En el marco  del segundo monitoreo social sobre la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales y el estado actual de la salud sexual y reproductiva llevado adelante  por la Mesa de Acción por el Aborto y el Fondo Alquimia, la Coordinadora de la organización, Gloria Maira, conversó con la primera edición de Radioanálisis respecto de los resultados arrojados por la encuesta realizada entre julio y octubre de 2020 en plena crisis sanitaria por COVID-19.

Según las conclusiones del sondeo, ha habido grandes dificultades para llevar a la práctica los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Gloria Maira explicó que esas trabas dicen relación con el acceso a la información a las mujeres y comunidades, la capacitación del personal y la objeción de conciencia.

“Nos encontramos que el único avance del que podemos hablar desde la implementación de la ley es la conformación de los equipos de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) a nivel de los hospitales. Eso ha sido más bien producto del esfuerzo de profesionales de la salud comprometidos con las mujeres y con la salud sexual y reproductiva, no por una disposición ministerial, no por el imperativo de la implementación de una política pública”, sostuvo Maira.

La especialista comentó que “todo lo que encontramos en el primer monitoreo, lo volvimos a encontrar en el segundo monitoreo: sigue habiendo completa desinformación en las mujeres y personas con capacidad de gestar, sigue habiendo dificultades importantes en el personal de salud, particularmente en la atención primaria y eso es super grave porque la primera línea de la atención de salud es esa”.

“Además, la objeción de conciencia sigue siendo super extendida a nivel de los establecimientos de salud pública a lo que se agrega la falta de acción sobre lo que nosotras llamamos objeción simbólica que no es legal, pero que se encuentra a lo largo de toda la red de atención y se constituye en una práctica de vulneración permanente de los derechos de las mujeres y que se expresa en comentarios religiosos o felicitaciones por los embarazos sabiendo la situación que las mujeres están enfrentando o se retrasan diagnósticos para impedir la conformación de la causal y así la decisión de la mujer. Todo eso es producto de la ineficacia en la implementación de la ley y la falta de voluntad política de llevar adelante esa política pública”, agregó.

La ex subsecretaria del Sernam se refirió específicamente a la afectación que sufren niñas y adolescentes que quedan fuera de los circuitos de orientación en el marco de la pandemia debido a los cierres de los establecimientos educacionales.

“Las niñas y adolescentes quedaron sin acceso a la red de atención y, por lo tanto, sin posibilidades de información, orientación y, eventualmente, de interrupción del embarazo en momentos que la violencia sexual ha aumentado exponencialmente”.

Consultada respecto de si los nulos avances en materia de aborto se deben a la pandemia o si hay temas más profundos, Gloria Maira señaló que efectivamente los problemas trascienden a la situación sanitaria actual.

“Es una constante de este Gobierno, recordemos que este sector político se opuso hasta último momento a que la ley se aprobara. Hicieron resistencia activa durante toda la tramitación en el Congreso, luego recurrieron al TC e incluso hasta el momento mismo de la votación no supimos si teníamos o no tres causales. Ese es el mismo sector político que hoy está en el Gobierno y esta no es una prioridad, solo se ha reducido la solución del os problemas a evitar una acusación constitucional por incumplimiento de la ley. No hay acción proactiva de informar y facilitar el acceso y creo que una de las cosas más complicadas que muestra este monitoreo, además de la falta de información es que justamente producto de esa falta de conocimiento no se implementa. Las mujeres rehúyen consultar en la atención de salud y prefieren informarse a través de otras redes de compañía u organizaciones feministas, porque a ellas sí las reconocen como fuentes de información”.

“La atención primaria está totalmente desdibujada en su rol dentro de la interrupción voluntaria de embarazo. Es la APS la que está en la comunidad y está en los territorios, la que conoce mejor los lugares y podría mayormente facilitar una orientación y, en el caso, permitir una interrupción voluntaria. Como no ha habido capacitación, se ha dado una suerte de patologización del problema y eso es un retroceso”, criticó.

A propósito de la objeción de conciencia y la formación universitaria de los profesionales de la salud en materia de aborto, Maira manifestó que este tema no forma parte de las mallas educativas.

“En el momento de la publicación de la ley, al Ministerio de la época le tocó hacer un tremendo trabajo de capacitación para los profesionales en técnicas que son muy comunes en la atención gineco obstétrica. Hay un pendiente grande no solo de las Facultades de Medicina sino en general de los profesionales de la Salud a efectos de trabajar no solo la técnica, sino la visión que se tiene de la persona a efectos de decidir en materia de sexualidad y reproducción”.

“La capacitación es medular para la interrupción voluntaria del embarazo, pero en general, para la atención en salud sexual y reproductiva. La formación biomédica por la que el personal de salud es el que tiene clara la película da como resultado que es el profesional el que decide lo que le conviene a las mujeres. Hay algo de base respecto de ubicar a las personas y su poder de decisión sobre sus vidas que necesita instalarse en la atención de salud y eso es algo que en medio de esta tiempo de cambios debe ponerse en discusión”, agregó.

Consultada por la situación de las personas con necesidades especiales como las personas en situación de discapacidad o la comunidad LGTBI+, pero especialmente en cuanto a los datos levantados en relación a los casos de maltrato en contra de mujeres jóvenes y adolescentes durante los partos, la Coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto señaló que no hay recursos de parte del personal de salud para entregar una atención apropiada.

“No hay accesibilidad real para las personas viviendo con discapacidad para la atención de salud sexual y reproductiva y lo mismo pasa con las personas de la diversidad y la disidencia sexual, pareciera que su vida se limita a si hay o no una transformación de lo masculino a lo femenino, pero la salud sexual no forma parte del paquete de atención”.

“Son carencias grandes sobre las que la pandemia horada y profundiza”, enfatizó.

“Hay dos grandes constataciones que vienen a reafirmar lo que decimos hace tiempo: primero, que la violencia obstétrica que aparece en todos los territorios, tanto en atención primaria como en secundaria y terciaria y no solo se vincula a las matronas. Este tipo de situaciones se agudizan en dos momentos, en la adolescencia y durante el parto.

El segundo elemento que queda fuertemente instalado a partir del monitoreo es la necesidad de salud mental, porque ese problema es muy grave y en esta crisis sanitaria a las mujeres se nos vino todo encima porque se cerraron todas las redes institucionales y eso tiene impactos directos en la vida de las mujeres y se vincula directamente con su salud sexual y reproductiva”.

“El monitoreo reveló una serie de información y de urgente acción de parte del Minsal. Tenemos un llamado urgente a la autoridad sanitaria para que se haga cargo y no se puede esperar a que pase la pandemia porque esto va por coordenadas distintas”, concluyó la Coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto.