Acaba de ser lanzado para conocimiento público, el Tercer Termómetro de la Salud Mental, estudio realizado por la Asociación Chilena de Seguridad y la Universidad Católica de Chile. En dicha investigación, sorprende a los medios de comunicación, el retroceso en los indicadores comparados con la misma medición, pero del mes de diciembre de 2020. Es así como se resalta en distintos titulares que “Un 46,7 por ciento de los chilenos experimenta síntomas de depresión por la pandemia”. Más allá de la atribución causal que se asume en titulares de esta índole, y de lo llamativo de algunas recomendaciones hechas por “expertos” totalmente desconectadas de la realidad (mantener hábitos de vida saludable, higiene del sueño, alimentación sana, actividad física y regular, exposición apropiada a la luz natural, entre otras), lo más sorprendente es la falta de discusión seria sobre otros puntos centrales a la base de estos resultados.

Nuestro país ha estado décadas intentado realizar mejoras en los ámbitos de atención sanitaria de salud mental, desarrollando Planes Nacionales de Salud Mental (1993-2000-2018), declarando la necesidad de reconvertir de los Hospitales Psiquiátricos y el cerrar las Unidades de Larga estadía (sin éxito alguno), aumentado la oferta de servicios de salud mental ambulatorios, territorializados y extrahospitalarios. Sin embargo, estos esfuerzos quedan en el ámbito exclusivo del sector salud. Sin ir más lejos, la reciente y mal llamada “Ley de Salud Mental” sólo regula aspectos de la atención de salud de las personas con este tipo de problemas.

¿Y qué pasa con la pobreza? ¿La desigualdad en la distribución de la riqueza? ¿La falta de políticas de protección (real) del empleo? ¿O la cesantía? ¿Las condiciones de habitabilidad de las viviendas y los barrios? ¿Las inequidades en el acceso a la educación (incluso sin profundizar en la calidad)? ¿La inexistencia de participación? o ¿La falta profunda de sentido de comunidad?

“Determinantes sociales” le llamaron hace mucho tiempo en la Organización Mundial de la Salud (entendidos como las condiciones socio económicas en que las personas nacen, crecen, viven, educan, trabajan y envejecen). Y desde esos años se sabe que las políticas sanitarias tienen un rol menor en el bienestar de las personas. La pandemia profundizó las brechas y desnudó la desigualdad del país de manera brutal, a tal punto que las personas han buscado su “propia” protección social en el retiro de su 10% o en la generación de cientos de ollas comunitarias, ante la completa falta de involucramiento de otros sectores del Estado que son necesarios cuando se discute (de verdad e interesadamente) sobre lo que ocurre con el bienestar en nuestro país.

Obviamente esto ha tenido repercusiones graves para la salud mental de la población y si bien ha sido útil para que aparezcan titulares ante el asombro de los editores de los medios con el dato duro, la discusión real, participativa, en y con la comunidad, sigue sin darse. Se sigue discutiendo entre unos pocos, y los mismos de siempre, cómo repartir lo que se puede, mientras la respuesta institucional a los números del Termómetro están en el levantamiento de plataformas telemáticas para atención (individual) a aquel que lo necesite (y pueda acceder a ellas).

Falta una discusión y una real Ley Marco de Salud Mental que incluya estrategias para abordar todas las variables que están a la base de los problemas de salud mental que se ven hoy en Chile (aunque éstos no son nuevos). No basta con encubrir la profunda inequidad del país con medidas desconectadas de la Comunidad en que vivimos y obnubilarse con las cifras de las encuestas. La pregunta es: ¿qué se piensa hacer con esta información que desnuda realidades que muchos no quieren ver, y que otros, aun viéndolas, prefieren centrarse en abordajes cortoplacistas y poco efectivos, que perpetuarán las indignidades del Chile de hoy?

Marcela Villagrán – Psicóloga
Juan Andrés Reyes – Psicólogo
Álvaro Aravena – Psiquiatra

Directiva de la Sociedad de Salud Mental Comunitaria de Chile