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Año XIII, 13 de junio de 2021

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Monitoreo Social revela graves problemas con Ley IVE y salud sexual y reproductiva durante la pandemia

El estudio realizado por la Mesa de Acción por el Aborto y Fondo Alquimia recogió situaciones a nivel nacional que revelaron cómo esta área de salud se ha visto limitada y descuidada durante la crisis por COVID-19.

Andrea Bustos C.

  Martes 11 de mayo 2021 14:43 hrs. 
IVE - FONDO ALQUIMIA


Por segunda ocasión la Mesa de Acción por el Aborto y el Fondo Alquimia, junto a organizaciones territoriales, realizaron un monitoreo social sobre la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales, abordando también la situación de la salud sexual y reproductiva.

Este sondeo se realizó entre julio y octubre de 2020 en plena crisis sanitaria por COVID-19 en alianza con seis organizaciones territoriales de diversas regiones del país.

En la primera versión del monitoreo – que abordó noviembre de 2018 a marzo de 2019- se reveló ausencia de información sobre la Ley IVE tanto a la comunidad como al personal de salud, también falta de capacitaciones, obstáculos para las pacientes a partir de la objeción de conciencia, y con esto afectación en el derecho a decidir de quienes quisieran hacer uso de esta normativa legal.

En tanto, en este segundo estudio la situación no muestra cambios favorables, sino más bien una profundización de los problemas a partir de la crisis sanitaria.

“Con las decisiones tomadas, con las postergaciones hechas se profundizan las dificultades. La falta de información extendida a las mujeres y comunidades se mantuvo durante la pandemia, aun cuando se sabía o se sabe que la violencia aumentó considerablemente en los meses de pandemia, y obviamente aumentó la violencia sexual”, señaló Gloria Maira, coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto.

Además, Maira destacó un segundo problema grave, y es la desfiguración del rol de la atención primaria en la atención de la ley, dado que el acceso se generó mayoritariamente a través de hospitales: “Se desdibujó el rol de la atención primaria en el acceso a la Ley IVE, y eso es grave porque es la atención primaria la que conoce a las comunidades, su realidad y si ahí no se ha producido capacitación, si ahí no se ha producido afianzamiento en los equipos durante la pandemia la atención primaria desaparece como un eslabón necesario y queda solamente el acceso a la Ley IVE a nivel de los hospitales”.

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Finalmente, explicó que un tercer elemento igual de preocupante fue la mantención de la objeción de consciencia simbólica en la red asistencial, la que se convierte en un obstáculo importante para las mujeres y cuerpos gestantes a la hora de acceder a esta prestación.

En tanto, sobre lo que refiere a atenciones de salud sexual y reproductiva, Gloria Maira señaló que previo a la pandemia el diagnóstico dice relación con una percepción de las usuarias de que las atenciones son homogenizadas, y están lejos de preocuparse sus realidades particulares. Asimismo, se registra una importante falta de personal, especialmente en la atención primaria.

Mientras, en pandemia, “se concentró la atención en la mujer gestante, y todas las demás prestaciones, mamografías, papanicolaous, infecciones de transmisión sexual, VIH, tratamientos hormonales, en fin, se desplazaron en el tiempo, se suspendieron y aunque el personal dice que se han ido retomando con el tiempo mucho no se ha alcanzado a hacer”.

“El propio personal de salud teme por las consecuencias en términos de la enfermedad de las mujeres, en términos de cánceres no detectados a tiempo, embarazos no deseados, consecuencias permanentes en la salud sexual y reproductiva de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar”, complementó.

Finalmente, la coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto expresó que lo que se logró hacer en esta materia durante la pandemia en 2020 se debe principalmente al esfuerzo del personal de salud, que incluso solventó con sus recursos personales atenciones a las usuarias adaptándose al contexto de COVID-19.

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Atención en los territorios

El trabajo de monitoreo se realizó en conjunto a las organizaciones territoriales Madre Nativa en la región de Arica y Parinacota, Acción Feminista Ovalle en la región de Coquimbo, Marcha Mundial de Mujeres en la región Metropolitana, Marcha Mundial de Mujeres Fiofío en la región del Biobío, Observatorio de Equidad en Salud según Género y Pueblo Mapuche en la región de la Araucanía y Colectiva Las Furias de Ancud en la región de los Lagos.

Este trabajo colaborativo permitió generar una visión respecto de lo que ocurre a lo largo del país, teniendo como diagnóstico que en los sectores rurales, tanto mujeres, niñas y adolescentes quedaron en tiempos de pandemia sin atención en salud sexual y reproductiva.

“En aquellos lugares que están más alejados de las zonas urbanas a veces existe solo un hospital para toda la región, es el caso de Arica por ejemplo, y también se observa que hay solo una matrona a veces en un amplio sector rural para toda la comunidad de mujeres y personas con capacidad de gestar. Además nos enfrentamos con diferentes obstáculos como el costo social y económico de tener que movilizarnos a las grandes ciudades para acceder a estas prestaciones médicas que no están en los sectores rurales”, expresó Karina Sepúlveda, de la Colectiva Madre Nativa de Arica.

Además, explicó que también se reportan problemas de discriminación contra mujeres de pueblos indígenas y migrantes.

“El Estado chileno ha hecho un intento por generar políticas de salud intercultural pero a partir del monitoreo hemos podido constatar que en la práctica esto no existe y que sigue habiendo una jerarquización, una marginalización y derechamente una fuerte influencia colonial en la atención del sistema de salud pública. En los territorios donde hay alta población indígena hay algunos y algunas profesionales de salud que constante y sistemáticamente emiten juicios de valor, prácticas racistas sobre la identidad de las personas”.

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En lo que refiere a las mujeres migrantes, un aspecto importante de acceso a salud sexual y reproductiva se genera con quienes provienen de Haití, dado que la brecha idiomática genera una dificultad adicional.

“Son mujeres que deben enfrentarse a una doble barrera cultural, por un lado tenemos el idioma y, por otro, el desconocimiento del sistema legal chileno. Consideramos que un aspecto de la atención sexual y reproductiva es una respuesta de una situación a un contexto de violencia y, en este sentido, son lamentablemente muy pocos los establecimientos que cuentan con traductora que faciliten la posibilidad de que las mujeres migrantes puedan acceder efectivamente a una atención de calidad”, dijo Karina Sepúlveda.

Además, indicó que este tipo de dificultes se reportan también por mujeres que se comunican a través de lengua de señas, quienes viven con alguna situación de discapacidad y grupos de diversidad sexo genérica, quienes  también reportan discriminación y poca consideración con sus necesidades particulares en los recintos de atención de salud pública

Evitar agudizar los problemas

El Monitoreo Social realizado por la Mesa de Acción por el Aborto y el Fondo Alquimia considera además una serie de recomendaciones para abordar las situaciones y problemas registrados.

Entre ellas están una estrategia de información a mujeres, personas con la capacidad gestar y comunidades en general sobre la Ley IVE, también una revisión y actualización de los protocolos de cobertura, junto a una capacitación y sensibilización del personal salud, especialmente en la atención primaria.

A esto se suma hacerse cargo de la objeción de conciencia, tomando en cuenta su dimensión simbólica que también es una forma de ejercer violencia sobre las mujeres, y comprender que la Ley IVE es una prestación de salud y, por lo tanto, debe ser entendida, integrada y entregada como tal en los establecimientos de salud.

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“Nosotras esperamos que realmente el monitoreo aporte a que el Minsal tenga lineamientos claros respecto de la atención en salud sexual y reproductiva y el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en este segundo año que enfrentamos la pandemia. Lo que ha demostrado el 2020 desde el monitoreo, y desde otros informes, es que efectivamente hay déficits importantes que se han acrecentado y eso va a tener un impacto en la salud y en la mortalidad de las mujeres y este segundo año hay que abordarlo”, señaló Gloria Maira.

La presentación de este Monitoreo Social contó con la presencia de la doctora Francisca Crispi, representante del Colegio Médico, quien además manifestó que como organización buscarán socializar estos problemas y sus posibles abordajes.

“A pesar de la frustración que a veces genera el que hemos entregado tantas recomendaciones, y a veces está la percepción de que no hay mucho espacio para la participación que hemos solicitado constantemente desde el inicio de esta pandemia, creo que hay que seguir haciendo todos los esfuerzos para colaborar, por la salud de las mujeres, por la salud de la población. Por lo que creo que es muy importante que se generen estas recomendaciones a las autoridades de este plan de salud sexual y reproductiva”, comentó.

Además, Francisca Crispi expresó que lo que se haga en esta materia no solo debe estar enfocado en la reactivación de las atenciones, sino también en generar marcos de acción para futuras catástrofes que pongan a prueba el sistema de salud.

“Hay que prepararnos para que puedan ocurrir situaciones catastróficas y en estas situaciones de catástrofes tenemos que estar muy preparados con un plan en el cual se resguarden claramente los derechos sexuales y reproductivos, ya que estos son hoy, no son mañana”, afirmó.

El informe completo de este Monitoreo Social puede revisarse a través del sitio web de la Mesa de Acción por el Aborto, mientras que la presentación de este está disponible a través del Facebook de la organización.

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