trabajo tanto de la Fiscalía como del Estado de Chile.
Hay que recordar que, este miércoles, el fiscal nacional, Jorge Abbott, anunció la revisión de estas causas, además de la conformación de un equipo especial encargado de este proceso y la persecución de la responsabilidad de mando en tales crímenes.
Por tal motivo, consultado por nuestro medio, el presidente de la Comisión, Carlos Margotta, puso énfasis en la cantidad de causas que fueron archivas en los años posteriores al estallido y en las que, según aseguró, no se realizó una investigación efectiva.
“Hay 6.321 causas que se encuentran cerradas y que representan 55 por ciento del total de las causas iniciadas por violaciones a los DDHH a partir del 18 de octubre de 2019. Estas causas fueron archivadas sin la investigación adecuada y sin la determinación de los responsables. Por lo tanto, la creación de un equipo especializado para ver la reapertura de estas miles de causas parece que es una forma de asumir de que se ha incumplido la obligación de investigar”, manifestó.
Para Margotta, el proceso que vendrá tiene dos factores claves a diferencia de lo que la Fiscalía venía haciendo en años anteriores. Lo primero dice relación con la responsabilidad del Estado para asumir que las investigaciones no fueron las adecuadas, y lo segundo, la inclusión de la persecución de responsabilidades de altos mandos en los casos de violaciones a los DD.HH.
Respecto de esto último, el abogado señaló que “es muy relevante porque de acuerdo a la ley 20.357, que tipifica y sanciona los crímenes contra la humanidad, existe responsabilidad en la comisión de estos crímenes también de las autoridades civiles o jefes militares, como señala el artículo 35 de la ley. Por tanto, es también una buena noticia para evitar la impunidad de quienes han tenido conocimiento o han podido evitar la comisión de estos crímenes y no lo han hecho, como son las autoridades política o jefes militares”.
Asimismo, Margotta aseguró que lo que se espera desde la entidad que preside es que estos delitos no sean tipificados como delitos comunes, sino como crímenes de lesa humanidad, algo que hasta el momento no había hecho el Ministerio Público.
“Hasta ahora el Ministerio Público había iniciado acciones para investigar las violaciones a los derechos humanos, pero bajo el alero del Código Penal, como si se trataran de delitos comunes, en circunstancias que a nuestro entender ya no son comunes, ni siquiera son solo violaciones a los derechos humanos, sino que se ha cometido aquí la categoría más grave, que son los crímenes contra la humanidad, tipificados y sancionados en la ley 20357, vigente desde el 2009″, argumentó.
Con estos nuevos criterios, Margotta instó en que se pueda determinar la responsabilidad del Presidente de la República en estos hechos, así como la de los cuatro ministros del Interior que estuvieron en el cargo desde el 18 de octubre, de los dos subsecretarios del Interior, responsables del control del orden público, y de los dos directores generales de carabineros que ha habido en este período.
La reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos perpetradas en el contexto del estallido social por parte del Ministerio Público es una buena noticia, según afirmó a nuestro medio el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta; sin embargo, evidencia un incumplimiento del trabajo tanto de la Fiscalía como del Estado de Chile.
Hay que recordar que, este miércoles, el fiscal nacional, Jorge Abbott, anunció la revisión de estas causas, además de la conformación de un equipo especial encargado de este proceso y la persecución de la responsabilidad de mando en tales crímenes.
Por tal motivo, consultado por nuestro medio, el presidente de la Comisión, Carlos Margotta, puso énfasis en la cantidad de causas que fueron archivas en los años posteriores al estallido y en las que, según aseguró, no se realizó una investigación efectiva.
“Hay 6.321 causas que se encuentran cerradas y que representan 55 por ciento del total de las causas iniciadas por violaciones a los DDHH a partir del 18 de octubre de 2019. Estas causas fueron archivadas sin la investigación adecuada y sin la determinación de los responsables. Por lo tanto, la creación de un equipo especializado para ver la reapertura de estas miles de causas parece que es una forma de asumir de que se ha incumplido la obligación de investigar”, manifestó.
Para Margotta, el proceso que vendrá tiene dos factores claves a diferencia de lo que la Fiscalía venía haciendo en años anteriores. Lo primero dice relación con la responsabilidad del Estado para asumir que las investigaciones no fueron las adecuadas, y lo segundo, la inclusión de la persecución de responsabilidades de altos mandos en los casos de violaciones a los DD.HH.
Respecto de esto último, el abogado señaló que “es muy relevante porque de acuerdo a la ley 20.357, que tipifica y sanciona los crímenes contra la humanidad, existe responsabilidad en la comisión de estos crímenes también de las autoridades civiles o jefes militares, como señala el artículo 35 de la ley. Por tanto, es también una buena noticia para evitar la impunidad de quienes han tenido conocimiento o han podido evitar la comisión de estos crímenes y no lo han hecho, como son las autoridades política o jefes militares”.
Asimismo, Margotta aseguró que lo que se espera desde la entidad que preside es que estos delitos no sean tipificados como delitos comunes, sino como crímenes de lesa humanidad, algo que hasta el momento no había hecho el Ministerio Público.
“Hasta ahora el Ministerio Público había iniciado acciones para investigar las violaciones a los derechos humanos, pero bajo el alero del Código Penal, como si se trataran de delitos comunes, en circunstancias que a nuestro entender ya no son comunes, ni siquiera son solo violaciones a los derechos humanos, sino que se ha cometido aquí la categoría más grave, que son los crímenes contra la humanidad, tipificados y sancionados en la ley 20357, vigente desde el 2009″, argumentó.
Con estos nuevos criterios, Margotta instó en que se pueda determinar la responsabilidad del Presidente de la República en estos hechos, así como la de los cuatro ministros del Interior que estuvieron en el cargo desde el 18 de octubre, de los dos subsecretarios del Interior, responsables del control del orden público, y de los dos directores generales de carabineros que ha habido en este período.
