Los límites de los gobernadores regionales ¿Cuáles serán sus verdaderas atribuciones?
El reemplazo de los actuales intendentes por gobernadores regionales, y su convivencia con delegados presidenciales, ha dado lugar a confusiones, incluso en los debates de los medios, donde los candidatos y entrevistadores se han referido a facultades que en caso de ser electos no tendrán.
Claudia Carvajal G.
Domingo 6 de junio 2021 12:02 hrs.
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A poco más de un mes que se produzca la asunción en sus cargos de las dieciséis nuevas autoridades regionales, electas por voto directo de la ciudadanía, la forma en que se instalarán, sus funciones y las competencias que ejercerán siguen sin estar claras. El Congreso sigue tramitando proyectos de ley que deberían dilucidar varios puntos, pero hasta ahora, como lo señalara el senador Alejandro Navarro la semana pasada, “los gobernadores regionales llegan desnudos al nuevo cargo”.
Un asunto que ha causado gran controversia han sido las funciones que realmente deben ejercer las nuevas autoridades, ya que en los distintos debates se les ha escuchado a las y los candidatos realizar promesas que han levantado cejas en los administrativistas, por no corresponder al ámbito de la nueva institución regional.
José Viacava, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, explicó en entrevista con nuestro medio cuáles son las principales diferencias entre el ámbito de acción de los actuales intendentes y los gobernadores regionales electos democráticamente gracias. debido a la reforma al sistema de administración interior del Estado que es la más importante en los últimos 45 años.
“El intendente es una figura designada por el Presidente de la República y que lo representa en las respectivas regiones del país. El Gobernador es una autoridad electa que representa a la ciudadanía ante los otros organismos del Estado. Eso actualmente es algo que cuesta imaginar, pero una vez instaladas las 16 autoridades se podrá expresar de manera más clara y precisa. Otra diferencia dice relación con las facultades y prerrogativas de orden público, paz social y seguridad de los territorios que actualmente tienen los Intendentes y que los Gobernadores no podrán ejercer, aunque sí tendrán la misión de impulsar las políticas y programas que orienten y empujen el desarrollo social, económico y cultural de la región. Es decir, los gobernadores no tendrán atribuciones directas con la capacidad operativa de las policías, sino que serán los delegados presidenciales, extensión de los actuales intendentes, quienes tendrán esa responsabilidad”, señaló el profesor Viacava.
Profesor José Viacava.
“La tercera gran diferencia tiene que ver, sobre todo, con el manejo de recursos. El Intendente posee una capacidad importante y casi discrecional sobre el manejo de recursos públicos sectoriales expresados en las fuentes de financiamiento de cada programa regional de los respectivos ministerios y servicios públicos y, también, una incidencia en la orientación de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). El o la gobernadora en cambio, tendrá una atribución única y exclusivamente con el FNDR, por lo tanto, cuando un ministro, subsecretario o jefe de servicio necesite complementar un proyecto como por ejemplo un hospital regional, que actualmente se cofinancia con recursos públicos de nivel central con aportes regionales, se negociará de manera distinta pues la autoridad del gobernador podrá concurrir al proyecto, pero, por ejemplo, podría solicitar un mayor equipamiento para los hospitales ya existentes en la región o una mayor inyección de recursos en materia de prevención sanitaria”.
Justamente respecto del FNDR es que se produce una situación compleja a la hora del ejercicio del cargo de Gobernador Regional. Dado que la reforma separó la función de gobierno interior y coordinación de servicios públicos desconcentrados, de la función de administración regional se produce una anomalía pues el Gobernador Regional como presidente del Consejo Regional es el responsable de ejecutar, priorizar e invertir el FNDR, pero quien designa y coordina a los servicios públicos desconcentrados, y tiene la superioridad jerárquica es el delegado presidencial regional.
“En la ley corta actualmente en el Congreso hay dos materias relevantes para aminorar esta anomalía que significa que una autoridad designada siga teniendo superioridad jerárquica sobre seremis, porque actualmente el Intendente no tiene estos problemas, pues concentra todas las funciones. La función que también es problemática es la de enfrentamiento de las emergencias, que están supeditadas a seguridad interior. El COE (Comité Operativo de Emergencia) queda a cargo del delegado presidencial, pero la ley le asigna una función al Gobernador Regional, por lo que aquí también se produce una cohabitación”, explicó Egon Montecinos del Centro de Estudios Regionales y ex Intendente de la región de Los Ríos, bajo el segundo mandato de Michelle Bachelet.
Montecinos indicó que en la ley corta que tramitó el Senado se agregó la posibilidad que el Gobernador pueda convocar a reuniones de gabinete regionales a los seremis, pues de lo contrario ello quedaría supeditado simplemente a la voluntad política de de cada autoridad sectorial.
“Esta incorporación permitiría a la nueva autoridad para que llame las veces que sea necesario al seremi o director del servicio para reorientar la orientación de acuerdo a la estrategia regional de desarrollo e incorpora a la vez un incentivo a la coordinación, porque hoy la ley tal como quedó, le asigna al delegado presidencial la función de hacer presente en las necesidades de la región a los niveles centrales del gobierno a través de los seremi. Con el cambio en el Senado, ese tipo de gestiones ahora las puede hacer el delegado pero en coordinación con el Gobernador Regional, evitar así potenciales conflictos y que la coordinación sea obligada, por decirlo de alguna manera”.
Otro asunto que ha sido largamente debatido es el de las atribuciones del Gobernador en el área de seguridad interior a lo que Montecinos expresó tajantemente que las nuevas autoridades no tienen ninguna función, ya que ellas les corresponden exclusivamente a los Delegados Presidenciales, sin embargo, sí pueden elaborar políticas regionales de seguridad ciudadana.
“Muchos gobiernos regionales la tienen como también tienen políticas de agricultura, de deportes, turismo o fomento productivo. Se trata de definiciones estratégicas que toman los gobiernos regionales para invertir recursos o priorizar inversión, es decir, un gobernador regional de la RM por ejemplo, no tiene ninguna facultad para llamar a las 8 de la mañana al jefe de la policía de investigaciones o de Carabineros para que le den cuenta de las materias de seguridad y orden público de la RM, porque esa es una función del delegado. El gobernador podría sí decidir invertir en seguridad, por ejemplo comprando más carros policiales para Carabineros, pero no puede ordenar a las policías restaurar el orden público, no puede ordenar que se haga un operativo policial de sorpresa en un sector conflictivo, porque eso es todo prerrogativa del delegado presidencial”.
Egon Montecinos
“Los gobernadores pueden prometer construir hospitales, más cuarteles de policía por comuna u otras cosas, pero todo ello solo puede hacerlo a través de la gestión y si no consigue los recursos con el Gobierno central, entonces se tratará de una promesa incumplida”, agregó.
Un punto al que alude en este asunto el profesor Viacava es que la ley que permitió la elección de los gobernadores regionales obligaba a que cada candidatura presentara su programa de gobierno ante el Servel, sin embargo, el académico del INAP manifestó que en muchas oportunidades lo presentado distaba de ser realmente un programa.
“Muchos eran simplemente una declaración de intenciones, no tenían bajada operativa ni expresión estratégica. Por otro lado, al observar los debates entre algunos candidatos que van al balotaje, que abordan temas como de los llamados presos de la revuelta, asuntos migratorios o de seguridad pública es necesario que distingamos que ello se trata de una discusión política y no técnica”.
“En el caso de la RM la autoridad electa tendrá una cantidad de votos muy superior a la de cualquier senador o senadora en ejercicio y no sería extraño que, dependiendo de la participación, quien resulte electo/a tenga más votos que un candidato presidencial en primera vuelta. Eso lo instala con una potencia política que le permite hablar de temas que, más allá de sus facultades, lo posiciona como un actor en la escena política nacional”, añadió.
Presupuesto y competencias a la chilena o la cultura del “ahí vamos viendo”
Dado que la fecha de asunción al cargo de las nuevas autoridades electas está prevista para el 14 de julio, efectivamente uno de los principales asuntos que deberán enfrentar estas nuevas autoridades será el presupuesto del 2022 que ya estará en discusión, pues las conversaciones entre la Dirección de Presupuesto, los gobiernos regionales y la Subdere inician durante junio, por lo tanto, los gobernadores se instalarán en medio de un proceso presupuestario ya bastante avanzado y habrá que ver cuál será el espacio que el Gobierno les dejó en esta materia.
El profesor Viacava explicó que este organismo recién renovará a sus consejeros en noviembre, por lo tanto, hay casi 5 meses en que el Gobernador Regional deberá convivir con un Consejo Regional que tiene tres años de existencia y cuya renovación con alternativas distintas también se expresará en algunas regiones.
En ese mismo sentido, Egon Montecinos señaló que el Gobierno ya solicitó que los intendentes iniciaran la discusión de los ARI (Anteproyecto Regional de Inversión) 2022, pero son los Gobernadores los que deben velar por ese uso de recursos, por lo que nuevamente se produce un tope de funciones.
“El intendente, en algunas regiones, ocupa lugares que son del Gobierno Regional, un órgano que es autónomo y no quieren entregar eso a la nueva autoridad. Esta es una situación bastante anecdótica por llamarlo de alguna manera, porque el centralismo se está resistiendo a este cambio y lo hace con símbolos como estos que se aprecian en tres regiones del país donde existe una tensión incluso por los espacios físicos”.
Según la época de asunción en sus cargos, es muy probable que los gobernadores regionales solamente puedan asumir las decisiones presupuestarias que ya vienen amarradas por las autoridades designadas que dejarán de existir. Todo eso se suma a las dificultades de no contar aún con competencias claras y determinadas por ley de manera taxativa y que no deje lugar a interpretaciones.
Uno de los asuntos que causa mayor controversia es lo que sucederá ante una solicitud de competencia y que no hay respuesta por parte del Ejecutivo, figura conocida en el Derecho como “silencio administrativo”. La propuesta del Gobierno para resolver esta situación plantea el reconocimiento del silencio administrativo negativo: sin respuesta en un lapso de seis meses debe entenderse como rechazada la transferencia de la competencia pedida.
Ante esa definición, Rodrigo Mundaca, Gobernador electo por Valparaíso, criticó la improvisación con que se ha llevado adelante todo el anhelado proceso de descentralización en nuestro país.
Rodrigo Mundaca.
“El proceso de descentralización en Chile es un niño con dientes de leche, un punto de partida, pero no de llegada, es insuficiente. Actualmente se discuten proyectos de ley que se enviaron en septiembre y octubre de 2020, entre ellos un mecanismo expedito de transferencia de competencias, o cuál será el órgano dirimente de las controversias que puedan originarse entre el delegado presidencial y el gobernador regional democráticamente electo. La ley señala que el superior jerárquico de las direcciones regionales será el gobernador, pero aun no hay legislación específica al respecto, lo mismo pasa con otro proyecto de ley que trata la descentralización fiscal, sobre lo que hemos dicho que no es un asunto de recursos, sino de tener una ley de rentas regionales territorializada de manera tal que las empresas que explotan recursos naturales en los territorios, dejen sus tributos en esos mismos territorios. Todo eso sigue en discusión y eso confabula y conspira al momento de la instalación”, manifestó.
Particularmente respecto del problema que genera el silencio administrativo negativo que postula el Ejecutivo, Mundaca es aún más crítico.
“Es bien inaudito ese proyecto de ley porque los gobernadores regionales no tenemos competencia en el ámbito del Ministerio del Trabajo, de Salud, de Vivienda, de Medio Ambiente, Agricultura, Obras Públicas, que en Valparaíso es tremendamente importante debido al saqueo del agua. No tenemos competencia en la Dirección General de Aguas o de la Dirección de Obras Hidráulicas, y si las solicitamos y según el plazo perentorio de 6 meses para que opere el silencio administrativo con una respuesta negativa, es decir que la competencia no fue aprobada por parte del Gobierno. Es de una desprolijidad completa, absoluta”, repudió.
El Delegado Presidencial, ¿freno o símbolo?
La reforma a la administración regional en nuestro país también contempló la creación de la figura del Delegado Presidencial que reemplazará al Intendente, en tanto representante del Presidente de la República en la región. Su designación, en el actual escenario político, puede cobrar especial relevancia pues puede transformarse en una figura de gran poder, como lo proyectó Egon Montecinos.
“La centroderecha ya no compite en siete regiones y de las nueve en que compite, tiene altas posibilidades de perder a lo menos en cinco, por lo tanto, en rigor, compite solo en cuatro. Si tienen una derrota desastrosa y no ganan en ninguna región, es muy posible que ratifiquen a los mismos intendentes que están, porque no juegan a nada y tienen un mal panorama para la reelección de los parlamentarios. Si gana en algunas regiones, los gobernadores regionales serán importantes a la hora de ratificar a las nuevas autoridades, serán una suerte de jugadores de veto porque el Gobierno probablemente les haga un gesto”.
Para el profesor José Viacava en tanto, el delegado presidencial ejercerá un rol más bien simbólico, ya que se trata de una autoridad designada en contraposición a una electa por quienes habitan ese territorio.
“Las y los gobernadores se instalarán con legitimidad de origen, recién estrenados y con un mandato de cuatro años, versus los delegados presidenciales que es muy probable que sean los mismos intendentes actuales, por lo tanto puede existir una controversia pública entre ambas autoridades, particularmente en cuanto a presupuesto público del 2022”.
La próxima semana se definirá quiénes serán las mayores autoridades regionales en las trece regiones en que se disputa una segunda vuelta, con un escenario de participación incierto. Para las mismas autoridades electas el panorama también se ve complejo, pues antes que sepan siquiera cuáles serán sus oficinas, ya deben enfrentar controversias presupuestarias y sin tener absoluta claridad sobre lo que pueden o no hacer. Una instalación “a la chilena”.
A poco más de un mes que se produzca la asunción en sus cargos de las dieciséis nuevas autoridades regionales, electas por voto directo de la ciudadanía, la forma en que se instalarán, sus funciones y las competencias que ejercerán siguen sin estar claras. El Congreso sigue tramitando proyectos de ley que deberían dilucidar varios puntos, pero hasta ahora, como lo señalara el senador Alejandro Navarro la semana pasada, “los gobernadores regionales llegan desnudos al nuevo cargo”.
Un asunto que ha causado gran controversia han sido las funciones que realmente deben ejercer las nuevas autoridades, ya que en los distintos debates se les ha escuchado a las y los candidatos realizar promesas que han levantado cejas en los administrativistas, por no corresponder al ámbito de la nueva institución regional.
José Viacava, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, explicó en entrevista con nuestro medio cuáles son las principales diferencias entre el ámbito de acción de los actuales intendentes y los gobernadores regionales electos democráticamente gracias. debido a la reforma al sistema de administración interior del Estado que es la más importante en los últimos 45 años.
“El intendente es una figura designada por el Presidente de la República y que lo representa en las respectivas regiones del país. El Gobernador es una autoridad electa que representa a la ciudadanía ante los otros organismos del Estado. Eso actualmente es algo que cuesta imaginar, pero una vez instaladas las 16 autoridades se podrá expresar de manera más clara y precisa. Otra diferencia dice relación con las facultades y prerrogativas de orden público, paz social y seguridad de los territorios que actualmente tienen los Intendentes y que los Gobernadores no podrán ejercer, aunque sí tendrán la misión de impulsar las políticas y programas que orienten y empujen el desarrollo social, económico y cultural de la región. Es decir, los gobernadores no tendrán atribuciones directas con la capacidad operativa de las policías, sino que serán los delegados presidenciales, extensión de los actuales intendentes, quienes tendrán esa responsabilidad”, señaló el profesor Viacava.
Profesor José Viacava.
“La tercera gran diferencia tiene que ver, sobre todo, con el manejo de recursos. El Intendente posee una capacidad importante y casi discrecional sobre el manejo de recursos públicos sectoriales expresados en las fuentes de financiamiento de cada programa regional de los respectivos ministerios y servicios públicos y, también, una incidencia en la orientación de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). El o la gobernadora en cambio, tendrá una atribución única y exclusivamente con el FNDR, por lo tanto, cuando un ministro, subsecretario o jefe de servicio necesite complementar un proyecto como por ejemplo un hospital regional, que actualmente se cofinancia con recursos públicos de nivel central con aportes regionales, se negociará de manera distinta pues la autoridad del gobernador podrá concurrir al proyecto, pero, por ejemplo, podría solicitar un mayor equipamiento para los hospitales ya existentes en la región o una mayor inyección de recursos en materia de prevención sanitaria”.
Justamente respecto del FNDR es que se produce una situación compleja a la hora del ejercicio del cargo de Gobernador Regional. Dado que la reforma separó la función de gobierno interior y coordinación de servicios públicos desconcentrados, de la función de administración regional se produce una anomalía pues el Gobernador Regional como presidente del Consejo Regional es el responsable de ejecutar, priorizar e invertir el FNDR, pero quien designa y coordina a los servicios públicos desconcentrados, y tiene la superioridad jerárquica es el delegado presidencial regional.
“En la ley corta actualmente en el Congreso hay dos materias relevantes para aminorar esta anomalía que significa que una autoridad designada siga teniendo superioridad jerárquica sobre seremis, porque actualmente el Intendente no tiene estos problemas, pues concentra todas las funciones. La función que también es problemática es la de enfrentamiento de las emergencias, que están supeditadas a seguridad interior. El COE (Comité Operativo de Emergencia) queda a cargo del delegado presidencial, pero la ley le asigna una función al Gobernador Regional, por lo que aquí también se produce una cohabitación”, explicó Egon Montecinos del Centro de Estudios Regionales y ex Intendente de la región de Los Ríos, bajo el segundo mandato de Michelle Bachelet.
Montecinos indicó que en la ley corta que tramitó el Senado se agregó la posibilidad que el Gobernador pueda convocar a reuniones de gabinete regionales a los seremis, pues de lo contrario ello quedaría supeditado simplemente a la voluntad política de de cada autoridad sectorial.
“Esta incorporación permitiría a la nueva autoridad para que llame las veces que sea necesario al seremi o director del servicio para reorientar la orientación de acuerdo a la estrategia regional de desarrollo e incorpora a la vez un incentivo a la coordinación, porque hoy la ley tal como quedó, le asigna al delegado presidencial la función de hacer presente en las necesidades de la región a los niveles centrales del gobierno a través de los seremi. Con el cambio en el Senado, ese tipo de gestiones ahora las puede hacer el delegado pero en coordinación con el Gobernador Regional, evitar así potenciales conflictos y que la coordinación sea obligada, por decirlo de alguna manera”.
Otro asunto que ha sido largamente debatido es el de las atribuciones del Gobernador en el área de seguridad interior a lo que Montecinos expresó tajantemente que las nuevas autoridades no tienen ninguna función, ya que ellas les corresponden exclusivamente a los Delegados Presidenciales, sin embargo, sí pueden elaborar políticas regionales de seguridad ciudadana.
“Muchos gobiernos regionales la tienen como también tienen políticas de agricultura, de deportes, turismo o fomento productivo. Se trata de definiciones estratégicas que toman los gobiernos regionales para invertir recursos o priorizar inversión, es decir, un gobernador regional de la RM por ejemplo, no tiene ninguna facultad para llamar a las 8 de la mañana al jefe de la policía de investigaciones o de Carabineros para que le den cuenta de las materias de seguridad y orden público de la RM, porque esa es una función del delegado. El gobernador podría sí decidir invertir en seguridad, por ejemplo comprando más carros policiales para Carabineros, pero no puede ordenar a las policías restaurar el orden público, no puede ordenar que se haga un operativo policial de sorpresa en un sector conflictivo, porque eso es todo prerrogativa del delegado presidencial”.
Egon Montecinos
“Los gobernadores pueden prometer construir hospitales, más cuarteles de policía por comuna u otras cosas, pero todo ello solo puede hacerlo a través de la gestión y si no consigue los recursos con el Gobierno central, entonces se tratará de una promesa incumplida”, agregó.
Un punto al que alude en este asunto el profesor Viacava es que la ley que permitió la elección de los gobernadores regionales obligaba a que cada candidatura presentara su programa de gobierno ante el Servel, sin embargo, el académico del INAP manifestó que en muchas oportunidades lo presentado distaba de ser realmente un programa.
“Muchos eran simplemente una declaración de intenciones, no tenían bajada operativa ni expresión estratégica. Por otro lado, al observar los debates entre algunos candidatos que van al balotaje, que abordan temas como de los llamados presos de la revuelta, asuntos migratorios o de seguridad pública es necesario que distingamos que ello se trata de una discusión política y no técnica”.
“En el caso de la RM la autoridad electa tendrá una cantidad de votos muy superior a la de cualquier senador o senadora en ejercicio y no sería extraño que, dependiendo de la participación, quien resulte electo/a tenga más votos que un candidato presidencial en primera vuelta. Eso lo instala con una potencia política que le permite hablar de temas que, más allá de sus facultades, lo posiciona como un actor en la escena política nacional”, añadió.
Presupuesto y competencias a la chilena o la cultura del “ahí vamos viendo”
Dado que la fecha de asunción al cargo de las nuevas autoridades electas está prevista para el 14 de julio, efectivamente uno de los principales asuntos que deberán enfrentar estas nuevas autoridades será el presupuesto del 2022 que ya estará en discusión, pues las conversaciones entre la Dirección de Presupuesto, los gobiernos regionales y la Subdere inician durante junio, por lo tanto, los gobernadores se instalarán en medio de un proceso presupuestario ya bastante avanzado y habrá que ver cuál será el espacio que el Gobierno les dejó en esta materia.
El profesor Viacava explicó que este organismo recién renovará a sus consejeros en noviembre, por lo tanto, hay casi 5 meses en que el Gobernador Regional deberá convivir con un Consejo Regional que tiene tres años de existencia y cuya renovación con alternativas distintas también se expresará en algunas regiones.
En ese mismo sentido, Egon Montecinos señaló que el Gobierno ya solicitó que los intendentes iniciaran la discusión de los ARI (Anteproyecto Regional de Inversión) 2022, pero son los Gobernadores los que deben velar por ese uso de recursos, por lo que nuevamente se produce un tope de funciones.
“El intendente, en algunas regiones, ocupa lugares que son del Gobierno Regional, un órgano que es autónomo y no quieren entregar eso a la nueva autoridad. Esta es una situación bastante anecdótica por llamarlo de alguna manera, porque el centralismo se está resistiendo a este cambio y lo hace con símbolos como estos que se aprecian en tres regiones del país donde existe una tensión incluso por los espacios físicos”.
Según la época de asunción en sus cargos, es muy probable que los gobernadores regionales solamente puedan asumir las decisiones presupuestarias que ya vienen amarradas por las autoridades designadas que dejarán de existir. Todo eso se suma a las dificultades de no contar aún con competencias claras y determinadas por ley de manera taxativa y que no deje lugar a interpretaciones.
Uno de los asuntos que causa mayor controversia es lo que sucederá ante una solicitud de competencia y que no hay respuesta por parte del Ejecutivo, figura conocida en el Derecho como “silencio administrativo”. La propuesta del Gobierno para resolver esta situación plantea el reconocimiento del silencio administrativo negativo: sin respuesta en un lapso de seis meses debe entenderse como rechazada la transferencia de la competencia pedida.
Ante esa definición, Rodrigo Mundaca, Gobernador electo por Valparaíso, criticó la improvisación con que se ha llevado adelante todo el anhelado proceso de descentralización en nuestro país.
Rodrigo Mundaca.
“El proceso de descentralización en Chile es un niño con dientes de leche, un punto de partida, pero no de llegada, es insuficiente. Actualmente se discuten proyectos de ley que se enviaron en septiembre y octubre de 2020, entre ellos un mecanismo expedito de transferencia de competencias, o cuál será el órgano dirimente de las controversias que puedan originarse entre el delegado presidencial y el gobernador regional democráticamente electo. La ley señala que el superior jerárquico de las direcciones regionales será el gobernador, pero aun no hay legislación específica al respecto, lo mismo pasa con otro proyecto de ley que trata la descentralización fiscal, sobre lo que hemos dicho que no es un asunto de recursos, sino de tener una ley de rentas regionales territorializada de manera tal que las empresas que explotan recursos naturales en los territorios, dejen sus tributos en esos mismos territorios. Todo eso sigue en discusión y eso confabula y conspira al momento de la instalación”, manifestó.
Particularmente respecto del problema que genera el silencio administrativo negativo que postula el Ejecutivo, Mundaca es aún más crítico.
“Es bien inaudito ese proyecto de ley porque los gobernadores regionales no tenemos competencia en el ámbito del Ministerio del Trabajo, de Salud, de Vivienda, de Medio Ambiente, Agricultura, Obras Públicas, que en Valparaíso es tremendamente importante debido al saqueo del agua. No tenemos competencia en la Dirección General de Aguas o de la Dirección de Obras Hidráulicas, y si las solicitamos y según el plazo perentorio de 6 meses para que opere el silencio administrativo con una respuesta negativa, es decir que la competencia no fue aprobada por parte del Gobierno. Es de una desprolijidad completa, absoluta”, repudió.
El Delegado Presidencial, ¿freno o símbolo?
La reforma a la administración regional en nuestro país también contempló la creación de la figura del Delegado Presidencial que reemplazará al Intendente, en tanto representante del Presidente de la República en la región. Su designación, en el actual escenario político, puede cobrar especial relevancia pues puede transformarse en una figura de gran poder, como lo proyectó Egon Montecinos.
“La centroderecha ya no compite en siete regiones y de las nueve en que compite, tiene altas posibilidades de perder a lo menos en cinco, por lo tanto, en rigor, compite solo en cuatro. Si tienen una derrota desastrosa y no ganan en ninguna región, es muy posible que ratifiquen a los mismos intendentes que están, porque no juegan a nada y tienen un mal panorama para la reelección de los parlamentarios. Si gana en algunas regiones, los gobernadores regionales serán importantes a la hora de ratificar a las nuevas autoridades, serán una suerte de jugadores de veto porque el Gobierno probablemente les haga un gesto”.
Para el profesor José Viacava en tanto, el delegado presidencial ejercerá un rol más bien simbólico, ya que se trata de una autoridad designada en contraposición a una electa por quienes habitan ese territorio.
“Las y los gobernadores se instalarán con legitimidad de origen, recién estrenados y con un mandato de cuatro años, versus los delegados presidenciales que es muy probable que sean los mismos intendentes actuales, por lo tanto puede existir una controversia pública entre ambas autoridades, particularmente en cuanto a presupuesto público del 2022”.
La próxima semana se definirá quiénes serán las mayores autoridades regionales en las trece regiones en que se disputa una segunda vuelta, con un escenario de participación incierto. Para las mismas autoridades electas el panorama también se ve complejo, pues antes que sepan siquiera cuáles serán sus oficinas, ya deben enfrentar controversias presupuestarias y sin tener absoluta claridad sobre lo que pueden o no hacer. Una instalación “a la chilena”.
A poco más de un mes que se produzca la asunción en sus cargos de las dieciséis nuevas autoridades regionales, electas por voto directo de la ciudadanía, la forma en que se instalarán, sus funciones y las competencias que ejercerán siguen sin estar claras. El Congreso sigue tramitando proyectos de ley que deberían dilucidar varios puntos, pero hasta ahora, como lo señalara el senador Alejandro Navarro la semana pasada, “los gobernadores regionales llegan desnudos al nuevo cargo”.
Un asunto que ha causado gran controversia han sido las funciones que realmente deben ejercer las nuevas autoridades, ya que en los distintos debates se les ha escuchado a las y los candidatos realizar promesas que han levantado cejas en los administrativistas, por no corresponder al ámbito de la nueva institución regional.
José Viacava, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, explicó en entrevista con nuestro medio cuáles son las principales diferencias entre el ámbito de acción de los actuales intendentes y los gobernadores regionales electos democráticamente gracias. debido a la reforma al sistema de administración interior del Estado que es la más importante en los últimos 45 años.
“El intendente es una figura designada por el Presidente de la República y que lo representa en las respectivas regiones del país. El Gobernador es una autoridad electa que representa a la ciudadanía ante los otros organismos del Estado. Eso actualmente es algo que cuesta imaginar, pero una vez instaladas las 16 autoridades se podrá expresar de manera más clara y precisa. Otra diferencia dice relación con las facultades y prerrogativas de orden público, paz social y seguridad de los territorios que actualmente tienen los Intendentes y que los Gobernadores no podrán ejercer, aunque sí tendrán la misión de impulsar las políticas y programas que orienten y empujen el desarrollo social, económico y cultural de la región. Es decir, los gobernadores no tendrán atribuciones directas con la capacidad operativa de las policías, sino que serán los delegados presidenciales, extensión de los actuales intendentes, quienes tendrán esa responsabilidad”, señaló el profesor Viacava.
Profesor José Viacava.
“La tercera gran diferencia tiene que ver, sobre todo, con el manejo de recursos. El Intendente posee una capacidad importante y casi discrecional sobre el manejo de recursos públicos sectoriales expresados en las fuentes de financiamiento de cada programa regional de los respectivos ministerios y servicios públicos y, también, una incidencia en la orientación de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). El o la gobernadora en cambio, tendrá una atribución única y exclusivamente con el FNDR, por lo tanto, cuando un ministro, subsecretario o jefe de servicio necesite complementar un proyecto como por ejemplo un hospital regional, que actualmente se cofinancia con recursos públicos de nivel central con aportes regionales, se negociará de manera distinta pues la autoridad del gobernador podrá concurrir al proyecto, pero, por ejemplo, podría solicitar un mayor equipamiento para los hospitales ya existentes en la región o una mayor inyección de recursos en materia de prevención sanitaria”.
Justamente respecto del FNDR es que se produce una situación compleja a la hora del ejercicio del cargo de Gobernador Regional. Dado que la reforma separó la función de gobierno interior y coordinación de servicios públicos desconcentrados, de la función de administración regional se produce una anomalía pues el Gobernador Regional como presidente del Consejo Regional es el responsable de ejecutar, priorizar e invertir el FNDR, pero quien designa y coordina a los servicios públicos desconcentrados, y tiene la superioridad jerárquica es el delegado presidencial regional.
“En la ley corta actualmente en el Congreso hay dos materias relevantes para aminorar esta anomalía que significa que una autoridad designada siga teniendo superioridad jerárquica sobre seremis, porque actualmente el Intendente no tiene estos problemas, pues concentra todas las funciones. La función que también es problemática es la de enfrentamiento de las emergencias, que están supeditadas a seguridad interior. El COE (Comité Operativo de Emergencia) queda a cargo del delegado presidencial, pero la ley le asigna una función al Gobernador Regional, por lo que aquí también se produce una cohabitación”, explicó Egon Montecinos del Centro de Estudios Regionales y ex Intendente de la región de Los Ríos, bajo el segundo mandato de Michelle Bachelet.
Montecinos indicó que en la ley corta que tramitó el Senado se agregó la posibilidad que el Gobernador pueda convocar a reuniones de gabinete regionales a los seremis, pues de lo contrario ello quedaría supeditado simplemente a la voluntad política de de cada autoridad sectorial.
“Esta incorporación permitiría a la nueva autoridad para que llame las veces que sea necesario al seremi o director del servicio para reorientar la orientación de acuerdo a la estrategia regional de desarrollo e incorpora a la vez un incentivo a la coordinación, porque hoy la ley tal como quedó, le asigna al delegado presidencial la función de hacer presente en las necesidades de la región a los niveles centrales del gobierno a través de los seremi. Con el cambio en el Senado, ese tipo de gestiones ahora las puede hacer el delegado pero en coordinación con el Gobernador Regional, evitar así potenciales conflictos y que la coordinación sea obligada, por decirlo de alguna manera”.
Otro asunto que ha sido largamente debatido es el de las atribuciones del Gobernador en el área de seguridad interior a lo que Montecinos expresó tajantemente que las nuevas autoridades no tienen ninguna función, ya que ellas les corresponden exclusivamente a los Delegados Presidenciales, sin embargo, sí pueden elaborar políticas regionales de seguridad ciudadana.
“Muchos gobiernos regionales la tienen como también tienen políticas de agricultura, de deportes, turismo o fomento productivo. Se trata de definiciones estratégicas que toman los gobiernos regionales para invertir recursos o priorizar inversión, es decir, un gobernador regional de la RM por ejemplo, no tiene ninguna facultad para llamar a las 8 de la mañana al jefe de la policía de investigaciones o de Carabineros para que le den cuenta de las materias de seguridad y orden público de la RM, porque esa es una función del delegado. El gobernador podría sí decidir invertir en seguridad, por ejemplo comprando más carros policiales para Carabineros, pero no puede ordenar a las policías restaurar el orden público, no puede ordenar que se haga un operativo policial de sorpresa en un sector conflictivo, porque eso es todo prerrogativa del delegado presidencial”.
Egon Montecinos
“Los gobernadores pueden prometer construir hospitales, más cuarteles de policía por comuna u otras cosas, pero todo ello solo puede hacerlo a través de la gestión y si no consigue los recursos con el Gobierno central, entonces se tratará de una promesa incumplida”, agregó.
Un punto al que alude en este asunto el profesor Viacava es que la ley que permitió la elección de los gobernadores regionales obligaba a que cada candidatura presentara su programa de gobierno ante el Servel, sin embargo, el académico del INAP manifestó que en muchas oportunidades lo presentado distaba de ser realmente un programa.
“Muchos eran simplemente una declaración de intenciones, no tenían bajada operativa ni expresión estratégica. Por otro lado, al observar los debates entre algunos candidatos que van al balotaje, que abordan temas como de los llamados presos de la revuelta, asuntos migratorios o de seguridad pública es necesario que distingamos que ello se trata de una discusión política y no técnica”.
“En el caso de la RM la autoridad electa tendrá una cantidad de votos muy superior a la de cualquier senador o senadora en ejercicio y no sería extraño que, dependiendo de la participación, quien resulte electo/a tenga más votos que un candidato presidencial en primera vuelta. Eso lo instala con una potencia política que le permite hablar de temas que, más allá de sus facultades, lo posiciona como un actor en la escena política nacional”, añadió.
Presupuesto y competencias a la chilena o la cultura del “ahí vamos viendo”
Dado que la fecha de asunción al cargo de las nuevas autoridades electas está prevista para el 14 de julio, efectivamente uno de los principales asuntos que deberán enfrentar estas nuevas autoridades será el presupuesto del 2022 que ya estará en discusión, pues las conversaciones entre la Dirección de Presupuesto, los gobiernos regionales y la Subdere inician durante junio, por lo tanto, los gobernadores se instalarán en medio de un proceso presupuestario ya bastante avanzado y habrá que ver cuál será el espacio que el Gobierno les dejó en esta materia.
El profesor Viacava explicó que este organismo recién renovará a sus consejeros en noviembre, por lo tanto, hay casi 5 meses en que el Gobernador Regional deberá convivir con un Consejo Regional que tiene tres años de existencia y cuya renovación con alternativas distintas también se expresará en algunas regiones.
En ese mismo sentido, Egon Montecinos señaló que el Gobierno ya solicitó que los intendentes iniciaran la discusión de los ARI (Anteproyecto Regional de Inversión) 2022, pero son los Gobernadores los que deben velar por ese uso de recursos, por lo que nuevamente se produce un tope de funciones.
“El intendente, en algunas regiones, ocupa lugares que son del Gobierno Regional, un órgano que es autónomo y no quieren entregar eso a la nueva autoridad. Esta es una situación bastante anecdótica por llamarlo de alguna manera, porque el centralismo se está resistiendo a este cambio y lo hace con símbolos como estos que se aprecian en tres regiones del país donde existe una tensión incluso por los espacios físicos”.
Según la época de asunción en sus cargos, es muy probable que los gobernadores regionales solamente puedan asumir las decisiones presupuestarias que ya vienen amarradas por las autoridades designadas que dejarán de existir. Todo eso se suma a las dificultades de no contar aún con competencias claras y determinadas por ley de manera taxativa y que no deje lugar a interpretaciones.
Uno de los asuntos que causa mayor controversia es lo que sucederá ante una solicitud de competencia y que no hay respuesta por parte del Ejecutivo, figura conocida en el Derecho como “silencio administrativo”. La propuesta del Gobierno para resolver esta situación plantea el reconocimiento del silencio administrativo negativo: sin respuesta en un lapso de seis meses debe entenderse como rechazada la transferencia de la competencia pedida.
Ante esa definición, Rodrigo Mundaca, Gobernador electo por Valparaíso, criticó la improvisación con que se ha llevado adelante todo el anhelado proceso de descentralización en nuestro país.
Rodrigo Mundaca.
“El proceso de descentralización en Chile es un niño con dientes de leche, un punto de partida, pero no de llegada, es insuficiente. Actualmente se discuten proyectos de ley que se enviaron en septiembre y octubre de 2020, entre ellos un mecanismo expedito de transferencia de competencias, o cuál será el órgano dirimente de las controversias que puedan originarse entre el delegado presidencial y el gobernador regional democráticamente electo. La ley señala que el superior jerárquico de las direcciones regionales será el gobernador, pero aun no hay legislación específica al respecto, lo mismo pasa con otro proyecto de ley que trata la descentralización fiscal, sobre lo que hemos dicho que no es un asunto de recursos, sino de tener una ley de rentas regionales territorializada de manera tal que las empresas que explotan recursos naturales en los territorios, dejen sus tributos en esos mismos territorios. Todo eso sigue en discusión y eso confabula y conspira al momento de la instalación”, manifestó.
Particularmente respecto del problema que genera el silencio administrativo negativo que postula el Ejecutivo, Mundaca es aún más crítico.
“Es bien inaudito ese proyecto de ley porque los gobernadores regionales no tenemos competencia en el ámbito del Ministerio del Trabajo, de Salud, de Vivienda, de Medio Ambiente, Agricultura, Obras Públicas, que en Valparaíso es tremendamente importante debido al saqueo del agua. No tenemos competencia en la Dirección General de Aguas o de la Dirección de Obras Hidráulicas, y si las solicitamos y según el plazo perentorio de 6 meses para que opere el silencio administrativo con una respuesta negativa, es decir que la competencia no fue aprobada por parte del Gobierno. Es de una desprolijidad completa, absoluta”, repudió.
El Delegado Presidencial, ¿freno o símbolo?
La reforma a la administración regional en nuestro país también contempló la creación de la figura del Delegado Presidencial que reemplazará al Intendente, en tanto representante del Presidente de la República en la región. Su designación, en el actual escenario político, puede cobrar especial relevancia pues puede transformarse en una figura de gran poder, como lo proyectó Egon Montecinos.
“La centroderecha ya no compite en siete regiones y de las nueve en que compite, tiene altas posibilidades de perder a lo menos en cinco, por lo tanto, en rigor, compite solo en cuatro. Si tienen una derrota desastrosa y no ganan en ninguna región, es muy posible que ratifiquen a los mismos intendentes que están, porque no juegan a nada y tienen un mal panorama para la reelección de los parlamentarios. Si gana en algunas regiones, los gobernadores regionales serán importantes a la hora de ratificar a las nuevas autoridades, serán una suerte de jugadores de veto porque el Gobierno probablemente les haga un gesto”.
Para el profesor José Viacava en tanto, el delegado presidencial ejercerá un rol más bien simbólico, ya que se trata de una autoridad designada en contraposición a una electa por quienes habitan ese territorio.
“Las y los gobernadores se instalarán con legitimidad de origen, recién estrenados y con un mandato de cuatro años, versus los delegados presidenciales que es muy probable que sean los mismos intendentes actuales, por lo tanto puede existir una controversia pública entre ambas autoridades, particularmente en cuanto a presupuesto público del 2022”.
La próxima semana se definirá quiénes serán las mayores autoridades regionales en las trece regiones en que se disputa una segunda vuelta, con un escenario de participación incierto. Para las mismas autoridades electas el panorama también se ve complejo, pues antes que sepan siquiera cuáles serán sus oficinas, ya deben enfrentar controversias presupuestarias y sin tener absoluta claridad sobre lo que pueden o no hacer. Una instalación “a la chilena”.
