Las declaraciones de la presidenta de la Asociación de AFPs, Alejandra Cox, han causado urticaria. Sus palabras entrañan la idea que las personas están al servicio del sistema de pensiones y no al revés, por lo que han sido sumadas a los desatinos cometidos por otros representantes gremiales del empresariado chileno, como Juan Sutil y Ricardo Ariztía. Pero en este caso puntual, hay algo que debiera hacernos cortocircuito: Alejandra Cox no representa a un negocio cualquiera, sino a uno que lucra con un derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como la seguridad social. La pregunta que nos hacemos es muy simple ¿Puede cautelarse un derecho universal cuando está supeditado al multimillonario negocio de unos pocos? La respuesta parece obvia.

Justo cuando las dirigencias políticas dialogan para llegar con ayudas directas, oportunas y eventualmente universales a la población, partiendo del consenso que pagar la crisis con los ahorros previsionales de los trabajadores es una mala política pública, las palabras de Alejandra Cox operan como gasolina en favor del cuarto retiro, y por qué no del quinto. Es, en ese sentido, una declaración autodestructiva, además de insensible. Porque ya hay actores del sistema político que reconocen abiertamente que su propósito no es solo ayudar a la población que ha padecido la crisis, sino desmantelar el sistema ideado por José Piñera y aprobado por la Junta Militar, junto con la entrada en vigencia de la Constitución de 1980. Parece haber transcurrido más tiempo, pero fue apenas hace algunos días cuando el presidente de la República propuso inyectar más recursos a las AFPs para revertir el daño previsional provocado por los retiros ¿Alguien se atrevería a proponer algo así, o a sostener la validez de una propuesta como ésta, luego de las declaraciones de Alejandra Cox?

Si luego de 40 años se juzga al sistema de AFPs por su propósito explícito, es decir por dar pensiones, no habría forma de negar que ha sido un absoluto fracaso. Las jubilaciones en Chile son miserables y en su mayoría están por debajo del sueldo mínimo. Ésa sí es una catástrofe social, por cierto previa a la crisis derivada de la pandemia y a los retiros. Además, la mezcla de promesa con amenaza que llevó a que la mayoría de los trabajadores se cambiara desde el sistema antiguo a éste, resultó ser falaz: dijeron que con un 6 por ciento de rentabilidad las jubilaciones equivaldrían en 2020 a la totalidad del sueldo, como si ese año nunca fuera a llegar para comprobarlo. Pues bien, la rentabilidad promedio durante la década pasada fue de mucho más del 6 por ciento, pero ninguna jubilación se acerca ni por lejos al sueldo ¿No debería ser entonces un objetivo nacional, consensual entre las fuerzas políticas por el bien de sus habitantes, el reemplazo de este sistema por uno que efectivamente diera dignidad a los adultos mayores?

Un último comentario: contra la mención a Nicanor Parra, quien fue invocado como una suerte de ejemplo por trabajar hasta los 103 años, invitaría a Alejandra Cox a mirar a los abuelitos y abuelitas que empaquetan en los supermercados o barren en los parques, porque no les alcanza con sus jubilaciones. Si el sistema ya los humilla al convertirlos en pobres por el solo hecho de ser viejos, que por lo menos se tenga el pudor de no humillarlos adicionalmente con las palabras.