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Sam Leiva

La protección del océano chileno en la medida de lo posible

Sam Leiva | Jueves 27 de mayo 2021 16:07 hrs.


Durante el mes de abril de 2021 se realizó el evento “Océano y Cambio Climático: Camino a la COP26”; el cual, aunque fue presentado como un taller, terminó siendo una serie de videos de las autoridades chilenas y francesas destacando las actividades en el marco del acuerdo de cooperación entre ambos países y cómo estas acciones potenciaron la creación de la “COP Azul”. La “COP Azul” fue una denominación un poco forzada que se dio a la Conferencia de las Partes de Cambio Climático por el hecho de incluir a los océanos dentro de la negociación climática cuando fue el turno de Chile de liderar la cumbre en diciembre de 2019 en Madrid.

El evento de abril, como reza en la página web del encuentro, “tenía como objetivo reunir a tomadores de decisión de alto nivel, expertos en políticas y científicos para discutir cómo aumentar la ambición en las acciones relacionadas con los océanos a nivel nacional y en el marco de los procesos del Acuerdo de París sobre Cambio Climático”. Debe notarse, sin embargo, que este evento no incluyó a los pescadores artesanales ni industriales ni tampoco a las organizaciones de la sociedad civil, que han estado trabajando en la conservación del océano y su rol en la acción climática.

Resulta llamativo, por decirlo de alguna manera, el objetivo de la cumbre, porque en Chile seguimos esperando desde el año 2013 ver acciones concretas para proteger a nuestro océano y así evitar, por ejemplo, la amenaza de una de las principales falsas soluciones a los impactos del cambio climático, la fertilización con hierro, una técnica de  geoingeniería marina. Esta falsa solución se ha justificado y promovido, debido a la crisis climática, para manipular a gran escala los ecosistemas marinos para “contrarrestar los efectos del cambio climático”.

No obstante, los 196 países parte de la Convención de Diversidad Biológica, ya analizaron los pro y contras de la geoingeniería y decidieron prohibir su desarrollo, principalmente por la preocupación de los posibles impactos generalizados, duraderos o severos en los ecosistemas. De hecho, varios cuerpos legales internacionales hacen un llamado urgente y decidido a las partes a implementar un mecanismo regulador para un control basado en la ciencia, global, transparente y efectivo para tales actividades.

Lamentablemente, aunque la geoingeniería se encuentra prohibida, esta prohibición permite los experimentos que cumplan ciertas condiciones. A través de este mecanismo, la empresa canadiense Oceaneos ha disfrazado su experimento comercial para poder ser desarrollado en la zona económica exclusiva de Chile y Perú desde el año 2014. En el año 2020, Oceaneos obtuvo autorización para tomar muestras en la costa peruana. Chile, por su lado, no cuenta con ninguna herramienta legal para negar el desarrollo del experimento de Oceaneos ni menos evaluar sus posibles impactos ambientales, los cuales son inciertos y altamente riesgosos.

Este tipo de amenaza hace imprescindible la ratificación de la enmienda al Protocolo del Convenio para la Prevención de la Contaminación Marina por el Vertido de Desechos y otras cuestiones (1972) o como comúnmente se le conoce, el Convenio de Londres. Esta enmienda, crea un marco regulatorio ad hoc para la fertilización con hierro (geoingeniería marina) y así evaluar los impactos de cualquier iniciativa de manera preventiva. Adicionalmente, Chile debería avanzar en la evaluación socio-económica de los posibles impactos de la fertilización con hierro sobre las pesquerías y pescadores nacionales, principalmente porque Oceaneos con su experimento apunta a la pesquería más importante de Chile, el Jurel, el cual actualmente se encuentra en estado de recuperación.

Para que Chile cuente con esta herramienta legal debe ratificar la enmienda a través del Congreso Nacional, la que fue firmada hace ya 8 años. Sin embargo, existe la preocupación que ocurra algo similar a lo ocurrido con el Acuerdo de Escazú, en el cual Chile estuvo de acuerdo, pero al final no firmó.

Para apurar estas gestiones, el 5 Agosto de 2020, decenas de organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Canciller Allamand iniciar el proceso de ratificación. Consecuentemente, el 17 de Agosto de 2020, el Canciller respondió a la sociedad civil que Chile había realizado una presentación ante el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico de la Convención Marco sobre Cambio Climático, en dónde manifestó su preocupación por el desarrollo de geoingeniería marina debido a su inseguridad y; que conjuntamente con la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante DIRECTEMAR habían iniciado el proceso conducente a la ratificación. Posteriormente, en Enero de 2021, el Canciller respondió un Oficio de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, en el cual la respuesta era básicamente la misma que recibieron los ciudadanos organizados en Agosto de 2020, pero esta vez señalando que Directemar estaba desarrollando un informe jurídico técnico preliminar para la enmienda, y con ello se comenzaría el proceso de ratificación.

Ya estamos terminando el mes de mayo de 2021, nuestro mes del mar, y han pasado casi 10 meses desde la primera respuesta del Canciller y no hay noticias de que la ratificación comience pronto. Este tema, obviamente no fue abordado en la cumbre sobre Océano y Cambio Climático, pero presenta una grave amenaza a las otras acciones que el gobierno planea desarrollar, como la creación de mayores áreas marinas protegidas. Lamentablemente, los impactos de la geoingeniería marina no respetan los límites de las áreas marinas protegidas. Asegurar su protección también pasa por regular las falsas soluciones como la fertilización con hierro. Al término de este mes del mar, aun no vemos al gobierno ingresar el tan retrasado proyecto de ley que ratifica la enmienda al Protocolo del Convenio de Londres y así dotar a Chile de una herramienta eficaz para proteger sus ecosistemas marinos, pero también a las comunidades que viven del océano.

Sam Leiva, Consultor en Políticas Públicas Ambientales.